Venley

Sentencia N.º 5123

Sentencia
N.º 5123
Fecha
16/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1313
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

 

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

Expediente N° 05-1313

 

 

El 17 de junio de 2005, se recibió en esta Sala escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por los ciudadanos FREDDY AVILEZ DÍAZ, CÉSAR VENTRE SALAZAR e IVÁN JOSÉ MORALES GÓMEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.570.256, 6.469.214 y 3.803.929, respectivamente, en su carácter de Primer Director Laboral Principal, Segundo Director Laboral Principal y Primer y Director Laboral Suplente del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, respectivamente, asistidos por los abogados Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti y Luis Ramón Obregón Martínez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.277, 34.701 y 69.014, respectivamente, contra “la Ministra del Trabajo (…) y Presidente y demás Directivos del Consejo de Administración del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía”, por la presunta omisión de la publicación de la designación y elección de los quejosos como Directores Laborales del referido Instituto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta violación de los derechos constitucionales a la no discriminación, a la defensa, al debido proceso, de petición y a la participación política y al sufragio, consagrados en los artículos 21, 49, 51, 62 y 63, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Carmen Zuleta de Merchán.

 

El 21 de junio de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 28 de junio de 2005, los quejosos otorgaron poder apud acta a los abogados Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti y Luis Ramón Obregón Martínez. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se acordó agregarlo al presente expediente.

 

El 14 de julio de 2005, el apoderado judicial de los quejosos solicitó pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se acordó agregarlo a los autos.

 

El 21 de septiembre de 2005, el apoderado judicial de los quejosos ratificó el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional. En esa misma fecha, se dio cuenta en sala y se acordó agregarlo a los autos.

 

El 22 de noviembre de 2005, el apoderado judicial de los quejosos ratificó el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional. En esa misma fecha, se dio cuenta en sala y se acordó agregarlo a los autos.

 

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

            Los quejosos fundamentaron su acción de amparo en base a los siguientes argumentos:

 

            Que “(…) en fecha 09 de octubre de 2003, se celebró un proceso de elecciones en el Instituto Autónomo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con miras a elegir a los Directores Laborales (…) en el cual resultamos elegidos para desempeñar los cargos (…) para el período 2003 al 2006 (…)”.

 

            Que “(…) en fecha 27 de abril de 2004, la Dra. MARÍA ANTONIETA TAVERAROMERO remite al Director General Sectorial de Trabajo, Dr. CARLOS ALEXIS CASTILLO, todos los recaudos correspondientes al proceso eleccionario de los Directores Laborales del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional Maiquetía (…)”

 

            Que “(…) en fecha 22 abril de 2004 la referida Comisión Electoral procedió a remitir a la ciudadana MARÍA CRISTINA IGLESIAS, en su condición de Ministra del Trabajo, el Acta Original de la Juramentación y Proclamación de los Directores Laborales electos para el período 2003-2006 (…)”.

 

            Que “(…) no habiendo obtenido respuesta alguna, en fecha 11 de junio de 2004, los ciudadanos FREDDY AVILEZ DÍAZ y CÉSAR VENTRE SALAZAR, Primero y Segundo Directores Laborales Principales del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (…) se dirigieron a la Ministra del Trabajo MARÍA CRISTINA IGLESIAS, solicitándole que cumpliera con su obligación de publicar en la Gaceta Oficial la designación y elección de los Directores Laborales, de conformidad con el referido artículo 237 del Reglamento de la Ley del Trabajo (…)”.

 

            Que “(…) el CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN DEL INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA, en la persona de su Presidente y demás Directivos, con fundamento en la falta de publicación en la Gaceta Oficial, se niegan a convocar a los Directores Laborales electos y vienen reuniéndose y gerenciando sin la presencia de los Directores Labores electos por los obreros y empleados del Instituto para representarles en dicho Consejo de Administración, causando serios, graves e importantes perjuicios, tanto a los Directores Laborales electos como a todos los electores que se encuentran sin representación y eventualmente el mismo instituto pudiera resultar perjudicado (…)”.

 

            Que “(…) en efecto, un órgano administrativo no tiene ni debe someter a un estado eterno de incertidumbre y zozobra a unos trabajadores que, en virtud de un mandato reglamentario (artículo 237 del Reglamento de la Ley del Trabajo), necesite de un órgano del Poder Ejecutivo Nacional un servicio (la orden de publicación en Gaceta Oficial de la proclamación de los Directivos Laborales) y que éste no le de cumplimiento en forma alguna y perjudique de esta manera en forma pública y notoria a los derechos constitucionales laborales e incluso políticos (derecho a elegir y a ser electos) así como a los intereses laborales y de cogestión administrativa de los trabajadores adscritos al Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (…)”.

 

            Que “(…) en lo que respecta a la conducta lesiva asumida por (…) EL PRESIDENTE Y DEMÁS DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA, la misma se circunscribe a que este órgano de administración del Aeropuerto de Maiquetía pretende arrogarse funciones que se corresponden al Poder Electoral y de facto ha ‘suspendido indefinidamente’ la entrada de los agraviados a las sesiones de dicho Consejo de Administración, dejando sin representación alguna al sector laboral (…)”.

 

            Que “(…) ni LA MINISTRA DEL TRABAJO ni EL PRESIDENTE Y DEMÁS DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA se han pronunciado en forma alguna sobre el asunto solicitado, no ha manifestado su voluntad administrativa a través de algún tipo de acto administrativo que permita a los agraviados que representamos controlar los supuestos de hecho y de derecho en que se fundamenta su actuación en el presente caso, lo que coloca a los agraviados en una especie de limbo jurídico, eternizante y dañoso, que conculca en forma clara y determinante las más elementales garantía y derechos constitucionales (…)”.

 

            Que “(…) se ha conculcado el Derecho a la Defensa de los agraviados cuando, no ha sido posible obtener en forma alguna de los entes agraviantes algún tipo de pronunciamiento con fundamentación legal coherente, sobre la legítima pretensión que se cumpla con la formalidad del artículo 237 del Reglamento de la Ley del Trabajo (…)”.

 

            Que “(…) la situación denunciada que provoca la conducta omisiva y esquiva de los agraviantes para resolver en forma cierta y definitiva la simple petición o reclamación administrativa, conculca en forma cierta, flagrante y manifiesta el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso administrativo que tienen los agraviados (…)”.

 

            Que “(…) se violenta (…) el ejercicio de la libertad sindical (…) en forma personal y como representantes de los trabajadores del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (…)”.

 

            Que “(…) denunciamos la violación de los artículos 62 y 63 Constitucionales, por parte de los agraviantes, ya que las conductas obstruccionistas y omisivas de los Agravaiantes (sic) han impedido en forma clara y actual que los agraviados, HABIENDO SIDO ELEGIDOS LEGÍTIMAMENTE MEDIANTE UN PROCESO ELECTORAL VALIDADO POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN FORMA EXPRESA, NO PUEDEN EJERCER SUS CARGOS, lo cual constituye una usurpación y conculcamiento de la libertad sindical (…)”.

 

            Que “(…) en este especial caso, los órganos-funcionarios agraviantes han guardado un hermético silencio con respecto a la solicitud realizada por nuestra representada, no se ha pronunciado con respecto a la procedencia del reclamo efectuado, tampoco ha informado en que estado se encuentra dicha solicitud (…)”.

 

            Que solicitan como medida cautelar innominada “(…) se ordene a LA MINISTRA DEL TRABAJO (…) Y AL PRESIDENTE Y DEMÁS DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO AUTONOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA, a que permitan de forma provisional a los agraviados el ejercicio de sus cargos de Directivos Laborales (…) permitiendo su presencia y participación con voz y voto en las sesiones de dicho Consejo de Administración hasta tanto se dicte sentencia en el presente procedimiento de amparo constitucional (…)”.

 

            Finalmente, solicitaron la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo constitucional.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer del presente amparo, y a tal efecto observa:

 

En primer lugar, advierte esta Sala que el caso sub examine se trata de una acción de amparo constitucional ejercida contra la Ministra del Trabajo, en virtud de la presunta omisión de la publicación del nombramiento y elección de los quejosos como Directores Laborales del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual a su vez impidió la toma de posesión de sus cargos ante el Presidente y demás Directivos del Consejo de Administración del referido Instituto.

 

Ahora bien, en sentencia N° 1 del 20 de enero del año 2000, caso: “Emery Mata Millán”, esta Sala se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra actos dictados por los altos funcionarios a que hace alusión el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece: “(…) La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República (…)”.

 

Por su parte, el artículo 5 numeral 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de de Venezuela, dispone: “Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal: (...) 18. Conocer en primera y última instancia las acciones de amparo constitucional interpuestas contra los altos funcionarios públicos nacionales (…)”, en Sala Constitucional.

 

En tal sentido, siendo que el presente amparo se ejerce contra una presunta omisión de la Ministra del Trabajo, quien es una alta autoridad incluida dentro de la enumeración taxativa de altos funcionarios conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala congruente con su propia doctrina, se declara competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

 

 

III

DE LA ADMISIBILIDAD

 

       En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:

 

            En la presente acción de amparo constitucional el hecho presuntamente lesivo de los derechos constitucionales de los quejosos se encuentra constituido por la presunta omisión de la Ministra del Trabajo en ordenar la publicación de la elección y designación de los quejosos como Directores Laborales del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”.

 

Ahora bien, analizado el escrito de solicitud de amparo y declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, la Sala observa que el mismo cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

No obstante, respecto a las causales de inadmisibilidad consagradas en el artículo 6 eiusdem, conviene señalar que el artículo 237 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, dispone lo siguiente:

 

“(…) Requisito de Publicidad. La designación y elección de los Directores Laborales deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la República, constituyendo requisito para la toma de posesión del cargo, dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de su participación al Ministerio del Trabajo”.

 

            De lo anterior se colige que constituye un requisito esencial para la toma de posesión del cargo como Director Laboral, que su designación y elección haya sido publicada en la Gaceta Oficial del República Bolivariana de Venezuela, previa participación al Ministerio del Trabajo.

 

            Ahora bien, resulta menester destacar que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que: “La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal (…)”, por lo que el amparo constitucional procede contra conductas omisivas de todos los órganos del Poder Público.

 

            En este mismo sentido, el artículo 5 eiusdem, señala lo siguiente:

 

“(…) La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.

Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio”.

 

            En efecto, el mandamiento de amparo constitucional encuentra su finalidad en evitar que se menoscaben derechos constitucionales amenazados de violación y el restablecimiento de la situación jurídica infringida por la actividad administrativa, sea que provenga de un acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho y abstenciones u omisiones. De manera que, los administrados disponen de un medio procesal con la celeridad suficiente para enervar la eficacia de cualesquiera de estas situaciones que vulneren o amenacen con transgredir flagrantemente derechos y garantías constitucionales, pero que están sujetos a la condición que no hubiere un medio procesal acorde con dicha pretensión o bien que existiendo sea insuficiente.

 

            Ahora bien, la abstención o la omisión de cumplimiento de un deber consagrado en una disposición expresa puede presentarse bajo una doble modalidad, a saber: i) que la omisión afecte una obligación específica, establecida en alguna disposición reglamentaria, legal o constitucional vigente, ii) que la omisión sea de las llamadas omisiones genéricas, esto es, que ante una petición cualquiera, no existiendo norma alguna que imponga la obligación de dar respuesta, sin embargo, el ente del cual se trate no otorgue repuesta oportuna y adecuada, a la cual se refiere el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

            Ello así, ante la omisión específica de pronunciamiento existe en el ordenamiento jurídico mecanismos preexistentes destinados a revisar la legalidad o inconstitucionalidad de la conducta de la Administración, medio éste constituido por el denominado recurso por abstención o carencia, a diferencia del amparo, que procede en caso de omisiones genéricas -derecho de petición-.

 

            Así las cosas, el recurso por abstención o carencia procede ante la omisión de un órgano de la Administración Pública en dar cumplimiento a una obligación legal, específica y concreta, que pese sobre la Administración y que sea exigible.

 

            En tal sentido, en el caso bajo estudio la omisión que se denuncia como presuntamente lesiva es de carácter específico y no genérico, en virtud que la petición formulada por los quejosos tiene como efecto consecuencial una respuesta de la Administración, la cual se encuentra predeterminada en una norma de rango sublegal como un deber específico de ésta. Así pues, cuando ocurren casos como el de autos, donde se denuncian omisiones específicas y el derecho a recibir respuesta, surge como medio de protección el recurso por abstención o carencia.

 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, “(...) no se admitirá la acción de amparo: (...) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”.

           

En este orden de ideas, esta Sala en numerosos fallos ha señalado el carácter específico de la acción de amparo constitucional y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos constitucionales, al respecto la sentencia del 9 de noviembre de 2001 (caso: “Oly Henríquez de Pimentel”), expresó lo siguiente:

 

"Es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprime la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

…omissis…

De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado”.

 

 

De modo que, la acción de amparo constitucional no será admisible cuando el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ejercer recursos ordinarios contra un acto que presuntamente lesiona derechos de rango constitucional, con la finalidad que ésta no se convierta en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que éstos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados.

 

En tal sentido, visto que en el presente caso las pretensiones de los quejosos pueden ser satisfechas a través del recurso por abstención o carencia, el cual fue dispuesto por el legislador para tales fines y, no habiendo demostrado que el ejercicio de aquel mecanismo de impugnación resulte insuficiente para el restablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida, esta Sala considera que la presente acción de amparo resulta a todas luces inadmisible de acuerdo con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

 

Finalmente, con relación a la medida cautelar innominada solicitada en el marco del presente amparo constitucional, esta Sala estima que habiendo sido declarado inadmisible, resulta inoficioso pronunciarse acerca de dicha cautelar, en virtud del carácter accesorio, provisional e instrumental de la cautela respecto de la acción principal. Así se declara.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para el conocimiento de la presente acción, en consecuencia, declara INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por los ciudadanos FREDDY AVILEZ DÍAZ, CÉSAR VENTRE SALAZAR e IVÁN JOSÉ MORALES GÓMEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.570.256, 6.469.214 y 3.803.929, respectivamente, en su carácter de Primer Director Laboral Principal, Segundo Director Laboral Principal y Primer y Director Laboral Suplente del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, respectivamente, asistidos por los abogados Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti y Luis Ramón Obregón Martínez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.277, 34.701 y 69.014, respectivamente, contra la Ministra del Trabajo por la presunta omisión de publicación de la designación y elección de los quejosos como Directores Laborales del referido Instituto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de diciembre de dos mil cinco (2005).  Años: 195º de la Independencia y 146° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                        Ponente

 

 

 

El Vicepresidente,

 

                                                          

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

       LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

                                                                 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

 

 

   MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp. Nº 05-1313

LEML/c

...gistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, discrepa de la mayoría que suscribió la decisión que antecede; en consecuencia, salva su voto con fundamento en la siguiente consideración:

 1. El fallo que antecede declaró inadmisible la demanda de amparo que se incoó, con base en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto, ante la omisión que se denunció, los recurrentes tenían a su disposición el recurso por abstención.

En efecto, la decisión de la mayoría señaló:

“(...) en el caso bajo estudio la omisión que se denuncia como presuntamente lesiva es de carácter específico y no genérico, en virtud que la petición formulada por los quejosos tiene como efecto consecuencial una respuesta de la Administración, la cual se encuentra predeterminada en una norma de rango sublegal como un deber específico de ésta. Así pues, cuando, cuando ocurren casos como el de autos, donde se denuncian omisiones específicas y el derecho a recibir respuesta, surge como medio de protección el recurso por abstención o carencia.”

 2. Quien se aparta de la sentencia que precede considera que la Sala desconoció su propia doctrina sobre la procedencia del amparo constitucional y del recurso por abstención. Concretamente, soslayó la distinción entre obligaciones específicas y genéricas para la escogencia de una vía judicial u otra. Así, en sentencia de 6 de abril de 2004 (caso Ana Beatriz Madrid), la cual se ratificó en sentencias de 12 de julio de 2004 (caso Samuel Enrique Fábregas), de 22 de julio de 2004 (caso Moisés Antonio Montero) y de 4 de octubre de 2005 (caso Luis María Olalde) se estableció que:

 

 

“En segundo lugar, procede el análisis de la idoneidad de otra vía procesal: el recurso por abstención o carencia. El objeto de este ‘recurso’, según la tradicional y pacífica jurisprudencia contencioso-administrativa (...) ha sido la pretensión de condena contra la Administración al cumplimiento de una obligación específica de actuación. (...).

Ahora bien, aún tratándose de un criterio tradicional de la jurisprudencia contencioso-administrativa, no puede ser compartido por esta Sala porque no se ajusta a los patrones constitucionales de la materia. En efecto, no considera la Sala que la obligación administrativa de dar respuesta a las solicitudes administrativas sea un “deber genérico”. En primer lugar, porque toda obligación jurídica es, per se, específica, sin perjuicio de que su cumplimiento haya de hacerse a través de una actuación formal (vgr. por escrito) o material (vgr. actuación física) y sin perjuicio, también, de que sea una obligación exclusiva de un sujeto de derecho o bien concurrente a una pluralidad de sujetos, colectiva o individualmente considerados.

En segundo lugar, porque aún en el supuesto de que distintos sujetos de derecho –en este caso órganos administrativos- concurran a ser sujetos pasivos de una misma obligación –en el caso de autos, el deber de todo órgano de dar oportuna y adecuada respuesta-, dicho deber se concreta e individualiza en el marco de cada relación jurídico-administrativa, por lo que es una obligación específica frente al sujeto determinado que planteó la petición administrativa. Y en tercer lugar, porque bajo el imperio de la Constitución de 1999 el derecho constitucional de dirigir peticiones a los funcionarios públicos abarca el derecho a la obtención de oportuna y adecuada respuesta, lo que supone el cumplimiento de concretos lineamientos, en los términos que antes explanó esta Sala, y, por ende, con independencia del contenido de la solicitud administrativa, la respuesta del funcionario debe ser oportuna y adecuada, lo que excluye cualquier apreciación acerca de la condición genérica de tal obligación. De allí que esta Sala Constitucional considera que el deber constitucional de los funcionarios públicos de dar oportuna y adecuada respuesta a toda petición es una obligación objetiva y subjetivamente específica”.

 

3. El salvante, considera que la Sala debió ratificar, en esta oportunidad, los criterios antes expuestos, en el sentido de que los fundamentos constitucionales del contencioso administrativo venezolano exigen la observancia del principio de integralidad de la tutela judicial.

4. Por otra parte, se observa que la Sala no reparó en el error en que indujo a los demandantes cuando señalaron que la vía idónea para la satisfacción de su pretensión es el recurso por abstención.

Ciertamente, este voto salvante observa que, en los términos en que fue planteado el asunto, el recurso por abstención, por la rigidez de los criterios jurisprudenciales en la materia, será declarado inadmisible, toda vez que, como expresamente apunta el fallo, “la omisión que se denuncia como presuntamente lesiva es de carácter específico y no genérico, en virtud que la petición formulada por los quejosos tiene como efecto consecuencial una respuesta de la Administración, la cual se encuentra predeterminada en una norma de rango sublegal como un deber específico de ésta...” (Resaltado del voto salvado).

Según los rígidos criterios sobre la admisibilidad del recurso por abstención, la obligación de respuesta ante la inactividad de la Administración que se denunció, debe tener un anclaje en la ley formal y no, como sucede en el caso de autos, en una norma sublegal.

5. Por tanto, y en conclusión, pudiera causarse una indebida denegación de justicia, por cuanto a los recurrentes se le cerró la vía del amparo y la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal, si aplica los estrictos criterios que se expusieron, declarará inadmisible el recurso por abstención, lo cual, sin duda, equivale a la negación del acceso a la justicia para los quejosos.

 

Queda así rendido este voto salvado.

Fecha ut retro.

 

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente

 

 

 

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

…/

…

 

 
 
 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                                                             

 

 

 
 
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

               

El Secretario,

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

PRRH/sn.cr.

Exp. 05-1313

 

 

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