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Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que el 28 de octubre de 2008, los ciudadanos RICARDO JOSÉ GONZÁLEZ PIRELA y JOVANNY JOSÉ QUINTERO TINAURE, titulares de las cédulas de identidad n.os 18.120.950 y 23.741.977, respectivamente, con la asistencia del abogado Manuel Rivas Mora, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 84.345, intentaron, ante esta Sala, amparo constitucional contra las sentencias que dictaron, el 5 de agosto de 2008, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones y el 29 de septiembre de 2008, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control, ambos del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, para cuya fundamentación denunció la violación a su derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia que acogieron los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 4 de noviembre de 2008 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
1. Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala declaró su competencia para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional que se ejerzan contra los fallos de última o única instancia que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de los que emitan los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, la demanda fue ejercida contra las sentencias que dictaron, el 5 de agosto de 2008, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones y el 29 de septiembre de 2008, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control, ambos del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, esta Sala Constitucional se pronuncia competente para la decisión de la demanda en referencia. Así se decide.
2. Luego del análisis de la pretensión de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión cumple con los mismos. Así se declara.
En cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como de la jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional, deben hacerse las siguientes consideraciones:
En el caso sub examine los demandantes de amparo denunciaron la violación a sus derechos constitucionales a la libertad personal y al debido proceso, por cuanto la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia los habría vulnerado cuando declaró parcialmente con lugar la apelación que incoó el Ministerio Público en contra del fallo que dictó, el 20 de junio de 2008, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal en referencia y, en consecuencia, revocó la medida sustitutiva de la privativa de libertad que había sido decretada por el Juez a quo y decretó medida privativa de libertad en contra de los imputados. Ahora bien, se observa del expediente continente de la demanda de amparo, que el defensor de los accionantes se limitó a la consignación de su escrito de solicitud de amparo, sin el acompañamiento de copia simple o certificada de los fallos que eran objeto de su pretensión de amparo, lo cual constituye un requisito indispensable para la admisión de su petición de tutela constitucional, y, por ende, para la comprobación de los agravios constitucionales que denunciaron.
En efecto, esta Sala Constitucional, cuando unificó su criterio con respecto a este supuesto, afirmó:
En tales supuestos (falta de consignación de copias, aun simples, del acto u actos procesales objeto de impugnación), esta Sala ha sostenido criterios contradictorios, pues, por un lado, ha señalado, con fundamento en el artículo 19 (luego 17) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el principio pro actionae, la obligación, del juzgador que conozca la causa, de requerimiento de los recaudos necesarios para un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la pretensión (vide, entre otras, ss S.C. n.° 1721/01; 266/03; 36/04 y 295/04); y, en otros casos, ha decidido su inadmisión por el incumplimiento, de parte del querellante, de la carga procesal del acompañamiento, al menos de copias simples, del acto u actos cuya impugnación pretende con tal medio de impugnación (vide, entre otras, ss S.C. n.° 1720/01; 1911/01 y 968/03), contradicción que se solucionó mediante decisión n.° 778/04, del 03 de mayo, donde se asumió con carácter definitivo el siguiente criterio jurisprudencial:
( )
Como se observa, el último criterio de esta Sala Constitucional, para el supuesto de que el querellante, no acompañe, ni aun copia simple, del acto u actos cuya impugnación pretenda, en la oportunidad en que proponga su demanda, consiste en la declaración de inadmisión de la pretensión de tutela constitucional, a menos que alegue y pruebe la imposibilidad para la obtención de las mismas, máxime cuando dichas copias constituyen la prueba fundamental del supuesto agravio, y, en conformidad con la sentencia n.° 7/00, 1° de febrero (caso José Amado Mejías), no puede producirse en una oportunidad distinta, pues, es en esa única oportunidad preclusiva, que debe promoverse y presentarse todas las pruebas en que se fundamente la pretensión.
En atención a todo lo anterior, y por cuanto el demandante de amparo no acompañó, al menos copia simple, del acto procesal cuya impugnación pretende, ni de la pieza del expediente donde se tramitó la incidencia que originó su recusación, es por lo que esta Sala Constitucional declara la inadmisión de la pretensión de tutela constitucional, y así se decide (s. S.C. n.° 3083/del 14 de diciembre de 2004; caso: Alberto Sorate Orestes).
En virtud de todo lo que fue expuesto, por cuanto los supuestos agraviados no acompañaron, al menos, copia simple de las decisiones que cuestionaron, con fundamento en la doctrina que fue transcrita, esta Sala debe, forzosamente, declarar la inadmisión de la demanda de amparo constitucional que se propuso contra los pronunciamientos que efectuaron la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones y el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control, ambos del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 5 de agosto y el 29 de septiembre de 2008, respectivamente, y así se decide.
DECISIÓN
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda de amparo que interpusieron los ciudadanos RICARDO JOSÉ GONZÁLEZ PIRELA y JOVANNY JOSÉ QUINTERO TINAURE contra los fallos que dictaron, el 5 de agosto de 2008, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y, el 29 de septiembre del mismo año, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de mayo de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Francisco Antonio Carrasquero López
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
/
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 08-1403