Sentencia N.º 553
- Sentencia
- N.º 553
- Fecha
- 16/03/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-1235
- Ponente
- Luis Velázquez Alvaray
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Luis Velázquez Alvaray
Expediente N° 04-1235
Mediante Oficio Nº 407-03 del 7 de mayo de 2004,
Dicha remisión se realizó a fin de que esta Sala conozca de la apelación ejercida por los apoderados judiciales del accionante, contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2004, por
El 14 de mayo de 2004, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
El 27 de mayo de 2004, los apoderados judiciales del accionante apelante consignaron escrito de fundamentación de la apelación, en cuya oportunidad se dio cuenta en Sala y se agregó al expediente.
El 18 de enero de 2005, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
DE
La parte accionante interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 5 de marzo de 2004, por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró que no existía materia sobre la cual decidir, alegando que, los actos procesales atacados de nulidad por los defensores de autos, corresponden a actos jurisdiccionales dictados por esta misma instancia
actos éstos, que bajo ningún concepto, pueden ni deben ser revocados o anulados por la misma instancia que los dictamina, ya que tal actividad vulneraría la garantía constitucional de la doble instancia
lo cual además generaría inseguridad jurídica
, por la presunta violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, el derecho que tiene el imputado a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, consagrados en los artículos 46.2, 49.1 y 49.3 de
En el escrito contentivo de la acción de amparo interpuesta, la parte accionante señaló entre otras consideraciones, lo siguiente:
Indicó, que para el 2 de febrero de 2004, se encontraba fijada como prueba anticipada, la realización de una rueda de reconocimiento solicitada por el Ministerio Público, por lo que el hoy accionante fue trasladado ese día en horas de la tarde a la sede del Juzgado Quinto de Control, desde
Agregó que,
la ciudadana Jueza, en resguardo del estado físico de nuestro defendido
se comunicó con el sistema de emergencia 171, para que fuese chequeado y suministrado tratamiento médico, lo cual se llevo a cabo en la sede del Tribunal
.
Señaló que los paramédicos, se presentaron a la 6:15 de la tarde y estuvieron tratando a nuestro defendido, hasta aproximadamente las 7:20 de la noche, una vez que se retiran dichos paramédicos, la ciudadana Jueza ordenó que se realice la rueda de reconocimiento, dejando expresa constancia de que la misma se iniciaba a las 7:35 horas de la noche
.
Arguyó, que vista esta situación la defensa solicitó mediante escrito consignado ante
Expuso, que la defensa se retiró de la sede del Palacio de Justicia, siendo las 8:00 p.m.
Denunció, que, la ciudadana Jueza, en total desapego a las normas constitucionales y violando expresamente el Derecho a
Señaló, que el Tribunal apartado de
Alegó, que las actuaciones de
Solicitó que se declare la nulidad del decreto en el que señala
También alegó, que ninguno de los supuestos del artículo 143 del Código Orgánico Procesal Penal, ocurrieron en la noche del pasado 2 de febrero, por lo que el decreto de abandono de la defensa es violatorio de
Por otra parte señaló, que la defensa solicitó el 12 de febrero de 2004, que se declarase la nulidad absoluta del decreto de revocación de los defensores privados dictado el 2 de febrero de 2004, por el Tribunal de la causa, así como de la rueda de reconocimiento efectuada en la misma fecha a las 8:20 de la noche, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser presuntamente violatorias del debido proceso, al cercenarse el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y el derecho a ser asistido por un abogado.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
Este Tribunal de Alzada considera que los accionantes pretenden con la presente acción de amparo restituir una supuesta situación jurídica infringida, no obstante se observa que en el presente caso se desprende de las actuaciones contentivas de la presente causa, que en el acto donde se llevó a cabo la rueda de reconocimiento celebrado en fecha 2 de febrero de 2004, no se han violentado las garantías constitucionales que se pretenden restituir
por cuanto las dilaciones indebidas para su práctica, no son imputables al Tribunal Quinto de Control, sino al supuesto estado de salud del imputado, que según el médico tratante era bueno; tampoco se puede alegar que al ciudadano FRANCISCO D´ANGELO no le fue proporcionado un trato acorde con su condición humana, por el contrario, el Juzgado de Control se cercioró luego que se le practicara el examen médico correspondiente, que se encontraba en buenas condiciones de salud y sin riesgo a la vida, y es por lo que se procedió a continuar la realización interrumpida de la rueda de reconocimiento.
en la rueda de reconocimiento no es aplicable la normativa referida a la limitación horaria que se pretende. Esta consideración se realiza al hacer un estudio en conjunto de la normativa acerca del reconocimiento donde incluso puede realizarse sin el consentimiento del imputado, lo que no es posible en el caso de la declaración de imputado donde no puede obligársele a ello; de tal afirmación puede colegirse que con mayor razón para el caso de las ruedas no se aplican las limitantes del horario establecidas en el artículo 135 del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante lo anteriormente expresado, en dicha prueba se garantizan los derechos del imputado.
los abogados defensores del ciudadano FRANCISCO D´ANGELO, no cumplieron con la actividades inherentes a su cargo al abandonar la defensa en el acto donde se llevaba a cabo la rueda de reconocimiento, al retirarse y pretender el diferimiento de dicho acto.
Adicionalmente, la rueda de reconocimiento de individuos no es un acto donde se de la contradicción de parte, por tanto al haber sido designado un defensor público por abandono de la defensa privada, y aceptada tal designación por el imputado, se llenaron los extremos de ley, puesto que en este tipo de reconocimiento la labor de la defensa se circunscribe a controlar y supervisar que el procedimiento se haga conforme a la ley, a lo cual dio cumplimiento el defensor público designado, sin que existiera oposición alguna de parte del imputado a ser asistido por el defensor público.
Asimismo ello no obsta para que el acusado proceda de nuevo a revocar al defensor designado de oficio y a nombrar a quien considere apto para su defensa técnica.
De manera que los alegatos esgrimidos por los accionantes no se corresponden con violación alguna al debido proceso y al derecho a la defensa pues ha quedado determinado de la revisión realizada a las actas que la recurrida se encuentra fundamentada y ajustada a derecho
y en consecuencia debe declararse sin lugar la presente acción de amparo constitucional
.
III
DE
El 27 de mayo de 2004, los apoderados judiciales del accionante apelante consignaron escrito de fundamentación de la apelación ejercida el 6 de mayo de 2004, contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2004, por
Que la sentencia recurrida en apelación,
fue realizada a través de la más INFAME DE TODAS LAS ENFERMEDADES,
Que Lamentablemente
Que la prueba de
Que el único defensor del accionante para el 2 de febrero de 2004, era el abogado Melvin Rojas, y que el mismo no había sido notificado del diferimiento y la nueva fijación de la rueda de reconocimiento y en virtud de que se encontraba fuera de la ciudad de Maracaibo, el accionante con el fin de coadyuvar a la administración de justicia, nombró para que lo asistieran en el acto de la mencionada prueba anticipada, sin revocar a su primario defensor, a los abogados José Corvo y Antonio Rodríguez Dávila, quienes aceptaron el cargo y juraron cumplir fielmente con lo impuesto por el tribunal.
Que dicho acto de juramentación debe declararse inexistente, porque los mencionados defensores sólo juraron, cumplir fielmente con lo impuesto por el tribunal, más no, cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo
. (Destacado del apelante).
Que el Defensor Público designado de oficio por el Tribunal, a pesar de que no estaba de guardia ese día,
fue llamado de manera personal, por amiguismo, ó, no sabemos por que, se prestó al Ilegal, aunque fraguado a conciencia, del acto de una Ilegal Rueda de Reconocimiento
. (Sic.)
Que se violó el derecho a la integridad física, psíquica y moral del accionante, porque
Que también se violó el artículo 227 del Código Orgánico Procesal Penal,
por cuanto el Testigo Reconocedor, no fue plenamente identificado, lo cual hace nula su intervención.
Que es obvio que tanto
Que se evidencia,
otra falsedad de
Que se revoque la decisión recurrida y se dicte una medida cautelar sustitutiva de libertad, establecida en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
IV DE
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de
En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones sobre las sentencias de los tribunales superiores (excepto los contencioso administrativos), cortes de lo contencioso administrativo y cortes de apelaciones en lo penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.
En el caso sub iudice, la sentencia apelada ha sido dictada por
Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Al respecto,
Sobre este particular,
Así mismo, observa
En este sentido,
Ahora bien,
Estos derechos procesales aseguran el trámite de las causas conforme a ciertas reglas y principios que responden al valor de la seguridad jurídica, es decir, al saber a que atenerse de cara a la manera en que se tramitan las causas.
Todos los bienes jurídicos procesales a que se ha hecho referencia, han sido agrupados por la doctrina alemana y la española en el llamado derecho a la tutela judicial efectiva. En él se garantizan tres aspectos del procedimiento:
a) el acceso a la justicia: por lo que al respecto se exige la constitucionalidad de los requisitos procesales y el reconocimiento al derecho a la justicia gratuita para incoar cualquier proceso, entre otros;
b) el proceso debido: en el se garantiza el derecho al juez imparcial predeterminado por la ley, el derecho de asistencia de abogado, el derecho a la defensa (exigencia de emplazamiento a los posibles interesados; exigencia de notificar a las partes, así como de informar sobre los recursos que procedan; derecho a información de la acusación; derecho a formular alegaciones; derecho a probar; presunción de inocencia; publicidad del proceso; y el derecho a la invariabilidad de las sentencias, entre otros), y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas;
c) el derecho a la ejecución de la sentencia conforme al procedimiento previamente establecido (Ver al respecto: J. González Pérez, El Derecho a
El contenido de estos derechos no asegura, por tanto, aunque contribuyan indirectamente a ello, que el juez acierte en cuanto al juicio estimativo o desestimativo de la pretensión; ni asegura que la decisión que se dicte satisfaga las solicitudes que se le formulen en el sentido contenido en tales planteamientos.
El amparo constitucional actúa pues, para garantizar el ejercicio y disfrute de tales derechos fundamentales, y no para controlar la corrección del fallo.
En este sentido, con relación al debido proceso y al derecho a la defensa, ha indicado esta Sala en sentencias anteriores sentencia Nº 2487 del 1 de septiembre de 2003 (Caso: Lucijan Butaric Radovic)- que sólo pueden considerarse vulnerados estos derechos cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias, lo cual no ocurrió en el caso de autos.
Por otra parte, respecto al derecho que tiene el imputado a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano,
Con relación a el alegato esgrimido por el accionante respecto a la violación de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, debido al nombramiento de un defensor público de oficio por
Así mismo, considera esta Sala que de los alegatos expuestos por la parte accionante en su escrito de apelación, con relación a el presunto incumplimiento de formalidades en el acto de la rueda de reconocimiento, hechos de los que pretende fundamentar las violaciones constitucionales, se desprende que los mismos van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la sentencia accionada, así como las valoraciones e interpretaciones de las normas jurídicas aplicadas tanto por el Juez de la causa, como por el Juzgado que conoció esta acción en primera instancia. En efecto, observa la sala que el apelante señaló que la prueba de
En este sentido, estima esta Sala que el artículo 4 de
Esta disposición es clara al establecer los presupuestos indispensables de procedencia del amparo constitucional contra una sentencia, el cual no puede ser considerado una vía para cuestionar los criterios valorativos del Juez ni las interpretaciones que el mismo realice de la norma jurídica, salvo que tales valoraciones o interpretaciones violen o amenacen conculcar los derechos y garantías constitucionales del accionante, lo cual no ocurrió en el caso de autos.
Al respecto,
en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de
En el caso sub iúdice, se puede constatar que el accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, y reiterándolo en su escrito de apelación, pretendió cuestionar la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de los órganos judiciales, que conocieron la presente causa, para así, lograr la revisión, en esta nueva instancia sobre el fondo de lo decidido.
En este sentido, advierte
En atención a lo expuesto, debe
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de
1.-SIN LUGAR la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2004, por
2.-CONFIRMA la sentencia recurrida.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de origen.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 16 días del mes de marzo de dos mil seis (2006). Años: 195° de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
Luis Velázquez Alvaray
Magistrado-Ponente
Francisco Carrasquero López
Magistrado
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado
Carmen Zuleta de Merchán
Magistrada
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 04-1235
LVA/
El Magistrado que suscribe, Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento con la mayoría de Magistrados que suscribió la antecedente decisión; por consecuencia, salva su voto con base en el siguiente razonamiento:
1. La mayoría sentenciadora fundamentó el fallo respecto del cual se manifiesta la presente discrepancia, en una serie de valoraciones que obviaron la queja fundamental que expresó el accionante, cual fue que su derecho fundamental a la defensa como concreción del debido proceso- había sido seriamente lesionado por el auto contra el cual ejerció la demanda de amparo, debido a que, mediante el mismo, se le designó un Defensor Público, sin que dicho quejoso hubiera consentido en dicho nombramiento y, más aún, contra su expresa oposición a tal iniciativa del Tribunal de Control. En efecto, consta en autos que, en el momento cuando se intimó al quejoso para el nombramiento de nuevo Defensor, aquél no manifestó, en momento alguno, aquiescencia a que le fuera asignado un Defensor de oficio, tal como, de manera absolutamente apartada de la verdad, afirmó el a quo constitucional, cuando estableció que ...por tanto al haber sido designado un defensor público y aceptada tal designación por el imputado se llenaron los extremos de ley.... De la revisión al acta respectiva, quedó evidenciado que lo único que, en la referida oportunidad, manifestó el predicho imputado fue lo siguiente: deseo hablar con mis abogados, no sé porqué han abandonado mi defensa. Es todo. Más aún, consta en autos que fue declarado el abandono de la defensa, por parte del abogado Defensor que no estuvo presente en la oportunidad de la audiencia de reconocimiento de imputado, cuando la verdad es que en la práctica forense, no constituye falta alguna a los deberes de asistencia, cuando se trata, como en el caso que se examina, de una pluralidad de codefensores, pues bastaría la comparecencia de sólo uno de ellos para que estime que la parte se encuentra debidamente representada. De allí que no debió
Visto que el nombramiento del defensor corresponde al acusado y es en defecto del defensor privado porque el acusado no pueda nombrarlo o porque nombrado no acepte el cargo- que el juez puede nombrar defensor público (...). El artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal confiere al juez la facultad de determinar cuales son los actos procesales que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente al afectado; al respecto debe concluirse que la sentencia definitiva es de la mayor trascendencia ya que pone fin al proceso, máxime cuando sea una sentencia condenatoria y, en consecuencia, debe ser considerada entre los actos que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente a la parte interesada, sobre todo si -como en este caso- habían transcurrido más de dos años sin que la instancia produjese decisión. La misma trascendencia hay que atribuirle a la decisión del tribunal de proveer un defensor de oficio, cuya incorporación al proceso debe ser conocida con la mayor brevedad por el procesado para que éste pueda decidir si ese defensor es idóneo para la conducción de su causa y, en todo caso, porque la comunicación ab initio entre defensor y asistido constituye un requisito esencial para el efectivo ejercicio del derecho a la defensa.
2. Por otra parte, también obvió la jurisdicción constitucional, tanto la primera como la segunda instancia, la valoración de la denuncia que expresó el accionante, en el sentido de que el Tribunal de Control incurrió en denegación de justicia porque declaró que no tenía materia sobre a cual decidir, en relación con la solicitud de nulidad, que dicho quejoso le presentó, tanto del acto de reconocimiento de imputado como de la revocación de sus Defensores privados. En efecto, expresó el a quo: Igualmente, observa esta Sala que los accionantes pretenden con la presente acción de amparo restituir una situación jurídica infringida sin haber utilizado los medios de impugnación ordinarios que establece la ley para tal efecto. Del mismo modo, si durante la celebración de la rueda de reconocimiento consideraron que alguna situación judicial devenía vulneratoria de los derechos constitucionales de su defendido, la misma debió objetarse mediante la nulidad, medio de impugnación de los actos procesales, previsto en los artículos 190 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, ante el superior jerárquico correspondiente. Del texto que se acaba de transcribir, es posible el arribo a una de estas conclusiones: a) Que la primera instancia constitucional reprochó al accionante la omisión de agotamiento previo de medios judiciales preexistentes, como el recurso de nulidad. Si tal fue el criterio del a quo, es indudable que el mismo partió de un falso supuesto ya que está acreditado en autos que el quejoso sí interpuso la solicitud de nulidad de las antes señaladas actuaciones procesales, ante
Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut retro.
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice /
presidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Antonio Carrasquero López
/
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 04-1235
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias