Venley

Sentencia N.º 514

Sentencia
N.º 514
Fecha
29/05/2014
Sala
Constitucional
Expediente
13-0584
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
Procedimiento
Desaplicación de Normas

Magistrada Ponente: GLADYS MARêA GUTIƒRREZ ALVARADO

Consta en autos que, el 1ro de julio de 2013, se recibi— en esta Sala Constitucional, anexo al oficio n.¡ 13-279 de 13 de junio de 2013, copia certificada de la sentencia n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, dictada por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, de conformidad con lo previsto en el art’culo 334 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, desaplic— por control difuso el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y se declar— competente para el conocimiento de la solicitud de convocatoria a elecciones sindicales interpuesta por el abogado Raœl JosŽ Rojas Garc’a, inscrito en el Instituto de Previsi—n Social del Abogado bajo el n.¡ 190.118, actuando con el car‡cter de ÒÉMiembro FundadorÉÓ del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construcci—n y Afines del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas (SOVICA), Òasistido por el abogado Santiago JosŽ Castro Toise, inscrito en el Instituto de Previsi—n Social del Abogado bajo el nœmero 15.333Ó; admiti— la referida solicitud; y, acord— tramitar la misma conforme a las previsiones procesales aplicables a las pretensiones de amparo constitucional, de acuerdo con la doctrina de esta Sala Constitucional.

Luego de la recepci—n del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 3 de julio de 2013 y se design— ponente a la Magistrada Gladys Mar’a GutiŽrrez Alvarado.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:

I

DESAPLICACIîN POR CONTROL DIFUSO

DE LA CONSTITUCIONALIDAD

 

La Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, en su decisi—n n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, procedi— a la desaplicaci—n por control difuso de la constitucionalidad de los supuestos referidos a la competencia y admisibilidad contenidos en el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, con base en las siguientes consideraciones:

(É) [E]s pertinente invocar el contenido de la sentencia dictada por esta Sala nœmero 20 del 15 de mayo de 2013, en la cual declar— que al tomar en cuenta el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que atribuye al ÒÉJuez o Jueza de competencia en materia laboral (É) la convocatoria a elecciones sindicalesÉ, era necesario fijar posici—n en cuanto a la naturaleza electoral de este tipo de pretensiones, argumentando al efecto lo siguiente:

ÒDe la norma citada se resalta que el legislador insisti— en atribuirle a los —rganos de la jurisdicci—n laboral el conocimiento de las solicitudes de convocatoria a elecciones sindicales, sin embargo, es innegable que la naturaleza del asunto debatido es evidentemente electoral, toda vez que lo requerido es justamente que se llame a elecciones, lo que constituye un derecho de naturaleza electoral de todos los trabajadores sindicalizados, consagrado en el art’culo 95 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, el cual establece que Ô[p]ara el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecer‡n la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto.Ó

Siendo as’, la renovaci—n democr‡tica de las autoridades sindicales mediante procesos electorales que garanticen a sus afiliados tener representantes debidamente legitimados para hacer valer sus derechos laborales, es uno de los contenidos del derecho a la sindicalizaci—n, sin embargo, su aseguramiento depende de que en el proceso de escogencia se cumplan con las garant’as m’nimas electorales necesarias para garantizar la representatividad y legitimidad de quienes resulten electos, lo que implica indiscutiblemente que son los principios y normas de derecho electoral de los cuales debe servirse el operador jur’dico tanto para llevar a cabo los procesos electorales sindicales como para posteriormente ejercer su control administrativo y judicial, tanto as’ que el propio Constituyente le atribuy— al Poder Electoral Ð y no a los —rganos de la administraci—n del trabajo- la funci—n de ÔÉOrganizar las elecciones de sindicatosÉÕ, tal como se desprende con meridiana claridad del contenido del art’culo 293.6 constitucional; m‡s aun, sobre la base de esa realidad jur’dica, esta Sala desde su creaci—n y ante la ausencia de base legal, asumi— la competencia para controlar judicialmente los actos que en la organizaci—n de esas elecciones fuesen dictados, tanto por el Consejo Nacional Electoral como por los —rganos electorales sindicales.

Abundando en argumentos y sin desconocer que los Sindicatos est‡n sometidos al control de la jurisdicci—n del trabajo, no cabe la menor duda que es la jurisdicci—n electoral Ðactualmente ejercida de manera exclusiva y excluyente por esta Sala Electoral- y no la jurisdicci—n del trabajo, el juez natural para revisar la constitucionalidad y legalidad de todo acto u omisi—n acaecido en el marco de una elecci—n electoral sindical, por la especialidad de la materia y la protecci—n constitucional que se requiere.

Precisado entonces que es eminentemente electoral la naturaleza de todo lo concerniente a la escogencia de las autoridades sindicales es por lo que resulta la jurisdicci—n contencioso electoral, integrada en la actualidad por esta Sala Electoral, la id—nea para controlar los procesos electorales sindicales, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art’culo 26 constitucional y tornar operativo los postulados constitucionales vinculados con el debido proceso, la conformaci—n de la Sala Electoral y del Poder Electoral. En conclusi—n, es esta Sala Electoral el tribunal que debe continuar conociendo de las solicitudes de convocatoria a elecciones sindicales, y se desaplica para el caso en concreto, de conformidad con lo previsto en el art’culo 334 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, la norma contenida en el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, espec’ficamente en lo que respecta a la atribuci—n de competencia que se le confiere a los Jueces del Trabajo para conocer de las solicitudes de convocatoria a elecciones. As’ se decideÓ.

Se desprende del extracto citado, que esta Sala decidi— desaplicar parcialmente por control difuso el art’culo 406 de la normativa laboral, sobre la base de la naturaleza sustancialmente electoral de pretensiones como la presente, en la cual el accionante alega que en virtud de una supuesta mora en la elecci—n de la Junta Directiva del Sindicato al que pertenece, es necesario un pronunciamiento judicial que obligue a los Directivos actuales a convocar al proceso comicial respectivo, por lo que, tomando como fundamento el precedente antes indicado, esta Sala procede igualmente a desaplicar en el presente caso el referido art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en lo que respecta a la competencia para decidir este tipo de solicitudes. As’ se declara.

Como consecuencia de esa declaratoria y visto que en el presente caso se solicit— la convocatoria a elecciones sindicales, ante la denunciada demora en la elecci—n de la Junta Directiva del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construcci—n y Afines del Distrito Capital, estado Miranda y estado Vargas (SOVICA), esta Sala se declara competente para conocer la pretensi—n planteada. As’ se decide.

La presente solicitud de convocatoria a elecciones en el Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construcci—n y Afines del Distrito Capital, estado Miranda y estado Vargas (SOVICA), fue presentada por el abogado Raœl JosŽ Rojas Garc’a, actuando con el car‡cter de ÒÉMiembro FundadorÉÓ, conforme a lo dispuesto en el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria nœmero 6.076 de fecha 07 de mayo de 2012 (antes prevista en el art’culo 435 de la Ley Org‡nica del Trabajo de 1997), cuyo texto establece lo siguiente:

ÒArt’culo 406: Transcurridos tres meses de vencido el per’odo para el cual haya sido elegida la directiva de la organizaci—n sindical sin que se haya convocado a nuevas elecciones un nœmero no menor del diez por ciento de los afiliados y afiliadas a la organizaci—n, podr‡ solicitar al Juez o Jueza con competencia en materia laboral de la Jurisdicci—n correspondiente que disponga la convocatoria respectivaÓ.

Por su parte, el art’culo 153 del Reglamento de la derogada Ley Org‡nica del Trabajo (dictado bajo la vigencia de la Ley Org‡nica del Trabajo de 1997) establece, con relaci—n a la convocatoria a elecciones, que Ò[l]a solicitud a que se refiere el art’culo 435 de la Ley Org‡nica del Trabajo, ser‡ tramitada conforme a lo previsto en el art’culo 14 del presente Reglamento. El Tribunal del Trabajo ordenar‡ la convocatoria a elecciones sindicales y adoptar‡ las medidas necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoralÓ (corchetes de la Sala).

De igual manera, el art’culo 14 del mencionado Reglamento establece que Ò[e]l trabajador v’ctima de discriminaci—n en el empleo podr‡ extinguir la relaci—n de trabajo invocando una causa justificada de retiro o, si lo estimare conveniente, ejercer la acci—n de amparo constitucional para obtener la restituci—n de la situaci—n jur’dica infringidaÓ (corchetes de la Sala).

Del an‡lisis de las normas transcritas se concluye que este tipo de solicitudes debe sustanciarse conforme a las previsiones procesales aplicables a las acciones aut—nomas de amparo constitucional, tal como lo expres— esta Sala en su decisi—n nœmero 136 de fecha 26 de agosto de 2003.

Siendo as’, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la admisi—n de la presente solicitud, con vista a los requisitos espec’ficos previstos en el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y los que resulten aplicables del procedimiento de amparo constitucional.

A tales fines, se aprecia que el art’culo 406 ejusdem condiciona la admisi—n de las solicitudes de convocatoria a elecciones, al cumplimiento de dos requisitos, a saber:

1.-Que para el momento de presentaci—n de la solicitud hayan transcurrido ÒÉtres meses de vencido el per’odo para el cual haya sido elegida la directiva de la organizaci—n sindical sin que se haya convocado a nuevas eleccionesÉÓ.

2.- Que la solicitud de convocatoria a elecci—n sea formulada por ÒÉun nœmero no menor del diez por ciento de los afiliados y afiliadas a la organizaci—nÉÓ.

Precisado lo anterior pasa esta Sala a revisar la admisibilidad de la presente solicitud de convocatoria para lo cual observa que de conformidad con el art’culo 17 de los Estatutos del referido Sindicato, cuya copia cursa en los folios cien (100) al ciento catorce (114) del expediente, la direcci—n y administraci—n de la organizaci—n estar‡ a cargo de una Junta Directiva integrada por siete (7) miembros principales y tres (3) vocales que durar‡n en sus funciones tres (3) a–os.

Ahora bien, se advierte que cursa entre los recaudos aportados por el accionante la documentaci—n que hace presumir que en el aludido Sindicato se realiz— la œltima elecci—n el 19 de noviembre de 2008, y tomando en cuenta que el per’odo de funciones de las autoridades electas en esa fecha era de tres (3) a–os conforme a lo previsto en el art’culo 17 de los referidos Estatutos, cabe concluir que para el momento en que se interpuso la presente solicitud (16 de enero de 2013), transcurrieron m‡s de los tres (3) meses de vencido el referido per’odo, exigidos por la Ley para efectuar la presente solicitud, por lo que esta Sala considera cumplido el requisito de temporalidad legalmente establecido, salvo su apreciaci—n en la decisi—n definitiva. As’ se decide.

Por otra parte, en lo que respecta al segundo de los requisitos contemplados por el legislador para la admisi—n de las solicitudes de convocatoria a elecciones, referido a que sea interpuesta por el diez por ciento (10%) de los miembros afiliados al Sindicato, nuevamente es necesario invocar parte del criterio adoptado por esta Sala Electoral en sentencia nœmero 20 del 15 de mayo de 2013, en la cual declar— lo siguiente:

ÒLa solicitud de convocatoria a elecci—n contemplada en el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es el mecanismo procesal id—neo para asegurar el ejercicio del derecho a la democracia sindical ante la falta de convocatoria a elecciones sindicales cuando se haya vencido el per’odo de las autoridades que se encuentren ejerciendo la direcci—n de la organizaci—n y la renuencia para proceder a la renovaci—n que corresponda.

Siendo as’, resulta c—nsono con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art’culo 26 constitucional, que ante la renuencia o negativa en convocar elecciones sindicales una vez vencido el per’odo de mandato de las autoridades en ejercicio de los cargos, cualquier miembro del sindicato pueda pedir a los —rganos de la administraci—n de justicia, y concretamente en ese caso a esta Sala Electoral, el amparo de su derecho a la sindicalizaci—n, requiriendo concretamente que se convoque a elecciones para legitimar a las autoridades sindicales.

Tanto el procedimiento de amparo constitucional como la solicitud de convocatoria a elecciones pueden incoarse a los efectos de lograr el restablecimiento del derecho vulnerado, tanto as’ que a esta Sala en materia sindical se le ha requerido por la v’a del amparo se convoque a elecciones alegando la violaci—n del derecho al sufragio, declar‡ndose con lugar lo solicitado y en consecuencia, se ha ordenado iniciar el proceso comicial, tal como se evidencia del fallo nœmero 17 de fecha 12 de marzo de 2007 (caso: Sindicato ònico de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral).

Cabe destacar que si se acude a la jurisdicci—n electoral a interponer una acci—n de amparo bastar‡ que sea ejercida por un solo miembro del sindicato, mientras que si se opta por interponer una solicitud de convocatoria a elecciones, conforme a la letra del art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras tendr‡ que incoarla el diez por ciento (10%) de los trabajadores afiliados al Sindicato, requisito Žste que adem‡s de no tener una justificaci—n razonable constituye una limitaci—n injustificada al acceso a la justicia y otras garant’as constitucionales que protegen el derecho a la sindicalizaci—n.

(É)

As’ pues, esta Sala en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y concretamente el derecho de acceso a la justicia, desaplica para el caso concreto, de conformidad con lo previsto en el art’culo 334 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, la condici—n prevista en el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, respecto a que las solicitudes de convocatoria a elecciones deben ser presentadas por un m’nimo del diez por ciento (10%) de los trabajadores afiliados al sindicato, y as’ se decideÓ.

En el caso citado la Sala decidi— desaplicar parcialmente por control difuso el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, ÒÉen aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y concretamente el derecho de acceso a la justiciaÉÓ, argumentando que la aludida exigencia del respaldo de diez por ciento (10%) de los afiliados al sindicato para ejercer solicitudes como la presente, ÒÉconstituye una limitaci—n injustificada al acceso a la justicia y otras garant’as constitucionales que protegen el derecho a la sindicalizaci—nÉÓ.

De tal manera que, en consonancia con el criterio antes citado, en este caso la Sala procede igualmente a desaplicar el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a los fines de la admisi—n, tramitaci—n y decisi—n de la presente solicitud de convocatoria a elecciones y en consecuencia, no verificar‡ que haya sido presentada por el diez por ciento (10%) de la n—mina sindical, y as’ se decide.

 

II

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de la revisi—n de sentencias que ejerzan el control difuso de la constitucionalidad, conforme a los art’culos 334, 335 y 336.10 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela (vide. S.S.C. n.¡ 1400/2001, del 8 de agosto), y del art’culo 25.12 de la Ley Org‡nica del Tribunal Supremo de Justicia.

En el caso sub examine, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia remiti—, conforme a establecido en el art’culo 33 de la Ley Org‡nica del Tribunal Supremo de Justicia, el acto de juzgamiento n.¡ 39 que dict— el 29 de mayo de 2013, mediante el cual desaplic—, conforme al art’culo 334 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, la disposici—n contenida en el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, para su correspondiente revisi—n por parte de esta Sala.

Por tanto, visto que la presente decisi—n desaplic— por control difuso la disposici—n legal antes mencionada, esta Sala resulta competente para el conocimiento de la revisi—n de dicha desaplicaci—n, raz—n por la cual, proceder‡ a su conocimiento. As’ se declara.

 

III

MOTIVACIîN PARA DECIDIR

El objeto de la remisi—n de la sentencia n.¡ 39 que dict— la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia el 29 de mayo de 2013, es la revisi—n por parte de esta Sala Constitucional de la desaplicaci—n por control difuso que, en ese acto de juzgamiento, hizo la Sala Electoral del art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (referido a la competencia y a la admisibilidad de la solicitud sobre convocatoria a elecciones sindicales), con motivo de la pretensi—n que propuso el abogado Raœl JosŽ Rojas Garc’a, actuando con el car‡cter de ÒÉMiembro FundadorÉÓ del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construcci—n y Afines del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas (SOVICA), Òasistido por el abogado Santiago JosŽ Castro ToiseÓ, para la convocatoria de elecciones de la Junta Directiva del referido Sindicato.

El art’culo 334 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces de la Repœblica, dentro del ‡mbito de su competencia, la obligaci—n de asegurar la integridad de la Constituci—n, con lo cual deben aplicar, aun de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jur’dicas, a fin de garantizar la supremac’a constitucional y resolver por esta v’a los conflictos o colisiones que puedan presentarse en cualquier causa que estŽ bajo su conocimiento, entre normas legales o sublegales con el texto de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, supuesto en el cual deben proceder a la aplicaci—n preferente de este œltimo (vide. s. S.C. n.¡ 3.067, del 14 de octubre de 2005, caso: Ernesto Coromoto Altahona).

Con la remisi—n de las decisiones definitivamente firmes donde se aplique el control difuso como medio de protecci—n del texto constitucional por parte de los tribunales del pa’s, con inclusi—n de las dem‡s Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, para que esta Sala Constitucional proceda a la revisi—n de principios, valores y normas constitucionales, se produce una necesaria y estrecha vinculaci—n entre este medio difuso de resguardo de la Constituci—n y el control concentrado de la constitucionalidad de los actos, el cual corresponde a esta Sala Constitucional, para el logro de un mayor y efectivo cumplimiento con el imperativo constitucional de preservaci—n de la incolumidad del texto fundamental, pues, con ello, se impide la aplicaci—n de disposiciones legislativas contrarias a la Constituci—n o la desaplicaci—n de aquellas ajustadas a su texto, en claro perjuicio a la seguridad jur’dica y al orden pœblico constitucional, los cuales constituyen cimientos de la estructura jur’dico-normativa del pa’s.

Ahora bien, para el resguardo de la integridad constitucional, no basta el simple y genŽrico se–alamiento de una supuesta colisi—n del texto o disposici—n legislativa con alguno de los preceptos constitucionales, sino que es necesaria la espec’fica determinaci—n del art’culo constitucional que habr’a sido vulnerado con la aplicaci—n de la norma legal al caso en concreto; es decir, que la desaplicaci—n debe estar precedida de un detallado an‡lisis l—gico-argumentativo que haga manifiesto el agravio constitucional que, en el supuesto planteado, pudiera producirse con la aplicaci—n a ultranza del texto de la ley.

Sobre el particular, esta Sala Constitucional, mediante sentencia n.¡ 833 de 25 de mayo de 2001 (caso: Instituto Aut—nomo Polic’a de Chacao), estableci— que la desaplicaci—n por control difuso s—lo procede cuando la colisi—n entre el Texto Fundamental y la norma sobre la cual recae la desaplicaci—n es clara y precisa; es decir, cuando resulta patente la confrontaci—n entre ambos dispositivos (constitucional y legal).

En efecto, no puede atenderse a una aplicaci—n desmedida o inmotivada del control difuso de la constitucionalidad, pues, tan grave resulta para la estructura jur’dico-constitucional del pa’s, la desaplicaci—n de una norma legal ajustada a la Constituci—n, como la aplicaci—n de aquella que colida con ella. Por ello, se reitera, es impretermitible un an‡lisis correcto que encare a ambas disposiciones para la determinaci—n de la constitucionalidad o no del texto aplicable a la resoluci—n del caso sometido a consideraci—n; por tanto, no puede atenderse a cuestiones o argumentaciones ajenas a la esfera constitucional como justificaci—n para la aplicaci—n de dicho control. De all’ que no pueda cimentarse la desaplicaci—n de una disposici—n legal en una argumentaci—n fundada en criterios jurisdiccionales ajenos al ‡mbito constitucional, debido a que, se insiste, la aplicaci—n del control difuso debe atender a la colisi—n del texto legal con lo que expresamente dispone la Constituci—n o con las interpretaciones que sobre el contenido o alcance de sus normas o principios hubiese hecho esta Sala Constitucional (ex art’culo 335 Constitucional); es con respecto a ello que debe hacerse el an‡lisis directo de la posible colisi—n.

As’, se observa que la Sala Electoral efectu— una confrontaci—n directa del art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores con la disposici—n constitucional (ex art’culo 293.6 de Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela).

En efecto, el art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores preceptœa que:

Transcurridos tres meses de vencido el per’odo para el cual haya sido elegida la Junta Directiva de la organizaci—n sindical sin que se haya convocado a nuevas elecciones de un nœmero no menor del diez por ciento de los afiliados y afiliadas a la organizaci—n, podr‡ solicitar al juez o Jueza con competencia en materia laboral de la jurisdicci—n correspondiente que disponga la convocatoria respectiva.

El Juez o Jueza de competencia en materia laboral ordenar‡ la convocatoria a elecciones sindicales, estableciendo la fecha y hora de la asamblea de de afiliados y afiliadas para la designaci—n de la comisi—n electoral sindical, y adoptar‡ las medidas necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral.

Por su parte, el art’culo 293.6 del Texto Fundamental prevŽ que:

El Poder Electoral tiene por funciones:

(Omissis)

6.- Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines pol’ticos en los tŽrminos que se–ale la ley. As’ mismo, podr‡n organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de Žstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aqu’ referidas cubrir‡n los costos de sus procesos eleccionarios.

La norma Constitucional que fue transcrita supra atribuye competencias al Poder Electoral para organizar oficiosamente los procesos comiciales de los sindicatos, gremios profesionales y organizaciones pol’ticas y reconoce que el Poder Electoral podr‡ organizar los procesos comiciales de otras organizaciones de la sociedad civil, siempre que ellas as’ lo soliciten, con lo cual, se diferencia del supuesto anterior, tanto en el aspecto subjetivo como en el car‡cter oficioso de la actividad del Poder Electoral pues, en este caso, debe mediar una solicitud. As’, la disposici—n establece que la organizaci—n de los mencionados procesos electorales, no s—lo puede ser oficiosa o a instancia de parte, segœn el caso, sino que tambiŽn puede ser consecuencia de una orden dictada por la Sala Electoral de este Alto Tribunal, con lo cual, se instaura una tercera v’a a travŽs de la cual, el Poder Electoral puede proceder a organizar la elecci—n de las referidas corporaciones, entidades y organizaciones, entre las cuales est‡n los sindicatos.

Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, en un caso an‡logo al presente, en reciente sentencia n.¡ 474, de 21 de mayo de 2014 (caso: Lucy Josefina Robles Ram’rez y otros), procedi— a la desaplicaci—n del art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, en los tŽrminos siguientes:

É[L]a disposici—n es clara [ex art’culo 293 del Texto Constitucional] al se–alar que (dentro de la estructura de los —rganos contencioso electorales a que se refiere el art’culo 297 de la Carta Magna), es la Sala Electoral la que puede ordenarle al Poder Electoral la organizaci—n de los procesos comiciales en los sindicatos, los gremios profesionales, las organizaciones con fines pol’ticos y dem‡s organizaciones de la sociedad civil, con lo cual, resulta patente que la aplicaci—n del art’culo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Org‡nica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, que le atribuye a los tribunales laborales competencia para ordenarla convocatoria a elecciones sindicales, implicar’a un menoscabo de lo prescrito en el art’culo 293.6 de la Carta Pol’tica y, por tanto, la violaci—n del derecho al juez natural a que se refiere el art’culo 49.4 eiusdem.

Conforme a lo expuesto, esta Sala considera conforme a derecho la desaplicaci—n del art’culo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Org‡nica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, realizada en la decisi—n N¡ 135, dictada por la Sala Electoral de este Alto Tribunal el 16 de octubre de 2013 y, as’ se decide.

Atendiendo a lo establecido en el art’culo 34 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, segœn el cual, esta Sala puede abrir de oficio el procedimiento de control concentrado de la constitucionalidad en aquellos casos en que se declare la conformidad a derecho de la sentencia donde se desaplic— por control difuso una norma, se ordena el inicio del juicio anulatorio al art’culo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Org‡nica del Trabajo las Trabadoras y los Trabajadores y, como consecuencia de ello, de conformidad con el art’culo 135 de la nueva Ley Org‡nica del Tribunal Supremo de Justicia, se acuerda citar al Presidente de la Repœblica. Asimismo, se ordena notificar a la ciudadana Fiscal General de la Repœblica, as’ como a la ciudadana Defensora del Pueblo y, por œltimo, al Procurador General de la Repœblica. A tales fines, rem’tase a los mencionados funcionarios copia certificada del presente fallo.

(Omissis)

Finalmente, el art’culo 130 de la nueva Ley Org‡nica del Tribunal Supremo de Justicia establece:

ÒArt’culo 130.- En cualquier estado y grado del proceso las partes podr‡n solicitar, y la Sala Constitucional, podr‡ acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contar‡ con los m‡s amplios poderes cautelares como garant’a de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendr‡ en cuenta las circunstancias del caso y los intereses pœblicos en conflictoÓ.

La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pac’fica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisi—n N¡ 269/2000, caso: ICAP), segœn la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo expl’cito y directo. De all’, su car‡cter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en s’ mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisi—n ulterior de car‡cter definitivo, por lo que en relaci—n al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguardar la eficacia de la funci—n jurisdiccional.

En el marco de las observaciones anteriores, el art’culo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Org‡nica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, podr’a resultar lesivo del derecho al juez natural, con lo cual, esta Sala no s—lo verifica el fumus boni iuris necesario para acordar la tutela cautelar, sino que constata el periculum in mora, ya que implica el riesgo de que un juez incompetente (el juez laboral), decida un asunto que por disposici—n constitucional se encuentra fuera de su ‡mbito de competencias y, ello, podr’a ser una situaci—n de dif’cil reparaci—n.

Por las razones expuestas, esta Sala, luego de ponderar los intereses en conflicto, considera imperativo el desarrollo de sus poderes cautelares y, en consecuencia, suspende erga omnes el art’culo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Org‡nica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, y as’ se decide.

En armon’a con el criterio de esta Sala Constitucional, que fue parcialmente transcrito supra y que en esta oportunidad se reitera, la naturaleza de lo que concierne a la escogencia, como el caso que nos ocupa, de la junta directiva de la organizaci—n sindical, es de naturaleza eminentemente electoral, tal como lo preceptœa el art’culo 293.6 del Texto Fundamental. Por tanto, se insiste, la organizaci—n de los procesos electorales puede ser consecuencia de una orden dictada por la Sala Electoral de este Alto Tribunal, cabeza de la jurisdicci—n contencioso electoral, con la cual el Poder Electoral pueda proceder a organizar la elecci—n de organizaciones sindicales. En consecuencia, se concluye que fue conforme a derecho la desaplicaci—n por control difuso del art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que efectu— la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, por cuanto atribuirle a los tribunales del trabajo competencia para ordenar la convocatoria a elecciones sindicales, quebrantar’a la norma contenida en el art’culo 293.6 Constitucional y, en consecuencia, lesionar’a el derecho al juez natural, que establece el art’culo 49.4 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, y as’ se decide.

IV

DECISIîN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la Repœblica por autoridad de la Ley, declara CONFORME A DERECHO la desaplicaci—n del art’culo 406 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores que efectu— la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, con ocasi—n de la pretensi—n que propuso el abogado Raœl JosŽ Rojas Garc’a Òactuando con el car‡cter de ÔÉMiembro FundadorÉÕÓ del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construcci—n y Afines del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas (SOVICA), Òasistido por el abogado Santiago JosŽ Castro ToiseÓ, para la convocatoria de elecciones sindicales en la referida Organizaci—n.

Publ’quese y reg’strese. Rem’tase copia certificada de esta decisi—n a la Sala Electoral de este Supremo Tribunal.

Dada, firmada y sellada en el Sal—n de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 d’as del mes de mayo de dos mil catorce. A–os: 204¼ de la Independencia y 155¼ de la Federaci—n.

 

La Presidenta,

 

 

GLADYS MARêA GUTIƒRREZ ALVARADO

Ponente

 

El Vicepresidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero L—pez

 

Los Magistrados,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMU„O

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRîN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHçN

 

 

 

ARCADIO DE JESòS DELGADO ROSALES

 

É/

É/

 

 

JUAN JOSƒ MENDOZA JOVER

 

 

El Secretario,

 

 

JOSƒ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

GMGA.

Expediente n¡ 13-0584

 

 

 

 

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