Sentencia N.º 5053
- Sentencia
- N.º 5053
- Fecha
- 15/12/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1582
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-1582
El 19 de junio de 2005, se recibió en esta Sala el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado César Omero Sierra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 48.494, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JORGE ELÉCER GONZÁLEZ SALAZAR y NERY YOLANDA OLIVARES DE GONZÁLEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 1.579.469 y 3.060.154, respectivamente, contra la decisión del 24 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró sin lugar la apelación ejercida por los quejosos contra el fallo del 19 de diciembre de 2002 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra-venta con pacto de rescate, en virtud de la presunta violación de los derechos constitucionales referidos al debido proceso y a la propiedad, consagrados en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 21 de julio de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Carmen Zuleta de Merchán.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte actora expuso como fundamento de su pretensión de amparo, lo siguiente:
Que (
) consta en documento privado de fecha 26 de octubre de 1990 donde mis poderdantes JORGE ELÉCER GONZÁLEZ SALAZAR y NERY YOLANDA OLIVARES DE GONZÁLEZ (
) le solicitan un préstamo por la cantidad de setenta mil bolívares al ciudadano ÁNGEL IGNACIO CHACÓN MEJÍA (
) dinero que le presta y a cambio mis poderdantes le dan en garantía al prestamista un apartamento (
) que lo adquirieron según consta en documento Público del Distrito San Cristóbal de fecha 20 de octubre de 1986 (
), este inmueble se encuentra ubicado dentro de una zona residencial y comercial lujosa de San Cristóbal Estado Táchira y para el momento de entregarlo en garantía dicho apartamento tenía un valor de quince millones de bolívares (
).
Que (
) mis poderdantes le cancelaron al ciudadano ÁNGEL IGNACIO CHACÓN MEJÍA la cantidad de 404.000 bolívares por concepto de; setenta mil bolívares que es el préstamo recibido y trescientos treinta y cuatro mil bolívares por otros préstamos continuos e intereses que se generaron, cheques que le endoso a favor del prestamista todo esto consta en el expediente que anexo (
) y que fue desestimado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira (
).
Que el presunto agraviante declaró sin lugar la apelación interpuesta por los quejosos, en consecuencia, declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato incoada por el ciudadano Ángel Ignacio Chacón Mejía.
Que (
) el documento privado que firmaron mis poderdantes fue un contrato de préstamo y no un contrato de venta con pacto de retracto. La voluntad e intención de mis poderdantes al firmar ese documento fue la de construir una garantía ya que los setenta mil bolívares (70.000 Bs.) que ellos recibieron fue en calidad de un préstamo, además en el expediente (
) se demuestra la condición de prestamista del actor demandante ciudadano ÁNGEL IGNACIO CHACÓN MEJÍA cuando se le cancelan cuatrocientos cuatro mil bolívares (404.000 Bs.) incluyendo los setenta mil bolívares del préstamo inicial y por otros préstamos sucesivos a favor de mis poderdantes con sus respectivos intereses, es decir, el consentimiento que privó en el contrato privado fue de un préstamo con una contratación simulada, que está clara y ampliamente reconocida por el mismo poderdante cuando en el folio tres del presente expediente, al momento de estimar la demanda manifiesta que el inmueble tiene un valor de Cuatro Millones de Bolívares (4.000.000 Bs.) y por supuesto no dice en ningún momento que el inmueble tiene un valor de setenta mil bolívares (70.000 Bs.) (
).
Que (
) el Tribunal no tomó en cuenta elementos tan importantes a la hora de sentenciar que están dentro del expediente como lo es; exhibición del documento privado que el demandante solicita que sea guardado en la caja de seguridad y el tribunal procede a entregárselo al demandante y no lo guarda en la caja de seguridad como se lo solicitan es decir tal documento original privado no está inserto en el expediente, el tribunal de alzada ratifica la decisión y no observa que figura jurídica es la del contenido del documento por cuanto ya lo expresé no está inserto en el expediente (
).
Finalmente, solicitaron la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo constitucional, en consecuencia, la nulidad del fallo del 24 de mayo de 2005, dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
II
DEL FALLO IMPUGNADO
El 24 de mayo de 2005, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, fundamentó su decisión con base en lo siguiente:
Que (
) la apelación versa contra la determinación dictada en fecha 19 de diciembre del 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declara parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato, interpuesta por los ciudadanos Ángel Chacón y Marcelina Cárdenas contra Jorge González y Nery Olivares.
La acción propuesta por el demandante se encuentra perfectamente enmarcada en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1.167 del Código Civil (
).
Que (
) se observa que ambas partes tienen a su elección reclamar la ejecución del contrato o la resolución del mismo, lo cual realizó la demandante, al intentar el presente juicio de cumplimiento de contrato.
En cuanto a las pruebas promovidas por la parte demandada; esta juzgadora le otorga pleno valor probatorio al documento público, consignado con el libelo de la demanda, del cual se desprende que los demandados le dieron en venta al demandante (
) el inmueble descrito en el libelo.
En el caso en cuestión existe un contrato bilateral que rige la relación entre las partes, y es el hecho que dicho contrato ha sido incumplido por la parte demandada, por lo cual la parte demandante acciona y solicita la ejecución del contrato, acción esta plenamente procedente de conformidad al artículo antes trascrito, en consecuencia, la acción intentada por la parte demandante debe declararse con lugar (
).
Asimismo, la parte demandada no impugnó, ni desconoció el documento fundamental de la demanda; tampoco probó en el curso del proceso nada que le favoreciera o desvirtuara los alegatos de la parte demandante.
omissis
En mérito de las anteriores consideraciones (
) declara sin lugar la apelación interpuesta (
) confirma la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Táchira en fecha 19 de diciembre de 2002, que declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Ángel Ignacio Chacón Mejía y Marcelina Cárdenas de Chacón contra Jorge Eliécer González Salazar y Nery Yolanda Olivares de González (
).
III
DE LA COMPETENCIA
Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional a través de la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), concluyó que conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le corresponde conocer de las decisiones de amparo que se intenten contra decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República -salvo los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal.
Ahora bien, por cuanto la presente acción de amparo fue interpuesta contra la sentencia del 24 de mayo de 2005 dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, siendo congruente con el fallo mencionado supra, esta Sala se declara competente para conocer en única instancia de la acción de amparo constitucional propuesta. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento, para lo cual observa:
De los alegatos expuestos en el escrito libelar, se desprende que la presente acción de amparo constitucional fue ejercida contra la decisión del 24 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró sin lugar la apelación ejercida por los quejosos contra el fallo del 19 de diciembre de 2002 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que a su vez declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra-venta con pacto rescate.
Así, luego del examen de la demanda de amparo interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que ella cumple con los mismos. Así se declara.
Ahora bien, a los fines de determinar la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala considera necesario destacar que la decisión contra la cual se interpone la presente acción de amparo constitucional fue dictada el 24 de mayo de 2005, habiendo sido estimada la cuantía del asunto en la suma de dos millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos bolívares (Bs. 2.657.600,00), siendo que para esa fecha ya se encontraba en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual es indispensable para la admisibilidad del recurso de casación que el interés hecho valer en la pretensión exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 UT). Asimismo, conviene señalar que para la fecha en la cual se dictó la decisión presuntamente lesiva no se encontraba en vigencia el nuevo criterio establecido por esta Sala para acceder en casación (Vid. Sentencia N° 1.573 del 12 de julio de 2005 caso: Carbonell Thielsen), -el cual estableció que la cuantía necesaria para acceder a casación debía ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda-, motivo por el cual resulta obvio que para el momento en que se dictó la sentencia objeto de la presente acción los quejosos disponían únicamente de la acción de amparo constitucional, para el restablecimiento de los derechos presuntamente infringidos.
Señalado lo anterior, visto que la presente acción de amparo constitucional no se encuentra incursa en otra de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 eiusdem, debe ser admitida, y así se decide.
No obstante, visto que la presente acción de amparo constitucional se ejerció contra una decisión judicial, la Sala ha señalado en múltiples decisiones, que este tipo de acciones constituyen un mecanismo procesal de impugnación con peculiares características que las diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de las otras vías existentes para el ataque de los actos que emanen de los órganos jurisdiccionales, razón por la cual se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación, incluso in limine litis, en aras de la economía y celeridad procesal.
Al respecto, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala que: (
) procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional (
).
Por su parte, esta Sala en sentencia N° 2.339 del 21 de noviembre de 2001 (caso: Jesús Pérez Marcano), señaló lo siguiente:
(
) del análisis de la disposición transcrita, en función de salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, nuestra jurisprudencia ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: a) que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, finalmente como requisito adicional c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten no idóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado; es decir, que la acción de amparo puede intentarse contra decisiones judiciales, pero sólo procede en estos casos (...).
De lo anterior se colige que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece la procedencia de la acción de amparo contra decisiones, actuaciones u omisiones judiciales supeditada al cumplimiento de dos requisitos concurrentes, a saber; que el Tribunal supuestamente agraviante haya actuado fuera de su competencia y que esta actuación u omisión lesione o amenace violar una situación jurídica subjetiva o un derecho constitucional garantizado, ello con la finalidad de restablecer la situación jurídica infringida.
Igualmente, en reiteradas ocasiones se ha definido el alcance que se le ha dado al concepto de incompetencia en estos casos, la cual no debe entenderse en un sentido procesal estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto constitucional, ya que obrar fuera de su competencia como requisito fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretende vulnerado, significa usurpar funciones por parte del juzgador que, por la ley, no le han sido conferidas.
En este sentido, la Sala estableció en su decisión del 6 de febrero de 2001, (caso: Licorería El Buchón, C.A.), que la procedencia de la acción de amparo contra sentencia de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ( ) es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias ( ).
Ahora bien, observa la Sala que los accionantes aducen que el fallo presuntamente lesivo desestimó los instrumentos cambiarios consistentes en los cheques que el quejoso emitió a favor del ciudadano Ángel Ignacio Chacón Mejía, por concepto de pago del préstamo y otros conceptos que adeudaban al referido ciudadano. Asimismo, señalaron que el Juzgado en cuestión no consideró la exhibición del documento al momento de sentenciar, puesto que el documento original del supuesto contrato de compra-venta con pacto de rescate no se encontraba inserto en el expediente.
En este orden de ideas, observa la Sala que el debate del juicio originario se centró en la naturaleza del documento privado suscrito entre el ciudadano Ángel Ignacio Chacón Mejía y los accionantes, por cuanto éstos aducen que el contrato constituye una simulación pues la verdadera intención fue la de garantizar un préstamo otorgado por el ciudadano Ángel Ignacio Chacón Mejía a favor de los quejosos.
No obstante, observa esta Sala que pese a que los quejosos denuncian que el instrumento fundamental de la demanda no cursa en autos, se observa en la pieza anexa del presente expediente, copia del contrato de compra-venta con pacto de rescate suscrita entre el ciudadano Ángel Ignacio Chacón Mejía y los hoy actores, la cual fue debidamente certificada por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Por otra parte, respecto a la argumentación de los presuntos agraviados relativa a que el Juzgado presuntamente agraviante no tomó en cuenta los instrumentos cambiarios constituidos por los cheques endosados a favor el ciudadano Ángel Ignacio Chacón Mejía, debe advertirse que las pruebas producidas por los quejosos en el juicio principal no fueron admitidas por el Juzgador, en virtud de haber sido presentadas de manera extemporánea, por lo cual mal puede esta Sala entrar a realizar cualquier pronunciamiento al respecto.
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, se evidencia que los accionantes pretenden mediante el procedimiento de amparo el cuestionamiento de la valoración del documento privado contentivo del contrato de compra-venta con pacto de rescate y la apreciación de unas pruebas documentales que no fueron admitidas por el Juzgador de la causa por haber sido promovidas extemporáneamente, con la sola la finalidad que se de una nueva revisión sobre el fondo del caso planteado, como si el procedimiento de amparo constituyese una tercera instancia para la revisión de las decisiones que no resolviesen la causa de la manera querida por las partes.
En efecto, esta Sala ha negado en innumerables decisiones la posibilidad que el amparo constitucional sea utilizado por los justiciables como una tercera instancia, pues ello atenta contra el principio de la seguridad jurídica, el cual constituye unos de los cimientos de la institución del orden público.
De lo antes señalado se colige que la demanda de amparo carece del requisito de procedencia que exige el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por ello, en virtud que no existe la vulneración de los derechos y garantías denunciadas, dado que resultaría inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final previsible es la declaratoria sin lugar, esta Sala estima que la presente demanda de amparo debe declararse improcedente in limine litis. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer el amparo interpuesto y declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado César Omero Sierra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 48.494, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JORGE ELÉCER GONZÁLEZ SALAZAR y NERY YOLANDA OLIVARES DE GONZÁLEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 1.579.469 y 3.060.154, respectivamente, contra la decisión del 24 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró sin lugar la apelación ejercida por los quejosos contra el fallo del 19 de diciembre de 2002 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra-venta con pacto de rescate.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de diciembre de dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 05-1582
LEML/ c
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