Sentencia N.º 549
- Sentencia
- N.º 549
- Fecha
- 26/03/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-0046
- Ponente
- Arcadio Delgado Rosales
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Expediente N° 07-0046
Mediante Oficio Nº 1209 del 18 de diciembre de 2006,
Dicha remisión se realizó a fin de que esta Sala conozca de la apelación de la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2006, por
El 17 de enero de 2007, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, y del escrito que contiene la acción de amparo, se desprende lo siguiente:
El 16 de octubre de 2006, el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, en su carácter de defensor privado del ciudadano Jhoan Manuel Ramos, interpuso ante
Posteriormente, el 13 de noviembre de 2006, el a quo, mediante auto de mero trámite, acordó oficiar al Juzgado supuestamente agraviante con la finalidad de que informara si contra el auto accionado se había interpuesto recurso de apelación.
El 16 de noviembre de 2006, el Juzgado de la causa mediante Oficio Nº 5.101, informó al a quo constitucional que contra el auto accionado no se había ejercido recurso de apelación.
El 30 de noviembre de 2006,
El 7 de diciembre de 2006, el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, en su carácter de defensor privado del ciudadano Jhoan Manuel Ramos, apeló de la decisión antes señalada.
Mediante auto del 18 de diciembre de 2006,
II
DE
La parte actora fundamentó su pretensión en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que, el 6 de julio de 2006, interpuso ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, escrito de nulidad no convalidable, en contra de las actuaciones y diligencias practicadas por el Ministerio Público en el presente caso, así como también del libelo acusatorio sustentado por dichas actuaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar esta defensa, que se le estaban violando derechos fundamentales al ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS, entre ellos el derecho a la libertad personal, a demás (sic) de que, desde que se produjo la decisión de
Indicó que, conforme a lo previsto en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, todo acto procesal realizado en contravención con el propósito de
Que solicitó al Juzgado de la causa
1.- La aplicación supletoria de los lapsos previstos para el procedimiento ordinario, al procedimiento especial abreviado, acordado por
Realizó las siguientes consideraciones respecto del auto accionado: 1.- La ciudadana Juez hace referencia a que los elementos de convicción que están viciados de nulidad no convalidable, no fueron identificados por la defensa. Tal referencia se convierte en una apreciación muy subjetiva, por cuanto se trata de la estructura y esencia de cada procedimiento a seguir, en este caso, el procedimiento especial abreviado, lo que hace evidente que la defensa se refería a todas aquellas actuaciones y diligencias practicadas por el Ministerio Público, posteriores a
Finalmente, requirió que la presente acción fuera admitida; se anulase el auto accionado; se declarase la nulidad no convalidable de todas las actuaciones y diligencias practicadas por el representante del Ministerio Público, posteriores a la fecha en que se celebró
III
DE LA SENTENCIA APELADA
El 30 de noviembre de 2006,
Señaló el a quo que
el amparo tiene un carácter extraordinario y no es un recurso para obviar un medio procesal preexistente que permite revisar la situación jurídica infringida, como es la vía ordinaria de la apelación y no se puede pretender que mediante una acción de amparo constitucional sustitutiva del recurso procesal se restablezca la situación jurídica que se dice infringida ni obtener la libertad del detenido, si fuere el caso, pues ello implicaría el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 447 ordinal (sic) 5 del Código Orgánico Procesal Penal, que le acuerda al imputado la posibilidad de impugnar por vía de la apelación si la decisión proferida por el tribunal accionado causa un gravamen irreparable, pudiendo denunciar por esa vía la presunta violación de su derecho constitucional (
) la acción de amparo no es procedente cuando se intenta en sustitución de recursos ordinarios a disposición del accionante.
Adujo el a quo que En el presente caso es evidente que la parte presuntamente agraviada tuvo oportunidad de ejercer la apelación para controlar la constitucionalidad del auto de fecha 03-08-06 y, obtener el restablecimiento de los presuntos derechos violados. Aceptar esta acción haría innecesario los remedios procesales que las leyes prevén. Por lo tanto, lo procedente y ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente solicitud de tutela constitucional, de conformidad con lo preestablecido en el ordinal (sic) 5 del artículo 6 de
Adicionalmente indicó que ...resulta impertinente utilizar la acción de amparo para el restablecimiento de una situación jurídica, que se pretende lesiva, cuando existe otro recurso judicial previo, para lograr su pronta obtención, a menos que se demuestre que tal medio recursivo, resulta inaplicable al caso concreto. Permitir tal proceder, implicaría subvertir el orden legal preestablecido, lo cual conllevaría al desuso e incumplimiento de los dispositivos procesales previstos por el legislador.
IV
DE
El 7 de diciembre de 2006, el abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes, en su carácter de defensor privado del ciudadano Jhoan Manuel Ramos apeló, de la decisión dictada, el 30 de noviembre de 2006, por
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, no se contempla otro instrumento jurídico válido (recursivo) para proceder a la impugnación de tal decisión, a saber que, cuando se declare con lugar la nulidad propuesta, las partes podrán interponer recurso de apelación, tal como lo establece el penúltimo aparte de dicho artículo, caso contrario no procederá el referido recurso, establecido igualmente en el último aparte del mismo artículo.
Alegó que
de acuerdo a nuestra estructura procesal penal, los efectos de las nulidades son suficientemente explícitos para las declaraciones con lugar o sin lugar de las mismas, tal como lo establece el penúltimo y último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, y que el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 2 del Circuito Judicial Penal Neoespartano, no se pronunció ni por una ni por otra, sino que acordó resolverlas en la venidera Audiencia Oral y Pública, por lo que entonces, al tratarse de una flagrante violación del derecho a la libertad personal en grado de continuidad, infringida en perjuicio de mi patrocinado, es más que evidente que el único instrumento jurídico válido con que contaba esta representación de la defensa era accionar la vía de amparo constitucional, como en efecto lo hizo.
De acuerdo a lo expuesto, el apelante solicitó que se declarase con lugar el presente recurso y, en consecuencia, sea revocada la decisión del a quo, ordenándosele que admita la presente acción de amparo constitucional.
V
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de
En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones sobre las sentencias de los tribunales superiores (excepto los contencioso administrativo), de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.
En el caso sub júdice, la sentencia apelada fue dictada por
Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala al respecto, la misma resulta competente para conocer de la presente apelación; y así se declara.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Previamente a decidir la presente causa, debe
Al respecto, se observa que el fallo apelado fue dictado el 30 de noviembre de 2006, el cual fue notificado al defensor privado del accionante el 4 de diciembre de 2006. Siendo que el recurso de apelación ejercido contra dicha decisión fue interpuesto el 7 de ese mismo mes y año, esta Sala precisa que dicho recurso de apelación fue interpuesto en tiempo oportuno, de conformidad con la citada decisión.
Ahora bien, observa
Al respecto, esta Sala considera conveniente precisar:
1.- Que en los procesos penales las nulidades absolutas pueden ser solicitadas en cualquier estado y grado del proceso por la gravedad del vicio que afecta el acto objeto de la misma, y así lo ha señalado
2.- Que una vez solicitada la nulidad y declarada improcedente, ésta no puede plantearse nuevamente, en virtud del carácter definitivo que adquiere dicho pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional.
3.- Que contra el auto que niegue una solicitud de nulidad, el recurso de apelación, según lo establece el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, no procede (vid. SSC Nº 1.363 del 4 de julio del 2006).
Así las cosas, observa
De tal modo, que la única vía dable al accionante para atacar la negativa de su solicitud de nulidad, era la acción de amparo constitucional, pues no se trata de pedir nuevamente la nulidad denunciada en la causa principal -la cual sí podría solicitar en cualquier estado y grado del proceso- sino de la decisión que negó la solicitud de nulidad absoluta formulada por el accionante, la cual, tal como se señaló precedentemente, no tiene apelación.
Del estudio de los autos,
En ese sentido, visto que el accionante no dispone de otro mecanismo para atacar la decisión que negó su solicitud de nulidad, de conformidad con lo antes expuesto,
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
1. CON LUGAR la apelación interpuesta por el defensor privado del ciudadano JHOAN MANUEL RAMOS, contra la decisión dictada el 30 de noviembre de 2006 por
2. REVOCA la decisión dictada el 30 de noviembre de 2006 por
3. Se ordena REPONER la causa al estado de admisión de la presente acción de amparo, para lo cual la referida Corte de Apelaciones deberá revisar la misma a la luz de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo previstas en el artículo 6 de
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
Francisco Carrasquero López
Magistrado
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado
Carmen Zuleta de Merchán
Magistrada
Arcadio Delgado Rosales
Magistrado- Ponente
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
ADR/
Exp. 07-0046
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