Venley

Sentencia N.º 509

Sentencia
N.º 509
Fecha
10/03/2006
Sala
Constitucional
Expediente
05-1615
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 14 de marzo de 2005, COLECTORES ASEO URBANO LA VICTORIA C.A. (CAUVICA), con inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 26 de abril 1996, bajo el n° 38, Tomo 11-A, cuya última reforma estatutaria se produjo el 17 de agosto de 1998, bajo el n° 08, Tomo 34-A, mediante la representación de la abogada Gloria Isabel Mendoza, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el nº 89.375, intentó, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral del Estado Nueva Esparta, amparo constitucional contra el acta de audiencia preliminar del 07 de septiembre de 2004 y el texto íntegro del fallo del 14 de ese mismo y mes año, que dictó el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 16 de marzo de 2005, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta admitió la pretensión de tutela constitucional.

El 15 de abril de 2005, la apoderada judicial de la quejosa reformó la demanda y consignó copia certificada del expediente continente de la causa y el día 21 siguiente solicitó la notificación de la parte actora en el proceso originario.

El 10 de mayo de 2005, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta admitió la reforma de la demanda de amparo constitucional y ordenó las notificaciones correspondientes.

El 08 de junio de 2005, se realizó la audiencia pública, en cuya acta se dejó constancia de la comparecencia del apoderado judicial de la supuesta agraviada, del abogado Euclides Salazar, Juez del Juzgado supuesto agraviante, y de la abogada Anabel Camejo, con inscripción en el Inpreabogado bajo el n° 11.256, apoderada judicial de los ciudadanos Ignacio Zabala, Pedro Salazar, José Hernández, Erineo Salazar, Carmen Marcano, Serviliano Mata, María de los Ángeles Millán, Eudomar Velásquez, Antonio Millán, Arbenis Millán y Julio Ramón Zabala, portadores de las cédula de identidad números 1.323.644, 879.546, 8.385.873, 5.077.869, 8.384.130, 1.325.560, 12.505.058, 4.655.450, 4.652.768, 9.425.369 y 3.489.736, respectivamente (demandantes en el proceso laboral), quienes consignaron escritos continentes de sus alegaciones. En esa misma oportunidad, se declaró sin lugar la pretensión de tutela constitucional.

El 15 de junio de 2005, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta publicó el texto íntegro del fallo.

El 20 de junio de 2005, el apoderado judicial de la quejosa apeló contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

El 06 de julio de 2005, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta ordenó la remisión de copias certificadas del expediente continente de la causa al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, para el conocimiento del recurso en cuestión.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 25 de julio de 2005, y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 19 de septiembre de 2005, el apoderado judicial de la peticionaria de tutela constitucional consignó escrito continente de la fundamentación de la apelación.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.         la representación judicial de la peticionaria de tutela constitucional alegó:

1.1       Que, el 22 de marzo de 2004, los ciudadanos Ignacio Zabala, Pedro Salazar, José Hernández, Erineo Salazar, Carmen Marcano, Serviliano Mata, María de los Ángeles Millán, Eudomar Velásquez, Antonio Millán, Arbenis Millán y Julio Ramón Zabala propusieron pretensión de cobro de diferencias de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra su representada.

1.2       Que la parte actora en el proceso laboral alegó que se “...mantenía vigente la acción que ejercían, en virtud de que, en fecha 16 de agosto de 2002, incoaron un amparo constitucional, ante el suprimido Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario del Estado Nueva Esparta, con motivo de ‘cobro de prestaciones sociales’, que en su decir, aún se encontraba en curso, por estar en apelación...”.

1.3       Que, el 05 de mayo de 2004, se inició la audiencia preliminar, en la que ambas partes consignaron sus pruebas.

1.4       Que la audiencia preliminar se prolongó “...por seis (6) veces más; siendo celebradas tales prolongaciones, en las siguientes fechas: 24 de mayo de 2004, 10 de junio de 2004, 30 de junio de 2004, 14 de julio de 2004, 19 de agosto de 2004, y, 31 de agosto de 2004...”.          

1.5       Que, el 31 de agosto de 2004, “...para la celebración de la séptima audiencia preliminar, el Juez de la causa, dispuso prolongarla por una vez más, y para tal efecto, fijó la misma para el día siete (7) de septiembre de 2004...”.

1.6       Que “[e[n fecha 7 de septiembre de 2004, siendo fijada una ilegal prolongación de la audiencia preliminar, por encontrarse fuera del lapso de ley, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución dictó un auto, declarando injusta y preliminarmente, que (su) representada no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar, y, con abuso de poder, la sancionó con la admisión de los hechos; lo cual fue ratificado en la sentencia definitiva, dictada en fecha 14 de septiembre de 2004...”. 

1.7       Que “...la audiencia preliminar se inició en fecha 5 de mayo de 2004, por lo que el lapso legal, para la celebración de la misma, comenzó a computarse a partir de esa fecha, y, su finalización, correspondía para el día 5 de septiembre de 2004; el cual, por ser un día inhábil, se entendió prorrogado, para el día 6 de septiembre del mismo año...”.

1.8       Que “...resulta una formalidad esencial para la celebración de  la audiencia preliminar, el que ésta sea realizada dentro del lapso de 4 meses, en  virtud de que la ley adjetiva del trabajo pauta que en ningún caso se podrá exceder del señalado lapso...”.

1.9       Que “...para el 07 de septiembre de 2004, ya se había excedido el lapso procesal, de cuatro (4) meses, que la ley adjetiva del trabajo pauta para la celebración de  la audiencia preliminar, por lo que, la fijación de ese acto procesal, era completamente extemporáneo, por vulnerar el principio preclusivo de los actos procesales. Siendo así, la prolongación de  la audiencia para el día 7-09-04 no era un acto jurídico válido dentro del proceso, y, lógicamente, debía tenerse como inexistente, por lo que, mal podía derivarse del mismo, alguna consecuencia jurídica, en contra de (su) representada...”.

1.10     Que “...al ser fijada la prolongación de la audiencia preliminar, fuera del lapso máximo de cuatro (4) meses establecido en la ley, debe igualmente entenderse, que sobre las partes no recae la carga de la comparecencia, instituida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues, cualquier afirmación en contrario, socavaría las bases filosóficas de la audiencia...”.

1.11     Que el Juzgado supuesto agraviante “...injustamente e ilegalmente la sancionó (a su representada) con la admisión de los hechos, habiendo comparecido en todo momento dentro del lapso legal a la audiencia preliminar; y, en segundo lugar, para completar, ‘sorpresivamente’ obvió agregar al expediente los escritos de pruebas promovidas por las partes, a pesar de que habían sido entregados en su oportunidad legal”.

1.12     Que “...como consecuencia de la actuación del órgano jurisdiccional, (su) representada no contó con un recurso ordinario, que le permitiera alegar ante una instancia superior, que el Juez prolongó la audiencia preliminar hasta consumir su lapso legal, y, subvirtió el proceso, prolongándola fuera del lapso establecido, para esperar que la demandada no compareciera y, por tal motivo ilegal, declararle ‘inmediatamente’ la admisión de los hechos; y, al no agregar los escritos de pruebas al expediente, quedó ante todos como si ésta nunca los hubiese presentado en el proceso, habiendo comparecido en siete (7) oportunidades; y, por tal proceder, él mismo se condujo a dictar una decisión completamente inmotivada de derecho, puesto que de la lectura de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2004, se observa, que en ningún momento el a quo se pronunció sobre las pruebas aportadas por la demandada...”.    

1.13     Que “...la incomparecencia del demandado, es una cuestión jurídica, que únicamente puede ser desvirtuada por los motivos de ‘caso fortuito’ o ‘fuerza mayor’, plenamente comprobables, ‘a criterio del Juez Superior,’de conformidad con lo pautado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por ello, (su) representada no contaba con un recurso ordinario, que le permitiera defenderse, puesto que la subversión del proceso realizada por el mismo Tribunal, y el que no se hayan agregados sus pruebas al proceso, no son circunstancias que se subsumen en ninguno de los motivos de ‘fuerza mayor’ o ‘caso fortuito’, que es lo que se permite la ley adjetiva laboral para desvirtuar la cuestión jurídica previa de la incomparecencia. De igual manera, al no agregar el escrito de pruebas promovido dentro del lapso legal, le quebrantó el derecho a la defensa, ya que no le permitió la oportunidad de coartar, ante la instancia superior, la acción por ilegal o la pretensión por su contrariedad con el derecho”.

1.14     Que “...tanto el auto dictado en fecha 7 de septiembre de 2004, así como la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004, fueron decididas extemporáneamente, razón por lo cual el Tribunal ha debido ordenar la notificación de las partes”.  

 

2.         Denunció:

La violación a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró la admisión de los hechos por su inasistencia a la prolongación de la audiencia preliminar, no obstante que había precluído el lapso de 4 meses que establece la ley adjetiva laboral para la realización de dicha audiencia, así como por la omisión en la agregación del escrito de pruebas de su representada al expediente.

 

3.                   Pidió:

“1) LA NULIDAD del Acta de Audiencia Preliminar, de fecha 7 de septiembre de 2004, (...).

2) LA NULIDAD de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta (...).

3) ORDENE al Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, competente, continuar con el proceso instaurado, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Como medida cautelar innominada solicitó:

La “...suspensión de los efectos del fallo de fecha 14-09-04, hasta tanto sea decidida la causa que nos ocupa, declarada la cual, pido que se oficie al Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, como sustanciador del mérito de la causa, en cabeza del Juez  a cargo del mismo, a objeto de imponerlo debidamente de la medida en cuestión”.

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la apelación fue ejercida contra el veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, esta Sala se pronuncia competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.

 

III

DE LOS ALEGATOS DEL JUZGADO SUPUESTO AGRAVIANTE

El 08 de junio de 2004, el juzgador del Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta argumentó:

1.         Que “...la querellante no es sincera en su exposición, por cuanto ella sabe que el Juez no impone las prolongaciones de las audiencias preliminares, sino que son las partes con la anuencia del Juez, quienes conjuntamente acuerdan la fecha de la prolongación; mal puede la querellante, después que dio su consentimiento y que solicitó al Juez acordar la prolongación, incoar maliciosamente una acción de amparo, porque se declaró la admisión de los hechos por no presentarse a la continuación de la audiencia, cuya fecha de prolongación fue acordada por las partes”.

2.         Que “...la acción de amparo propuesta a todas luces es improcedente, ya que no existe ninguna violación de normas constitucionales, cuestión que se evidencia de las actas procesales que cursan en los autos, donde solo se constata que la presunta agraviada no utilizó en su oportunidad los recursos de ley, como es la apelación, y de manera subsiguiente el control de la legalidad”.  

3.         Que la pretensión de amparo “...es temeraria y maliciosamente incoada, por cuanto no hubo violación constitucional ni legal alguna, porque tal y como lo h(a) sostenido, (su) actuación fue ajustada a derecho, con estricto apego a la Constitución y a la Ley. Por lo tanto, solicit(a) al Tribunal, que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, niegue el amparo y califique como temeraria la acción interpuesta e imponga la sanción contemplada en el referido artículo”.      

 

IV

DE LOS ALEGATOS DE LOS TERCEROS CON INTERÉS

En la oportunidad de la audiencia pública (08.06.04), la apoderada judicial de los terceros interesados alegó:

1.         Que “...como puede evidenciarse de las Actas de mediación, las partes siempre convinieron en fijar nueva oportunidad para lograr una transacción laboral, y puede notarse entonces que al ser fijada la audiencia para el Siete (07) de Septiembre de 2.004, no existió violación del Derecho a la Defensa y el Debido Proceso, por cuanto en la audiencia anterior las partes así lo convienen y señalan esa misma fecha (07 de Septiembre de 2.04), como fecha tope para la transacción pactada...”.

2.         Que “...la Empresa CAUVICA, por intermedio de su Apoderado Judicial, no fue diligente al no hacer uso del Derecho de apelación que le confiere el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que era hacer esta, a dos efectos dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo”.   

3.         Que la pretensión de amparo es inadmisible por cuanto la representación judicial de la peticionaria de tutela constitucional no propuso su pretensión dentro del lapso de caducidad (6 meses).

4.         Solicitó: se “...declare la inadmisibilidad de la acción de Amparo propuesta, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta”.    

 

V

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

1.         El sentenciador del fallo contra el que se recurrió juzgó sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Amparo Constitucional contra decisión, interpuesto por la empresa COLECTORES DE ASEO URBANO LA VICTORIA, C.A., (CAUVICA), a través de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio GLORIA MENDOZA y EMMANUEL ALBORNOZ MILIANI. SEGUNDO: Se confirman el auto de fecha 07-09-04 y la decisión de fecha 14-09-04, dictados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. TERCERO: Se condena en costas a la parte accionante en amparo por resultar vencida en el presente Recurso de Amparo Constitucional contra decisión”.

 

El juez a quo constitucional, como fundamentación de su dispositiva, argumentó:

“Observa esta Juzgadora de la revisión que se hiciera de las actas procesales que conforman la presente acción de amparo, así como de la exposición de las partes en la Audiencia Constitucional celebrada, que solicitó la parte presuntamente agraviada la nulidad absoluta, en este sentido se evidencia que cursa en autos Acta levantada por el Juzgado de la causa de donde se desprende que la misma está firmada tanto por el Juez de Juzgado presuntamente agraviante, como por las partes hoy recurrentes en Amparo Constitucional, situación ésta completamente Legal dentro del Proceso Laboral, ya que permite la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 132, que la audiencia puede ser prolongada, previa aprobación del Juez. Cabe señalar quien aquí sentencia que a las partes hoy recurrentes en Amparo no se les han violado normas Constitucionales, que si algo se evidencia en las actas procesales es que las mismas estaban debidamente notificadas y asumiendo los compromisos dentro del proceso. Asimismo notamos que en el auto dictado en fecha 31 de agosto de 2004, todas las partes están firmando dichos autos, están dando el consentimiento a que se prolongue la audiencia preliminar.

En este orden de ideas, establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 258, que podrán adoptarse los medios alternos de resolución de conflictos para resolver las causas tales como la Conciliación, el Arbitraje, las Mediaciones, entonces si nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo conlleva a través de la Mediación, Conciliación y Arbitraje a resolver los conflictos presentados y si las partes han dado su consentimiento, no pueden después venir a alegar que se le han violentado normas de Rango Constitucional, que se le han violentado normas de Orden Público, el Juez de Sustanciación cumplió con su labor, al cual se le ha sorprendido en su buena fe de Administrador de Justicia como lo establece nuestra Carta Magna, cumpliendo con una Tutela Judicial Efectiva, dando una pronta respuesta a todos los justiciables a través de un procedimiento breve y expedito, y que con un Recurso de Amparo se pretende hoy restablecer supuestamente una situación infringida, por lo cual este Tribunal en Rango Constitucional considera que no se ha infringido ninguna norma Constitucional, no se ha violentado el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa. Asimismo la Juez de este Juzgado le advierte a la parte accionante en amparo que existe en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sanciones Legales y Constitucionales, por lo cual se le exhorta a que actúe con el Debido Respeto, Probidad y Lealtad que debemos tener todas las partes dentro del proceso. ASI SE DECIDE. Por los motivos antes expuestos, considera esta Juzgadora que efectivamente no hubo infracción de Derechos Constitucionales y Fundamentales, tales como el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, al Debido Proceso, al Derecho a la Defensa y al Derecho a ser Oído, por parte del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, por lo que deberá declararse SIN LUGAR el Recurso de Amparo Constitucional contra Decisión interpuesto por la empresa COLECTORES DE ASEO URBANO LA VICTORIA, C.A., (CAUVICA). ASI SE DECIDE”.

 

2.         El 19 de septiembre de 2005, los apoderados judiciales de la pretensora de tutela constitucional argumentaron, como fundamento de su apelación, lo siguiente:

2.1       Que la decisión del a quo constitucional está viciada de ilegalidad, por cuanto no se pronunció sobre la delación referente a la falta de consignación de las pruebas que promovió en la causa laboral.

2.2       Que su “...representada, alegó en la primera oportunidad de comparecer a ese juicio, la cual es en la celebración de la audiencia preliminar, que la acción se encontraba prescrita, y también lo alegó en el escrito de pruebas. Si todas la pruebas promovidas por las partes hubiesen sido incorporadas al proceso, (su) representada hubiese tenido la oportunidad de apelar ante el Superior a los fines de demostrar que la acción estaba prescrita, haciendo uso del principio de adquisición procesal, puesto que los mismos actores afirmaron en su libelo que la prescripción de la acción fue interrumpida por la interposición del mencionado amparo, el cual fue incorporado al juicio en copias certificadas por los mismos accionantes, tal y como lo afirman en el libelo, siendo el caso que el mismo fue declarado improcedente en primera instancia y abandonado su trámite encontrándose en el Tribunal superior del Trabajo...”.

2.3       Que “...la sentencia que declaró sin lugar el amparo incoado por (su) representada tergiversó por completo las violaciones constitucionales denunciadas en la presente acción. No se solicitó la nulidad absoluta del acta de audiencia preliminar de fecha 31 de agosto de 2004, como lo señala la sentencia, sino del auto de fecha 7 de septiembre de 2004 que sancionó injusta y arbitrariamente a (su) representada con la admisión de los hechos en virtud de una ‘supuesta incomparecencia’ de (su) representada a la audiencia preliminar”.

2.4       Que, el 05 de mayo de 2005, se inició la audiencia preliminar en el proceso primigenio, y se prolongó en seis oportunidades, la último de ellas se produjo el 31 de agosto de 2004, oportunidad en la cual “...una vez más, (su) representada le solicitó al Tribunal el cierre de la audiencia preliminar en virtud de que no había posibilidad de conciliar debido a que estaba más que discutido que en esa causa había operado la prescripción de la acción, sin embargo el a quo, quien es el director del precoso, permitió una nueva prolongación de la audiencia preliminar, para el día 7 de septiembre de 2004, fecha ésta en la cual ya en el proceso de marras se había rebasado el lapso legal de los cuatro (4) meses establecidos en el artículo 136 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para la celebración de la audiencia preliminar”.

2.5       Que “...señala la sentencia que aquí formalmente apel(an) que el acta de fecha 31 de agosto que prolongó la audiencia preliminar para el día 7-09-04 fue firmada por todas las partes en señal de consentimiento a dicha prolongación, lo que es completamente falso; la misma es suscrita por las partes en señal de que estuvieron presentes en el acto pero jamás de que consintieron una prolongación que ya rebasaba el plazo máximo que el propio legislador procesal dispuso para la celebración de la audiencia preliminar”.   

2.6       Que no puede permitirse la prolongación de la audiencia preliminar fuera del lapso máximo que estableció la ley adjetiva laboral, por cuanto “...la propia ley señala el procedimiento a cumplir y es contundente al señalar en su artículo 136 eiusdem que la audiencia preliminar en ningún caso podrá exceder de cuatro (4) meses, por lo que permitir que se rebase este lapso de tiempo es violar el debido proceso, por subvertir el mismo”.    

2.7       Que la preclusión de los actos procesales es de orden público y no puede derogarse por ningún acuerdo entre las partes, ni por voluntad del juzgador, por cuanto “permitirlo conlleva a relajar el proceso y subvertirlo, por contrariar el principio de preclusión que informa a todo proceso y que constituye uno de los cimientos de la seguridad jurídica...”.

2.8       Que “...cómo se apela de esta decisión si la Ley Orgánica Procesal del Trabajo solamente permite apelar de la admisión de los hechos sólo si la incomparecencia se debe a los motivos de caso fortuito y fuerza mayor, a criterio del Tribunal Superior del Trabajo, de conformidad con lo pautado en el artículo 131 eiusdem, no pudiendo ser motivo de apelación que la supuesta incomparecencia se debió a la subversión del proceso realizada por el propio Tribunal”.  

2.9       Que “...apel(an) de la declaratoria en costas de la sentencia proferida por el Juez Superior del Trabajo de la Circunscripción  Judicial del Estado Nueva Esparta en virtud de que se demuestra de todo lo antes denunciado que (su) representada tiene fundados motivos para solicitar la presente tutela constitucional, por lo que la presente acción no ha sido interpuesta de manera temeraria, y muy al contrario, esta tutela constitucional debe ser otorgada a (su) representada y declarada con lugar en la definitiva en razón de las groseras, flagrantes y directas violaciones de los derechos y garantías constitucionales denunciadas en el amparo interpuesto”.

 

VI

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

1.         Como punto previo, esta Sala debe pronunciarse respecto a la admisibilidad del escrito de fundamentación de la apelación que interpuso, luego de que se dio cuenta en Sala del expediente continente de la causa (25.07.05), el apoderado judicial de la peticionaria de tutela constitucional (19.09.05). Como se observa, el escrito en cuestión se introdujo luego del vencimiento del lapso (30 días) que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para la resolución de la segunda instancia del proceso de amparo constitucional, razón por la cual debe ser desestimado por extemporáneo; ello, en virtud de que esta Sala considera que si la ley estableció un plazo para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse preclusivo para que las partes interpongan cualquier escrito en relación con el expediente (vid., entre otras, s. S.C. n° 442 del 04-04-01). Así se decide.

2.         En el caso bajo análisis, se observa que la representación judicial de la demandante de tutela constitucional propuso pretensión de amparo contra el acta que levantó el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 07 de septiembre de 2004, en la prolongación de la audiencia preliminar del proceso laboral que, por cobro de prestaciones sociales, incoaron los ciudadanos Ignacio Zabala, Pedro Salazar, José Hernández, Erineo Salazar, Carmen Marcano, Serviliano Mata, María de los Ángeles Millán, Eudomar Velásquez, Antonio Millán, Arbenis Millán y Julio Ramón Zabala, contra la supuesta agraviada, así como contra el fallo donde se recoge el texto íntegro de la decisión que consideró la admisión de los hechos como consecuencia de inasistencia de la parte demandada a dicha audiencia, pronunciamiento contra el cual se considera que se propuso la demanda de amparo en cuestión.

La representación judicial de la quejosa denunció, como fundamento de la pretensión de amparo, la violación a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró la admisión de los hechos por parte de su representada, en una prolongación de la audiencia preliminar que se produjo fuera del lapso legal (4 meses), así como por la omisión en la agregación al expediente de las pruebas que promovió.

Por su parte, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró sin lugar la pretensión de amparo, por cuanto la quejosa habría consentido la prolongación de la audiencia preliminar, razón por la cual consideró que no se le vulneraron los derechos constitucionales que denunció.

Ahora bien, efectivamente, el 31 de agosto de 2004, se prolongó, una vez más, con la anuencia de  las partes (incluso la quejosa), la audiencia preliminar para el 07 de septiembre de ese año (2:30 p.m.), para lo cual en el acta respectiva se señaló: “...De seguida, las partes conjuntamente con el juez, consideran necesaria la prolongación de la presente audiencia para el día siete (07) de septiembre de dos mil cuatro, a las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.), (...), de conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, asumiendo cada parte la obligación de comparecer en la oportunidad indicada, ya que la inasistencia de alguno de ellos o de todos, acarrearía las consecuencias jurídicas previstas en la Ley”, acta que suscribieron las partes, el juez y secretaria (folio 47 y 48 –primera pieza-). De lo anterior se desprende que la peticionaria consintió, expresamente, en la referida prolongación de la audiencia, y, por tanto, se encontraba a derecho para la oportunidad cuando se produjo el acto procesal supuestamente lesivo a sus derechos constitucionales, razón por la cual debió apelar contra el fallo definitivo que declaró la admisión de los hechos.

En efecto, el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone textualmente lo siguiente:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

Ante la interposición de una demanda de amparo contra sentencia o procedimientos judiciales necesariamente el tribunal constitucional debe proceder a la verificación de la existencia o no de un eficaz mecanismo de defensa o de impugnación contra la decisión o acto procesal que se ataca, máxime si se atiende al deber tuitivo de los derechos y garantías fundamentales que la vigente Constitución impone a todos los jueces de la República en su loable misión de impartir justicia, de lo cual se concluye que el amparo constituye un mecanismo adicional en la defensa de tales derechos y garantías.

No obstante lo anterior, esta Sala Constitucional estableció la posibilidad de que el supuesto agraviado, en el escrito continente de su pretensión de tutela constitucional, justifique, mediante razones suficientes y valederas, la escogencia del amparo entre los mecanismos ordinarios u extraordinarios de impugnación; tal justificación, constituye una carga procesal que el quejoso debe cumplir, pues, de ello, depende el éxito de su pretensión. Así, en ese sentido, se estableció:

“En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (Vid. sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador.” (s.S.C. n° 939/00, del 09.08, caso: Stefan Mar C.A. Subrayado y negrillas añadidos).

 

Dicha postura se ha mantenido hasta el punto que se extendió, expresamente, para los casos de mecanismos extraordinarios de impugnación. En este sentido, esta Sala Constitucional expresó:

“De modo pues que, a juicio de esta Sala, si la decisión es susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, su falta de ejercicio configura, en principio, la causal de inadmisibilidad que establece el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, salvo que el querellante ponga en evidencia razones suficientes y valederas que justifiquen realmente la admisión del amparo respecto de una sentencia susceptible de que sea recurrida en casación.

La violación o amenaza de violación de derechos fundamentales, el urgente restablecimiento de la situación jurídica infringida, la eventual irreparabilidad del daño y la circunstancial inidoneidad e ineficacia de las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) en un caso concreto, son circunstancias determinantes de la admisibilidad y procedencia de una demanda de amparo.

Corresponde entonces al supuesto agraviado la puesta en evidencia, en el escrito continente de su demanda, de tales circunstancias, de lo cual dependerá, en gran medida, el éxito de su pretensión.

La escogencia, por parte del querellante, entre la demanda de amparo y las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) es la excepción, no la regla, y es posible sólo cuando las circunstancias a que se hizo referencia supra así lo ameriten, para lo cual, se insiste, es necesario que el agraviado las ponga en evidencia ante el Juez, quien, en definitiva, las ponderará en cada caso...” (s. S.C. n° 369 del 24.02.03. Subrayado añadido).

 

En el caso concreto, observa esta Sala Constitucional que la representación judicial de la demandante de amparo pretendió la justificación de su escogencia mediante la alegación de que la apelación, en esos casos (inasistencia a la audiencia preliminar), estaba circunscrita a la defensa del caso fortuito o fuerza mayor, argumentos de defensa con los cuales el apoderado actor en esta causa no contaba para la fundamentación de su apelación. Ahora bien, esta Sala Constitucional no considera que tales razones justifiquen la escogencia del amparo, por cuanto, en primer lugar, los motivos de la apelación, para los casos como el de autos, no pueden limitarse a la existencia de dos presupuestos de procedencia (caso fortuito o fuerza mayor), debido a que el principio general es que toda decisión definitiva o que ponga fin al juicio (dictada en primera instancia), es apelable (ex artículo 288 del C.P.C., aplicable por remisión del artículo 11 de la L.O.P.T.). Por tanto, existen razones distintas del caso fortuito o fuerza mayor que justifican el ejercicio de ese mecanismo ordinario de impugnación (como puede suceder para el caso de admisión de los hechos, no obstante que la pretensión sea contraria a derecho, p.e.). Por otro lado, la excepción de la quejosa también está destinada a la justificación de su inasistencia, pues, en su criterio, no tenía obligación de asistencia por la preclusión de la oportunidad procesal para la realización de la audiencia preliminar (4 meses), argumento que debió esgrimir mediante apelación, al igual que su alegación acerca de la falta de consignación de las pruebas que promovió.

En definitiva, la peticionaria de tutela constitucional tenía a su disposición el mecanismo de impugnación que preceptúa el artículo 131 de la Ley Adjetiva Laboral (apelación), el cual pudo interponer dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se publicó el texto íntegro del fallo que se impugnó (14.09.04), ello junto con que no esgrimió razones valederas para la justificación de la escogencia del amparo, y a que no interpuso su pretensión dentro del lapso que tenía para la interposición del mecanismo ordinario de impugnación disponible (cinco días), tal y como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, pues el fallo objeto de impugnación se dictó el 14 de septiembre de 2004, y la demanda de amparo se propuso el 14 de marzo de 2005, constituyen razones más que suficientes para la desestimación de la pretensión.

En conclusión, toda la argumentación anterior permite el encuadramiento de la pretensión de tutela constitucional en la causal de inadmisibilidad que preceptúa el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, por ende, la revocación del fallo objeto de apelación, y así se decide.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley,

1.         Declara SIN LUGAR la apelación que interpuso la parte actora contra el fallo que dictó el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 15 de junio de 2005.

2.         MODIFICA la decisión objeto de apelación que declaró sin lugar, por improcedente, la pretensión de tutela constitucional que incoó COLECTORES ASEO URBANO LA VICTORIA C.A. (CAUVICA) contra el acta de audiencia preliminar del 07 de septiembre de 2004 y el texto íntegro del fallo del 14 de ese mismo y mes año, que dictó el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

3.         Declara INADMISIBLE la pretensión de tutela constitucional con fundamento en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

No hay condenatoria en costas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                              a los     10 días del mes de marzo de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magis…/

…trados,

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente           

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                        El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 05-1615

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