Sentencia N.º 476
Sentencia N.º 476
- Sentencia
- N.º 476
- Fecha
- 24/04/2015
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 15-0160
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente N° 15-0160
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Mediante Oficio N° 174-2015, del 9 de febrero de 2015, la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Shindig Stuart Escobar Zapata, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.928, actuando en este acto como defensor privado del ciudadano ARGENIS ESMIT ALVARES FANEITE, titular de la cédula de identidad N° V-6.176.162, contra la actuación de la Jueza Primero en Violencia Contra la Mujer en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, durante la audiencia del juicio oral y público seguido al accionante por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La presente remisión se hizo de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de la apelación interpuesta el 5 de febrero de 2015, por el abogado Shindig Stuart Escobar Zapata, en contra de la decisión dictada el 30 de enero de 2015, por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró inadmisible la acción de amparo.
El 13 de febrero de 2015, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Se desprende del acta de audiencia de juicio oral y privado celebrado ante el Tribunal Primero con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer en función de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Vargas, a cargo de la jueza Oneida Sequera Carmona el 23 de enero de 2015, que el abogado Shindig Escobar Zapata, entre otras cosas manifestó se vulneraron los derechos constitucionales de su patrocinado. En tal sentido, alegó:
El día de hoy en horas muy tempranas a las 9:00 de la mañana comparecí por ante este circuito judicial penal el cual dejó constancia suficiente de que en la cámara de recepción de URDD y en la oficina quedo reseñada mi presencia igualmente me di por presentado ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal consigné mi credencial tenía un acto pautado para el día de hoy en el tribunal de control el cual se encontraba sin despacho y escucho por los medios tribunalicios de que iban a dejar abandonada la defensa, en virtud de que yo tengo un número telefónico el cual fácilmente puede ser ubicable, los alguaciles de este tribunal esta mañana me saludaron y pueden dar fe de mi presencia en el Circuito Judicial Penal, y sin embargo tuve conocimiento de que en los mismos medios tribunalicios como lo acabo de repetir de que iba a ser decretada mi incomparecencia de mi persona como defensor y el día de hoy estoy consignando con carácter original un informe médico que suscrito el Doctor José A. Rodríguez Riso, Especialista en Traumatología y Ortopedia el cual el día de ayer también señale que en conversación sostenida con mi defensor, no pudo comparecer en virtud de que estaba realizando una mudanza y por una lesión que sostuvo el día de ayer, antier (sic) perdón a las 11 :00 horas de la noche no pudo comparecer a este despacho, sin embargo voy a solicitarle a este tribunal que oficie a la oficina de alguacilazgo el cual este ciudadano se ha presentado desde el inicio de la investigación en casi ciento y pico de oportunidades se ha presentado y primera vez que el ciudadano ARGENIS FANEITE, el cual es mi defendido no se ha presentado por una causa justificable el cual lo reseña este informe médico de carácter original y el cual insto no solo al Ministerio Público sino le solicito muy respetuosamente al Tribunal de que confirmen si fuese necesario a la unidad quirúrgica de la Clínica San Antonio de que constate la veracidad del mismo, aunado a ello en la audiencia anterior dejé constancia manifiesta a través del medio de grabación de que se estaba vulnerando el debido proceso verdad, y entre ellos la garantía del derecho la defensa, en virtud de que los especialistas que vieron a la presunta víctima no comparecieron de manera injustificada el día que le correspondía, sin embargo señala muy bien el artículo de que el tribunal convocara un sustituto el cual no consta en el expediente que haya sido convocado formalmente ese sustituto y se hicieron sus deposiciones de manera ilegal e ilícita, toda vez que se está vulnerando el debido proceso porque esa no es la formalidad que está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido consignan el día de hoy copia simple el cual impugno por ser copia simple, el cual no demuestra la verisimilitud de que sean ciertas, una Notificación de Vacaciones, se pregunta la defensa será que estos expertos no pudieron comparecer por una causa justificada en virtud de que están de vacaciones, quizás estarán en su casa durmiendo, quizás estarán allí mismo en caracas, habría que investigar si estos ciudadanos están fuera del extranjero que justifique la no presencia ante este tribunal y fueron las personas según el principio de la inmediatez que entrevistaron psicológica y psiquiátricamente a la adolescente y el cual la defensa no pudo realizar las preguntas a los sustitutos, ¿Cómo? En primer punto si ellos tuvieron conocimientos si esa señorita tuvo anteriormente relaciones sexuales o no, No pude realizarle las preguntas a las personas idóneas y por eso considero que se me ha vulnerado el derecho y no considero que el hecho de que un ciudadano este de vacaciones así como un experto pueda estar de vacaciones no es motivo suficiente y justificado para su incomparecencia, aunado a que la constancia que están consignando en copia simple fue consignada dos semanas después, en virtud de ello que el artículo 49 de la constitución nacional lo que garantiza es el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso y de conformidad COPP el artículo 26 de la Carta Magna el cual debe tenerse una adecuada administración de justicia, y el 257 de la constitución que garantiza una tutela judicial efectiva es por lo cual de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho y Garantías Constitucionales, paso de seguida a interponer un Amparo sobrevenido por considerar que se ha vulnerado la garantía procesal del debido proceso la tutela judicial efectiva y a una adecuada administración de justicia, paso en este mismo instante a interponer amparo sobrevenido sobre el acto arbitrario que ha realizado este tribunal y que se considera la defensa que se ha vulnerado los derechos y garantías constitucionales aunado al ello que sostuve una comunicación y dejo nuevamente constancia de la circunstancia que se presentó ante el tribunal de violencia en presencia de todo los funcionarios del tribunal, en el cual señale la doctora muy respetuosamente, en presencia de la fiscal de que consideraba que se me vulneraba los derechos y garantías constitucionales y le mencione de que le iba interponer un amparo y garantía constitucional en contra del acto írrito, repito que se considera vulnerado mi derecho constitucional no sólo de mi defendido si no del debido proceso en tal virtud solicito muy respetuosamente ante el tribunal que esta exposición se transcriba por escrito y pase de seguida a declinárselo ante la Corte de Apelaciones, a los fines de que se me garantice los derechos constitucionales establecido en la carta magna y restablezca la situación jurídica infringida en la cual considero que el tribunal primero de juicio en materia de violencia me ha vulnerado .
Asimismo el precitado abogado, consignó el 29 de enero de 2015, ante la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, ampliación de la acción de amparo en los siguientes términos:
" .... actuando en este acto como Defensor Privado del Ciudadano (sic) ARGENIS ESMIT ALVARES FANEITE, (53), titular de la Cédula de identidad N° V-6.176.162, acudo ante Ud, Muy respetuosamente y cuanto más ha lugar en derecho a los fines de ampliar los hechos, los motivos por el cual interpuse la ACCION DE AMPARO SOBREVENIDO o ENDOPROCESAL contra la Acción Agraviante realizada por la Abogado ONEIDA SEQUERA CARMONA, actuando en su condición de JUEZA PRIMERO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, y que de seguida paso a exponer:
NARRATIVA DE LOS HECHOS. PRIMERO: Es el caso, que en fecha 09 de enero de 2015; fecha fijada para le (sic) celebración de una audiencia de juicio, para evacuar los testimonios de los expertos ofrecidos por el ministerio público (Experta Psicóloga, Experta Social, Experto Psiquiatra); en el mismo instante en que ocurra siendo aproximadamente las 9:00 am para anunciarme como presente por ante la Secretaría de Juicio, para el acto que se celebraría a las 10:00 horas de la mañana, observo personalmente que sale del Despacho de la Jueza, la Fiscal 8va del Ministerio Público del estado Vargas, Abg. Yoneski Mudarra, quien es la contraparte en esta causa penal, habiendo mantenido comunicación de manera directa con una sola de las partes, sobre el asunto sometido a su conocimiento (violación del artículo 89.6 del COP P (sic) ), y es tan así, que una vez que se dio inicio a la Audiencia de Juicio señala la fiscal del ministerio publico (sic) intempestivamente que los expertos no podrán venir al tribunal porque se encontraban de vacaciones y en su defecto trajo sin convocatoria alguna realizada por el tribunal, a unos sustitutos, sin una causa justificada debidamente por escrito de su incomparecencia (consignada en copia simple casi 3 semanas después) y repito sin haber sido convocados formalmente por el tribunal, tal como lo dispone el último aparte del artículo 337 del COPP (sic), y la Jueza a pesar de la oposición realizada formalmente, por violación al principio de la Legalidad (inobservancia y errónea aplicación de un precepto legal), y al debido proceso, pues sin cumplir con las formalidades legales ordenó su evacuación, y a criterio de esta defensa ya lo tenían preconcebido y acordado en la conversación sostenida previamente al acto a realizarse y formalmente lo denuncio. (Consigno Copia de la trascripción de dicha Audiencia). Ver en el expediente que no existió formal convocatoria de los expertos sustitutos, en franca violación de la Ley y en detrimento de los derechos a la defensa (49.1 CRBV ) (sic) y al debido proceso (art. 49 CRBV) (sic), SEGUNDO: Posteriormente, en fecha 22 de enero de 2015, fecha fijada para la otra Audiencia de Juicio, me acerco al tribunal para anunciarme y dejar constancia que mi defendido no comparecería en virtud de haber sufrido un accidente el día anterior, que le generó una lesión lumbar y en el nervio ciática que impedía su traslado; y ya la Fiscal del ministerio público (sic) se encontraba nuevamente a solas con la Juzgadora (cosa que me pareció extraño) y al llegar mi persona, le solicitó a la Jueza que se fijara la Audiencia para el día inmediatamente siguiente, es decir, para el 23 de enero de 2015, y la Ciudadana Jueza de manera Autómata lo acordó, a pesar de informarle que era imposible la comparecencia de mi defendido, pues en conversación telefónica con el acusado me informó que el reposo se extendía por 48 horas y que enviaría el justificativo medico (sic) para consignarlo en carácter original (tal como riela en autos); llegado el día 23 de enero, comparecí por ante el tribunal de juicio in comento a las 8:45 am aproximadamente, me registré en el sistema computarizado de ingreso llevado por el departamento de seguridad, luego me anuncié en el tribunal in comento y consigné mi carnet de inpreabogado a la funcionaria, siendo a las 10: 15 aproximadamente y estando aun dentro de la sede del Circuito Judicial revisando otras causas, recibo una llamada telefónica por parte de un funcionario del Circuito Judicial, informándome que la Jueza me iba a declarar abandonada la defensa dizque por incomparecente (sic) y le libraría una orden de captura a mi defendido por no haberse presentado, revocándole la medida cautelar de la cual goza y al presentarme inmediatamente se suscitó una exacerbada discusión con la Jueza y la Fiscal en la sede de los Tribunales de Violencia en presencia de más de 7 trabajadores tribunalicios y 3 secretarios (podrían ser llamados a rendir testimonio), sucede lo más grave Ciudadana Magistrada Ponente, la Jueza ordenó la celebración en ese mismo acto de la Audiencia de Juicio sin la presencia del imputado, so pena de declarar abandonada la defensa (anexo Copias del Acta realizada) sin estar declarado el acusado como contumaz, lo que generó que en dicha audiencia después de otra respetuosa discusión, interpusiera en audiencia una Acción de Amparo Sobrevenido o Endo Procesal de conformidad con los artículos 2, 5, 6 numeral 5° (sic), 13, 19, 22 preceptuados en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la acción agraviante de la Jueza y para invocar la debida protección Constitucional y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, como tutela cautelar preventiva contra las Acciones, hechos u omisiones realizadas por la Jueza ONEIDA SEQUERA CARMONA, en la presente causa, que vulneran los derechos míos como profesional en libre ejercicio (amenaza de declarar abandonada la defensa) (art. 87 CRBV (sic)), así como las Garantías Constitucionales de mi defendido a una Adecuada Administración de Justicia, al Debido Proceso (art. 49 CRBV) (sic), a la Igualdad ante la Ley (art.19 CRBV), el derecho a la defensa (art. 49.1 CRBV) (sic), y además de la vulneración de normas procesales que produjeron un perjuicio real y efectivo de los derechos e intereses del procesado realizando una audiencia de juicio sin la presencia del acusado, cuando debió diferir la misma. Ante tales hechos, omisiones, actos arbitrarios y violación grave al decoro de la Majestad del Poder Judicial y en especial a nuestra Carta Magna, es por lo que ocurra muy respetuosamente, para fundamentar la presente Acción de Amparo Sobrevenido, que mas (sic) que una Acción es un Derecho, solicitando sea Admitida de conformidad con los artículos 21, 25, 26, 27, 49, 49.1; 49.8; 51 y 257 nuestra Carta Magna y tramitada conforme a derecho, jurando no proceder ni falsa, ni temeraria, ni maliciosamente en los hechos anteriormente expuestos, pues no me unen con la respectiva Jueza, ningún vinculo de amistad ni enemistad, sino que actuó en defensa de un verdadero estado Social de Derecho v de Justicia, preconizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ".
II
DEL FALLO APELADO
El 30 de enero de 2015, la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, dictó decisión mediante la cual se declara competente para conocer la acción de amparo sobrevenido interpuesta en el acto de la audiencia oral y privada celebrada en fecha 23 de enero de 2015, ante el Tribunal Primero de Primera Instancia con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer en función de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal y declara inadmisible la acción de amparo basándose en las siguientes consideraciones:
( ) Establecida como ha quedado la competencia de este Órgano Colegiado, pasa de seguidas a resolver sobre la admisibilidad o no de la pretensión de amparo sobrevenido invocada en el presente caso y en tal sentido tenemos que el abogado SHINDIG ESCOBAR ZAPATA, invoca como sustento de su pretensión un amparo sobrevenido, figura jurídica esta que según la doctrina se define como: ... aquel amparo de carácter cautelar, el cual se intenta en el transcurso de un proceso judicial, con el fin de suspender provisionalmente los efectos del acto, decisión, auto o resolución del órgano jurisdiccional, hasta tanto se resuelva en forma definitiva el medio de impugnación ordinario o recurso ordinario preestablecido que se hubiese ejercido contra el acto o decisión que vulnere o amenace con vulnerar derechos constitucionales, de manera que esta acción de amparo tiene como objeto únicamente obtener la suspensión temporal o provisional, mas no definitiva, de los efectos lesivos de derechos o que amenacen con violar los mismos, que pueda producir determinada decisión judicial, dictada en el transcurso de un proceso, hasta tanto sea resuelto en forma final el recurso ordinario intentado contra dicha decisión ...
Sentado lo anterior tenemos que para decidir el fondo de las acciones interpuestas, debe previamente analizar la procedencia de su admisibilidad y una de ellas se refiere a la Legitimación Activa, cualidad esta que se desprende del contenido de las actas de audiencia de presentación que riela a los autos, donde quedó establecido que el mismo actúa como defensor del ciudadano ALVAREZ FANEITE ARGENIS, a quien se le sigue el proceso penal, en el cual a criterio del accionante se produjeron las violaciones que delata al ejercer su pretensión de amparo.
Cumplido el requisito de Legitimación Activa antes verificado, vale señalar que en el presente caso se intentó un amparo sobrevenido, figura jurídica esta que de acuerdo a lo establecido ut supra, tiene por objeto únicamente obtener la suspensión temporal o provisional, más no definitiva, de los efectos lesivos de una determinada decisión judicial, dictada en el transcurso de un proceso, hasta tanto no sea resuelto en forma final el recurso ordinario intentando contra dicha decisión, siendo ello así, tenemos que en el presente caso hasta este momento procesal el accionante no ha consignado documentación alguna que permita acreditar el ejercicio del recurso ordinario con el fin de enervar los efectos del fallo que a su decir considera lesivo de derechos constitucionales que la ley establece a favor de su representado ciudadano ALVAREZ FANEITE ARGENIS, siendo ello así forzoso resulta concluir que la pretensión de amparo sobrevenido aquí invocada no tiene asidero jurídico y por ello lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR INADMISIBLE tal invocación. Y ASI SE DECIDE.
III
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:
Conforme al artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a la sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán), esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomos que sean dictadas por los Juzgados Superiores de la República, (salvo contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo), las Cortes de lo Contencioso Administrativo y de las Cortes de Apelaciones en lo Penal.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, una decisión de la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional interpuesta contra un juzgado de primera instancia de ese mismo Circuito Judicial Penal, motivo por el cual, esta Sala, congruente con lo reseñado supra, se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.
IV
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
El 5 de febrero de 2015, el abogado Shindig Escobar Zapata, consignó ante la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, el escrito fundamentando la apelación que ejerció contra la decisión que dictó dicha Corte de Apelaciones, el 30 de enero de 2015, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo. En el referido escrito, indicó los siguientes argumentos:
Tanto en la solicitud escrita como en la verbal, si no se llenan los requisitos exigidos en el artículo 18, o la solicitud fuere oscura, se notificara al solicitante del amparo, para que corrija la omisión o el defecto, dentro del lapso de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha notificación. En caso de que el solicitante no lo hiciere así, el tribunal deberá declarar la solicitud inadmisible (art.19, LOA).
Esta norma sobre la inadmisibilidad de la acción de amparo, por incumplimiento de los requisitos de la solicitud o por ser oscura, se considera sumamente estricta, tratándose de una materia tan delicada como la protección de derechos constitucionales que han sido violados, máxime, cuando la propia Ley declara la acción de amparo, de orden público, motivo por el cual la Sala Constitucional. ha ordenado hacer un uso prudente de dicha facultad.
En el presente caso, considera muy respetuosamente este Defensor, que la Corte de Apelaciones, prefirió sacrificar la justicia por el cumplimiento de formalidades inútiles o estériles, con esta decisión in limini litis y no ordenó como lo establece la propia Ley, notificar al solicitante del amparo, para que corrija la omisión o el defecto, máxime, cuando se interpuso de manera oral ante la propia audiencia de juicio, que se realizó sin la presencia del imputado y sin haber sido declarado contumaz y se le solicitó al máximo Tribunal Penal del estado, actuando en sede constitucional que restableciera la situación jurídica infringida, que le vulneraba flagrantemente derechos y garantías constitucionales al debido proceso, a una adecuada administración de justicia, al derecho a la defensa y mas allá, atentatorias contra la majestad del Poder Judicial, y que no fue tomado en consideración a pesar de la amplísima facultad constitucional.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, esta Sala procede a pronunciarse acerca de la tempestividad del recurso de apelación interpuesto, el 5 de febrero de 2015, por el abogado Shindig Escobar Zapata, contra la sentencia dictada por el a quo constitucional el 30 de enero de 2015, cuya última notificación ordenada se realizó el 2 de febrero de 2015. En tal sentido, siguiendo el criterio fijado en la sentencia N° 501, del 31 de mayo de 2000 (caso: Seguros Los Andes) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, se estima que la apelación fue interpuesta tempestivamente. Así se declara.
La Sala observa que el escrito de fundamentación de la apelación si bien fue consignado anticipadamente ante la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, el mismo resulta tempestivo, conforme a lo dispuesto en la sentencia N° 442, del 4 de abril de 2001 (Caso: Estación de Servicios Los Pinos).
Ahora bien, evidencia la Sala, que se denuncian presuntos actos lesivos generados por la actuación de la jueza Oneida Sequera Carmona a cargo del Tribunal Primero con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer en función de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Vargas durante la celebración de las audiencias del juicio oral y privado seguido en contra del accionante por la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La defensa del accionante señaló tanto en la audiencia de juicio como en su posterior escrito de ampliación de la pretensión constitucional que se vulneró la esfera jurídica de su patrocinado: i) al haber realizado actos dirigidos a declarar el abandono de la defensa, ii) al haberse admitido la sustitución de los expertos del Ministerio Público, iii) al no querer darle valor al justificativo médico del acusado para no comparecer a juicio lo que traería como consecuencia la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad que tiene a su favor y iv) al haberse celebrado una audiencia sin la presencia del acusado.
Por su parte, la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que conoció en primera instancia constitucional, para fundamentar la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo, señaló que en el presente caso se intentó un amparo sobrevenido, figura jurídica esta que de acuerdo a lo establecido ut supra, tiene por objeto únicamente obtener la suspensión temporal o provisional, más no definitiva, de los efectos lesivos de una determinada decisión judicial, dictada en el transcurso de un proceso, hasta tanto no sea resuelto en forma final el recurso ordinario intentando contra dicha decisión, siendo ello así, tenemos que en el presente caso hasta este momento procesal el accionante no ha consignado documentación alguna que permita acreditar el ejercicio del recurso ordinario con el fin de enervar los efectos del fallo que a su decir considera lesivo de derechos constitucionales que la ley establece a favor de su representado ciudadano ALVAREZ FANEITE ARGENIS, siendo ello así forzoso resulta concluir que la pretensión de amparo sobrevenido aquí invocada no tiene asidero jurídico y por ello lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR INADMISIBLE tal invocación .
En la fundamentación de la apelación señaló el defensor del accionante que la Corte de Apelaciones, prefirió sacrificar la justicia por el cumplimiento de formalidades inútiles o estériles, con esta decisión in limini litis y no ordenó como lo establece la propia Ley, notificar al solicitante del amparo, para que corrija la omisión o el defecto, máxime, cuando se interpuso de manera oral ante la propia audiencia de juicio, que se realizó sin la presencia del imputado.
Fijada así la controversia, procede esta Sala Constitucional a constatar los términos en que fue planteada la acción de amparo constitucional por la defensa, en especial, revisar si se trata de un amparo sobrevenido.
Al respecto, se observa:
Esta Sala Constitucional en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), señaló respecto al amparo sobrevenido lo siguiente:
Consecuencia de la doctrina expuesta es que el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado.
Con esta posibilidad, se hace evidente la necesidad de mantener esta importante manifestación del amparo constitucional debido a la ventaja de ser dictada dentro del mismo proceso en el cual se produce la lesión o amenaza de lesión de derechos constitucionales, manteniéndose así el principio de la unidad del proceso, al no tener que abrirse causas procesales distintas con los retardos naturales que se producirían- para verificar si efectivamente se ha producido la violación denunciada. Igualmente, se lograría la inmediación del juez con la causa que se le somete a conocimiento, la cual no sólo incidiría positivamente en la decisión del amparo interpuesto, sino que también pudiera aportar elementos de juicio necesarios para tomar medidas, bien sean cautelares o definitivas, en la causa principal y en el propio amparo. (Negrillas añadidas).
En el caso que nos ocupa se desprende con claridad que la presuntas actuaciones lesivas denunciadas por la parte accionante, se atribuyen a la jueza Oneida Sequera Carmona a cargo del Tribunal Primero con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer en función de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Vargas, por lo que aún cuando el peticionante lo denomina amparo sobrevenido, el juez constitucional debió analizar el contenido de la denuncia y verificar que se trataba de un amparo contra actuación judicial, y en base a ello tramitarlo.
Advierte la Sala que al conocer el presente caso como un amparo sobrevenido el a quo constitucional demostró un desconocimiento de la doctrina de la Sala en este sentido, ya que en primer lugar el amparo sobrevenido sólo procede contra actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces y se interpone y lo decide el juez que conoce de la causa, a diferencia del amparo contra actuación judicial en el cual las violaciones a la Constitución que cometan serán conocidas por los jueces superiores de acuerdo a los criterios de competencia fijados por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La Sala de forma pedagógica le recuerda a los miembros de la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas que de haberse tratado de un amparo sobrevenido tendrían que haberse declarado incompetente y haber enviado la causa al tribunal de juicio que estuviese conociendo el caso, quien lo debió sustanciar y deberá decidir en cuaderno separado.
Adicionalmente, observa la Sala que el a quo constitucional para fundamentar la inadmisibilidad indicó que hasta este momento procesal el accionante no ha consignado documentación alguna que permita acreditar el ejercicio del recurso ordinario con el fin de enervar los efectos del fallo que a su decir considera lesivo de derechos constitucionales .
En este sentido, precisa la Sala, que en el supuesto de haberse tratado de un amparo sobrevenido, en materia penal no existe recurso ordinario alguno que permita enervar en vía ordinaria la violación denunciada, por lo que esta condición de inadmisión del amparo sobrevenido no puede aplicarse en esta área del derecho, siendo que los recursos -en vía ordinaria- que establece la Ley Adjetiva Penal, sólo proceden contra decisiones judiciales y al tratarse de éstas no sería dable el amparo sobrevenido.
Siendo ello así, considera este Máximo Tribunal, que la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, erró al declarar la presente inadmisibilidad, al tramitarlo como si fuera un amparo sobrevenido contra actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces.
En el caso que nos ocupa, el abogado Shindig Escobar Zapata, en nombre de su defendido, intentó una acción de amparo conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:
Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, que decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.
En consecuencia, la Sala considera que el a quo no debió declarar la inadmisibilidad pronunciada en el caso de autos, por lo que, en razón de los argumentos expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación ejercido y se revoca el fallo dictado 30 de enero de 2015, por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. Así se decide.
En tal virtud, esta Sala debe remitir las actuaciones a la referida Corte de Apelaciones a los fines de que se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la pretensión de amparo constitucional, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara:
1.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por abogado Shindig Escobar Zapata, actuando como defensor del ciudadano ARGENIS ESMIT ALVARES FANEITE, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional.
2.- REVOCA la referida decisión de la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal del Adolescente y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ARGENIS ESMIT ALVARES FANEITE. En consecuencia, se REMITEN las actuaciones a los fines de que dicha Corte de Apelaciones, se pronuncie sobre la admisibilidad de la pretensión de amparo constitucional, con excepción del análisis de la inadmisibilidad examinada en el presente fallo por esta Sala.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de abril de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia y 156º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp 15-0160
MTDP
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