Sentencia N.º 500
- Sentencia
- N.º 500
- Fecha
- 10/03/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2334
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Aclaratoria
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 14 de diciembre de 2005, el abogado CARLOS MANUEL GONCALVES BARRETO, titular de la cédula de identidad nº 12.097.962, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 69.314, actuando en su carácter de apoderado judicial de CONSORCIO DRAVICA, mediante escrito presentado ante
En la misma fecha se dio cuenta en Sala de la solicitud planteada y se acordó agregarla al expediente.
Efectuado el examen de la petición de autos,
I
DE LOS TÉRMINOS DE
El apoderado judicial de Consorcio Dravica expuso su petición en los términos que se resumen a continuación:
Que debe aclararse cuál es el órgano de
Que la sentencia objeto cuya aclaratoria solicita, no señaló expresamente a partir de que fecha surtiría efectos la revocatoria de las medidas cautelares dictadas, a favor de su representada, en el presente proceso.
Que la ponderación de la seguridad jurídica y de la justicia en el caso concreto, imponen a esta Sala el otorgamiento de efectos hacia el futuro de la revocatoria de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, lo que implicaría la nulidad de las enormes multas que fueron impuestas a su representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a pesar que para el momento de imposición de la aludida sanción se encontraban plenamente vigentes las medidas cautelares que extendieron el lapso de admisión temporal concedida a su representada.
Que sería un grave precedente judicial que esta Sala no sancione el desacato del SENIAT a la medida cautelar decretada por un juez de instancia, que para ese momento se encontraba vigente.
Que, en aras de salvaguardar el principio de la seguridad jurídica, solicitó que el lapso de admisión temporal se tenga como vigente a favor de su representada, hasta la fecha en que esta Sala dictó la sentencia que revocó las medidas cautelares decretadas a favor de su representada.
II
DE LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD
Corresponde a este Alto Tribunal pronunciarse sobre la admisión de la aclaratoria solicitada y, a tal efecto, advierte que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece como requisito de admisibilidad de las solicitudes de aclaratoria, rectificaciones de errores materiales o de ampliaciones de sentencias definitivas, el que tales pedimentos sean realizados por alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
Sobre el alcance del precepto legal antes referido, esta Sala, en sentencia del 26 de diciembre de 2000, caso: Asociación Cooperativa Mixta
... que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar ...
Omissis...
... la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente.
Ahora bien, se observa que el solicitante presentó su petición el 14 de diciembre de 2005, en la misma oportunidad en la cual se dio por notificado de la sentencia nº 4275 del 12 de diciembre de 2005, objeto de su solicitud de aclaratoria. Ello así,
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Declarada la tempestividad de la aclaratoria requerida por el apoderado judicial de Consorcio Dravica,
El medio de corrección de las decisiones judiciales que la doctrina y la jurisprudencia denominan aclaratorias, rectificaciones o ampliaciones, se encuentra regulado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente caso por remisión del artículo 48 de
Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
De acuerdo con el precepto transcrito, sólo a instancia de parte el juez puede aclarar el fallo dictado, ya que la finalidad del aludido instituto procesal es la de explicar puntos dudosos o subsanar una deficiencia de expresión, con el propósito de prevenir a las partes eventuales controversias con respecto a la ejecución de la decisión. Por ello, la aclaratoria persigue, principalmente, la determinación precisa del alcance del dispositivo del fallo, orientada, siempre, a su correcta ejecución. En tal sentido, el profesor Hernando Devis Echandía ha sostenido que la aclaratoria no puede llegar a modificar su alcance o el contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidos en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla (DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, t. I, 10º ed., Edit. ABC, Bogotá, 1985, p. 646).
Ahora bien, el apoderado judicial del peticionante solicitó que esta Sala señale expresamente cuál es el órgano administrativo competente para decidir acerca de la solicitud de prórroga del lapso de la admisión temporal de las maquinarias utilizadas en el Proyecto Hidroeléctrico Caruachi que fuese solicitada por su representada a
Igualmente, solicitó que esta Sala declare la vigencia de las medidas cautelares dictadas, el 4 de diciembre 2003, el 3 de mayo de 2004 y el 8 de julio del mismo año, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario en el curso del presente proceso, desde que fueron dictadas y hasta la fecha en que esta Sala revocó el fallo dictado por el mencionado juzgado superior el 22 de julio de 2004 y declaró improcedente el amparo incoado por su representada, en virtud de que la sentencia objeto de su solicitud de aclaratoria no señaló, expresamente, a partir de que fecha surtiría efectos la revocatoria de las medidas cautelares dictadas.
Además, requirió que se sancione el desacato, por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, a las medida cautelares dictadas por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, antes referidas, en virtud de haber multado a Consorcio Dravica cuando se encontraban vigentes las providencias cautelares que extendieron el lapso de la admisión temporal que le fuese concedida; y, adicionalmente, que declare la nulidad de las multas impuestas a su representada por
Con respecto a lo peticionado, se advierte que la decisión objeto de aclaratoria tiene como thema decidendum, la tutela judicial por vía de amparo constitucional, del derecho de petición y de oportuna y adecuada respuesta de Consorcio Dravica, consagrado en el artículo 51 de
Precisado lo anterior, resulta claro que la controversia dirimida en el presente proceso de amparo está circunscrita a determinar si la respuesta otorgada a Consorcio Dravica por el Gerente de
Así las cosas,
Con respecto a la vigencia de las medidas cautelares dictadas, el 4 de diciembre 2003, el 3 de mayo de 2004 y el 8 de julio del mismo año, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario en el curso del presente proceso, se advierte que las medidas cautelares que se dictan en lo juicios de amparo constitucional tienen como finalidad impedir la ejecución de un acto jurídico o la continuación de una situación de hecho que el accionante ha delatado como lesiva de sus derechos constitucionales, para evitar que la situación jurídica que se denuncia infringida devenga en irreparable.
De allí que, la característica ontológica de la tutela cautelar es su instrumentalidad con respecto a la decisión definitiva que resuelve el fondo de la controversia. En tal sentido, el maestro Calamandrei enseñaba que Se podría decir, en suma, que el fallo cautelar es la declaración definitiva de la existencia de las condiciones necesarias y suficientes para obtener la condición ope iudicis de una relación jurídica a término, destinada a tener eficacia, rebus sic stantibus, hasta emancipación del fallo principal (CALAMANDREI, PIERO; Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, trd. Santiago Sentis Melendo, edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, p. 94).
Ahora bien, la tutela cautelar responde a la necesidad efectiva y actual de enervar la lesión a la esfera jurídico-subjetiva del justiciable, la cual se concreta mediante la creación de un estado jurídico provisional que se mantiene hasta que se dicta la decisión de fondo, ya que ésta funciona como causa extintiva de la providencia cautelar, o hasta su modificación o revocatoria expresa por parte del juez, en virtud de su variabilidad por estar sujetas a la cláusula rebus sic stantibus, en la medida en que se modifique las circunstancias que justificaron su otorgamiento.
Con respecto a su eficacia, el proveimiento cautelar no se diferencia, en cuanto a su carácter imperativo, de cualquier otra decisión judicial, ya que si no lo fuera, no serviría para las finalidades a que la tutela cautelar se dirige. No obstante, si se diferencia en cuanto a su duración, ya que la medida cautelar es siempre provisoria, por cuanto su eficacia se extingue cuando se dicta la sentencia definitiva sobre el fondo de la causa, es decir, la decisión cautelar siempre tiene un dies ad quem. Es un nullius iuris al decidir el fondo del asunto principal del debate judicial.
Así pues, resulta claro que las medidas cautelares otorgadas en el curso de cualquier juicio de amparo constitucional son eficaces desde el momento en que dictan y hasta que las mismas sean sustituidas por otras o revocadas, expresamente, por el órgano jurisdiccional de las dictó o por su alzada; o a consecuencia de su extinción ipso iure, en el momento en que se dicta la sentencia definitiva (nullius iuris).
Establecido lo anterior, se observa que, en el caso de autos,
Ahora bien, si las medidas cautelares fueron dictadas en contravención del artículo 27 de
Así pues, toda medida cautelar dictada en un proceso de amparo constitucional que conlleve a crear situaciones jurídicas nuevas a favor del accionante, debe entenderse como nula e inexistente, y por consiguiente, incapaz de producir efectos jurídico alguno. Por ello, el juez constitucional, el declarar tal nulidad, no revoca, stricto sensu, la providencia dictada sino que se limita a declarar su ineficacia jurídica (nullius iuris).
Por el mismo argumento, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria no incurrió en desacato al ejercer su potestad sancionatoria con respecto a los presuntos ilícitos aduaneros atribuidos a Consorcio Dravica por infracción del régimen aduanero especial de admisión temporal, ya que, como se precisó, las medidas cautelares dictadas en el presente juicio por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, carecen de eficacia jurídica por haber sido dictadas en contravención del artículo 27 de
Por las razones expuesta, esta Sala Constitucional aclara que las medidas cautelares dictadas, el 4 de diciembre 2003, el 3 de mayo de 2004 y el 8 de julio del mismo año, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario en el curso del presente proceso, son absolutamente nulas y, por consiguiente, en ningún momento fueron capaces de producir efectos jurídicos a favor de la accionante. Así se decide.
Queda de esta forma resuelta la aclaratoria planteada. Se ordena a
IV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese. Agréguese al expediente respectivo. Notifíquese de la presente decisión al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 04-2334
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias