Venley

Sentencia N.º 500

Sentencia
N.º 500
Fecha
10/03/2006
Sala
Constitucional
Expediente
04-2334
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Aclaratoria

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 14 de diciembre de 2005, el abogado CARLOS MANUEL GONCALVES BARRETO, titular de la cédula de identidad nº 12.097.962, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 69.314, actuando en su carácter de apoderado judicial de CONSORCIO DRAVICA, mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, solicitó “aclaratoria o ampliación” con respecto de la sentencia nº 4275, dictada por esta Sala el 12 de diciembre de 2005, que declaró con lugar la apelación interpuesta por el sustituto de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada, el 22 de julio de 2004, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; revocó la sentencia apelada y declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el mencionado consorcio, contra la falta de pronunciamiento oportuno a la solicitud de prórroga del lapso de admisión temporal de las maquinarias utilizadas en el “Proyecto Hidroeléctrico Caruachi”, atribuida al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 

En la misma fecha se dio cuenta en Sala de la solicitud planteada y se acordó agregarla al expediente.

 

Efectuado el examen de la petición de autos, la Sala pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes.

 

I

DE LOS TÉRMINOS DE LA ACLARATORIA

 

El apoderado judicial de Consorcio Dravica expuso su petición en los términos que se resumen a continuación:

 

Que debe aclararse cuál es el órgano de la Administración Pública competente para decidir acerca de la prórroga al lapso de admisión temporal solicitada por su representada, puesto que la respuesta emitida por la Gerencia de la Aduana Principal de Ciudad Guayana el 26 de noviembre de 2003, ni la sentencia dictada por esta Sala no señala quien es el órgano competente para efectuar dicho pronunciamiento.

 

Que la sentencia objeto cuya aclaratoria solicita, no señaló expresamente a partir de que fecha surtiría efectos la revocatoria de las medidas cautelares dictadas, a favor de su representada, en el presente proceso.

 

Que la ponderación de la seguridad jurídica y de la justicia en el caso concreto, imponen a esta Sala el otorgamiento de efectos hacia el futuro de la revocatoria de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, lo que implicaría la nulidad de las enormes multas que fueron impuestas a su representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a pesar que para el momento de imposición de la aludida sanción se encontraban plenamente vigentes las medidas cautelares que extendieron el lapso de admisión temporal concedida a su representada.

 

Que sería un grave precedente judicial que esta Sala no sancione el desacato  del SENIAT a la medida cautelar decretada por un juez de instancia, que para ese momento se encontraba vigente.

 

Que, en aras de salvaguardar el principio de la seguridad jurídica, solicitó que el lapso de admisión temporal se tenga como vigente a favor de su representada, hasta la fecha en que esta Sala dictó la sentencia que revocó las medidas cautelares decretadas a favor de su representada.

 

II

DE LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD

 

Corresponde a este Alto Tribunal pronunciarse sobre la admisión de la aclaratoria solicitada y, a tal efecto, advierte que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece como requisito de admisibilidad de las solicitudes de aclaratoria, rectificaciones de errores materiales o de ampliaciones de sentencias definitivas, el que tales pedimentos sean realizados por alguna de las partes “en el día de la publicación o en el siguiente”.

 

Sobre el alcance del precepto legal antes referido, esta Sala, en sentencia del 26 de diciembre de 2000, caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L., se pronunció en los términos siguientes:

 

“... que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar ...

 

Omissis...

 

... la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente”.

 

Ahora bien, se observa que el solicitante presentó su petición el 14 de diciembre de 2005, en la misma oportunidad en la cual se dio por notificado de la sentencia nº 4275 del 12 de diciembre de 2005, objeto de su solicitud de aclaratoria. Ello así, la Sala juzga que la misma fue introducida tempestivamente y, por consiguiente, debe ser admitida. Así se decide.

 

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Declarada la tempestividad de la aclaratoria requerida por el apoderado judicial de Consorcio Dravica, la Sala pasa a pronunciarse sobre su procedencia, en los términos siguientes:

El medio de corrección de las decisiones judiciales que la doctrina y la jurisprudencia denominan aclaratorias, rectificaciones o ampliaciones, se encuentra regulado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente caso por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que:

 

“Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

 

Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

 

De acuerdo con el precepto transcrito, sólo a instancia de parte el juez puede aclarar el fallo dictado, ya que la finalidad del aludido instituto procesal es la de explicar puntos dudosos o subsanar una deficiencia de expresión, con el propósito de prevenir a las partes eventuales controversias con respecto a la ejecución de la decisión. Por ello, la aclaratoria persigue, principalmente, la determinación precisa del alcance del dispositivo del fallo, orientada, siempre, a su correcta ejecución. En tal sentido, el profesor Hernando Devis Echandía ha sostenido que “la aclaratoria no puede llegar a modificar su alcance o el contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidos en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, t. I, 10º ed., Edit. ABC, Bogotá, 1985, p. 646).

 

Ahora bien, el apoderado judicial del peticionante solicitó que esta Sala señale expresamente cuál es el órgano administrativo competente para decidir acerca de la solicitud de prórroga del lapso de la admisión temporal de las maquinarias utilizadas en el “Proyecto Hidroeléctrico Caruachi” que fuese solicitada por su representada a la Gerencia de la Aduana Principal de Ciudad Guayana. 

 

Igualmente, solicitó que esta Sala declare la vigencia de las medidas cautelares dictadas, el 4 de diciembre 2003, el 3 de mayo de 2004 y el 8 de julio del mismo año,  por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario en el curso del presente proceso, desde que fueron dictadas y hasta la fecha en que esta Sala revocó el fallo dictado por el mencionado juzgado superior el 22 de julio de 2004 y declaró improcedente el amparo incoado por su representada, en virtud de que la sentencia objeto de su solicitud de aclaratoria no señaló, expresamente, a partir de que fecha surtiría efectos la revocatoria de las medidas cautelares dictadas.

 

Además, requirió que se sancione el desacato, por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, a las medida cautelares dictadas por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, antes referidas, en virtud de haber multado a Consorcio Dravica cuando se encontraban vigentes las providencias cautelares que extendieron el lapso de la admisión temporal que le fuese concedida; y, adicionalmente, que declare la nulidad de las multas impuestas a su representada por la Administración Tributaria.

 

Con respecto a lo peticionado, se advierte que la decisión objeto de aclaratoria tiene como thema decidendum, la tutela judicial por vía de amparo constitucional, del derecho de petición y de oportuna y adecuada respuesta de Consorcio Dravica, consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supuestamente lesionado a consecuencia del pronunciamiento inoportuno e inadecuado por parte del Gerente de la Aduana Principal de Ciudad Guayana, adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con respecto a su solicitud de prórroga del lapso de la admisión temporal de las maquinarias utilizadas en el “Proyecto Hidroeléctrico Caruachi”. 

 

Precisado lo anterior, resulta claro que la controversia dirimida en el presente proceso de amparo está circunscrita a determinar si la respuesta otorgada a Consorcio Dravica por el Gerente de la Aduana Principal de Ciudad Guayana, mediante el oficio distinguido con el alfanumérico APCG-5014-AAJ-E-2003-246-4763 del 26 de noviembre de 2003, resultó oportuna y adecuada a la petición planteada por la accionante. Por ello, no corresponde al juez constitucional pronunciarse sobre aspectos relativos al mérito del requerimiento hecho a la Administración, a la forma en que ésta se tramitará o a cuál es el órgano competente para resolverla.

Así las cosas, la Sala considera que el apoderado judicial de Consorcio Dravica pretende, mediante la aclaratoria solicitada, que esta Sala emita un pronunciamiento sobre aspectos que no constituyen tema de la controversia resuelta por el fallo objeto de su petición, por lo que tal requerimiento persigue un fin distinto al que la ley confiere al instituto procesal regulado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

 

Con respecto a la vigencia de las medidas cautelares dictadas, el 4 de diciembre 2003, el 3 de mayo de 2004 y el 8 de julio del mismo año,  por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario en el curso del presente proceso, se advierte que las medidas cautelares que se dictan en lo juicios de amparo constitucional tienen como finalidad impedir la ejecución de un acto jurídico o la continuación de una situación de hecho que el accionante ha delatado como lesiva de sus derechos constitucionales, para evitar que la situación jurídica que se denuncia infringida devenga en irreparable.

 

De allí que, la característica ontológica de la tutela cautelar es su instrumentalidad con respecto a la decisión definitiva que resuelve el fondo de la controversia. En tal sentido, el maestro Calamandrei enseñaba que “Se podría decir, en suma, que el fallo cautelar es la declaración definitiva de la existencia de las condiciones necesarias y suficientes para obtener la condición ope iudicis de una relación jurídica a término, destinada a tener eficacia, rebus sic stantibus, hasta emancipación del fallo principal” (CALAMANDREI, PIERO; Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, trd. Santiago Sentis Melendo, edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, p. 94). 

 

Ahora bien, la tutela cautelar responde a la necesidad efectiva y actual de enervar la lesión a la esfera jurídico-subjetiva del justiciable, la cual se concreta mediante la creación de un estado jurídico provisional que se mantiene hasta que se dicta la decisión de fondo, ya que ésta funciona como causa extintiva de la providencia cautelar, o hasta su modificación o revocatoria expresa por parte del juez, en virtud de su variabilidad por estar sujetas a la cláusula rebus sic stantibus, en la medida en que se modifique las circunstancias que justificaron su otorgamiento.

Con respecto a su eficacia, el proveimiento cautelar no se diferencia, en cuanto a su carácter imperativo, de cualquier otra decisión judicial, ya que si no lo fuera, no serviría para las finalidades a que la tutela cautelar se dirige. No obstante, si se diferencia en cuanto a su duración, ya que la medida cautelar es siempre provisoria, por cuanto su eficacia se extingue cuando se dicta la sentencia definitiva sobre el fondo de la causa, es decir, la decisión cautelar siempre tiene un dies ad quem. Es un nullius iuris al decidir el fondo del asunto principal del debate judicial.

 

Así pues, resulta claro que las medidas cautelares otorgadas en el curso de cualquier juicio de amparo constitucional son eficaces desde el momento en que dictan y hasta que las mismas sean sustituidas por otras o revocadas, expresamente, por el órgano jurisdiccional de las dictó o por su alzada; o a consecuencia de su extinción ipso iure, en el momento en que se dicta la sentencia definitiva (nullius iuris). 

 

Establecido lo anterior, se observa que, en el caso de autos, la Sala declaró que el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con las medidas cautelares dictadas en el presente proceso, desconoció el carácter puramente restablecedor del amparo y creó una serie de situaciones jurídicas nuevas a favor de Consorcio Dravica, que pudo lesionar los intereses patrimoniales de la República, con lo cual se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.

 

Ahora bien, si las medidas cautelares fueron dictadas en contravención del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (normas que consagran el carácter exclusivamente restablecedor del amparo constitucional), a tales decisiones no pueden conferirse eficacia jurídica alguna, ya que, al haber sido otorgadas en extralimitación de la funciones jurisdiccional del juez constitucional, dicho vicio es de tal magnitud que no admite convalidación. En caso contrario, se estarían consolidando situaciones jurídicas creadas al margen del ordenamiento jurídico.

 

Así pues, toda medida cautelar dictada en un proceso de amparo constitucional que conlleve a crear situaciones jurídicas nuevas a favor del accionante, debe entenderse como nula e inexistente, y por consiguiente, incapaz de producir efectos jurídico alguno. Por ello, el juez constitucional, el declarar tal nulidad, no revoca, stricto sensu, la providencia dictada sino que se limita a declarar su ineficacia jurídica (nullius iuris).

 

Por el mismo argumento, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria no incurrió en desacato al ejercer su potestad sancionatoria con respecto a los presuntos ilícitos aduaneros atribuidos a Consorcio Dravica por infracción del régimen aduanero especial de admisión temporal, ya que, como se precisó, las medidas cautelares dictadas en el presente juicio por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, carecen de eficacia jurídica por haber sido dictadas en contravención del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Por las razones expuesta, esta Sala Constitucional aclara que las medidas cautelares dictadas, el 4 de diciembre 2003, el 3 de mayo de 2004 y el 8 de julio del mismo año,  por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario en el curso del presente proceso, son absolutamente nulas y, por consiguiente, en ningún momento fueron capaces de producir efectos jurídicos a favor de la accionante. Así se decide.

 

Queda de esta forma resuelta la aclaratoria planteada. Se ordena a la Secretaría de esta Sala agregar el presente fallo al expediente, el cual se tendrá como parte integrante de la sentencia nº 4275, dictada por esta Sala el 12 de diciembre de 2005. Notifíquese de este fallo al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1) RESUELTA la aclaratoria solicitada por el abogado Carlos Manuel Goncalves Barreto, actuando en su carácter de apoderado judicial de CONSORCIO DRAVICA, con respecto de la sentencia nº 4275, dictada por esta Sala el 12 de diciembre de 2005, que declaró con lugar la apelación interpuesta por el sustituto de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada, el 22 de julio de 2004, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; revocó la sentencia apelada y declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por Consorcio Dravica, contra la falta de pronunciamiento oportuno a la solicitud de prórroga del lapso de admisión temporal de las maquinarias utilizadas en el “Proyecto Hidroeléctrico Caruachi”, atribuida al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); y 2) ORDENA a la Secretaría de esta Sala agregar el presente fallo al expediente, el cual se tendrá como parte integrante de la sentencia nº 4275, dictada por esta Sala el 12 de diciembre de 2005.

 

Publíquese, regístrese. Agréguese al expediente respectivo. Notifíquese de la presente decisión al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de MARZO dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

 

                                                                                        LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. n° 04-2334

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