Venley

Sentencia N.º 488

Sentencia
N.º 488
Fecha
20/12/2002
Sala
Casación Civil
Expediente
01-741
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

En el procedimiento por simulación, iniciado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, seguido por la empresa INVERSIONES LA CIMA C.A., representada judicialmente por los abogados Gilberto Soto, Mehel Vaimberg y Gustavo Fernández, contra la empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO C.A., representada por la Defensora Ad-litem Josefa Pérez, y el ciudadano MARCO ANTONIO GARCIA ALVAREZ, representado judicialmente por los abogados Fernando Ríos Sánchez, Ramón Luzardo Contreras, Ruperto González, José Agustín Catalá y Patricia González; el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 10 de julio del 2001, en la cual declaró simulado el

préstamo con garantía hipotecaria constituido según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 21 de mayo de 1998, anotado bajo el Nº 26, Protocolo Primero, Tomo 23 de los libros llevados por dicha oficina de registro.

 

Contra el referido fallo de la alzada la representación judicial del co-demandado MARCO GARCIA ALVAREZ, anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Por razones metodológicas, la altera el orden seguido por el formalizante y pasa a resolver la tercera denuncia por defecto de actividad, en los siguientes términos:

-III-

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 del mismo Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación.

 

Al respecto, alega el formalizante:

“...La recurrida incurre en el vicio de lógica denominado petición de principio, al dar por probado o aceptar como probado aquello que debió ser objeto de la prueba, sin exponer las razones y argumentos de hecho y de derecho del medio de prueba mencionado, ni cuales son los efectos que produce sobre el proceso, lo cual vicia la sentencia de inmotivación.

Como lo afirman varias sentencias de la Sala, si bien los jueces no están obligados a expresar en su fallo ‘la razón de cada razón’, sin embargo, para que los fundamentos expuestos sirvan para sostener el dispositivo de la sentencia, no podrán consistir en meras afirmaciones sobre los hechos, pues es necesario que esas exposiciones, esos hechos, sean precedidos de un análisis exhaustivo de las pruebas que los respaldan.

Por otra parte, la doctrina de la Sala, ha sostenido que la lógica del razonamiento rechaza el sofisma denominado petición de principio, que consiste en dar como cierto lo mismo que pretende ser probado. La determinación de un hecho, de un concepto, no debe realizarse con el mismo concepto definido; lo definido no debe entrar en la definición.

...Incurre la sentencia en el vicio denunciado cuando afirma lo siguiente: (folios 494 y 495 del expediente).

‘...De las pruebas obtenidas se evidencia:

...Que César Cáceres simuló la obligación contenida en la hipoteca de segundo grado con Marcos García, para proteger el Edificio María Victoria de las acciones de terceras personas, así como de los verdaderos acreedores, tal como se demuestra de las publicaciones del Diario La Verdad que aparecen agregadas al expediente, referentes a las presuntas estafas cometidas por la Empresa Dinca Bienes Raíces, administrada por el ciudadano Cesar Cáceres Luna’.

Como se observa, el Juez de la recurrida sin hacer el debido análisis de las supuestas pruebas y la debida conexión entre ellas que lo hagan llegar a una conclusión producto de la razón y no del capricho, da por demostrada la simulación con base en unas publicaciones de prensa que nada tienen que ver con mi representado y con Constructora Santo Domingo C.A., y sin hacer ninguna valoración de las referidas publicaciones del Diario La Verdad. No establece la sentencia de qué manera llega a dicha conclusión ni señala con base en qué disposición legal le otorga valor probatorio a tales publicaciones de prensa, lo cual se traduce en una sentencia carente de motivación.

En efecto, las publicaciones de prensa aludidas por la recurrida (Diario LA VERDAD, folios 388 y 389) de fechas 11, 12 y 15 de junio de 1998, respectivamente, que cursan agregadas a estos autos y que según el fallo impugnado demuestran la pretendida y negada ‘simulación’ que ha sido accionada, en forma alguna aluden a la persona de mi representado Marco Antonio García Álvarez ni a la empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO C.A., ni a la operación de crédito celebrada entre ambos. Y la sentencia no indica cómo llega a la conclusión de que tales publicaciones demuestran –a su juicio- la simulación de la obligación contenida en la hipoteca de segundo grado constituida entre el ciudadano Marco Antonio García Álvarez y la Constructora Santo Domingo C.A...”.

 

 

Por su parte, el impugnante para contradecir tales argumentos, señaló:

“...Estamos en una denuncia que es precisamente una petición de principios, cuyo error de juicio consiste en que el recurrente da por demostrada la inmotivación con su propia conclusión, sin que preceda la prueba que lo demuestre; por lo cual en consecuencia, el recurrente debió transcribir el texto completo y no parcial de la motivación del fallo, transcribir las declaraciones apreciadas en el Diario La Verdad y ver en qué forma surgía la carencia de motivación, luego que el juez adminiculó las pruebas con las otras pruebas que lo llevaron a su sana convicción.

Pero no es así. El recurrente cita la ocho líneas de la sentencia y luego analiza una declaraciones aparecidas en un periódico y concluye entonces subjetivamente en la inmotivación del fallo. Debe entonces bajar y descender el Supremo Tribunal de la Nación en Sala de Casación Civil para hacer ese examen sustitutivo de la denuncia del recurrente, y cuya carencia, le reconduce a la declaratoria sin lugar de la presente denuncia...”.

 

 

La Sala para decidir, observa:

 

 

Respecto a los particulares denunciados por el formalizante en la presente delación, en especial, en lo referido al sofisma denominado petición de principio, tenemos que esta Sala en sentencia de fecha 13 de abril del 2000, caso Guillermo Alonso Cerdeño contra Luigi Faratro Ciccone, expediente Nº 99-468, ratificando criterio previamente establecido en decisión de fecha 4 de octubre de 1989, textualmente estableció:

“...La lógica del razonamiento rechaza el sofisma denominado petición de principio, que consiste en dar como cierto lo que se trata de probar. La determinación de un hecho, de un concepto, no debe realizarse con el mismo concepto definido: Lo definido no debe entrar en la definición. Tal petición de principio ocurre, en el ámbito jurisdiccional, cuando el Tribunal se fundamenta en un proveimiento recurrible, para declararlo irrecurrible...

El Juez estaría tomando el proferimiento de su sentencia, como si ella, con la sola publicación, hubiera adquirido la autoridad de la cosa juzgada, lo cual no es cierto, porque esta solo adviene de la no interposición del recurso en cuestión, o de su improcedencia. No le impone la Ley al Juez que contradiga su convicción, sino que haga conducente el derecho a la defensa, a fin de que el recurrente pueda hacer revisar por la Sala el motivo que adujo aquél para negar el recurso...”.

 

En el caso bajo análisis, el recurrente alega que el sentenciador de alzada incurrió en el vicio de inmotivación por petición de principio, al dar por probado o aceptar como probado aquello que debió ser objeto de la prueba, omitiendo las razones de hecho y de derecho de tal medio de prueba, cabe decir, de unas publicaciones de prensa, y de sus efectos sobre el proceso.

 

En este sentido, indica el formalizante que la recurrida dio por demostrada la simulación alegada por la parte actora, con base en tales publicaciones de prensa aparecidas en el Diario La Verdad, las cuales en forma alguna fueron valoradas, mucho menos apreciadas en conexión con otros elementos probatorios, impidiendo que con tal proceder pueda conocerse la forma como el sentenciador arribó a su conclusión final, es decir, tener por válida la simulación de la obligación contenida en la hipoteca de segundo grado constituida entre el ciudadano MARCO ANTONIO GARCIA ALVAREZ  y la empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO C.A.

 

Al respecto, observa la Sala que, efectivamente, riela a los folios 27 y 30 de la segunda pieza del expediente, pronunciamiento del Tribunal de alzada, que textualmente señala:

“...Debe analizar y valorar esta Superioridad todos y cada uno de los medios probatorios obtenidos por las partes en el proceso para determinar la procedencia o no de la acción deducida y a tal efecto observa:

...5. Se promovió prueba de informes:

...Al ciudadano Jorge Abudei, en su carácter de Presidente de la sociedad Mercantil Diario La Verdad y se recibieron en el Tribunal tres ejemplares de fechas 11, 12 y 15 de junio de 1998.

Todas estas pruebas, las valora positivamente el sentenciador a favor de la parte promovente...

 

De las pruebas obtenidas se evidencia:...

Que César Cáceres simuló la obligación contenida en la hipoteca de segundo grado con Marcos García, para proteger el Edificio María Victoria de las acciones de terceras personas, así como de los verdaderos acreedores, tal como se demuestra de las publicaciones del Diario La Verdad que aparecen agregadas al expediente, referentes a las presuntas estafas cometidas por la empresa Dinca Bienes Raíces, administrada por el ciudadano César Cáceres Luna.

Con relación a las pruebas promovidas en los puntos 3, 4 y 5 por el apoderado judicial del co-demandado MARCO GARCÍA, con las mismas no logró desvirtuar las pruebas obtenidas por la parte actora...

Por todo lo anterior, la presente apelación prospera en Derecho y en consecuencia en el dispositivo del fallo será declarada Con Lugar la demanda por simulación propuesta...”.

 

 

Quedando con ello evidenciada, la inmotivación del fallo en lo que al aspecto denunciado se refiere, por hacer depender el fundamento de su dispositivo de actuaciones externas al fallo mismo, con lo cual no se cumplió el requisito de que la sentencia se baste a si misma, sin que se necesite para entenderla, recurrir a otras actas o instrumentos contenidos en el expediente.

 

Por otra parte, como ya se señaló ab-initio, la doctrina de la Sala ha sostenido que la lógica del razonamiento rechaza el sofisma denominado petición de principio, que consiste en dar como cierto lo  mismo que pretende ser probado, pues la determinación de un hecho o concepto, no debe realizarse con el mismo concepto definido: Lo definido no debe entrar en la definición.

 

Así, en el caso de autos, cuando la recurrida otorga pleno valor a las publicaciones contenidas en el Diario La Verdad, las cuales  describe de manera superficial, sin acompañar su afirmación de un análisis que la respalde y a su vez las relacione con el contenido de los hechos demandados, sin permitir conocer a priori su incidencia en los hechos debatidos,  incurre en el vicio ya mencionado de petición de principio, al dar por demostrado lo mismo que debía ser probado.

 

Por lo tanto, esta Sala considera que en el presente caso la recurrida incurrió en los vicios de inmotivación y petición de principio, por hacer remisión a hechos que están fuera de su sentencia, utilizando formas generales o vagas como “consta en los autos” y, además, otorgarle pleno valor probatorio a tales publicaciones aparecidas en el Diario La Verdad, consignadas al expediente, sin identificarlas plenamente ni analizar su contenido, mucho menos indicar su relación con los sujetos y hechos procesales. Y así se decide.

 

No desea la Sala concluir el presente fallo, sin antes referirse al argumento del impugnante donde alega la improcedencia de la presente denuncia, por considerar que el formalizante omitió en su delación la transcripción de las declaraciones aparecidas en el Diario La Verdad, indicando luego el por qué de la inmotivación, proceder que en todo caso correspondía al sentenciador de alzada, precisamente para producir una decisión debidamente fundamentada que permitiera a las partes el control de la legalidad del fallo, pues como ha sido reiterado a lo largo de esta decisión, si bien los jueces no están obligados a expresar en su sentencia la razón de cada razón, los fundamentos que exponga sólo respaldarán el dispositivo de la decisión, al no consistir en meras afirmaciones de los hechos, que omita la exposición de tales hechos seguidos de un análisis exhaustivo de las pruebas que los respaldan, más aún de aquellas que, como las referidas publicaciones de prensa en el presente caso, son utilizadas por el sentenciador para sustentar de manera determinante el fallo dictado.

 

Por todo lo expuesto, esta Sala considera procedente la presente denuncia por infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem.

 

Por cuanto se ha encontrado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de examinar y resolver las restantes denuncias que contiene el escrito de formalización, de conformidad con lo dispuesto en el aparte segundo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

D E C I S I Ó N

 

 

 Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial del ciudadano MARCO ANTONIO GARCIA ALVAREZ, contra la sentencia dictada en fecha 10 de julio del 2001, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena la reposición de la causa al estado que el Superior competente dicte nueva decisión corrigiendo el vicio aquí censurado.

 

 

Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.

 

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los veinte  (20 )  días del mes de diciembre de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Vicepresidente en ejercicio

de la Presidencia,

 

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 El Magistrado Ponente,

 

________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

               

Magistrado Suplente,

 

                   _____________________

   TULIO ALVAREZ LEDO

 

La Secretaria,

 

 

_________________________

                               ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

R. C Nº 01- 741

 

                        

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