Sentencia N.º 5007
- Sentencia
- N.º 5007
- Fecha
- 15/12/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0656
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-0656
El 4 de abril de 2005 se recibió en esta Sala el Oficio Nº 05-0090 del 16 de marzo de 2005, anexo al cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Enrique Parra Paradisi, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.601, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANDRÉS SANCLAUDIO CAVELLAS, titular de la cédula de identidad N° 11.028.834, contra la decisión del 19 de octubre de 2004 dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por el quejoso contra la decisión del Juzgado Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda por resolución de contrato de arrendamiento incoada por el referido ciudadano contra la sociedad mercantil Taller, A.G., Móvil, C.A., lo cual -a decir del quejoso- vulnera los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, contenidos en los artículos 26 y 49, respectivamente, del Texto Fundamental.
El 7 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.
Mediante auto del 11 de marzo de 2005, el a quo oyó en un sólo efecto las apelaciones interpuestas el 4 y 8 de marzo de 2005, por el abogado Gustavo Ortega Ríos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 1.291, actuando en su carácter de apoderado judicial del tercero interviniente, sociedad mercantil Taller A.G. Móvil, C.A., contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 2005, por el referido Juzgado.
En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente, y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Carmen Zuleta de Merchán.
El 27 de junio de 2005, esta Sala emitió decisión a través de la cual solicitó a las partes, en base al artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, traer a los autos determinadas probanzas.
El 22 de julio de 2005, el abogado Gustavo Ortega Ríos, anteriormente identificado, acudió a esta Sala a consignar las probanzas requeridas por la decisión de esta Sala Constitucional.
En esa misma fecha se dio cuenta en Sala, y se acordó agregarlo al expediente respectivo.
El 2 de agosto de 2005, el abogado Enrique Parra Paradisi, anteriormente identificado, acudió a esta Sala a consignar las probanzas requeridas por la decisión de esta Sala Constitucional.
En esa misma fecha se dio cuenta en Sala, y se acordó agregarlo al expediente respectivo.
El 11 de agosto de 2005, el abogado Gustavo Ortega Ríos, en su carácter de autos, presentó ante esta Sala escrito de argumentos y probanzas relacionadas con la causa de marras.
En esa misma fecha se dio cuenta en Sala, y se acordó agregarlo al expediente respectivo.
Asignada la ponencia en el presente caso el 15 de abril de 2005 a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño pasa, con tal carácter, a suscribir el presente fallo.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte presuntamente agraviada fundamentó su acción, con base en los siguientes argumentos:
Que el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas, interpuso demanda por resolución de contrato de arrendamiento contra la sociedad mercantil Taller, A.G., Móvil, C.A., por falta de pago de canon de arrendamiento a que estaban obligados según el contrato suscrito al respecto, el cual fue debidamente autenticado, y de donde se desprende el carácter de arrendador del actor; debiendo acotar que en ningún momento dicho instrumento fue impugnado, desconocido o tachado de falso por la demandada, quien por el contrario lo reconoce y admite.
Que correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por no haberse atribuido el actor la representación del co-arrendador.
Que contra esa decisión, se ejerció recurso de apelación, siendo conocida la causa en Alzada por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual el 19 de octubre de 2004, declaró sin lugar la apelación y ratificó la sentencia del a quo.
Que (
) si bien es cierto que el [actor] tuvo acceso a los órganos de administración de justicia, no es menos cierto que al serle negada de oficio por el tribunal la cualidad de arrendador para intentar la acción que incoara, como mecanismo o justificación de la declaratoria de IMPROCEDENTE, no obtuvo una justicia imparcial, idónea, transparente, responsable ni equitativa, habiéndose igualmente violentado la garantía al debido proceso, por no haber sido observado en el fallo que se ataca (
) los preceptos fundamentales (
) de los artículos 12, 168, 243 y 274 del Código de Procedimiento Civil.
Que resulta contradictorio, que en una misma sentencia para declarar improcedente o sin derecho la acción deducida, se hable de falta de cualidad del actor por no atribuirse éste en su libelo la representación de su co-arrendador y que en la misma sentencia, se decida la falta de razón o derecho en que fundamentó su demanda, quien al decir no tenía cualidad para intentarla.
Que solicita se le ampare el ejercicio de sus derechos y se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la decisión accionada.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
El juez a quo fundamentó la decisión apelada, en los siguientes términos:
(
) la cualidad (
) es el derecho para ejercitar determinada acción (
).
omissis
De la revisión y análisis de los instrumentos producidos en autos, defensas y demás alegatos, se evidencia que en el presente caso no se ha utilizado la presente acción de amparo como un remedio procesal para la revisión de una decisión o de un asunto ya decidido por otro órgano jurisdiccional en alzada, pues tal situación compartiría evidentemente una tercera instancia.
En el caso de autos nos encontramos en presencia de una falsa apreciación por parte del órgano jurisdiccional, empero con ello se afectaría o haría nugatorio el derecho que tiene el demandante de poder acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses.
(
) con tal proceder la Juzgadora de Instancia infringió con su decisión derechos fundamentales protegidos por nuestra Carta Magna, como el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, transgrediendo con ello el debido proceso que debe regir en todo proceso (
) toda vez que si hubiese analizado exhaustivamente el propósito e intención de las partes y el tercero, la sentenciadora que actuó como alzada pudo percatarse de la existencia sin duda alguna de la cualidad del accionante, toda vez que con tal decisión se le cercenó sus derechos de poder accionar en juicio, no pudiendo con ello jamás reclamar sus intereses, ni el acceso de (sic) los órganos de la administración de Justicia, como protección a la tutela judicial efectiva (
).
omissis
Con base a las consideraciones precedentes se hace menester anular la sentencia proferida el 19 de octubre de 2004 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y reponer la causa al estado de que el Tribunal accionado o el que corresponda, dicte nueva decisión que incluya la resolución de todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por las partes (
).
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República -salvo los Contencioso Administrativos-, y las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.
Conforme lo anterior, visto que la decisión apelada fue dictada en materia de amparo constitucional por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se decide.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, este Sala observa:
En el caso de marras, el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas ejerció acción de amparo constitucional contra la decisión del 19 de octubre de 2004 dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por el quejoso contra la decisión del Juzgado Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda por resolución de contrato de arrendamiento incoada por el referido ciudadano contra la sociedad mercantil Taller, A.G., Móvil, C.A., aduciendo en tal sentido lo siguiente:
En el presente caso, cabe destacar que el ciudadano ANDRÉS MANUEL SANCLAUDIO CAVELLAS demandante en el presente proceso no puede presentarse y ejercer la acción de forma autónoma, ya que el contrato de autos fue suscrito por su persona y el ciudadano GUSTAVO ORTEGA LARES, en su carácter de arrendatario (sic), no constando en autos ninguna manifestación expresa por parte de GUSTAVO ORTEGA LARES, en su carácter de co-arrendador, donde se invoque o se haga valer expresamente la existencia de un mandato o de un consentimiento para intentar la presente acción, siguiendo que tal representación sin poder debe hacerse de forma expresa, pues la misma surge en forma espontánea, por lo que en el caso de autos existe falta de cualidad que hace improcedente la presente demanda.
Dada la motivación el tribunal se abstiene de analizar las demás defensas y alegatos aportados a los autos (
).
omissis
PRIMERO: se declara sin lugar la apelación interpuesta en fecha 31 de mayo de 2004, por el abogado ENRIQUE PARRA PARADISI, en su carácter de apodera (sic) judicial de la parte actora, ciudadano ANDRÉS SANCLAUDIO CAVELLAS en contra de la decisión dictada en fecha 27 de mayo de 2004, por el Juzgado Noveno de Municipio de esta misma Circunscripción, mediante el cual declaró SIN LUGAR la demanda incoada por ANDRÉS SANCLAUDIO CAVELLAS por la sociedad mercantil TALLER, A.G., MÓVIL, C.A., por resolución de contrato, la cual queda plenamente ratificada en su dispositivo (Mayúsculas del original).
Por su parte, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuya decisión conoce esta Sala en virtud de la apelación interpuesta, el 7 de marzo de 2005, declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida, argumentando que con el fallo impugnado, se infringieron los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia a la parte actora, en el marco de un debido proceso.
Así las cosas, del estudio de las actas procesales, esta Sala evidencia que -en efecto- el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas -parte accionante en la presente causa- y el ciudadano Gustavo Ortega Lares, suscribieron un contrato de arrendamiento con la sociedad mercantil Taller, A.G., Móvil, C.A., sobre los derechos que tiene y posee el actor -según de desprende del expediente-, sobre las bienhechurías y un lote de terreno con un área aproximada de un mil metros cuadrados (1.000 mts²), ubicado en el sector La Guarita, Municipio Baruta del Estado Miranda.
Asimismo, se evidenció que el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas, demandó en forma separada a la referida sociedad mercantil, por la resolución del precitado contrato de arrendamiento presuntamente por falta de pago, demanda que al ser propuesta de forma individual derivó en su improcedencia y su declaratoria sin lugar.
Fue precisamente, el hecho de que el quejoso se presentara a ejercer la referida demanda en forma autónoma, lo que motivó la declaratoria de su inviabilidad en derecho por parte del Juzgador de instancia, por presuntamente carecer el actor de cualidad para interponer la misma, por tener que ejercerla conjuntamente con el co-arrendador ciudadano Gustavo Ortega Lares.
Ahora bien, la legitimación es la cualidad necesaria para ser partes. La regla general en esta materia es que la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerla valer en juicio (legitimación activa), y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva).
En ese sentido, la legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no, entonces carece de cualidad activa.
Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.
El juez, para constatar preliminarmente la legitimación de las partes, no debe revisar la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente debe advertir si el demandante se afirma como titular del derecho -legitimación activa-, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.
La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.
Es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual según la ley se ejerce la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, lo cual puede ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa.
En el caso se marras, la decisión de instancia declaratoria de la falta de cualidad del actor para intentar el juicio de resolución de contrato de arrendamiento contra la empresa de autos, definitivamente atenta contra la tutela judicial efectiva, pues de las actas se evidencia que el actor como propietario de las bienhechurías arrendadas y suscriptor del contrato de arrendamiento de dichas bienhechurías, tiene cualidad para solicitar ante la justicia su resolución.
En efecto, si bien es cierto que el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas, suscribió conjuntamente con el ciudadano Gustavo Ortega Lares, el contrato de arrendamiento de marras, ello no puede servir de justificación para negarle el derecho a llevar a cabo un juicio, donde si bien se le permitió acceder a él en principio, injustificadamente se le declara inviable por una presunta falta de cualidad que no es tal, pues la cualidad no se pierde por el hecho de que en una comunidad, alguno de los comuneros ejerza su derecho como medio de protección de sus intereses particulares.
Más aún las disposiciones legales aplicables al caso, (Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, Código de Procedimiento Civil y Código Civil), ni el contrato de arrendamiento, el cual es ley entre las partes, establecen que en casos como el de autos, donde un determinado bien es arrendado por más de una persona, no pueda uno de los co-arrendadores demandar en forma separada la resolución del mismo por alguna de las causas contempladas en la ley; siendo que por regla general en nuestro ordenamiento jurídico, las personas naturales pueden realizar todo aquello que no esté prohibido por ley, por lo que no puede imponerse a un particular una prohibición sin base legal que lo sustente.
Ello así, donde no distingue el legislador mal podría hacerlo el intérprete en desmedro al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes; pues nuestra justicia, debe imponerse como un mecanismo progresista, en aras del interés general, con miras al cumplimiento de los postulados contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, respectivamente.
Así pues, debe indicarse que el derecho a la tutela judicial efectiva supone no sólo el derecho de acceso a la justicia y de poder accionar ante los Tribunales, sino también a obtener con prontitud la decisión correspondiente, poder confiar en la ejecutividad de los fallos, y evitar trabas o formalismos inútiles que obstaculicen el derecho de llevar un proceso judicial hasta sus últimas instancias.
Aunado a todo lo anterior, debe resaltarse el error del juez accionado en amparo al proceder a declarar sin lugar la apelación y confirmar plenamente el dispositivo de una decisión que, desechando la demanda de marras por una presunta falta de cualidad, declara erradamente en el dispositivo del fallo sin lugar la misma; cuando es bien sabido que no es lo mismo la legitimación que la titularidad del derecho controvertido.
En efecto, la titularidad del derecho por interés jurídico controvertido, es una cuestión de mérito, cuya existencia o inexistencia dará lugar, a la sentencia definitiva, y la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda; mientras que el defecto de legitimación da lugar en el presunto caso, al rechazo de la demanda por falta de legitimación, sin entrar el Juez a la consideración del mérito de la causa.
Razón por la cual, erró el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, al declarar sin lugar la apelación interpuesta por el quejoso contra la decisión del Juzgado Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda por resolución de contrato de arrendamiento incoada por el referido ciudadano contra la sociedad mercantil Taller, A.G., Móvil, C.A., cuando dicho juzgador no obstante desechar por falta de cualidad o legitimación la demanda, declaró en el dispositivo del fallo sin lugar la misma, como si hubiera realizado un juzgamiento del mérito del asunto o sobre la titularidad del derecho, el cual no se llevó a cabo.
En cuanto, a la acumulación solicitada por el abogado Gustavo Ortega Ríos, en su carácter de autos, del presente expediente con respecto al expediente N° 05-7992, llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presuntamente por existir conexión con la causa pendiente, cabe indicar que según se evidencia de las copias certificadas traídas al expediente por el referido profesional del derecho, el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas, procedió a intentar otra acción de amparo constitucional contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pero motivado a la decisón del 12 de mayo de 2005, a través de la cual, presuntamente dicho Juzgador desacató la decisión de primera instancia de esta causa, esto es la decisión que en la presente oportunidad es objeto de apelación.
Ahora bien, si bien se trata de las mismas partes y existe cierta relación, el referido amparo constitucional está fundamentado en nuevos hechos, que según se alega- ocasionan nuevas violaciones constitucionales -desobediencia a la autoridad-, y no se encuentran en la misma instancia, por lo cual debe declararse improcedente la solicitud de acumulación presentada. Así se decide.
Por último, debe aclarase que en el presente caso, no debe confundirse la presente acción con una tercera instancia, pues si bien a través de la vía del amparo, no puede revisarse la actividad de juzgamiento realizada por los jueces de instancia, tal análisis si es posible cuando se demuestre que tal enjuiciamiento de mérito del órgano jurisdiccional enervó de forma manifiesta y evidente, el ejercicio pleno de algún derecho o garantía fundamental protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por la República, lo cual se configuró en el caso sub examine, con la interpretación restrictiva del Juzgador accionado que cercenó el derecho a la tutela judicial efectiva del actor, al no permitirle la continuación de un proceso judicial por causas no establecidas en la ley.
Ello así, debe concluirse que el Juzgador accionado en amparo en base a interpretaciones restrictivas y sin asidero jurídico cercenó el derecho a la tutela judicial efectiva del quejoso, el cual como se indicó va más allá de poder accionar ante los Tribunales de la República, por lo que ha debido conocer el fondo del asunto sometido a su consideración, y no desecharla en base a una supuesta falta de cualidad que no existe, y en base a la imposición de restricciones que no están consagradas en el ordenamiento jurídico. En consecuencia debe declararse sin lugar la apelación interpuesta y confirmar en los términos expuestos el fallo apelado, y así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta y, en consecuencia, CONFIRMA en los términos expuestos el fallo del 7 de marzo de 2005, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Enrique Parra Paradisi, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANDRÉS SANCLAUDIO CAVELLAS, anteriormente identificados, contra la decisión del 19 de octubre de 2004 dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por el quejoso contra la decisión del Juzgado Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda por resolución de contrato de arrendamiento incoada por el referido ciudadano contra la sociedad mercantil Taller, A.G., Móvil, C.A.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de diciembre de dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 05-0656
LEML/f
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