Venley

Sentencia N.º 549

Sentencia
N.º 549
Fecha
26/03/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-0046
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente N° 07-0046

 

Mediante Oficio Nº 1209 del 18 de diciembre de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, remitió a esta Sala Constitucional el expediente Nº OP01-O-2006-000010 (nomenclatura de dicho Tribunal) contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 115.804, en su carácter de defensor privado del ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº V- 19.290.510, quien ha sido imputado por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado, contra el auto dictado el 3 de agosto de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio Nº 2 del referido Circuito Judicial Penal, que declaró que “…LA SOLICITUD DE LA DEFENSA RESPECTO A LA NULIDAD ABSOLUTA DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, los cuales no fueron identificados por la defensa, y que fueron ofrecidos por el Fiscal en la acusación (…) DEBEN SER RESUELTOS EN EL DEBATE ORAL Y PÚBLICO (…) en consecuencia, se RATIFICA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS…”, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la libertad, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Destacado del auto accionado).

 

Dicha remisión se realizó a fin de que esta Sala conozca de la apelación de la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, mediante la cual declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 17 de enero de 2007, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, y del escrito que contiene la acción de amparo, se desprende lo siguiente:

 

El 16 de octubre de 2006, el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, en su carácter de defensor privado del ciudadano Jhoan Manuel Ramos, interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, acción de amparo constitucional contra el auto dictado, el 3 de agosto de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la libertad, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese mismo día, la Corte de Apelaciones del indicado Circuito Judicial Penal mediante auto ordenó notificar a la parte actora, para que en un lapso de cinco (5) días consignase copias certificadas de las actas procesales del asunto penal Nº OP01-P-2006-000169, de los cuales hizo señalamiento en su escrito, lo cual fue cumplido por el accionante el 20 de octubre de 2006. 

 

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2006, el a quo, mediante auto de mero trámite, acordó oficiar al Juzgado supuestamente agraviante con la finalidad de que informara si contra el auto accionado se había interpuesto recurso de apelación.

 

El 16 de noviembre de 2006, el Juzgado de la causa mediante Oficio Nº 5.101, informó al a quo constitucional que contra el auto accionado no se había ejercido recurso de apelación.

 

El 30 de noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible la presente acción de amparo, de conformidad con el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 7 de diciembre de 2006, el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, en su carácter de defensor privado del ciudadano Jhoan Manuel Ramos, apeló de la decisión antes señalada.

  

Mediante auto del 18 de diciembre de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta ordenó la remisión del expediente contentivo de la presente acción a esta Sala Constitucional, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 

 

 

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La parte actora fundamentó su pretensión en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

Que, el 6 de julio de 2006, interpuso ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, “escrito de nulidad no convalidable, en contra de las actuaciones y diligencias practicadas por el Ministerio Público en el presente caso, así como también del libelo acusatorio sustentado por dichas actuaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar esta defensa, que se le estaban violando derechos fundamentales al ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS, entre ellos el derecho a la libertad personal, a demás (sic) de que, desde que se produjo la decisión de la Corte (cambio de procedimiento), hasta la referida fecha (6 de julio de 2006), se había constatado una flagrante violación al debido proceso y al principio de la dualidad de las partes o auditor et altera pars (sic) ya que transcurrió un tiempo bastante considerable en el cual se pudo subsanar la falta de un libelo acusatorio, con la interposición de uno procedente y ajustado a derecho por parte de la representación fiscal y que dicho tribunal ante tal situación, debió operar de oficio en la referida causa, reestableciendo de manera voluntaria e inmediata la situación jurídica infringida a mi patrocinado”.

      

Indicó que, conforme a lo previsto en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, todo acto procesal realizado en contravención con el propósito de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y la propia ley adjetiva penal, será considerado nulo de nulidad absoluta.

 

Que solicitó al Juzgado de la causa “…1.- La aplicación supletoria de los lapsos previstos para el procedimiento ordinario, al procedimiento especial abreviado, acordado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial de este Estado, en fecha 18 de marzo de 2006, en relación con la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal y con base a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, citada en este escrito; 2.- Declarara la nulidad absoluta de todas las actuaciones practicadas en la fase preparatoria o de investigación y acordadas por la representante del Ministerio Público, posteriores a la audiencia de presentación del imputado, que se realizare en fecha 19 de enero del año en curso, así como también del escrito acusatorio presentado por la misma en fecha 16 de febrero de 2006…3.- acordara la libertad de mi defendido, ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS, a que se refiere el sexto aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se encontraba privado de la misma desde hace más de cinco (5) meses, sin que exista un escrito acusatorio válido en su contra…”.

 

Realizó las siguientes consideraciones respecto del auto accionado: “1.- La ciudadana Juez hace referencia a que los elementos de convicción que están viciados de nulidad no convalidable, no fueron identificados por la defensa. Tal referencia se convierte en una apreciación muy subjetiva, por cuanto se trata de la estructura y esencia de cada procedimiento a seguir, en este caso, el procedimiento especial abreviado, lo que hace evidente que la defensa se refería a todas aquellas actuaciones y diligencias practicadas por el Ministerio Público, posteriores a la Audiencia de Presentación del Imputado (…) así como también del libelo acusatorio, ya que se produjeron en fases inexistentes, como se dijo anteriormente, lo que hace innecesaria la identificación de tales elementos de convicción; 2.- Decide que los referidos elementos deben ser resueltos en la Audiencia Oral y Pública. Aclara esta defensa que se trata de nulidades no convalidables, las cuales deben ser decretadas por el referido tribunal de oficio o a instancia de parte, de manera inmediata y voluntaria, ya que las mismas violan derechos fundamentales a mi defendido (…) 3.- Oír a la contra parte (sic), quien a demás (sic) tendrá la oportunidad de presentar pruebas. Punto éste que al ser fundamentado con el punto dos (2) resulta incongruente, ya que no pueden convalidarse violaciones a derechos fundamentales (…) 4.- Ratifica la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad (…) por cuanto la acusación fue presentada en lapso legal, y los motivos que generaron la medida no han variado. Como colorario de lo expuesto en líneas anteriores, la referida acusación fue presentada en una fase del proceso inexistente, ya que, como consecuencia de la decisión que produjo esa honorable Corte, en fecha 18 de marzo de 2006, la cual acuerda seguir el presente proceso por vía especial abreviada, se subsumieron fases como la de investigación y la preliminar, aún cuando dicho libelo acusatorio fue presentado mucho antes de que se produjera la referida decisión, siendo evidente que sí han variado las circunstancias desde que se acordó el cambio de procedimiento, por el cual debe someterse el proceso que enfrenta mi defendido, atendiendo en todo caso, el contenido y alcance de la mencionada decisión”.

 

Finalmente, requirió que la presente acción fuera admitida; se anulase el auto accionado; se declarase la nulidad no convalidable de todas las actuaciones y diligencias practicadas por el representante del Ministerio Público, posteriores a la fecha en que se celebró la Audiencia de Presentación de su defendido, así como también del libelo acusatorio y se decrete la libertad plena o restringida de su representado, “…por no existir hasta la presente fecha una acusación válida en su contra, de conformidad con lo establecido en el sexto aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal”.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El 30 de noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, declaró inadmisible la acción de amparo de autos, en los términos siguientes:

 

Señaló el a quo que “…el amparo tiene un carácter extraordinario y no es un recurso para obviar un medio procesal preexistente que permite revisar la situación jurídica infringida, como es la vía ordinaria de la apelación y no se puede pretender que mediante una acción de amparo constitucional sustitutiva del recurso procesal se restablezca la situación jurídica que se dice infringida ni obtener la libertad del detenido, si fuere el caso, pues ello implicaría el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 447 ordinal (sic) 5 del Código Orgánico Procesal Penal, que le acuerda al imputado la posibilidad de impugnar por vía de la apelación si la decisión proferida por el tribunal accionado causa un gravamen irreparable, pudiendo denunciar por esa vía la presunta violación de su derecho constitucional (…) la acción de amparo no es procedente cuando se intenta en sustitución de recursos ordinarios a disposición del accionante”.

 

Adujo el a quo que “En el presente caso es evidente que la parte presuntamente agraviada tuvo oportunidad de ejercer la apelación para controlar la constitucionalidad del auto de fecha 03-08-06 y, obtener el restablecimiento de los presuntos derechos violados. Aceptar esta acción haría innecesario los remedios procesales que las leyes prevén. Por lo tanto, lo procedente y ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente solicitud de tutela constitucional, de conformidad con lo preestablecido en el ordinal (sic) 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

 

Adicionalmente indicó que “...resulta impertinente utilizar la acción de amparo para el restablecimiento de una situación jurídica, que se pretende lesiva, cuando existe otro recurso judicial previo, para lograr su pronta obtención, a menos que se demuestre que tal medio recursivo, resulta inaplicable al caso concreto. Permitir tal proceder, implicaría subvertir el orden legal preestablecido, lo cual conllevaría al desuso e incumplimiento de los dispositivos procesales previstos por el legislador”.

 

IV

 DE LA APELACIÓN

 

El 7 de diciembre de 2006, el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, en su carácter de defensor privado del ciudadano Jhoan Manuel Ramos apeló, de la decisión dictada, el 30 de noviembre de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, por estimar, entre otras consideraciones, lo siguiente:

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, “no se contempla otro instrumento jurídico válido (recursivo) para proceder a la impugnación de tal decisión, a saber que, cuando se declare con lugar la nulidad propuesta, las partes podrán interponer recurso de apelación, tal como lo establece el penúltimo aparte de dicho artículo, caso contrario no procederá el referido recurso, establecido igualmente en el último aparte del mismo artículo”.

 

Alegó que “…de acuerdo a nuestra estructura procesal penal, los efectos de las nulidades son suficientemente explícitos para las declaraciones con lugar o sin lugar de las mismas, tal como lo establece el penúltimo y último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, y que el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 2 del Circuito Judicial Penal Neoespartano, no se pronunció ni por una ni por otra, sino que acordó resolverlas en la venidera Audiencia Oral y Pública, por lo que entonces, al tratarse de una flagrante violación del derecho a la libertad personal en grado de continuidad, infringida en perjuicio de mi patrocinado, es más que evidente que el único instrumento jurídico válido con que contaba esta representación de la defensa era accionar la vía de amparo constitucional, como en efecto lo hizo”.

 

De acuerdo a lo expuesto, el apelante solicitó que se declarase con lugar el presente recurso y, en consecuencia, sea revocada la decisión del a quo, ordenándosele que admita la presente acción de amparo constitucional.

       

  V

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones sobre las sentencias de los tribunales superiores (excepto los contencioso administrativo), de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub júdice, la sentencia apelada fue dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, actuando en primera instancia, como Tribunal en funciones constitucionales, en relación a la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, en su carácter de defensor privado del ciudadano Jhoan Manuel Ramos, contra el auto dictado el 3 de agosto de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, que declaró que “…LA SOLICITUD DE LA DEFENSA RESPECTO A LA NULIDAD ABSOLUTA DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, los cuales no fueron identificados por la defensa, y que fueron ofrecidos por el Fiscal en la acusación (…) DEBEN SER RESUELTOS EN EL DEBATE ORAL Y PÚBLICO (…) en consecuencia, se RATIFICA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS…”, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la libertad, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Destacado del auto accionado).

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala al respecto, la misma resulta competente para conocer de la presente apelación; y así se declara.

 

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Previamente a decidir la presente causa, debe la Sala pronunciarse sobre la tempestividad o no de la apelación interpuesta, ello en virtud del criterio vinculante establecido por esta Sala en su decisión No. 3027 del 14 de octubre de 2005, caso: “César Armando Caldera Oropeza”, publicada en Gaceta Oficial No. 38.314 del 15 de noviembre de 2005.

 

Al respecto, se observa que el fallo apelado fue dictado el 30 de noviembre de 2006, el cual fue notificado al defensor privado del accionante el 4 de diciembre de 2006. Siendo que el recurso de apelación ejercido contra dicha decisión fue interpuesto el 7 de ese mismo mes y año, esta Sala precisa que dicho recurso de apelación fue interpuesto en tiempo oportuno, de conformidad con la citada decisión.

 

Ahora bien, observa la Sala que consecuentemente alegó la defensa del accionante, tanto en su acción de amparo como en su escrito de apelación, entre otros argumentos, que el único medio del cual dispone para impugnar la declaratoria sin lugar de la solicitud de nulidad absoluta, contenida en el auto dictado el 3 de agosto de 2006 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, es la acción de amparo constitucional, por cuanto el mismo no tiene apelación, conforme lo prevé el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Al respecto, esta Sala considera conveniente precisar:

 

 1.- Que en los procesos penales las nulidades absolutas pueden ser solicitadas en cualquier estado y grado del proceso por la gravedad del vicio que afecta el acto objeto de la misma, y así lo ha señalado la Sala al interpretar el artículo 193 del Código Orgánico Procesal Penal, al excluir del término procesal previsto en el mismo, a las nulidades absolutas (vid. SSC Nº 2946 del 19 de enero de 2004).

 

2.- Que una vez solicitada la nulidad y declarada improcedente, ésta no puede plantearse nuevamente, en virtud del carácter definitivo que adquiere dicho pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional.

 

3.- Que contra el auto que niegue una solicitud de nulidad, el recurso de apelación, según lo establece el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, no procede (vid. SSC Nº 1.363 del 4 de julio del 2006).

 

Así las cosas, observa la Sala que en el caso que nos ocupa el accionante, el 6 de julio de 2006, interpuso ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, “escrito de nulidad no convalidable, en contra de las actuaciones y diligencias practicadas por el Ministerio Público en el presente caso, así como también del libelo acusatorio sustentado por dichas actuaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo (sic) 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal…”, solicitud esta que fue negada. En tal sentido, aprecia la Sala, que el accionante no disponía de ningún mecanismo ordinario a través del cual pudiera impugnar la negativa de su solicitud de nulidad, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, tal decisión es inapelable.

 

De tal modo, que la única vía dable al accionante para atacar la negativa de su solicitud de nulidad, era la acción de amparo constitucional, pues no se trata de pedir nuevamente la nulidad denunciada en la causa principal -la cual sí podría solicitar en cualquier estado y grado del proceso- sino de la decisión que negó la solicitud de nulidad absoluta formulada por el accionante, la cual, tal como se señaló precedentemente, no tiene apelación.

 

Del estudio de los autos, la Sala constata que la decisión impugnada en amparo fue la que negó la solicitud de nulidad absoluta requerida por la defensa del accionante.

 

 En ese sentido, visto que el accionante no dispone de otro mecanismo para atacar la decisión que negó su solicitud de nulidad, de conformidad con lo antes expuesto, la Sala estima que el fallo apelado debe ser revocado y, en consecuencia, se ordena a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta reponer la causa al estado de admisión de la presente acción de amparo, para lo cual deberá revisar la misma a la luz de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, excepto la contenida en el cardinal 5 del citado artículo en virtud de lo expuesto en la presente decisión. Así se decide.  

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

1. CON LUGAR la apelación interpuesta por el defensor privado del ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS, contra la decisión dictada el 30 de noviembre de 2006 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta.

 

2. REVOCA la decisión dictada el 30 de noviembre de 2006 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, objeto de la presente apelación, la cual declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el mencionado ciudadano contra la decisión dictada el 3 de agosto de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio Nº 2 del referido Circuito Judicial Penal.

 

3. Se ordena REPONER la causa al estado de admisión de la presente acción de amparo, para lo cual la referida Corte de Apelaciones deberá revisar la misma a la luz de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, excepto la contenida en el cardinal 5 del citado artículo en virtud de lo expuesto en la presente decisión.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 26 días del mes de marzo de dos mil siete (2007). Años: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

       La Presidenta,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

                                                         Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

              Magistrado

 

 

Francisco Carrasquero López

                                                                 Magistrado

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

                Magistrado

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                                        Magistrada

 

 

 

    Arcadio Delgado Rosales

       Magistrado- Ponente

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

ADR/

Exp. 07-0046

 

 

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