Sentencia N.º 554
- Sentencia
- N.º 554
- Fecha
- 21/05/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-1109
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EN SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 10 de octubre de 2012, el abogado Féliz Delgado Bolívar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 29.336, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos ANTONIO FERNÁNDEZ DE SOUSA y JOAO NICOLAO GONCÁLVES FERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de identidad números 81.240.000 y 11.514.975, respectivamente, solicitó la revisión de la sentencia N° 908, dictada por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal el 26 de julio de 2012, a través de la cual se declaró que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda de cumplimiento de contrato de compromiso bilateral de compraventa, interpuesta por los referidos ciudadanos, contra la sociedad mercantil Constructora y Promotora Las Cúpulas, C.A.
El 15 de octubre de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Constituida esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 8 de mayo de 2013, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.
Efectuado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
El abogado actor fundamentó su solicitud en los siguientes argumentos:
Que sus representados demandaron a la sociedad mercantil Constructora y Promotora Las Cúpulas, C.A., por cumplimiento de contrato de compromiso bilateral de venta.
Que la demandada opuso como cuestión previa la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la demanda, en virtud de la existencia de una cláusula arbitral suscrita en el contrato.
Que el contrato donde se incorporó la clausula arbitral, es un contrato de adhesión y, por tanto, se aplica la excepción contemplada en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, según la cual, la manifestación de someterse al arbitraje debe hacerse de forma expresa e independiente.
Que aun así, el tribunal de la causa declaró con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción, obviando analizar la excepción a que se refiere el referido artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial.
Que, posteriormente, la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal declaró sin lugar la regulación de jurisdicción planteada y ratificó que el Poder Judicial carece de jurisdicción para conocer del asunto.
Que en el presente caso se violó el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica al decidirse la incidencia de jurisdicción sin valorar los argumentos de sus representados, sobre la excepción dispuesta en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial.
Que la sentencia objeto de la presente revisión incurrió en lo que se conoce como incongruencia omisiva, el cual, resulta, a su vez, violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva.
Que, igualmente, fue menoscabado el principio de exhaustividad de las sentencias.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS
La decisión N° 908, dictada por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal el 26 de julio de 2012, estableció lo siguiente:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 258 el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos.
De suerte tal, que el arbitraje constituye una excepción a la competencia constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver, por imperio de la Ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos a su conocimiento, en uso del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y la garantía de acceso a la justicia, previstos en el artículo 26 del Texto Constitucional.
En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia han considerado al arbitraje como un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, quienes, mediante una voluntad expresa, convienen de forma anticipada, en sustraer del conocimiento del Poder Judicial (acuerdo este que también podría ser posterior, esto es, ya iniciada una causa judicial), las diferencias, controversias o desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio jurídico, sobrevengan entre ellas.
En tal sentido, el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.430 del 7 de abril de 1998, prevé lo siguiente:
El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria. (Resaltado de la Sala).
Conforme a la norma transcrita, cuando en una cláusula contractual o en un acto independiente esté incluido un acuerdo de arbitraje, este adquiere carácter vinculante para las partes que han suscrito el contrato, quienes por el acuerdo se obligan a dirimir sus controversias ante árbitros y renuncian a acudir ante los órganos jurisdiccionales ordinarios.
Igualmente, la primera parte del artículo 6 de la citada Ley de Arbitraje Comercial, dispone que: El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje....
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal mediante Sentencia N° 1.067 publicada el 3 de noviembre de 2010 (caso: Astilleros de Venezuela), estableció con carácter vinculante, el criterio siguiente:
el análisis judicial de las instituciones del arbitraje debe abandonar cualquier postura dogmática o excluyente que genere el sobredimensionamiento del aspecto contractual que da origen al sometimiento de las partes al sistema arbitral, de forma tal que se desconozca la necesaria participación de los órganos del Poder Judicial para la efectividad de ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos -vgr. Medidas cautelares-; o bien que asuma una visión hipertrofiada de la actividad jurisdiccional, que termine por afectar el núcleo esencial del sistema de arbitraje como un medio idóneo y eficaz para la resolución de conflictos.
( omissis )
En definitiva, sobre la base de las consideraciones expuestas respecto al principio de competencia-competencia y a las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje los órganos del Poder Judicial sólo pueden realizar un examen o verificación prima facie, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que debe limitarse a la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje y se excluye cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito ( ).
Ahora bien, es de hacer notar que el anterior criterio no comporta la negación de las competencias del Poder Judicial relativas a la interposición de los recursos o consultas establecidas en el ordenamiento jurídico adjetivo aplicable, por lo que en aquellos casos en los cuales ante una demanda o acción interpuesta ante los tribunales se plantee la falta o regulación de jurisdicción, resulta plenamente aplicable el contenido de los artículos 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
( omissis )
Ahora bien ( ), respecto a la procedencia de la denominada Renuncia Tácita al Arbitraje ( ), cabe destacar que la misma debe vincularse directamente con el necesario análisis de la actividad desarrollada por las partes en el juicio, en la medida en que se debe formular un examen respecto de si las conductas procesales de las partes en disputa expresan una indiscutible orientación de someterse al arbitraje, y no, una fraudulenta intención de sujetar los conflictos a ese medio alternativo, lo cual debe ahora asumirse con carácter vinculante, conforme a las consideraciones expuestas en el presente fallo ( ).
En aplicación del criterio parcialmente transcrito, esta Sala Político-Administrativa ha establecido que el examen que realice el Poder Judicial a los efectos de determinar la validez, eficacia y aplicabilidad de las cláusulas arbitrales, debe limitarse a la constatación de la existencia por escrito del acuerdo de arbitraje sin analizar la configuración de los vicios del consentimiento que puedan afectar a dicho acuerdo.. (Vid. entre otras las Sentencias Nos. 00690, 00974 y 1462 del 25 de mayo, 20 de julio y 3 de noviembre de 2011, respectivamente.
Asimismo, ha dejado sentado la Sala que para determinar la procedencia de la denominada Renuncia Tácita al Arbitraje debe estudiarse, en cada caso, el comportamiento desarrollado por las partes en el proceso que demuestren una indiscutible orientación de someterse al arbitraje como medio de resolución del conflicto. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1558 del 23 de noviembre de 2011).
Formuladas las precisiones anteriores, esta Sala considera necesario determinar en el caso bajo examen: i) si del contrato suscrito entre las partes se desprende la intención de resolver por vía de arbitraje las divergencias que se presentaren en el transcurso de la vigencia de dicha convención y, ii) si dentro del procedimiento llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario, Tránsito y Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, se verificaron actuaciones que hagan presumir a esta Máxima Instancia que hubo una renuncia tácita al sistema arbitral.
En relación al primer punto (i), se observa que en la cláusula Décima Sexta del contrato de compromiso bilateral de compraventa suscrito por las partes se estableció lo siguiente:
DÉCIMA SEXTA: Es la intención de LAS PARTES culminar satisfactoriamente todos los compromisos asumidos en este documento, por lo que procurarán evitar controversias en la interpretación y aplicación de este contrato, más si no fuere posible lograr algún entendimiento en situaciones generales o particulares, resolverán las divergencias aplicándose el Procedimiento de Arbitraje previsto en el Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, designando cada una de las partes un árbitro de derecho y entre ellos escogerán un tercero.
Respecto a lo segundo (ii), se evidencia en autos que, estando dentro del lapso de contestación de la demanda, la representación de la sociedad mercantil Constructora y Promotora Las Cúpulas, C.A. opuso la cuestión previa de falta de jurisdicción prevista en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, insistiendo sobre la existencia de la cláusula compromisoria de arbitraje contenida en el contrato suscrito entre su representada y los ciudadanos Antonio Fernandes De Sousa y Joao Nicolau Goncalves Fernandes.
Adicionalmente se aprecia, que no cursan en el expediente, actuaciones procesales de la demandada que hagan presumir la intención de someter la controversia al Poder Judicial.
En consecuencia, de la lectura de la cláusula transcrita y del curso de la causa sustanciada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario, Tránsito y Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, se comprueba con meridiana claridad que las partes decidieron, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil, someter las controversias que pudiesen surgir entre ellas a la decisión de un tribunal arbitral, sin que pueda colegirse de la referida cláusula una manifestación genérica, imprecisa o incompleta, así como tampoco se observa que la parte demandada que pretende hacer valer dicha cláusula, haya renunciado tácitamente a ella; lo cual en la situación analizada es suficiente para concluir que la acción planteada debe ser admitida, sustanciada y decidida por el mencionado tribunal de arbitraje.
Conforme a lo expuesto, debe esta Sala declarar sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción formulado por la representación judicial de los ciudadanos Antonio Fernandes De Sousa y Joao Nicolau Goncalves Fernandes, y en consecuencia, confirmar la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario, Tránsito y Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 9 de abril de 2012 que declaró con lugar la cuestión previa opuesta y, en consecuencia, que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la presente demanda. Así se declara.
III
DE LA COMPETENCIA
De manera preeliminar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que, conforme lo establecido en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene atribuida la competencia de ( ) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva ( ).
Conforme a la citada disposición constitucional, el legislador estableció en el artículo 25.11 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente:
( ) Artículo 25.- Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(omissis)
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
En atención a la norma parcialmente transcrita y como quiera que en el presente caso, se somete a revisión la sentencia N° 908, dictada por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal el 26 de julio de 2012, esta Sala se declara competente para conocer y decidir la revisión solicitada, advirtiendo que la misma estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o inexcusable en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas y principios constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también de algún tipo de violación constitucional en la que, por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo intérprete constitucional. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecido lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la presente solicitud de revisión, no sin antes reiterar el criterio sostenido en sentencia del 2 de marzo de 2000 (caso: Francia Josefina Rondón Astor), ratificado en el fallo del 13 de julio de 2000 (caso: Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda), entre otros, conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
Por otra parte, esta Sala ha sostenido, en casos anteriores, que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar a la establecida para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva.
De este modo, el hecho configurador de la revisión extraordinaria no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma constitucional, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. De tal manera que, sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: Margarita de Jesús Ramírez).
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y luego de un cuidadoso análisis de los alegatos esgrimidos en la solicitud de revisión planteada, esta Sala observa que el accionante fundamenta su solicitud en la supuesta violación del derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica al decidirse la incidencia de jurisdicción sin valorar los argumentos que cursaban en autos sobre la excepción dispuesta en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial.
Al respecto, esta Sala observa que la apreciación realizada por la sentencia objeto del presente análisis sobre la falta de jurisdicción para conocer del asunto planteado no incurrió en el vicio de incongruencia omisiva, por cuanto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no podía efectuar un análisis más allá del contenido en sus consideraciones, mediante la cual se analizó la cláusula arbitral y determinó que las partes en forma expresa e inequívoca se sometieron a resolver por vía de arbitraje las divergencias que se presentaren con ocasión del contrato suscrito.
Ciertamente, la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal se limitó a constatar la existencia de una clausula arbitral que debe tenerse como válida, mientras no sea objeto de un pronunciamiento de nulidad expreso. Siendo ello así, mal puede afirmarse que la sentencia incurrió en una omisión lesiva de los derechos adjetivos de la solicitante. Antes bien, la decisión bajo examen recogió la doctrina que estableció esta Sala en la sentencia N° 1784, del 30 de noviembre de 2011, que es del siguiente tenor:
En definitiva, sobre la base de las consideraciones expuestas respecto al principio de competencia-competencia y a las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje que son aplicables por sí mismos al presente caso en virtud del contenido y alcance de las decisiones Nros. 1.139/00 y 1.541/08 de esta Sala -al margen que el caso planteado sea anterior al criterio vinculante contenido en la mencionada sentencia de esta Sala N° 1.067/10-, la Sala advierte que la sentencia objeto de revisión, no incurrió en el vicio de incongruencia omisiva, en tanto que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, no podía efectuar un análisis más allá del contenido en sus consideraciones, mediante la cual se analizó la cláusula arbitral y determinó que las partes en forma expresa e inequívoca se sometieron a resolver por vía de arbitraje las divergencias que se presentaren con ocasión del contrato suscrito, tal como se evidencia del texto de la sentencia (folios 22-23), por lo que se desestima la denuncia formulada y, así se declara.
De acuerdo con lo anterior, se impone reiterar lo afirmado por esta Sala en la sentencia N° 325, del 30 de marzo de 2005 (caso: Alcido Pedro Ferreira y otros), según la cual, la revisión constitucional no está dirigida a corregir eventuales errores de juzgamiento de los jueces de la República, vinculados con las pruebas o los hechos establecidos en cada caso, sino a corregir los errores de interpretación de la Constitución en que puedan incurrir cualquiera de los órganos judiciales, o las inobservancias de criterios vinculantes de la Sala Constitucional, concebidos para preservar la integridad y primacía de la Norma Fundamental, conforme al artículo 335 eiusdem.
Por tanto, estima esta Sala que el fallo objeto de revisión no contraría en modo alguno la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, ya que no se evidencia un grotesco error de interpretación de la norma constitucional o que se hubiese sostenido un criterio contrario a una jurisprudencia previamente establecida y, de allí, que resulta necesario reiterar, que la sola inconformidad con el dispositivo de un fallo adverso, no da cabida a solicitar la revisión constitucional.
En consecuencia, esta Sala considera que la revisión solicitada debe ser declarada no ha lugar, ya que la situación planteada no se ajusta a los fines que persigue la potestad extraordinaria de revisión constitucional, según los términos expresados en el fallo de esta Sala N° 93/6.2.2001, caso: Corpoturismo. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión planteada por los ciudadanos ANTONIO FERNANDEZ DE SOUSA y JOAO NICOLAO GONCALVES FERNANDEZ, contra la sentencia N° 908, dictada por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal el 26 de julio de 2012.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de mayo de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. N° 12-1109
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