Sentencia N.º 5096
- Sentencia
- N.º 5096
- Fecha
- 16/12/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1161
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-1161
El 1 de junio de 2005, el abogado Nelson David Mujica, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 92.316, en su carácter de defensor de los ciudadanos DANIEL DARÍO ANDRADE RODRÍGUEZ y ALVINO ANTONIO RIERA MORALES, titulares de las cédulas de identidad Nros. 15.848.804 y 9.638.298, respectivamente, presentó escrito contentivo de la solicitud de revisión constitucional de la sentencia dictada el 2 de mayo de 2005, por
En virtud de la reconstitución de
El 2 de junio de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones.
I
DEL ESCRITO DE REVISIÓN
El defensor de los solicitantes de la presente revisión, expuso los siguientes alegatos:
Que solicitó la revisión extraordinaria y consecuente nulidad absoluta de la decisión dictada el 2 de mayo de 2005, por
Que la decisión cuestionada (
) incurrió en una flagrante violación al principio del debido proceso, toda vez que allí se establece que existe un vicio que (
) no fue mencionado en el Recurso de Apelación interpuesto por la parte querellante, y que fue detectado por esta alzada al hacerse la revisión del mismo, razón esta por la que es evidente que dicha Sala Accidental de
Que ( ) aun cuando dicha Sala se encontraba limitada, exclusivamente, a los puntos de la decisión que fueron impugnados, ésta se extralimitó, pues, de oficio, detectó, un supuesto vicio en el fallo del a quo, y entró a resolverlo motu propio, colocando así a mis defendidos en estado de indefensión pues éstos se vieron impedidos de contestar y, en consecuencia, hacerse oír, en torno al supuesto vicio detectado por la alzada, que lo llevó a la anulación de la decisión dictada por el juzgado de la primera instancia que les concedió una medida cautelar (Negrillas de los solicitantes).
Que [m]ás grave aún se torna la infracción denunciada si tomamos en cuenta que lo afirmado por el Tribunal de alzada es totalmente erróneo, por cuanto se encuentra plasmado en el propio texto el fallo dictado por el Tribunal a quo que, contrariamente a lo dicho por la alzada, aquél sí se pronunció sobre la prórroga de la medida de privación de libertad, declarando que la misma era extemporánea (Negrillas de los solicitantes).
Que en (
) dicho fallo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en fecha 18 de febrero de 2004, se lee lo siguiente: El Juez escuchadas las partes pasa a decidir y lo hace previa las siguientes consideraciones: I. El artículo 244 del C.O.P.P. (sic) establece una limitante en cuanto a la medida de privación judicial preventiva de libertad visto que la misma es una medida cautelar y no puede considerarse como un anticipo de la pena que pudiese llegarse a imponer en un caso determinado, esa misma norma señala que la medida en referencia no podrá exceder del plazo de 2 años y le da la facultad al ministerio público por vía excepcional para que solicite la prórroga de la medida de privación judicial preventiva de libertad. Seguidamente establece: La situación en referencia no ocurrió en el presente caso visto que el Ministerio Público no solicitó la prórroga dentro del lapso que señala el artículo 244 del C.O.P.P (sic)., el cual venció el día 7 y 8 de mayo del 2003, no compartiendo el criterio sostenido por el Ministerio Público en cuanto a que es a partir del día 09-07-04 cuando nació para el al igual que para la parte querellante la oportunidad de solicitar prórroga de la detención conforme al artículo 244 del C.O.P.P. (sic), visto que ese criterio no es ajustado a derecho motivado a que la privación de libertad de los acusados es una situación de hecho la cual debe computarse desde el día de su detención efectiva, sin pretender que el lapso de tiempo sea interrumpido por la decisión de
Que (
) es evidente que el Tribunal a quo sí cumplió, en todo momento, con su obligación de respetar el derecho constitucional de obtener oportuna respuesta que asistía al Ministerio Público, al concluir que su solicitud de prorroga (sic) había sido presentada extemporáneamente. Por lo tanto
Que (
) la referida Sala incurrió en una flagrante inobservacia de las interpretaciones realizadas por esta Honorable Sala Constitucional en cuanto al principio de proporcionalidad de la medidas de privación de libertad, el cual regula uno de los derechos más apreciables en todo ser humano, y al que solo se le podría anteponer el Derecho a
Que hicieron referencia a la sentencia N° 369 del 31 de marzo de 2005, dictada por esta Sala Constitucional, referida al principio de proporcionalidad en las medidas de privación de libertad, conforme al cual (
) si
Que (
) al haber incurrido
Que como fundamento de la revisión presentada, refirieron el numeral 10 del artículo 336 de
Que en cuanto a la letra b de
Que (
) en el presente caso,
Finalmente, solicitaron: (i) se declare con lugar el recurso de revisión extraordinaria de la decisión dictada por
II
DE
La sentencia sometida a la presente revisión dictada el 2 de mayo de 2005, por
Que [s]olicita el recurrente, se revoque la medida cautelar sustitutiva de libertad que otorgara el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio N° 6 de éste (sic) Circuito Judicial Penal, a los efectos esta Alzada constató el escrito de fundamentación que el Juez publicara en fecha 22 de febrero de 2005, y consta en el folio veintiocho (28) del recurso in examine, donde el juez argumenta: En el presente caso, los acusados Edgar Ramón Lozada Cuello, Leonel Ramón Rodríguez Cuello, Alvino Antonio Riera Morales y Daniel Darío Andrade Rodríguez, se encuentran privados de su libertad por un lapso de 3 años y 9 meses lapso de tiempo que excede los 2 años a los que hace referencia la disposición anteriormente transcrita sin que el Ministerio Público o el Querellante haya solicitado la prórroga de la medida impuesta a los acusados. Situación que hace predecente, tomando en consideración el criterio reiterado de
Que entre los alegatos presentados por la representación del Ministerio Público, se lee que: (
) Considera quien suscribe que la decisión in comento no se ajusta a derecho, lo cual procederé a fundamentar de seguida no sin antes hacer algunas observaciones, en efecto en el presente asunto este despacho solicitó mediante escrito de fecha 12-01-2005, la prórroga para el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta a los acusados de marras, solicitud que hice con fundamento en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal (
) (Negrillas y subrayado del original).
Que puntualizó sobre los siguientes aspectos: (i)Esta alzada revisa la decisión de primera instancia, a los efectos de constatar lo que efectivamente estableció el juez de Instancia (
); (ii) Que efectivamente, si existe solicitud de prórroga, tal como lo establece en su Recurso de Apelación el Ministerio Público de fecha 12 de enero del año 2005 (
); y (iii) (
) el ad quod (sic), realiza audiencia de acuerdo al artículo 244 del COPP (sic), EN DICHA AUDIENCIA Y EN
Que (
) aunque hubo la solicitud de revisión de la medida, mas en ninguna parte aparece la respuesta OPORTUNA Y ADECUADA que el Juez debía pronunciar al respecto, vicio que por cierto no fue mencionado en el Recurso de Apelación interpuesto por la parte querellante, detectado por ésta (sic) Alzada al hacerse la revisión del mismo (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original).
Que (
) no puede pasar por alto este órgano colegiado, hacer un llamado de atención al juez en la omisión en que incurre y que causa extrañeza a esta Instancia, que si bien es cierto, y respetando lo preceptuado en el artículo 4 de la norma adjetiva penal, como es el Principio de
Que (
) en
Que [e]s por lo que causa extrañeza (
), la omisión en que incurre el Juez de Instancia, al vulnerar el derecho que tienen en este caso el Ministerio Público, de tener respuesta OPORTUNA y ADECUADA a su petitorio, tal como lo establece nuestra carta magna en su artículo 51 y los artículos 173 y 177 de la norma adjetiva penal (Mayúsculas y negrillas del original).
Que con fundamento en lo anterior (
) y habiéndose establecido que la decisión no estuvo ajustada a derecho es por lo que esta Instancia Superior ANULA
Que además, declaró (
) SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los ABOG. RAMÓN PÉREZ LINÁREZ (sic) y ABOG. RAMÓN AGUILAR LUCENA, Abogados Querellantes y representantes de la víctima AURA de SÁEZ, declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ABOG. JOSÉ MORA MOLINA, en su condición [de] Fiscal Décimo del Ministerio Público del Estado Lara (
) (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original).
III
DE
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de
Por su parte, el artículo 5.16 de
Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de
(
omissis
)
16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de
Así mismo, en el fallo N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Sala determinó su competencia extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:
(
) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de
Por cuanto en el caso de autos, se pidió la revisión del fallo dictado por
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
En el caso de autos, el defensor de los ciudadanos Daniel Darío Andrade Rodríguez y Alvino Antonio Riera Morales, solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada por
En tal sentido, lo anterior evidencia que la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión fue dictada en la segunda instancia de un proceso penal seguido contra los solicitantes de la presente revisión por los delitos de homicidio calificado, robo agravado y porte ilícito de arma de fuego. En este caso, cabe recordar que la revisión es un mecanismo extraordinario de tutela constitucional por el cual esta Sala Constitucional tiene la tarea de mantener la uniformidad y vigencia del Texto Constitucional, características que exigen un ejercicio (
) excesivamente prudente en cuanto a su admisión y procedencia (
), como se afirmó en la sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo).
Tal potestad tiene entonces sus limitaciones, ya que al ser extraordinaria requiere del planteamiento de unos supuestos específicos que aseguren, además, un ejercicio apropiado a la defensa real de los preceptos y principios constitucionales, pues no cabe duda alguna sobre que la revisión es una vía que establece el ordenamiento jurídico para volver al estudio de una sentencia que ya ha agotado todas las instancias ordinarias posibles, con la excusa de preservar la interpretación de una norma constitucional, lo que sin duda es de vital importancia para el ordenamiento jurídico.
De allí que no sólo baste con establecer los supuestos en que tal revisión puede proceder, en cuanto a las denuncias constitucionales de fondo que sean presentadas, sino también los requisitos que permitan ordenar la admisibilidad de la revisión, de manera que sea un filtro de las solicitudes de revisión que no puedan prosperar, como aquéllos en los que sólo se procure una nueva instancia o la simple inconformidad con un fallo que desfavorezca a la parte solicitante, volviendo a plantear el caso sin presentar una argumentación que conlleve al estudio de la interpretación constitucional.
En este orden de ideas, la revisión presentada en el caso de autos versa sobre una sentencia de segunda instancia que fue proferida en el marco del proceso penal seguido contra los solicitantes de la revisión bajo estudio.
Así las cosas, las decisiones que han establecido criterio en cuanto a la revisión, como la ya mencionada, siempre reiteran la necesidad de que se trate de sentencias definitivamente firmes, las cuales adquieren dicho carácter cuando han agotado todas las instancias judiciales posibles o se han vencido los lapsos para poder acudir a ellas, pues el numeral 10 del artículo 336 constitucional (
) no intenta de manera alguna crear una tercera instancia en los procesos de amparo constitucional o de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas (Sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo).
Es sobre el carácter definitivamente firme de la sentencia cuya revisión se pretende, que deben versar las presentes consideraciones, pues si bien es cierto que se trata de un fallo de segunda instancia cuyas posibilidades de ser recurrida ya no existen, pues no puede ser cuestionada mediante el recurso de casación, la misma versa sobre la apelación presentada contra la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que impuso a los aquí solicitantes -entre otros- las medidas cautelares sustitutivas de libertad, previstas en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Al respecto, cuando mediante los fallos que pretenden discutirse mediante la solicitud revisión, se hacen pronunciamientos de carácter interlocutorio, esta Sala Constitucional ha negado la revisión. Una de las razones para sostener tal criterio es la naturaleza incidental de la sentencia, ya que ella depende de una causa principal cuya resolución puede enervar sus efectos (Vid. Sentencia N° 2.858 del 3 de noviembre de 2003, caso: Arnoldo José Echegaray Salas).
En tal sentido, a pesar de no tener recurso alguno, salvo la revisión, la sentencia a revisar en el presente caso no es el fallo definitivamente firme del proceso principal, pues las decisiones sobre las medidas cautelares no juzgan sobre el asunto penal principal (Vid. Sentencia N° 511 del 5 de abril de 2004, caso: Maira Rincón Lugo). Ciertamente, puede leerse en la sentencia sometida a la revisión de autos, que ella no declara la condena o no de los solicitantes cuyas medidas sustitutivas fueron revocadas en la misma, en cuanto a los delitos de homicidio calificado, robo agravado y porte ilícito de arma de fuego, pues sólo hace referencia a la existencia de una presunta prórroga de las medidas privativas de libertad solicitada por la representación del Ministerio Público, y que presuntamente nunca fue decidida.
Aunado a las razones anteriores,
Visto que la revisión constitucional de autos versa sobre una sentencia que no es considerada definitivamente firme, en los términos exigidos tanto por la legislación aplicable, como por
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº AA50-T-2005-001161
LEML/
gistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su conformidad con la decisión que contiene el presente fallo; no obstante, por razón de discrepancias, que explicará a continuación, con los motivos de la sentencia, expide el presente voto concurrente en los siguientes términos:
1. En la presente causa, la mayoría de la Sala estimó que la revisión era inadmisible porque el veredicto sobre el cual versaba la pretensión no era una sentencia sino un fallo interlocutorio. En nuestra opinión, la declaración de inadmisibilidad es conforme a derecho, mas no por la naturaleza interlocutoria de la decisión cuya revisión ha solicitada, sino porque la misma es continente de un pronunciamiento que no produce cosa juzgada, ya que confirmó un auto mediante el cual la primera instancia penal revocó unas medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad y es suficientemente sabido que tales pronunciamientos no producen cosa juzgada, ya que, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, son revisables en todo tiempo, de oficio o a solicitud de parte.
2. Respecto a la declarada inadmisibilidad de la revisión de las decisiones interlocutorias, estima este Magistrado que, desde el punto de vista normativo y de justicia, se debió ratificar la doctrina que contiene la decisión no 2633 que, el 19 de noviembre de 2004, expidió esta Sala, en la cual se estableció el siguiente criterio, al cual este Magistrado adhiere plenamente:
Ahora bien, en relación con la admisibilidad de la revisión, debe advertirse, previamente, que, en casos como el presente, la expresión sentencias definitivamente firmes que contiene el artículo 336.10 de la Constitución en congruencia con el artículo 5, párrafo 16, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no debe entenderse restringida a las actuaciones jurisdiccionales que decidan sobre el fondo de la controversia y pongan, por tanto, fin a la instancia correspondiente, sino en el sentido genérico decisión judicial, sea ésta una sentencia stricto sensu, vale decir, en el sentido que le atribuye el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, o bien, como en el presente caso, un auto o decisión interlocutoria. Ello, por cuanto el propósito de tutela de la preeminencia constitucional que impregna la predicha disposición, hace necesario el sometimiento al control, en esta sede, de cualesquiera pronunciamientos jurisdiccionales definitivamente firmes en los cuales se decida la desaplicación, por razón de tal preeminencia, de una norma de rango inferior, con base en el control difuso que establece el artículo 334 de la Ley Máxima. En tal sentido, la Sala ratifica el criterio que estableció en su fallo n° 2156, de 14 de septiembre de 2004 .
3. Lo que se acaba de reproducir fue ratificado, de manera implícita, por esta Sala, a través, entre otros, de sus fallos nos 3366, 3488, 3535, 3495 y 3536, de 04,11, 15 y 16 noviembre, respectivamente, del año en curso. En efecto, a través de dichas decisiones, la Sala declaró la existencia de una cuestión prejudicial, respecto de autos que dictaron Jueces de Ejecución, mediante los cuales desaplicaron, por control difuso de la constitucionalidad, el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal. Tales decisiones de los Jueces de Ejecución eran, en propiedad, autos. Si ello es así no tendría sentido el diferimiento que se decretó para las respectivas decisiones de dichas causas, sino que, con base en el criterio que se siguió en el fallo que antecede, a las mismas se les debió poner fin, a través de los correspondientes pronunciamientos de inadmisiblidad de la pretensión de revisión.
4. Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado concurrente.
Fecha ut retro.
denta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Concurrente
Luis Velázquez Alvaray
Francisco ANTONIO Carrasquero López
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
/
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.
Exp. 05-1161
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