Sentencia N.º 552
- Sentencia
- N.º 552
- Fecha
- 22/04/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0401
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N º 05-0401
En fecha 25 de febrero de 2005 fue recibido el Oficio Nº 040/05 de fecha 9 de febrero de 2005, emanado del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, adjunto al cual fueron remitidas las copias certificadas del expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Marisol Hernández Gutiérrez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 55.138, en su carácter de representante judicial de los ciudadanos ÁLVARO CONRADO MARTÍN PÉREZ y CARMEN DELIA LORENZO DE MARTÍN, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 1.888.105 y V.- 827.769, respectivamente, contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con fundamento en los artículos 26, 27, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta contra el fallo dictado por el Juzgado Superior mencionado anteriormente, en fecha 31 de enero de 2005, mediante el cual se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.
En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López y Marcos Tulio Dugarte Padrón.
En fecha 28 de febrero de 2005, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte actora presentó solicitud de amparo, con fundamento en los siguientes alegatos:
Que el proceso que da origen a la pretensión de amparo interpuesta, se inició mediante una oferta real de pago y de depósito propuesta por la sociedad mercantil Q.D. Medical’s R.G., C.A., a los fines de consignar las dos (2) últimas cuotas derivadas de un contrato de compraventa suscrito con los ciudadanos Álvaro Conrado Martín Pérez y Carmen Delia Lorenzo de Martín, según lo señalan en el escrito contentivo de la pretensión de amparo.
Que en fecha 7 de julio de 2003, presentaron escrito y procedieron a “(…) contestar la oferta real de pago (…) en donde otras defensas (sic) alegan la litispendencia, la falta de interés, la acumulación de los autos a otro expediente, la existencia de una cuestión prejudicial, rechazo al fondo de la oferta real y del depósito, alegó la inexistencia del vinculo juris (sic), la invalidez de la oferta real y la invalidez del depósito (…)”.
Posteriormente, afirman que el Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo “(…) en la oportunidad de dictar sentencia (…) declara no válida por improcedente la oferta real de pago formulada por la sociedad mercantil Q.D. Medical’s R.G., C.A. (…)”.
Señalan que la sociedad mercantil Q.D. Medical’s R.G., C.A., apeló de la sentencia y el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró con lugar la apelación interpuesta en sentencia de fecha 17 de marzo de 2004.
Aducen que el mencionado Juzgado actuó fuera de su competencia, al omitir pronunciarse en relación con las defensas opuestas al momento de contestar la oferta planteada por la sociedad mercantil Q.D. Medical’s R.G., C.A.
Que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no se pronunció respecto a la falta de interés del oferente, pues sólo se ofertaron las cuotas Nros. 17 y 18, habiendo incumplido con el pago de las seis (6) cuotas anteriores a éstas, lo que obligó a los demandantes en amparo a reclamar la resolución del contrato de compraventa en juicio distintos, esto es, en el que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Estiman que existe litispendencia respecto al expediente N° 18000, que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, contentivo de la demanda de resolución del contrato de compraventa por ellos interpuesta, debido a que se produjo la prevención por haberse citado con anterioridad al procedimiento de oferta real.
Que igualmente se produjo previamente la citación en otro procedimiento de oferta real y depósito, que fue propuesta por la sociedad mercantil Q.D. Medical’s R.G., C.A., sobre la base del mismo título, pero no existió pronunciamiento alguno respecto a la solicitud de acumulación, a pesar de contar en las actas del expediente que el oferente intentó las ofertas reales de pago y depósito antes señaladas.
Argumentan que, respecto a estos alegatos, no hubo pronunciamiento por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Denuncian la falta de pronunciamiento en la sentencia del 17 de marzo de 2004, sobre “(…) la inexistencia del vínculo juris (sic) (…)”, ya que consideran que al incumplir el comprador oferente con el pago del saldo del precio, operó de pleno derecho la resolución del contrato y al no existir vínculo jurídico, fue demandada la resolución del contrato de compraventa; argumentos que consideran suficientes para declarar la inexistencia del vínculo jurídico entre las partes, pero que no fueron resueltos por el mencionado Juzgado.
Que se alegó y probó el incumplimiento de los siete ordinales contenidos en el artículo 1.307 del Código Civil para la validez de la oferta, especialmente el del ordinal 3º, ya que el oferente no consignó suma alguna para los gastos líquidos e ilíquidos, y que respecto a estas defensas el mencionado Juzgado no realizó ningún pronunciamiento.
Consideran que al ser una deuda civil la derivada del contrato de compraventa, la obligación genera intereses moratorios a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, y el monto de diez mil bolívares (Bs. 10.000,oo), “(…) no está determinado en cuanto a los conceptos y montos que deben considerarse como gastos líquidos e ilíquidos (…)”, alegando además que “(…) es un hecho notorio que el monto de Bs. 10.000,oo, no alcanza para el pago de los gastos de registro e impuestos de la cancelación de la obligación, si ella fuere procedente (…)”.
Concluye en relación con las omisiones imputables al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que respecto a las defensas por él invocadas al momento de formular la contestación de la oferta, devienen en la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso.
Por otra parte, a su juicio existe la violación de su derecho a la propiedad “(…) sobre el bien inmueble objeto del contrato de compraventa, a pesar de constar en autos la inexistencia de la validez del vinculum juris de que depende la validez de la oferta real y e depósito (sic) (…)”.
Igualmente, afirman que la sentencia fue dictada fuera del lapso legal y que a pesar de ello no se ordenó la notificación de las partes, con lo cual se lesionó el derecho a la defensa y el debido proceso.
Finalmente, solicitaron que se declare con lugar la acción de amparo interpuesta y se reestablezca la situación jurídica infringida.
II
DE LA SENTENCIA EN APELACIÓN
Mediante sentencia del 31 de enero de 2005, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta con fundamento en los siguientes argumentos:
Después de realizar transcripciones parciales de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 17 de marzo de 2004, a los fines de desvirtuar las omisiones de pronunciamiento denunciadas por la parte accionante, concluye el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que “(…) En el caso de autos, se repite, el Juez de la causa resolvió todos y cada uno de los alegatos formulados por la parte querellante en su contestación a la oferta, por lo que, independientemente de la calidad jurídica de tales determinaciones, ello no puede en ningún caso ser considerado como omisión de pronunciamiento causante de injuria constitucional denunciable a través del extraordinario mecanismo de Amparo Constitucional y así se declara (…)”.
Igualmente, formuló las siguientes consideraciones:
“(…) Por último denuncia la demandante en amparo, que la sentencia fue dictada el 17 de marzo de 2004, después de haber transcurrido el lapso para el dictamen de la misma, y a pesar de ello, en dicha decisión no se ordenó la notificación de las partes, que sus representados se impusieron de la sentencia el 29 de marzo de 2004, cuando solicitaron copias certificadas de todo el expediente, con todo lo cual se violentó sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.
No consta a los autos un cómputo de los días de despacho transcurridos en el Tribunal de la causa de donde se pueda verificar si efectivamente la sentencia fue dictada fuera del lapso legal correspondiente, sin embargo aún cuando así hubiese sido, se evidencia al folio 419, del expediente que la apoderada judicial de los demandantes en amparo, solicitó copia certificada de todo el expediente mediante diligencia de fecha 29 de marzo de 2004, esto es, doce (12) días continuos después de haberse dictado la decisión, y como quiera que la mencionada decisión no tenía previsto recurso procesal ordinario de apelación por tratarse de una sentencia de segunda instancia, ni tampoco tenía previsto recurso extraordinario de casación por la cuantía del asunto controvertido, siendo que el único recurso o mecanismo extraordinario de que disponía la quejosa era, precisamente el recurso extraordinario de amparo que efectivamente ejerció de manera tempestiva, es por lo que considera este Tribunal constitucional que el haber omitido la orden de notificación de las partes, no violentó ningún derecho constitucional de la quejosa, pues no le impidió el ejercicio de ningún recurso procesal ordinario, ya que -se repite- no estaban previstos para la decisión cuestionada, ni tampoco se le impidió el ejercicio del extraordinario recurso de amparo constitucional, pues el mismo fue oportunamente ejercido, en razón de lo cual se declara improcedente la denuncia de violación del derecho a la defensa y del debido proceso, por la omisión de la orden de notificación de las partes (…)”.
III
DE LA COMPETENCIA
Debe esta Sala, previamente determinar su competencia para conocer del asunto debatido y al efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 5, numeral 19 eiusdem y, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones y consultas de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, salvo los Contencioso Administrativos, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.
Conforme lo anterior, visto que la decisión apelada fue dictada en materia de amparo constitucional por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 31 de enero de 2005, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Visto lo anterior, esta Sala pasa a conocer de la presente apelación en los siguientes términos:
El Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo mediante sentencia del 31 de enero de 2005, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por considerar que la misma no incurrió en las omisiones de pronunciamiento denunciadas por la parte accionante y que al no ser cuestionables por vía de amparo los errores de juzgamiento de los jueces, el amparo debía ser declarado sin lugar, aunado a que no se le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de la parte, al darse por notificada de la decisión en la oportunidad de solicitar copia certificada del expediente el 29 de marzo de 2004, lo cual le permitió ejercer oportunamente el presente amparo, puesto que no procedía la apelación y el recurso de casación.
Al respecto, esta Sala Constitucional ha señalado que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe interpretarse en el sentido de considerar la procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, cuando: i) el Tribunal haya actuado con abuso de autoridad, usurpación de funciones o que se haya atribuido funciones que la ley no le confiere; y ii) cuando su actuación signifique la violación directa de derechos o garantías constitucionales, siempre que se hayan agotado los mecanismos ordinarios de impugnación.
Igualmente, en reiteradas ocasiones se ha definido el alcance que se le ha dado al concepto de incompetencia en estos casos, la cual no debe entenderse en un sentido procesal estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto constitucional, ya que “obrar fuera de su competencia” como requisito fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretende vulnerado, significa usurpar funciones por parte del juzgador que, por la ley, no le han sido conferidas.
En este sentido, la Sala mediante decisión del 27 de julio de 2000 (caso: “Mercantiles Seguros Corporativos, SEGUCORP, C.A. y Agropecuaria Alfin, S.A.”), estableció lo siguiente: “(…) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. (…)” (Subrayado de la Sala).
En decisión de esta Sala dictada el 10 de mayo de 2001 (caso: “Jesús Montes de Oca Escalona”), se reiteró “(…) que los errores de juzgamiento en que pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se les someten y las infracciones legales, sólo serán materia a conocer por el juez constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho constitucionalmente garantizado (…)”.
De ello resulta pues, que aun cuando no puede ser objeto de la acción de amparo contra sentencia el margen de apreciación del juez, en el caso concreto, es necesario el análisis del procedimiento de oferta real y depósito contemplado en los artículos 819 al 828 del Código de Procedimiento Civil, para determinar si la sentencia respectiva se pronunció sobre la validez de la oferta según los requisitos del artículo 1.307 del Código Civil.
De manera que, cuando el interés procesal versa sobre el pago como medio de liberación de una obligación, el procedimiento de oferta real resulta apropiado, pero cuando el interés procesal versa sobre el reconocimiento de una cualidad que se deriva de cualquiera de las fuentes de las obligaciones, es claro que no será idóneo ese procedimiento especial para dirimir la controversia.
Ciertamente, si la utilización de la vía de oferta real supone la existencia de una mora accipiendi del acreedor, que a su vez presupone la existencia de un vínculo jurídico entre las partes, es claro que ante la existencia de un juicio de resolución de contrato que establece ese vínculo jurídico entre las partes, el procedimiento de oferta real y depósito no se constituye en la vía para dirimir o pronunciarse sobre el contrato o vinculación jurídica contenida en el documento contentivo de la compraventa señalada ut supra.
En lo que se refiere a la norma contenida en el artículo 1.307 del Código Civil, cuya supuesta falta de aplicación consideró la parte accionante como lesiva, observa esta Sala que la misma establece los requisitos necesarios para determinar la validez de la oferta in genere, aplicable, en principio, a todo procedimiento de oferta con el cual se pretenda la liberación de una obligación, “(…) lo que, a criterio de esta Sala, hace de ella una norma cuya aplicación por el juez, en la forma pautada por la ley, determina el alcance de la oferta realizada, es decir, la validez de ella; y es de cumplimiento impretermitible, dado que establece requisitos relevantes y esenciales: no puede realizarse válidamente una oferta con la mediación judicial, sino cuando se cumplan las exigencias que contempla dicho artículo, por lo que no se podrá declarar judicialmente la validez de la oferta si se obvia la aplicación del artículo 1.307 del Código Civil, pues ello resultaría en una subversión de requisitos de procedimiento atentatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa de la parte oferida, al violentar el principio de seguridad jurídica (…)” (Vid. Sentencia de esta Sala del 16 de octubre de 2002, caso: “María Luisa Redaelli de Detto”).
Así, la garantía de la tutela judicial efectiva que brinda cobertura al proceso jurisdiccional, comienza a hacerse efectiva desde que el legislador crea los procedimientos que habrán de ser utilizados en el ejercicio del deber estatal de tutela de conflictos, los cuales deberán ser estructurados de tal manera que los otros derechos procesales constitucionalmente garantizados se realicen y desarrollen en ellos. Comprende dicha garantía, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia; el derecho a obtener una sentencia dictada según el derecho y eficaz, es decir con apego, en lo esencial, a los procedimientos legalmente predeterminados, puesto que no toda infracción de procedimiento tiene carácter constitucional y a los principios y derechos constitucionalmente garantizados.
En el presente caso, se evidencia de autos que efectivamente la sentencia accionada convalidó el procedimiento de la primera instancia en la oferta real aludida, sin tomar en cuenta la existencia previa de un juicio que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contentivo de la demanda de resolución del contrato de compraventa interpuesta por los hoy accionantes, y en el cual se produjo la prevención por haberse citado con anterioridad al procedimiento de oferta real y depósito que produjo la sentencia objeto de la acción de amparo interpuesta.
Así, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo debió pronunciarse acerca de la validez de la oferta real que se efectuó, pues los efectos de la misma eran la liberación del deudor de la obligación que lo vinculaba con el acreedor y, para que se pudiera producir tal liberación, se debió considerar que la obligación se encontraba controvertida en el juicio que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de dicha Circunscripción Judicial, contentivo de la demanda de resolución de contrato de compraventa.
En consecuencia, al plantearse previamente en otro proceso -mediante la interposición de una demanda de resolución de contrato de compraventa- un debate en torno a las causas que sustentan la existencia misma de la obligación, se evidencia el incumplimiento de la norma contenida en el artículo 1.307 del Código Civil -en los términos de la sentencia de esta Sala del 16 de octubre de 2002, caso: “María Luisa Redaelli de Detto”- lo que subvirtió efectivamente el orden procesal, al permitir el trámite de un proceso cuya decisión afecta directamente la posibilidad de las partes de obtener una sentencia firme en el juicio por resolución de contrato incoado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la citada Circunscripción Judicial, así como la necesidad de evitar sentencias contradictorias, con lo cual, considera esta Sala que efectivamente el juez incurrió en un grave error en la aplicación del derecho, por lo que actuó fuera del ámbito de sus competencias e infringió a los accionantes sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso (Vid. Sentencia de esta Sala del 20 de febrero de 2001, caso: “Alimentos Delta, C.A.”), y así se declara.
En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala declara con lugar la apelación ejercida y revoca la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 31 de enero de 2005, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, declara con lugar el amparo ejercido, anula el fallo del 17 de marzo de 2004, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y repone la causa al estado que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que le corresponda conocer dicho proceso, dicte sentencia de acuerdo con el criterio establecido en el presente fallo. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación ejercida, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 31 de enero de 2005; declara CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por la abogada Marisol Hernández Gutiérrez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 55.138, en su carácter de representante judicial de los ciudadanos ÁLVARO CONRADO MARTÍN PÉREZ y CARMEN DELIA LORENZO DE MARTÍN, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 1.888.105 y V.- 827.769, respectivamente y, en consecuencia, se ANULA el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 17 de marzo de 2004, y se repone la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que le corresponda conocer dicho proceso, dicte sentencia de acuerdo con el criterio establecido en el presente fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de abril de dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N º AA50-T-2005-00401
LEML/
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