Sentencia N.º 514
- Sentencia
- N.º 514
- Fecha
- 29/05/2014
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 13-0584
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Desaplicación de Normas
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: GLADYS MARêA GUTIRREZ ALVARADO
Consta en autos que, el 1ro de julio de 2013, se recibi en esta Sala Constitucional, anexo al oficio n.¡ 13-279 de 13 de junio de 2013, copia certificada de la sentencia n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, dictada por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, de conformidad con lo previsto en el artculo 334 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, desaplic por control difuso el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y se declar competente para el conocimiento de la solicitud de convocatoria a elecciones sindicales interpuesta por el abogado Ral Jos Rojas Garca, inscrito en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el n.¡ 190.118, actuando con el carcter de ÒÉMiembro FundadorÉÓ del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construccin y Afines del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas (SOVICA), Òasistido por el abogado Santiago Jos Castro Toise, inscrito en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el nmero 15.333Ó; admiti la referida solicitud; y, acord tramitar la misma conforme a las previsiones procesales aplicables a las pretensiones de amparo constitucional, de acuerdo con la doctrina de esta Sala Constitucional.
Luego de la recepcin del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 3 de julio de 2013 y se design ponente a la Magistrada Gladys Mara Gutirrez Alvarado.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:
I
DESAPLICACIîN POR CONTROL DIFUSO
DE LA CONSTITUCIONALIDAD
La Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, en su decisin n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, procedi a la desaplicacin por control difuso de la constitucionalidad de los supuestos referidos a la competencia y admisibilidad contenidos en el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, con base en las siguientes consideraciones:
(É) [E]s pertinente invocar el contenido de la sentencia dictada por esta Sala nmero 20 del 15 de mayo de 2013, en la cual declar que al tomar en cuenta el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que atribuye al ÒÉJuez o Jueza de competencia en materia laboral (É) la convocatoria a elecciones sindicalesÉ, era necesario fijar posicin en cuanto a la naturaleza electoral de este tipo de pretensiones, argumentando al efecto lo siguiente:
ÒDe la norma citada se resalta que el legislador insisti en atribuirle a los rganos de la jurisdiccin laboral el conocimiento de las solicitudes de convocatoria a elecciones sindicales, sin embargo, es innegable que la naturaleza del asunto debatido es evidentemente electoral, toda vez que lo requerido es justamente que se llame a elecciones, lo que constituye un derecho de naturaleza electoral de todos los trabajadores sindicalizados, consagrado en el artculo 95 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, el cual establece que Ô[p]ara el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecern la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto.Ó
Siendo as, la renovacin democrtica de las autoridades sindicales mediante procesos electorales que garanticen a sus afiliados tener representantes debidamente legitimados para hacer valer sus derechos laborales, es uno de los contenidos del derecho a la sindicalizacin, sin embargo, su aseguramiento depende de que en el proceso de escogencia se cumplan con las garantas mnimas electorales necesarias para garantizar la representatividad y legitimidad de quienes resulten electos, lo que implica indiscutiblemente que son los principios y normas de derecho electoral de los cuales debe servirse el operador jurdico tanto para llevar a cabo los procesos electorales sindicales como para posteriormente ejercer su control administrativo y judicial, tanto as que el propio Constituyente le atribuy al Poder Electoral Ð y no a los rganos de la administracin del trabajo- la funcin de ÔÉOrganizar las elecciones de sindicatosÉÕ, tal como se desprende con meridiana claridad del contenido del artculo 293.6 constitucional; ms aun, sobre la base de esa realidad jurdica, esta Sala desde su creacin y ante la ausencia de base legal, asumi la competencia para controlar judicialmente los actos que en la organizacin de esas elecciones fuesen dictados, tanto por el Consejo Nacional Electoral como por los rganos electorales sindicales.
Abundando en argumentos y sin desconocer que los Sindicatos estn sometidos al control de la jurisdiccin del trabajo, no cabe la menor duda que es la jurisdiccin electoral Ðactualmente ejercida de manera exclusiva y excluyente por esta Sala Electoral- y no la jurisdiccin del trabajo, el juez natural para revisar la constitucionalidad y legalidad de todo acto u omisin acaecido en el marco de una eleccin electoral sindical, por la especialidad de la materia y la proteccin constitucional que se requiere.
Precisado entonces que es eminentemente electoral la naturaleza de todo lo concerniente a la escogencia de las autoridades sindicales es por lo que resulta la jurisdiccin contencioso electoral, integrada en la actualidad por esta Sala Electoral, la idnea para controlar los procesos electorales sindicales, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artculo 26 constitucional y tornar operativo los postulados constitucionales vinculados con el debido proceso, la conformacin de la Sala Electoral y del Poder Electoral. En conclusin, es esta Sala Electoral el tribunal que debe continuar conociendo de las solicitudes de convocatoria a elecciones sindicales, y se desaplica para el caso en concreto, de conformidad con lo previsto en el artculo 334 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, la norma contenida en el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, especficamente en lo que respecta a la atribucin de competencia que se le confiere a los Jueces del Trabajo para conocer de las solicitudes de convocatoria a elecciones. As se decideÓ.
Se desprende del extracto citado, que esta Sala decidi desaplicar parcialmente por control difuso el artculo 406 de la normativa laboral, sobre la base de la naturaleza sustancialmente electoral de pretensiones como la presente, en la cual el accionante alega que en virtud de una supuesta mora en la eleccin de la Junta Directiva del Sindicato al que pertenece, es necesario un pronunciamiento judicial que obligue a los Directivos actuales a convocar al proceso comicial respectivo, por lo que, tomando como fundamento el precedente antes indicado, esta Sala procede igualmente a desaplicar en el presente caso el referido artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en lo que respecta a la competencia para decidir este tipo de solicitudes. As se declara.
Como consecuencia de esa declaratoria y visto que en el presente caso se solicit la convocatoria a elecciones sindicales, ante la denunciada demora en la eleccin de la Junta Directiva del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construccin y Afines del Distrito Capital, estado Miranda y estado Vargas (SOVICA), esta Sala se declara competente para conocer la pretensin planteada. As se decide.
La presente solicitud de convocatoria a elecciones en el Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construccin y Afines del Distrito Capital, estado Miranda y estado Vargas (SOVICA), fue presentada por el abogado Ral Jos Rojas Garca, actuando con el carcter de ÒÉMiembro FundadorÉÓ, conforme a lo dispuesto en el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria nmero 6.076 de fecha 07 de mayo de 2012 (antes prevista en el artculo 435 de la Ley Orgnica del Trabajo de 1997), cuyo texto establece lo siguiente:
ÒArtculo 406: Transcurridos tres meses de vencido el perodo para el cual haya sido elegida la directiva de la organizacin sindical sin que se haya convocado a nuevas elecciones un nmero no menor del diez por ciento de los afiliados y afiliadas a la organizacin, podr solicitar al Juez o Jueza con competencia en materia laboral de la Jurisdiccin correspondiente que disponga la convocatoria respectivaÓ.
Por su parte, el artculo 153 del Reglamento de la derogada Ley Orgnica del Trabajo (dictado bajo la vigencia de la Ley Orgnica del Trabajo de 1997) establece, con relacin a la convocatoria a elecciones, que Ò[l]a solicitud a que se refiere el artculo 435 de la Ley Orgnica del Trabajo, ser tramitada conforme a lo previsto en el artculo 14 del presente Reglamento. El Tribunal del Trabajo ordenar la convocatoria a elecciones sindicales y adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoralÓ (corchetes de la Sala).
De igual manera, el artculo 14 del mencionado Reglamento establece que Ò[e]l trabajador vctima de discriminacin en el empleo podr extinguir la relacin de trabajo invocando una causa justificada de retiro o, si lo estimare conveniente, ejercer la accin de amparo constitucional para obtener la restitucin de la situacin jurdica infringidaÓ (corchetes de la Sala).
Del anlisis de las normas transcritas se concluye que este tipo de solicitudes debe sustanciarse conforme a las previsiones procesales aplicables a las acciones autnomas de amparo constitucional, tal como lo expres esta Sala en su decisin nmero 136 de fecha 26 de agosto de 2003.
Siendo as, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la admisin de la presente solicitud, con vista a los requisitos especficos previstos en el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y los que resulten aplicables del procedimiento de amparo constitucional.
A tales fines, se aprecia que el artculo 406 ejusdem condiciona la admisin de las solicitudes de convocatoria a elecciones, al cumplimiento de dos requisitos, a saber:
1.-Que para el momento de presentacin de la solicitud hayan transcurrido ÒÉtres meses de vencido el perodo para el cual haya sido elegida la directiva de la organizacin sindical sin que se haya convocado a nuevas eleccionesÉÓ.
2.- Que la solicitud de convocatoria a eleccin sea formulada por ÒÉun nmero no menor del diez por ciento de los afiliados y afiliadas a la organizacinÉÓ.
Precisado lo anterior pasa esta Sala a revisar la admisibilidad de la presente solicitud de convocatoria para lo cual observa que de conformidad con el artculo 17 de los Estatutos del referido Sindicato, cuya copia cursa en los folios cien (100) al ciento catorce (114) del expediente, la direccin y administracin de la organizacin estar a cargo de una Junta Directiva integrada por siete (7) miembros principales y tres (3) vocales que durarn en sus funciones tres (3) aos.
Ahora bien, se advierte que cursa entre los recaudos aportados por el accionante la documentacin que hace presumir que en el aludido Sindicato se realiz la ltima eleccin el 19 de noviembre de 2008, y tomando en cuenta que el perodo de funciones de las autoridades electas en esa fecha era de tres (3) aos conforme a lo previsto en el artculo 17 de los referidos Estatutos, cabe concluir que para el momento en que se interpuso la presente solicitud (16 de enero de 2013), transcurrieron ms de los tres (3) meses de vencido el referido perodo, exigidos por la Ley para efectuar la presente solicitud, por lo que esta Sala considera cumplido el requisito de temporalidad legalmente establecido, salvo su apreciacin en la decisin definitiva. As se decide.
Por otra parte, en lo que respecta al segundo de los requisitos contemplados por el legislador para la admisin de las solicitudes de convocatoria a elecciones, referido a que sea interpuesta por el diez por ciento (10%) de los miembros afiliados al Sindicato, nuevamente es necesario invocar parte del criterio adoptado por esta Sala Electoral en sentencia nmero 20 del 15 de mayo de 2013, en la cual declar lo siguiente:
ÒLa solicitud de convocatoria a eleccin contemplada en el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es el mecanismo procesal idneo para asegurar el ejercicio del derecho a la democracia sindical ante la falta de convocatoria a elecciones sindicales cuando se haya vencido el perodo de las autoridades que se encuentren ejerciendo la direccin de la organizacin y la renuencia para proceder a la renovacin que corresponda.
Siendo as, resulta cnsono con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artculo 26 constitucional, que ante la renuencia o negativa en convocar elecciones sindicales una vez vencido el perodo de mandato de las autoridades en ejercicio de los cargos, cualquier miembro del sindicato pueda pedir a los rganos de la administracin de justicia, y concretamente en ese caso a esta Sala Electoral, el amparo de su derecho a la sindicalizacin, requiriendo concretamente que se convoque a elecciones para legitimar a las autoridades sindicales.
Tanto el procedimiento de amparo constitucional como la solicitud de convocatoria a elecciones pueden incoarse a los efectos de lograr el restablecimiento del derecho vulnerado, tanto as que a esta Sala en materia sindical se le ha requerido por la va del amparo se convoque a elecciones alegando la violacin del derecho al sufragio, declarndose con lugar lo solicitado y en consecuencia, se ha ordenado iniciar el proceso comicial, tal como se evidencia del fallo nmero 17 de fecha 12 de marzo de 2007 (caso: Sindicato ònico de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral).
Cabe destacar que si se acude a la jurisdiccin electoral a interponer una accin de amparo bastar que sea ejercida por un solo miembro del sindicato, mientras que si se opta por interponer una solicitud de convocatoria a elecciones, conforme a la letra del artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras tendr que incoarla el diez por ciento (10%) de los trabajadores afiliados al Sindicato, requisito ste que adems de no tener una justificacin razonable constituye una limitacin injustificada al acceso a la justicia y otras garantas constitucionales que protegen el derecho a la sindicalizacin.
(É)
As pues, esta Sala en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y concretamente el derecho de acceso a la justicia, desaplica para el caso concreto, de conformidad con lo previsto en el artculo 334 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, la condicin prevista en el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, respecto a que las solicitudes de convocatoria a elecciones deben ser presentadas por un mnimo del diez por ciento (10%) de los trabajadores afiliados al sindicato, y as se decideÓ.
En el caso citado la Sala decidi desaplicar parcialmente por control difuso el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, ÒÉen aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y concretamente el derecho de acceso a la justiciaÉÓ, argumentando que la aludida exigencia del respaldo de diez por ciento (10%) de los afiliados al sindicato para ejercer solicitudes como la presente, ÒÉconstituye una limitacin injustificada al acceso a la justicia y otras garantas constitucionales que protegen el derecho a la sindicalizacinÉÓ.
De tal manera que, en consonancia con el criterio antes citado, en este caso la Sala procede igualmente a desaplicar el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a los fines de la admisin, tramitacin y decisin de la presente solicitud de convocatoria a elecciones y en consecuencia, no verificar que haya sido presentada por el diez por ciento (10%) de la nmina sindical, y as se decide.
II
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de la revisin de sentencias que ejerzan el control difuso de la constitucionalidad, conforme a los artculos 334, 335 y 336.10 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (vide. S.S.C. n.¡ 1400/2001, del 8 de agosto), y del artculo 25.12 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia.
En el caso sub examine, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia remiti, conforme a establecido en el artculo 33 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, el acto de juzgamiento n.¡ 39 que dict el 29 de mayo de 2013, mediante el cual desaplic, conforme al artculo 334 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, la disposicin contenida en el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, para su correspondiente revisin por parte de esta Sala.
Por tanto, visto que la presente decisin desaplic por control difuso la disposicin legal antes mencionada, esta Sala resulta competente para el conocimiento de la revisin de dicha desaplicacin, razn por la cual, proceder a su conocimiento. As se declara.
III
MOTIVACIîN PARA DECIDIR
El objeto de la remisin de la sentencia n.¡ 39 que dict la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia el 29 de mayo de 2013, es la revisin por parte de esta Sala Constitucional de la desaplicacin por control difuso que, en ese acto de juzgamiento, hizo la Sala Electoral del artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (referido a la competencia y a la admisibilidad de la solicitud sobre convocatoria a elecciones sindicales), con motivo de la pretensin que propuso el abogado Ral Jos Rojas Garca, actuando con el carcter de ÒÉMiembro FundadorÉÓ del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construccin y Afines del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas (SOVICA), Òasistido por el abogado Santiago Jos Castro ToiseÓ, para la convocatoria de elecciones de la Junta Directiva del referido Sindicato.
El artculo 334 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces de la Repblica, dentro del mbito de su competencia, la obligacin de asegurar la integridad de la Constitucin, con lo cual deben aplicar, aun de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurdicas, a fin de garantizar la supremaca constitucional y resolver por esta va los conflictos o colisiones que puedan presentarse en cualquier causa que est bajo su conocimiento, entre normas legales o sublegales con el texto de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, supuesto en el cual deben proceder a la aplicacin preferente de este ltimo (vide. s. S.C. n.¡ 3.067, del 14 de octubre de 2005, caso: Ernesto Coromoto Altahona).
Con la remisin de las decisiones definitivamente firmes donde se aplique el control difuso como medio de proteccin del texto constitucional por parte de los tribunales del pas, con inclusin de las dems Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, para que esta Sala Constitucional proceda a la revisin de principios, valores y normas constitucionales, se produce una necesaria y estrecha vinculacin entre este medio difuso de resguardo de la Constitucin y el control concentrado de la constitucionalidad de los actos, el cual corresponde a esta Sala Constitucional, para el logro de un mayor y efectivo cumplimiento con el imperativo constitucional de preservacin de la incolumidad del texto fundamental, pues, con ello, se impide la aplicacin de disposiciones legislativas contrarias a la Constitucin o la desaplicacin de aquellas ajustadas a su texto, en claro perjuicio a la seguridad jurdica y al orden pblico constitucional, los cuales constituyen cimientos de la estructura jurdico-normativa del pas.
Ahora bien, para el resguardo de la integridad constitucional, no basta el simple y genrico sealamiento de una supuesta colisin del texto o disposicin legislativa con alguno de los preceptos constitucionales, sino que es necesaria la especfica determinacin del artculo constitucional que habra sido vulnerado con la aplicacin de la norma legal al caso en concreto; es decir, que la desaplicacin debe estar precedida de un detallado anlisis lgico-argumentativo que haga manifiesto el agravio constitucional que, en el supuesto planteado, pudiera producirse con la aplicacin a ultranza del texto de la ley.
Sobre el particular, esta Sala Constitucional, mediante sentencia n.¡ 833 de 25 de mayo de 2001 (caso: Instituto Autnomo Polica de Chacao), estableci que la desaplicacin por control difuso slo procede cuando la colisin entre el Texto Fundamental y la norma sobre la cual recae la desaplicacin es clara y precisa; es decir, cuando resulta patente la confrontacin entre ambos dispositivos (constitucional y legal).
En efecto, no puede atenderse a una aplicacin desmedida o inmotivada del control difuso de la constitucionalidad, pues, tan grave resulta para la estructura jurdico-constitucional del pas, la desaplicacin de una norma legal ajustada a la Constitucin, como la aplicacin de aquella que colida con ella. Por ello, se reitera, es impretermitible un anlisis correcto que encare a ambas disposiciones para la determinacin de la constitucionalidad o no del texto aplicable a la resolucin del caso sometido a consideracin; por tanto, no puede atenderse a cuestiones o argumentaciones ajenas a la esfera constitucional como justificacin para la aplicacin de dicho control. De all que no pueda cimentarse la desaplicacin de una disposicin legal en una argumentacin fundada en criterios jurisdiccionales ajenos al mbito constitucional, debido a que, se insiste, la aplicacin del control difuso debe atender a la colisin del texto legal con lo que expresamente dispone la Constitucin o con las interpretaciones que sobre el contenido o alcance de sus normas o principios hubiese hecho esta Sala Constitucional (ex artculo 335 Constitucional); es con respecto a ello que debe hacerse el anlisis directo de la posible colisin.
As, se observa que la Sala Electoral efectu una confrontacin directa del artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores con la disposicin constitucional (ex artculo 293.6 de Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela).
En efecto, el artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores precepta que:
Transcurridos tres meses de vencido el perodo para el cual haya sido elegida la Junta Directiva de la organizacin sindical sin que se haya convocado a nuevas elecciones de un nmero no menor del diez por ciento de los afiliados y afiliadas a la organizacin, podr solicitar al juez o Jueza con competencia en materia laboral de la jurisdiccin correspondiente que disponga la convocatoria respectiva.
El Juez o Jueza de competencia en materia laboral ordenar la convocatoria a elecciones sindicales, estableciendo la fecha y hora de la asamblea de de afiliados y afiliadas para la designacin de la comisin electoral sindical, y adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral.
Por su parte, el artculo 293.6 del Texto Fundamental prev que:
El Poder Electoral tiene por funciones:
(Omissis)
6.- Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines polticos en los trminos que seale la ley. As mismo, podrn organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de stas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aqu referidas cubrirn los costos de sus procesos eleccionarios.
La norma Constitucional que fue transcrita supra atribuye competencias al Poder Electoral para organizar oficiosamente los procesos comiciales de los sindicatos, gremios profesionales y organizaciones polticas y reconoce que el Poder Electoral podr organizar los procesos comiciales de otras organizaciones de la sociedad civil, siempre que ellas as lo soliciten, con lo cual, se diferencia del supuesto anterior, tanto en el aspecto subjetivo como en el carcter oficioso de la actividad del Poder Electoral pues, en este caso, debe mediar una solicitud. As, la disposicin establece que la organizacin de los mencionados procesos electorales, no slo puede ser oficiosa o a instancia de parte, segn el caso, sino que tambin puede ser consecuencia de una orden dictada por la Sala Electoral de este Alto Tribunal, con lo cual, se instaura una tercera va a travs de la cual, el Poder Electoral puede proceder a organizar la eleccin de las referidas corporaciones, entidades y organizaciones, entre las cuales estn los sindicatos.
Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, en un caso anlogo al presente, en reciente sentencia n.¡ 474, de 21 de mayo de 2014 (caso: Lucy Josefina Robles Ramrez y otros), procedi a la desaplicacin del artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, en los trminos siguientes:
É[L]a disposicin es clara [ex artculo 293 del Texto Constitucional] al sealar que (dentro de la estructura de los rganos contencioso electorales a que se refiere el artculo 297 de la Carta Magna), es la Sala Electoral la que puede ordenarle al Poder Electoral la organizacin de los procesos comiciales en los sindicatos, los gremios profesionales, las organizaciones con fines polticos y dems organizaciones de la sociedad civil, con lo cual, resulta patente que la aplicacin del artculo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgnica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, que le atribuye a los tribunales laborales competencia para ordenarla convocatoria a elecciones sindicales, implicara un menoscabo de lo prescrito en el artculo 293.6 de la Carta Poltica y, por tanto, la violacin del derecho al juez natural a que se refiere el artculo 49.4 eiusdem.
Conforme a lo expuesto, esta Sala considera conforme a derecho la desaplicacin del artculo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgnica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, realizada en la decisin N¡ 135, dictada por la Sala Electoral de este Alto Tribunal el 16 de octubre de 2013 y, as se decide.
Atendiendo a lo establecido en el artculo 34 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, segn el cual, esta Sala puede abrir de oficio el procedimiento de control concentrado de la constitucionalidad en aquellos casos en que se declare la conformidad a derecho de la sentencia donde se desaplic por control difuso una norma, se ordena el inicio del juicio anulatorio al artculo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgnica del Trabajo las Trabadoras y los Trabajadores y, como consecuencia de ello, de conformidad con el artculo 135 de la nueva Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, se acuerda citar al Presidente de la Repblica. Asimismo, se ordena notificar a la ciudadana Fiscal General de la Repblica, as como a la ciudadana Defensora del Pueblo y, por ltimo, al Procurador General de la Repblica. A tales fines, remtase a los mencionados funcionarios copia certificada del presente fallo.
(Omissis)
Finalmente, el artculo 130 de la nueva Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia establece:
ÒArtculo 130.- En cualquier estado y grado del proceso las partes podrn solicitar, y la Sala Constitucional, podr acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contar con los ms amplios poderes cautelares como garanta de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendr en cuenta las circunstancias del caso y los intereses pblicos en conflictoÓ.
La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacfica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisin N¡ 269/2000, caso: ICAP), segn la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explcito y directo. De all, su carcter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en s mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisin ulterior de carcter definitivo, por lo que en relacin al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguardar la eficacia de la funcin jurisdiccional.
En el marco de las observaciones anteriores, el artculo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgnica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, podra resultar lesivo del derecho al juez natural, con lo cual, esta Sala no slo verifica el fumus boni iuris necesario para acordar la tutela cautelar, sino que constata el periculum in mora, ya que implica el riesgo de que un juez incompetente (el juez laboral), decida un asunto que por disposicin constitucional se encuentra fuera de su mbito de competencias y, ello, podra ser una situacin de difcil reparacin.
Por las razones expuestas, esta Sala, luego de ponderar los intereses en conflicto, considera imperativo el desarrollo de sus poderes cautelares y, en consecuencia, suspende erga omnes el artculo 406 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgnica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, y as se decide.
En armona con el criterio de esta Sala Constitucional, que fue parcialmente transcrito supra y que en esta oportunidad se reitera, la naturaleza de lo que concierne a la escogencia, como el caso que nos ocupa, de la junta directiva de la organizacin sindical, es de naturaleza eminentemente electoral, tal como lo precepta el artculo 293.6 del Texto Fundamental. Por tanto, se insiste, la organizacin de los procesos electorales puede ser consecuencia de una orden dictada por la Sala Electoral de este Alto Tribunal, cabeza de la jurisdiccin contencioso electoral, con la cual el Poder Electoral pueda proceder a organizar la eleccin de organizaciones sindicales. En consecuencia, se concluye que fue conforme a derecho la desaplicacin por control difuso del artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que efectu la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, por cuanto atribuirle a los tribunales del trabajo competencia para ordenar la convocatoria a elecciones sindicales, quebrantara la norma contenida en el artculo 293.6 Constitucional y, en consecuencia, lesionara el derecho al juez natural, que establece el artculo 49.4 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, y as se decide.
IV
DECISIîN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la Repblica por autoridad de la Ley, declara CONFORME A DERECHO la desaplicacin del artculo 406 de la Ley Orgnica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores que efectu la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia n.¡ 39 de 29 de mayo de 2013, con ocasin de la pretensin que propuso el abogado Ral Jos Rojas Garca Òactuando con el carcter de ÔÉMiembro FundadorÉÕÓ del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construccin y Afines del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas (SOVICA), Òasistido por el abogado Santiago Jos Castro ToiseÓ, para la convocatoria de elecciones sindicales en la referida Organizacin.
Publquese y regstrese. Remtase copia certificada de esta decisin a la Sala Electoral de este Supremo Tribunal.
Dada, firmada y sellada en el Saln de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 das del mes de mayo de dos mil catorce. Aos: 204¼ de la Independencia y 155¼ de la Federacin.
La Presidenta,
GLADYS MARêA GUTIRREZ ALVARADO
Ponente
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero Lpez
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRîN
CARMEN ZULETA DE MERCHçN
ARCADIO DE JESòS DELGADO ROSALES
É/
É/
JUAN JOS MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOS LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.
Expediente n¡ 13-0584
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