Venley

Sentencia N.º 553

Sentencia
N.º 553
Fecha
16/03/2006
Sala
Constitucional
Expediente
04-1235
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Luis Velázquez Alvaray

Expediente N° 04-1235

 

Mediante Oficio Nº 407-03 del 7 de mayo de 2004, la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, remitió a esta Sala Constitucional, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados José Jobsabet Corvo Urdaneta y Melvin Alexander Rojas Contreras, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 60.495 y 35.315, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano FRANCISCO D´ANGELO, canadiense, pasaporte Nº JF538312, contra la decisión dictada el 5 de marzo de 2004, por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró que no existía materia sobre la cual decidir, alegando que, “los actos procesales atacados de nulidad por los defensores de autos, corresponden a actos jurisdiccionales dictados por esta misma instancia…actos éstos, que bajo ningún concepto, pueden ni deben ser revocados o anulados por la misma instancia que los dictamina, ya que tal actividad vulneraría la garantía constitucional de la doble instancia…lo cual además generaría inseguridad jurídica…”, por la presunta violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, el derecho que tiene el imputado a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, consagrados en los artículos 46.2, 49.1 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 8, numeral 2, literal C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Dicha remisión se realizó a fin de que esta Sala conozca de la apelación ejercida por los apoderados judiciales del accionante, contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional.

 

El 14 de mayo de 2004, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

El 27 de mayo de 2004, los apoderados judiciales del accionante apelante consignaron escrito de fundamentación de la apelación, en cuya oportunidad se dio cuenta en Sala y se agregó al expediente.

 

El 18 de enero de 2005, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter  suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La parte accionante interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 5 de marzo de 2004, por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró que no existía materia sobre la cual decidir, alegando que, “los actos procesales atacados de nulidad por los defensores de autos, corresponden a actos jurisdiccionales dictados por esta misma instancia…actos éstos, que bajo ningún concepto, pueden ni deben ser revocados o anulados por la misma instancia que los dictamina, ya que tal actividad vulneraría la garantía constitucional de la doble instancia…lo cual además generaría inseguridad jurídica…”, por la presunta violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, el derecho que tiene el imputado a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, consagrados en los artículos 46.2, 49.1 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 8, numeral 2, literal C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

En el escrito contentivo de la acción de amparo interpuesta, la parte accionante señaló entre otras consideraciones, lo siguiente:

 

Indicó, que para el 2 de febrero de 2004, se encontraba fijada como prueba anticipada, la realización de una rueda de reconocimiento solicitada por el Ministerio Público, por lo que el hoy accionante fue trasladado ese día en horas de la tarde a la sede del Juzgado Quinto de Control, desde la Cárcel Nacional de Maracaibo, “…a pesar de encontrarse en mal estado de salud, por presentar dolores intensos en la parte baja del abdomen…”.

 

Agregó que, “…la ciudadana Jueza, en resguardo del estado físico de nuestro defendido…se comunicó con el sistema de emergencia 171, para que fuese chequeado y suministrado tratamiento médico, lo cual se llevo a cabo en la sede del Tribunal…”.

 

Señaló que los paramédicos, “se presentaron a la 6:15 de la tarde y estuvieron tratando a nuestro defendido, hasta aproximadamente las 7:20 de la noche, una vez que se retiran dichos paramédicos, la ciudadana Jueza ordenó que se realice la rueda de reconocimiento, dejando expresa constancia de que la misma se iniciaba a las 7:35 horas de la noche…”.

 

Arguyó, que vista esta situación la defensa solicitó mediante escrito consignado ante la Secretaría de ese Juzgado de Control, el diferimiento de la rueda de reconocimiento, dejando constancia que habían pasado las 7:00 de la noche y no podía realizarse el acto fijado, por cuanto este último, “de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código Orgánico Procesal Penal, debe regirse por las mismas reglas del Testimonio y de la declaración del imputado y siendo el caso de que el artículo 135 eiusdem señala que sólo este acto podrá realizarse en horas comprendidas entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.…” .

 

Expuso, que la defensa se retiró de la sede del Palacio de Justicia, siendo las 8:00 p.m.

 

Denunció, que, “la ciudadana Jueza, en total desapego a las normas constitucionales y violando expresamente el Derecho a la Defensa, y el Debido Proceso, de forma descabellada, a las 7:40 de la noche, una vez retirada la defensa del Despacho del Tribunal, levantó un acta en la cual afirmaba el abandono de la defensa…y posteriormente intimó u obligó a nuestro defendido a que nombrara un defensor lo que en ningún momento realizó…”.

 

Señaló, que “el Tribunal apartado de la Ley, le nombra un Defensor Público de Oficio…quien se presentó al Tribunal pasadas las 8:00 de la noche…no resguardando los derechos de su defendido permitió que se realizase la rueda de reconocimiento, siendo ya las 8:40 de la noche aproximadamente, lo cual sin duda es contrario a la Ley, y por ende SUSCEPTIBLE DE NULIDAD ABSOLUTA…” (Destacado de la parte accionante).

 

Alegó, que las actuaciones de la Jueza de la causa son violatorias de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, el derecho que tiene el imputado a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, consagrados en los artículos 46.2, 49.1 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 8, numeral 2, literal C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Solicitó que se declare la nulidad del decreto en el que señala la Juez de Control el abandono de la defensa, ya que en ningún momento sus abogados abandonaron la defensa.

 

También alegó, que ninguno de los supuestos del artículo 143 del Código Orgánico Procesal Penal, ocurrieron en la noche del pasado 2 de febrero, por lo que el decreto de abandono de la defensa es violatorio de la Constitución y la Ley, al pretender la Juez de Control hacer una interpretación extensiva del último aparte del artículo 332 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Por otra parte señaló, que la defensa solicitó el 12 de febrero de 2004, que se declarase la nulidad absoluta del decreto de revocación de los defensores privados dictado el 2 de febrero de 2004, por el Tribunal de la causa, así como de la rueda de reconocimiento efectuada en la misma fecha a las 8:20 de la noche, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser presuntamente violatorias del debido proceso, al cercenarse el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y el derecho a ser asistido por un abogado.

   

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 14 de abril de 2004, dictó auto mediante el cual admitió la presente acción de amparo y ordenó las respectivas notificaciones, a los fines de la realización de la audiencia constitucional, la cual se celebró el 29 de abril de 2004, y se dictó sentencia el 3 de mayo de ese mismo año, mediante la cual se declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional, por estimar entre otras consideraciones lo siguiente:

 

“Este Tribunal de Alzada considera que los accionantes pretenden con la presente acción de amparo restituir una supuesta situación jurídica infringida, no obstante se observa que en el presente caso se desprende de las actuaciones contentivas de la presente causa, que en el acto donde se llevó a cabo la rueda de reconocimiento celebrado en fecha 2 de febrero de 2004, no se han violentado las garantías constitucionales que se pretenden restituir…por cuanto las dilaciones indebidas para su práctica, no son imputables al Tribunal Quinto de Control, sino al supuesto estado de salud del imputado, que según el médico tratante era bueno; tampoco se puede alegar que al ciudadano FRANCISCO D´ANGELO no le fue proporcionado un trato acorde con su condición humana, por el contrario, el Juzgado de Control se cercioró luego que se le practicara el examen médico correspondiente, que se encontraba en buenas condiciones de salud y sin riesgo a la vida, y es por lo que se procedió a continuar la realización interrumpida de la rueda de reconocimiento.

…en la rueda de reconocimiento no es aplicable la normativa referida a la limitación horaria que se pretende. Esta consideración se realiza al hacer un estudio en conjunto de la normativa acerca del reconocimiento donde incluso puede   realizarse sin el consentimiento del imputado, lo que no es posible en el caso de la declaración de imputado donde no puede obligársele a ello; de tal afirmación puede colegirse que con  mayor razón para el caso de las ruedas no se aplican las limitantes del horario establecidas en el artículo 135 del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante lo anteriormente expresado, en dicha prueba se garantizan los derechos del imputado.

…los abogados defensores del ciudadano FRANCISCO D´ANGELO, no cumplieron con la actividades inherentes a su cargo al abandonar la defensa en el acto donde se llevaba a cabo la rueda de reconocimiento, al retirarse y pretender el diferimiento de dicho acto.

…Adicionalmente, la rueda de reconocimiento de individuos no es un acto donde se de la contradicción de parte, por tanto al haber sido designado un defensor público por abandono de la defensa privada, y aceptada tal designación por el imputado, se llenaron los extremos de ley, puesto que en este tipo de reconocimiento la labor de la defensa se circunscribe a controlar y supervisar que el procedimiento se haga conforme a la ley, a lo cual dio cumplimiento el defensor público designado, sin que existiera oposición alguna de parte del imputado a ser asistido por el defensor público.

…Asimismo ello no obsta para que el acusado proceda de nuevo a revocar al defensor designado de oficio y a nombrar a quien considere apto para su defensa técnica.

…De manera que los alegatos esgrimidos por los accionantes no se corresponden con violación alguna al debido proceso y al derecho a la defensa pues ha quedado determinado de la revisión realizada a las actas que la recurrida se encuentra fundamentada y ajustada a derecho…y en consecuencia debe declararse sin lugar la presente acción de amparo constitucional…”. 

 

III

DE LA APELACIÓN

 

El 27 de mayo de 2004, los apoderados judiciales del accionante apelante consignaron escrito de fundamentación de la apelación ejercida el 6 de mayo de 2004, contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

 

            Que la sentencia recurrida en apelación, “…fue realizada a través de la más INFAME DE TODAS LAS ENFERMEDADES, LA COSTUMBRE”. (Destacado del apelante).

 

Que “Lamentablemente la Arbitrariedad sustituyó a la razón, a la equidad y a la imparcialidad; el acatamiento y cumplimiento de la Ley cedió ante los métodos contrarios a Derecho, como consecuencia del Abuso de Poder cometido por la Juez del Juzgado Quinto de Control, para esa fecha (02-02-04)”.

 

Que “la prueba de la Rueda de Reconocimiento, la cual fue fraguada ilegalmente por la Juez de Control y tratadas de legalizar por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, es ABSOLUTAMENTE INADMISIBLE, siendo por tanto motivo de su declaratoria de NULIDAD ABSOLUTA, por carecer de toda validez, de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 135 del C.O.P.P., sobre los cuales ni la Juez de Control ni los Jueces de la Corte de Apelaciones, Sala Nº 2, lograron captar la interpretación y sentido otorgado por nuestro legislador a la concordancia de las citadas normas…”. (Destacado del apelante).

 

Que el único defensor del accionante para el 2 de febrero de 2004, era el abogado Melvin Rojas, y que el mismo no había sido notificado del diferimiento y la nueva fijación de la rueda de reconocimiento y en virtud de que se encontraba fuera de la ciudad de Maracaibo, el accionante con el fin de coadyuvar a la administración de justicia, nombró para que lo asistieran en el acto de la mencionada prueba anticipada, sin revocar a su primario defensor, a los abogados José Corvo y Antonio Rodríguez Dávila, quienes aceptaron el cargo y juraron cumplir fielmente con lo impuesto por el tribunal.

 

Que dicho acto de juramentación debe declararse inexistente, porque los mencionados defensores sólo juraron, “cumplir fielmente con lo impuesto por el tribunal, más no, cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo…”. (Destacado del apelante).

 

Que el Defensor Público designado de oficio por el Tribunal, a pesar de que no estaba de guardia ese día, “…fue llamado de manera personal, por amiguismo, ó, no sabemos por que, se prestó al Ilegal, aunque fraguado a conciencia, del acto de una Ilegal Rueda de Reconocimiento…”. (Sic.)

 

Que se violó el derecho a la integridad física, psíquica y moral del accionante, porque la Juez de la causa, “…A Sabiendas del estado crítico de salud de nuestro defendido, aún así, ordenó su traslado, dado que la causa estaba en estado perentorio para la Fiscalía 24 del Ministerio Público…sólo tenía hasta el 3 de febrero para presentar su Acusación…”.

 

Que también se violó el artículo 227 del Código Orgánico Procesal Penal, “…por cuanto el Testigo Reconocedor, no fue plenamente identificado, lo cual hace nula su intervención”.       

 

Que “es obvio que tanto la Juez de Control, como los Jueces de la Corte de Apelaciones, Sala Nº 2, pretendieron darle una personalísima interpretación o bien que no captando el fin y propósito del legislador y se confundieron en la interpretación que pretendieron darle al citado artículo 104 in comento”.

 

Que se evidencia, “…otra falsedad de la Corte de Apelaciones, Sala Nº 2, en relación a la interpretación de la letra contenida en el Artículo 233 del C.O.P.P., además una confusión en relación al significado de dicha letra y del sentido que le da el legislador…”.

 

Que se revoque la decisión recurrida y se dicte una medida cautelar sustitutiva de libertad, establecida en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

      

IV                                                                                                                         DE LA COMPETENCIA

 

 Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones sobre las sentencias de los tribunales superiores (excepto los contencioso administrativos), cortes de lo contencioso administrativo y cortes de apelaciones en lo penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub iudice, la sentencia apelada ha sido dictada por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, actuando en primera instancia como Tribunal en funciones constitucionales, de la acción de amparo interpuesta por los abogados José Jobsabet Corvo Urdaneta y Melvin Alexander Rojas Contreras, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Francisco D´Angelo, contra la decisión dictada el 5 de marzo de 2004, por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

La Sala pasa a conocer de la apelación ejercida por la parte accionante contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional, conforme a las siguientes consideraciones:

 

Al respecto, la Sala aprecia que el acto impugnado mediante la presente acción de amparo lo constituyó la decisión dictada el 5 de marzo de 2004, por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que conoció la solicitud de nulidad ejercida por los defensores del accionante y decidió que, “los actos procesales atacados de nulidad por los defensores de autos, corresponden a actos jurisdiccionales dictados por esta misma instancia…actos éstos, que bajo ningún concepto, pueden ni deben ser revocados o anulados por la misma instancia que los dictamina, ya que tal actividad vulneraría la garantía constitucional de la doble instancia…lo cual además generaría inseguridad jurídica…”.

 

Sobre este particular, la Sala estima que la citada decisión del Tribunal de Control, lejos de agraviar derechos fundamentales del accionante, por el contrario, los preservó; en particular, el atinente al debido proceso, en su particular manifestación del Juez Natural, cuando se negó al conocimiento de un recurso de nulidad que se interpuso contra su propia decisión.

 

Así mismo, observa la Sala que el accionante alegó la presunta violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, el derecho que tiene el imputado a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, consagrados en los artículos 46.2, 49.1 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 8, numeral 2, literal C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

En este sentido, la Sala también observa que el 3 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, después de conocer el fondo de la acción de amparo incoada y pronunciarse sobre cada uno de los alegatos de la parte accionante, declaró sin lugar la misma, por considerar razonadamente que, “…los alegatos esgrimidos por los accionantes no se corresponden con violación alguna al debido proceso y al derecho a la defensa pues ha quedado determinado de la revisión realizada a las actas que la recurrida se encuentra fundamentada y ajustada a derecho…y en consecuencia debe declararse sin lugar la presente acción de amparo constitucional…”. 

 

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra los derechos y garantías inherentes a las personas, entre ellos los derechos procesales; así a título de ejemplo puede citarse el artículo 49 eiusdem, en el cual se impone el respeto al derecho a la defensa, a la asistencia jurídica, a ser notificado, a recurrir del fallo que declare la culpabilidad y al juez imparcial predeterminado por la ley, entre otros; el artículo 26 eiusdem, que consagra el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales; y el artículo 253 eiusdem, segundo párrafo que establece el derecho a la ejecución de las sentencias.

 

            Estos derechos procesales aseguran el trámite de las causas conforme a ciertas reglas y principios que responden al valor de la seguridad jurídica, es decir, al saber a que atenerse de cara a la manera en que se tramitan las causas.

 

            Todos los bienes jurídicos procesales a que se ha hecho referencia, han sido agrupados por la doctrina alemana y la española en el llamado derecho a la tutela judicial efectiva. En él se garantizan tres aspectos del procedimiento:

 

a)      el acceso a la justicia: por lo que al respecto se exige la constitucionalidad de los requisitos procesales y el reconocimiento al derecho a la justicia gratuita para incoar cualquier proceso, entre otros;

 

b)      el proceso debido: en el se garantiza el derecho al juez imparcial predeterminado por la ley, el derecho de asistencia de abogado, el derecho a la defensa (exigencia de emplazamiento a los posibles interesados; exigencia de notificar a las partes, así como de informar sobre los recursos que procedan; derecho a información de la acusación; derecho a formular alegaciones; derecho a probar; presunción de inocencia; publicidad del proceso; y el derecho a la invariabilidad de las sentencias, entre otros), y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas;

 

c)      el derecho a la ejecución de la sentencia conforme al procedimiento previamente establecido (Ver al respecto: J. González Pérez, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Civitas, Madrid, 2001).

 

El contenido de estos derechos no asegura, por tanto, aunque contribuyan indirectamente a ello, que el juez acierte en cuanto al juicio estimativo o desestimativo de la pretensión; ni asegura que la decisión que se dicte satisfaga las solicitudes que se le formulen en el sentido contenido en tales planteamientos.

 

El amparo constitucional actúa pues, para garantizar el ejercicio y disfrute de tales derechos fundamentales, y no para controlar la corrección del fallo.

 

En este sentido, con relación al debido proceso y al derecho a la defensa, ha indicado esta Sala en sentencias anteriores – sentencia Nº 2487 del 1 de septiembre de 2003 (Caso: Lucijan Butaric Radovic)- que sólo pueden considerarse vulnerados estos derechos cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias, lo cual no ocurrió en el caso de autos.

 

Por otra parte, respecto al derecho que tiene el imputado a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, la Sala estima que no se evidencia de las actas que conforman el expediente que el imputado –hoy accionante- haya sido víctima de tratos que irrespeten su dignidad humana, al contrario, aprecia la Sala que consta en autos los esfuerzos realizados por el Juez de la causa principal para garantizar la atención médica requerida por el accionante y el trato digno que se le dio el día en que se realizó la rueda de reconocimiento cuya nulidad fue posteriormente solicitada por los defensores del accionante.

 

Con relación a el alegato esgrimido por el accionante respecto a la violación de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, debido al nombramiento de un defensor público de oficio por la Jueza de la causa para que le asistiera en la práctica de la prueba anticipada de rueda de reconocimiento, la Sala aprecia que en las actas que integran el presente expediente no se evidencia que el imputado –hoy accionante- se haya opuesto a ser asistido por el defensor público, y además la designación del mismo se realizó por el abandono de la defensa privada del hoy accionante respetando todas las garantías del debido proceso, cumpliéndose de esta manera, tal como lo indicó el a quo, todos los extremos de ley, siendo también acertado lo señalado por éste con relación a que “…en este tipo de reconocimiento la labor de la defensa se circunscribe a controlar y supervisar que el procedimiento se haga conforme a la ley, a lo cual dio cumplimiento el defensor público designado…”, y, en consecuencia, la Sala observa que en el caso de autos la designación del defensor de oficio no violó los derecho constitucionales denunciados como conculcados.   

 

Así mismo, considera esta Sala que de los alegatos expuestos por la parte accionante en su escrito de apelación, con relación a el presunto incumplimiento de formalidades en el acto de la rueda de reconocimiento, hechos de los que pretende fundamentar las violaciones constitucionales, se desprende que los mismos van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la sentencia accionada, así como las valoraciones e interpretaciones de las normas jurídicas aplicadas tanto por el Juez de la causa, como por el Juzgado que conoció esta acción en primera instancia. En efecto, observa la sala que el apelante señaló que “la prueba de la Rueda de Reconocimiento, la cual fue fraguada ilegalmente por la Juez de Control y tratadas de legalizar por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones…por carecer de toda validez, de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 135 del C.O.P.P., sobre los cuales ni la Juez de Control ni los Jueces de la Corte de Apelaciones, Sala Nº 2, lograron captar la interpretación y sentido otorgado por nuestro legislador a la concordancia de las citadas normas…”. (Destacado de la Sala).

 

 En este sentido, estima esta Sala que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala expresamente que, “igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional”.

 

Esta disposición es clara al establecer los presupuestos indispensables de procedencia del amparo constitucional contra una sentencia, el cual no puede ser considerado una vía para cuestionar los criterios valorativos del Juez ni las interpretaciones que el mismo realice de la norma jurídica, salvo que tales valoraciones o interpretaciones violen o amenacen conculcar los derechos y garantías constitucionales del accionante, lo cual no ocurrió en el caso de autos.

 

Al respecto, la Sala considera pertinente advertir que en sentencia del 20 de febrero de 2001, caso: Alimentos Delta C.A., se ratificó el criterio expuesto en sentencia del 27 de julio de 2000, caso Seguros Corporativos C.A., Agropecuaria Alfin S.A. y el ciudadano Fernando Cárdenas, en los siguientes términos:

 

“…en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución”.

 

En el caso sub iúdice, se puede constatar que el accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, y reiterándolo en su escrito de apelación, pretendió cuestionar la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de los órganos judiciales, que conocieron la presente causa, para así, lograr la revisión, en esta nueva instancia sobre el fondo de lo decidido.

 

En este sentido, advierte la Sala que no consta en autos que el Juez que conoció esta acción en primera instancia haya actuado fuera de su competencia al dictar la sentencia apelada, violentando con ella los derechos constitucionales denunciados como violentados.

 

En atención a lo expuesto, debe la Sala declarar sin lugar la apelación ejercida y, en consecuencia se confirma la sentencia recurrida, dado que de la misma no se desprenden violaciones a derechos y garantías constitucionales que ameriten su protección y restitución inmediata. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

1.-SIN LUGAR la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados José Jobsabet Corvo Urdaneta y Melvin Alexander Rojas Contreras, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano FRANCISCO D´ANGELO, contra la decisión dictada el 5 de marzo de 2004, por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

 

2.-CONFIRMA la sentencia recurrida.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de origen.

           

Dada, firmada y sellada, en  el Salón  de  Audiencias del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los  16  días  del mes de marzo de dos mil seis (2006). Años: 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

           Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

      

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

  Magistrado

 

 

 

Luis  Velázquez Alvaray                       

                                                                           Magistrado-Ponente                                                      

 

 

 

Francisco Carrasquero López

             Magistrado

 

 

            Marcos Tulio Dugarte Padrón

Magistrado

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

              Magistrada

 

 

El Secretario,

 

 

                                            José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 04-1235

LVA/

 

El Magistrado que suscribe, Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento con la mayoría de Magistrados que suscribió la antecedente decisión; por consecuencia, salva su voto con base en el siguiente razonamiento:

1.                La mayoría sentenciadora fundamentó el fallo respecto del cual se manifiesta la presente discrepancia, en una serie de valoraciones que obviaron la queja fundamental que expresó el accionante, cual fue que su derecho fundamental a la defensa –como concreción del debido proceso- había sido seriamente lesionado por el auto contra el cual ejerció la demanda de amparo, debido a que, mediante el mismo, se le designó un Defensor Público, sin que dicho quejoso hubiera consentido en dicho nombramiento y, más aún, contra su expresa oposición a tal iniciativa del Tribunal de Control. En efecto, consta en autos que, en el momento cuando se intimó al quejoso para el nombramiento de nuevo Defensor, aquél no manifestó, en momento alguno, aquiescencia a que le fuera asignado un Defensor de oficio, tal como, de manera absolutamente apartada de la verdad, afirmó el a quo constitucional, cuando estableció que “...por tanto al haber sido designado un defensor público y aceptada tal designación por el imputado se llenaron los extremos de ley...”. De la revisión al acta respectiva, quedó evidenciado que lo único que, en la referida oportunidad, manifestó el predicho imputado fue lo siguiente: “deseo hablar con mis abogados, no sé porqué han abandonado mi defensa. Es todo”. Más aún, consta en autos que fue declarado el abandono de la defensa, por parte del abogado Defensor que no estuvo presente en la oportunidad de la audiencia de reconocimiento de imputado, cuando la verdad es que en la práctica forense, no constituye falta alguna a los deberes de asistencia, cuando se trata, como en el caso que se examina, de una pluralidad de codefensores, pues bastaría la comparecencia de sólo uno de ellos para que estime que la parte se encuentra debidamente representada. De allí que no debió la Jueza de Control haber declarado el abandono de la defensa, que fue imputado al co-representante que no se encontraba presente, con base, exclusivamente, en esta última circunstancia; en lugar de ello, debió citar a dicho abogado, para que asumiera en el referido acto procesal su antes señalado encargo. Debió, entonces, concluirse que la Jueza de Control infringió el artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, de acuerdo, con una interpretación ponderada y garantista, el nombramiento de Defensor de oficio debe derivar de la convicción, por parte del Tribunal, de que el imputado no hará, oportunamente, designación propia o de que, de manera inequívoca, ha consentido en que la misma sea hecha por el órgano jurisdiccional; mayormente, cuando, en el presente caso, debió considerar que el quejoso de autos todavía contaba con un Defensor privado. Ninguno de estos supuestos aparece acreditado en la única exposición –antes transcrita- que, en la respectiva oportunidad, hiciera el encausado, hoy quejoso. Ello conduce a la convicción de que se trató de una actuación unilateral, por parte de la Jueza de Control, la cual devino violatoria al derecho fundamental del legitimado a la defensa, el cual, como concreción del debido proceso, reconoce el artículo 49.1 de la Ley Máxima, derecho que debió ser suficientemente tutelado por la jurisdicción constitucional. Es pertinente, al respecto, el recordatorio de que esta Sala, en fallo como el n.o 704, de 280404 (causa n.° 03-1526), estableció la siguiente doctrina, la cual coincide, sustancialmente, con el precedente razonamiento, en lo que concierne a la potestad del imputado para el nombramiento de su Defensor, así como la lesión que supone, al derecho fundamental a la defensa, la designación oficiosa de aquél sin que esté acreditado en autos la aceptación de dicha iniciativa, por parte del imputado, o sin que se pueda deducir razonablemente que éste no hará designación propia:

“Visto que el nombramiento del defensor corresponde al acusado y es en defecto del defensor privado –porque el acusado no pueda nombrarlo o porque nombrado no acepte el cargo- que el juez puede nombrar defensor público (...). El artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal confiere al juez la facultad de determinar cuales son los actos procesales que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente al afectado; al respecto debe concluirse que la sentencia definitiva es de la mayor trascendencia ya que pone fin al proceso, máxime cuando sea una sentencia condenatoria y, en consecuencia, debe ser considerada entre los actos que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente a la parte interesada, sobre todo si -como en este caso- habían transcurrido más de dos años sin que la instancia produjese decisión. La misma trascendencia hay que atribuirle a la decisión del tribunal de proveer un defensor  de oficio, cuya incorporación al proceso debe ser conocida con la mayor brevedad por el procesado para que éste pueda decidir si ese defensor es idóneo para la conducción de su causa y, en todo caso, porque la comunicación ab initio entre defensor y asistido constituye un requisito esencial para el efectivo ejercicio del  derecho  a la defensa”.

 

2.                Por otra parte, también obvió la jurisdicción constitucional, tanto la primera como la segunda instancia, la valoración de la denuncia que expresó el accionante, en el sentido de que el Tribunal de Control incurrió en denegación de justicia porque declaró que “no tenía materia sobre a cual decidir”, en relación con la solicitud de nulidad, que dicho quejoso le presentó, tanto del acto de reconocimiento de imputado como de la revocación de sus Defensores privados. En efecto, expresó el a quo: “Igualmente, observa esta Sala que los accionantes pretenden con la presente acción de amparo restituir una situación jurídica infringida sin haber utilizado los medios de impugnación ordinarios que establece la ley para tal efecto. Del mismo modo, si durante la celebración de la rueda de reconocimiento consideraron que alguna situación judicial devenía vulneratoria de los derechos constitucionales de su defendido, la misma debió objetarse mediante la nulidad, medio de impugnación de los actos procesales, previsto en los artículos 190 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, ante el superior jerárquico correspondiente”. Del texto que se acaba de transcribir, es posible el arribo a una de estas conclusiones: a) Que la primera instancia constitucional reprochó al accionante la omisión de agotamiento previo de medios judiciales preexistentes, como el recurso de nulidad. Si tal fue el criterio del a quo, es indudable que el mismo partió de un falso supuesto ya que está acreditado en autos que el quejoso sí interpuso la solicitud de nulidad de las antes señaladas actuaciones procesales, ante la Jueza Control; b) Que el predicho a quo improbó, con razón, la vía procesal que siguió el actual demandante –Tribunal de Control- para la interposición de su pretensión de nulidad, ante el mismo órgano jurisdiccional que ejecutó los actos que aquél impugnó, porque dicha incidencia debió ser planteada ante el Superior inmediato de dicho Tribunal, esto es, la Corte de Apelaciones, tal como, a su vez, también dictaminó la Jueza de Control, sólo que ésta, cuando concluyó que era materialmente incompetente para la respectiva decisión, debió declinar –lo cual no hizo- en la Corte de Apelaciones el conocimiento de la predicha incidencia, de acuerdo con el artículo 78 del Código Orgánico Procesal Penal. En otros términos, contrariamente a lo que estableció la Jueza de Control, sí existía “materia sobre la cual decidir”; sólo que no era materialmente competente para tal decisión, razón por la cual debió, por imperativo legal, remitir el cuaderno que correspondía a la referida incidencia al órgano jurisdiccional al cual la Ley atribuía el conocimiento y decisión de la misma. Tal omisión creó un limbo jurídico, pues la desestimación de la solicitud de nulidad es inapelable, de conformidad con el artículo 196 eiusdem y, por tanto, el quejoso se encontró desprovisto y sin posibilidad alguna de obtención de una respuesta adecuada y oportuna sobre la admisibilidad y, eventualmente, la procedencia de su pretensión, lo cual, tal como lo denunció, es, ni más ni menos, la materialización del vicioso supuesto de denegación de justicia. Así debió ser apreciado por la Corte de Apelaciones, órgano de administración de justicia constitucional, a la par de alzada penal, atributos estos que debieron conducirla, en primer lugar, a la conclusión de que la Jueza de Control incurrió en omisión no subsanable, que se tradujo en clara lesión a los derechos fundamentales del quejoso a la tutela judicial eficaz y al debido proceso, en particular, a su inalienable e irrenunciable derecho a la defensa –a cuya tutela debieron concurrir tanto la Corte de Apelaciones como esta Sala Constitucional-; en segundo término, a la consiguiente declaración de nulidad de la predicha decisión que expidió la Jueza de Control, de conformidad con los artículos 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, y a la reposición de la causa al estado de que dicha jurisdicente se pronunciara nuevamente, en los términos del criterio que precede, en relación con su competencia para la decisión sobre la solicitud de nulidad que le fue presentada, según se expresó ut supra.

Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado disidente.

Fecha ut retro.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice…/

 

…presidente,

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                        Disidente

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

…/

…

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 04-1235

 

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