Sentencia N.º 556
- Sentencia
- N.º 556
- Fecha
- 16/03/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1768
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 9 de agosto de 2005, fue presentado ante
El 12 de agosto de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.
El 10 de octubre de 2005, esta Sala admitió la acción de amparo constitucional y ordenó la notificación del Presidente de
Posteriormente, el 13 de octubre de 2005, se reconstituye
El 3 de noviembre de 2005, el ciudadano Juan Pedro Pereira Meléndez, titular de la cédula de identidad N° 741.283, representado por el abogado Gastón Miguel Valdivia Dáger, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 2.153, le solicitó a esta Sala que se le tuviese como parte en la presente acción de amparo.
El 24 de noviembre de 2005, el abogado Marco Antonio Aponte, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.747, pidió que se le aceptara como tercero coadyuvante en el procedimiento de amparo.
Efectuadas las notificaciones ordenadas, el 9 de febrero de 2006
El 14 de febrero de 2006, la abogada María Padilla Villalba, en su carácter de Fiscal Cuarta del Ministerio Público ante las Salas de Casación y
El 21 de febrero de 2006, se constituyó
En esta ocasión corresponde a
I
ANTECEDENTES
De acuerdo con el contenido de las actas del expediente, se observa que en el proceso penal que motivó el amparo, sucedió lo siguiente:
El 16 de diciembre de 2004, el Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público de
El 9 de enero de 2005, se celebró en el Tribunal Cuarto de Control del mismo Circuito Judicial Penal la audiencia de presentación de los ciudadanos José Luis Herrera Virgüez, Juan Elías Hanna Hanna, Wencio Alexander Valera Pereira, Freddy Humberto Alvarado Hernández y José Alfredo Linarez, en la que su defensa técnica solicitó la nulidad de la autorización de grabación acordada por el Tribunal Primero de Control. Al final de la referida audiencia, el Tribunal Cuarto de Control declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada y decretó la privación judicial preventiva de libertad de los imputados, por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 60 de
El 1° de marzo de 2005,
El 18 de febrero de 2005, el Ministerio Público acusó a los ciudadanos Juan Elías Hanna Hanna, Wencio Alexander Valera Pereira y José Luis Herrera Virgüez, por la comisión de los delitos de concusión y agavillamiento, y a los ciudadanos Freddy Humberto Alvarado Hernández y José Linarez, por la comisión de los delitos de concusión, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Asimismo, ofreció como medios de prueba, entre otras, la autorización para realizar las grabaciones ambientales y la interceptación de un teléfono celular, proveída el 16 de diciembre de 2005, por el Tribunal Primero de Control, y las transcripciones de grabaciones que surgieron ante la autorización. Igualmente, solicitó que se les decretara a los procesados su privación judicial preventiva de libertad.
El 10 de mayo de 2005, se celebró la audiencia preliminar y al finalizar la misma, el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara declaró sin lugar la nulidad solicitada por la defensa de los imputados la cual tenía como fundamento la violación de sus derechos al debido proceso y a la defensa; admitió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público, así como la acusación particular propia interpuesta por la víctima Juan Pedro Pereira; admitió los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público, la parte acusadora privada y la defensa de los imputados, con excepción de las pruebas que se refieren a las grabaciones ambientales que ya habían sido anuladas por la decisión de fecha 08 de marzo del presente año de
II
FUNDAMENTO DEL AMPARO
El Ministerio Público fundamentó la acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:
Sostuvo que, el 16 de diciembre de 2004, ese ente fiscal dio inicio a una averiguación penal, en virtud de una denuncia interpuesta por el ciudadano Juan Pedro Pereira, en la que manifestó que unos funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) le estaban cobrando seiscientos millones (600.000.000) de bolívares, con el objeto de reducirle una multa que alcanzaría el monto de dos mil millones (2.000.000.000) de bolívares. Asimismo, arguyó que, en virtud de lo anterior, se le solicitó al Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara una autorización para que se pudieran realizar grabaciones ambientales e intercepciones telefónicas, la cual fue acordada el 16 de diciembre de 2004.
Refirió que, el 9 de enero de 2005, se celebró en el Tribunal Cuarto de Control del mismo Circuito Judicial Penal la audiencia de presentación de los ciudadanos José Luis Herrera Virgüez, Juan Elías Hanna Hanna, Wencio Alexander Valera Pereira, Freddy Humberto Alvarado Hernádez y José Alfredo Linarez, en la que su defensa técnica no impugnó los registros de voces en llamadas telefónicas al celular N° (
omissis
), y en conversaciones personales, registros fotográficos y fílmicos, grabaciones de conversaciones telefónicas, realizadas en actos sucesivos hasta que se logró la negociación delante de las cámaras. Además, que durante esa audiencia, se acordó la detención judicial de los imputados por el delito de concusión, tipificado en el artículo 60 de
Afirmó que contra la medida de coerción personal decretada, la defensa de los imputados intentó recurso de apelación y que
Alegó que, el 18 de febrero de 2005, el Ministerio Público acusó a los imputados por la comisión de los delitos de concusión, tipificado en el artículo 60 de
Por otro lado, estimó que
En efecto, precisó que la decisión que se acciona por vía de amparo constitucional, DECIDIÓ en su numeral QUINTO
Señaló que dentro del AUTO ANULADO se incluye integro (sic) el texto de la solicitud de Autorización de esta Fiscalía del Ministerio Público para las grabaciones antes referidas y, como ya se dejó constancia, la misma Sentencia reconoce que este, llena todos los requisitos del Art. 220 del Código Orgánico Procesal Penal, y para decretar
Destacó que
Adicionó, que
Sostuvo, por tanto, que
Refirió que esos aspectos probatorios fueron sustento de la acusación que fue admitida; asimismo, que las competencias de las Cortes de Apelaciones se extraen de la lectura concatenada de los artículos 447 y 531 del Código Orgánico Procesal Penal y se refieren al ejercicio del poder de revisión de las sentencias y autos emanados de los tribunales de primera instancia en funciones de control y de juicio, no estándole atribuida la competencia para pronunciarse sobre la fase preparatoria de la investigación y los elementos obtenidos por el Ministerio Público, salvo que tal situación les fuera sometido a su conocimiento a través de la apelación cuando ella es admisible, situación ésta que no ocurrió en el caso de marras, ya que el thema decidendum no podía estarle jamás dirigido a su decisión por prohibición expresa del Art.
Alegó que no cuestiona el Ministerio Público la facultad de revisión que tenía
Así entonces, estimó que la decisión dictada por
III
DE
El 1° de marzo de 2005,
Respecto a la denuncia referida a los requisitos de forma de la privación judicial preventiva de libertad de los imputados y de la falta de motivación del auto que la fundamentó, concluyó que el Tribunal Cuarto de Control no realizó, al dictar la medida de coerción personal, la sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyeron a los procesados, ni señaló el motivo por el cual consideraba que existía el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, sino que sólo hizo una simple transcripción de las circunstancias a ser tomadas en cuenta para decidir acerca de ambos extremos. Por tanto, estimó procedente declarar la nulidad del auto que acordó la detención judicial.
En torno a la denuncia relacionada con los supuestos de fondo de la privación judicial preventiva de libertad y, al respecto, señaló que se verificaba la probabilidad de la existencia del delito de concusión previsto y sancionado en el artículo 60 de
En relación con la denuncia referida al cumplimiento del contenido del artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionada con la solicitud de autorización de las grabaciones ambientales e intercepción de líneas telefónicas, refirió que el Tribunal Cuarto de Control declaró sin lugar una petición de nulidad absoluta de esa autorización y que el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal prevé que esa decisión es inimpugnable. No obstante, citando la sentencia N° 003/02 dictada por
Precisó que la solicitud de autorización de grabación hecha por el Ministerio Público cumplió con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal, al indicar el delito que se investiga, el tiempo de duración de la grabación, los medios técnicos a ser empleados, el sitio o lugar donde se va a efectuar y las razones que motivan la solicitud. Sin embargo, consideró que el auto mediante el cual se autorizaron las grabaciones no cumplió con la exigencia de motivación establecidas en el mismo artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal , en razón de que, si bien es cierto, hace mención al tiempo de duración (
acordó expedirle la correspondiente AUTORIZACIÒN por el Lapso de 30 DÍA (sic)
´) y al lugar o sitio desde donde se efectuará (
las grabaciones podrán ser practicadas en la vía pública
); también es cierto que omite señalar expresamente los medios técnicos a ser empleados y el delito que se investiga.
Concluyó, en ese sentido, que por esas razones el auto devenía inmotivado y genérico, violentando de esta manera, no solo lo dispuesto por el comentado artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal, sino también, lo que
Así pues, consideró que las circunstancias precedentes conllevaban a decretar la nulidad absoluta del auto dictado el 16 de diciembre de 2004, por el Tribunal Primero de Control de ese Circuito Judicial Penal, mediante el cual se autorizó al Ministerio Público a realizar grabaciones ambientales e interceptar llamadas telefónicas, quedando igualmente nulas todas las grabaciones que se hubieren realizado en virtud de dicha autorización, entre el 16/12/04, fecha en el cual le fue expedida, y el 06/01/05, inclusive, fecha en la cual se produjo la detención de los imputados.
En relación con la denuncia referida a la violación del cardinal 1 del artículo 49 de
Respecto a la denuncia referida a la violación del cardinal 1 del artículo 44 de
Por último, en torno a la denuncia fundamentada con la violación del contenido del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, consideró que era inoficioso resolverla, por haberse decretado la nulidad de la medida de privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos José Luis Herrera Virgüez, Juan Elías Hanna Hanna, Wencio Alexander Valera Pereira, Freddy Humberto Alvarado Hernández y José Alfredo Linarez.
Por otro lado,
IV
ALEGATOS DE LOS DEFENSORES PRIVADOS DE LOS IMPUTADOS
Mediante escrito presentado ante esta Sala, el 3 de febrero de 2006 y de acuerdo con lo expuesto en la audiencia constitucional, los defensores técnicos de los ciudadanos José Luis Herrera Virgüez, Juan Elías Hanna Hanna, Wencio Alexander Valera Pereira, Freddy Humberto Alvarado Hernández y José Alfredo Linarez Rosario, alegaron lo siguiente:
Indicaron que el Ministerio Público no señaló en el libelo de amparo que existieron dos denuncias en el juicio penal, y una ampliación, las cuales fueron conocidas una vez que se intentó la acusación; que, la autorización emitida por el Tribunal Primero de Control, no reúnía los requisitos del artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal, al no indicar el lugar donde se harían las grabaciones, ni señalar los medios empleados para interceptar el teléfono celular, siendo la misma genérica e inmotivada.
Precisaron que, en la oportunidad en que se presentaron los imputados, se solicitó la nulidad de todas las pruebas y actuaciones del Ministerio Público, en cuanto a la autorización para grabar o filmar, y que
Arguyeron que, sólo con la primera denuncia hecha en el juicio penal, el Ministerio Público solicitó la autorización de la grabación, obviando la segunda y su ampliación. Además, que en ninguna otra oportunidad, sino una vez presentada la acusación, fue cuando conocieron esa situación, lo que contrariaba el derecho de toda persona a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga.
Sostuvieron que no se les permitió a sus defendidos la producción de pruebas ni el acceso a ellas en la fase de investigación y que en la celebración de la audiencia preliminar, el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara revocó las medidas cautelares sustitutivas acordadas a sus patrocinados y admitió los medios de pruebas que habían sido anulados por
Refirieron que el Ministerio Público no contestó la apelación que ejercieron contra la autorización, dejando pasar esa oportunidad en el proceso penal. Asimismo, que dicha autorización permitía la grabación de un teléfono celular y no para otro, como ocurrió en el caso penal.
Además, que sus defendidos no dieron motivo para que se les revocaran las medidas cautelares sustritutivas, por lo que no le era dable al Tribunal Octavo de Control, en la audiencia preliminar, decretar la privación judicial preventiva de libertad; asimismo, que se admitieron indebidamente los medios de prueba obtenidos sobre la grabación de un teléfono celular que no había sido autorizado con anterioridad.
Precisaron que, según el contenido de la sentencia N° 697/05, dictada por esta Sala Constitucional, el Juez constitucional no era competente para pronunciarse sobre la validez o no de un medio de prueba ofrecido en el proceso penal, por lo que concluyeron que no podía, en el presente caso, revisarse la decisión dictada por
Alegaron que el fiscal accionante no compareció el 14 de febrero de 2006, en la oportunidad en que estaba fijada la celebración de la audiencia constitucional, y que un Fiscal ante esta Sala Constitucional solicitó un diferimiento, haciendo valer erroneamente la unidad del Ministerio Público, lo que demuestra que existió abandono de trámite en el presente procedimiento.
Por lo tanto, solicitaron que se declarara sin lugar el amparo y que, de acuerdo con los articulos 26 y 57 de
V
ALEGATOS EXPUESTOS DE
Durante la celebración de la audiencia constitucional, el abogado Gastón Miguel Saldivia Dáger, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Juan Pedro Pereira Meléndez, señaló lo siguiente:
Que se acudió al Ministerio Público por recomendación del Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y por
Refirieron que el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara copió, en la autorizacion, toda la solicitud hecha por el Ministerio Publico, la cual contenía todos los requisitos del artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal; asimismo, que de acuerdo con la parte in fine del articulo 196 eiusdem, no puede intentarse apelación contra la negativa de la solicitud de nulidad.
Señalaron que existió abuso de poder y error judicial, por parte de
Por último, que la sentencia N° 679/05, dictada por esta Sala Constitucional, no podía ser tomada en cuenta, ya que la misma se refiere al análisis de pruebas evacuadas durante la celebración de la audiencia del juicio oral y público. Por tanto, solicitaron que se declare con lugar el amparo.
VI
ALEGATOS DEL ABOGADO MARCO ANTONIO APONTE
Como tercero interviniente, el abogado Marco Antonio Aponte, quien fue Juez de
Que el auto que autorizó las grabaciones era inmotivado, no cumpliendo con las exigencias establecidas en los artículos 173 y 220 del Código Orgánico Procesal Penal.
Refirió que no se indicó en la autorización los elementos técnicos y el lugar en donde se iban a realizar las grabaciones y que
Arguyó que no todo error de procedimiento ocasionaba violaciones constitucionales y que el accionante debía señalar cómo y por qué se ocasiona una injuria constitucional, lo que no se hizo.
En consecuencia, solicitó la improcedencia del amparo constitucional.
VII
PUNTO PREVIO
Antes de resolver el fondo del presente amparo constitucional, esta Sala considera pertinente señalar, como punto previo, lo siguiente:
En la audiencia constitucional, los apoderados judiciales del ciudadano Juan Pedro Pereira Meléndez alegaron que, el 14 de febrero de 2006,
Ahora bien, respecto al señalamiento anterior, esta Sala hace notar que el artículo 3 de
El Ministerio Público es único e indivisible y ejercerá sus funciones a través de los órganos establecidos por la ley. Los fiscales señalados en esta ley lo representan íntegramente.
Así pues, conforme al contenido de la anterior disposición normativa el Ministerio Público es único e indivisible. Dicho ente está representado por el Fiscal General de
De modo que, ante la existencia de la solicitud de diferimiento hecha por el Ministerio Público,
VIII
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la presente acción de amparo constitucional, por lo que analizados como han sido los alegatos expuestos y las actas del expediente, se observa:
La acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la decisión dictada, el 1° de marzo de 2005, por
Siendo, pues, el objeto del amparo la impugnación de una decisión judicial, se debe acudir al contenido del artículo 4 de
Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva (subrayado de
Respecto al contenido de esa disposición normativa, esta Sala ha señalado que procede el amparo constitucional interpuesto contra una decisión judicial, cuando: i) el Tribunal haya actuado con abuso de autoridad, con usurpación de funciones o que se haya atribuido funciones que
Igualmente, en reiteradas ocasiones se ha definido el alcance que se le ha dado al concepto de incompetencia en estos casos, la cual no debe entenderse en un sentido procesal estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto constitucional, ya que obrar fuera de su competencia como requisito fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretenda vulnerado, significa usurpar funciones por parte del juzgador que, por
En efecto, se observa de las actas que integran el expediente que, el 16 de diciembre de 2004, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara autorizó al Ministerio Público, previa solicitud hecha por ese ente, para que realizara grabaciones ambientales e interceptara un teléfono celular; asimismo, el 9 de enero de 2005, los ciudadanos José Luis Herrera Virgüez, Juan Elías Hanna Hanna, Wencio Alexander Valera Pereira, Freddy Humberto Alvarado Hernández y José Alfredo Linarez fueron presentados ante el Tribunal Cuarto de Control del mismo Circuito Judicial Penal y, en esa oportunidad, la defensa técnica de dichos imputados solicitó la nulidad absoluta de la autorización acordada por el Tribunal Primero de Control, al considerar que no reunía los requisitos de motivación contenidos en el artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal.
Una vez finalizada dicha audiencia de presentación, el referido Tribunal Cuarto de Control declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada y decretó la privación judicial preventiva de libertad de los procesados, siendo esta última decisión apelada por sus defensores privados. Esa incidencia, fue resuelta por
Ahora bien, de acuerdo con los hechos antes fijados, esta Sala observa que la parte in fine del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal establece que no puede interponerse recurso de apelación contra el auto que niegue una solicitud de nulidad que intenten las partes en el proceso penal, por lo que existiendo esa limitante legal, debe precisarse si
En efecto, dicho Tribunal Colegiado de segunda instancia, señaló en su decisión, en el momento en que pasó a resolver sobre el recurso de apelación que intentaron los abogados de los procesados, específicamente, sobre la denuncia referida a la falta del cumplimiento del artículo 220 del Código Orgánico Procesal Penal en el auto que autorizó las grabaciones ambientales y la intercepción telefónica, lo siguiente:
Lo primero a precisarse con relación a esta denuncia, es que fue formulada ante el inferior jerárquico, mismo que la declaró sin lugar; siendo ello así, dicha decisión, por disposición del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, deviene en inimpugnable, pues el recurso de apelación no procede contra la decisión que deniegue la solicitud, no obstante, respecto de este punto se pronunció
...omissis...
Subsumiéndose el caso de autos en el supuesto a que alude dicho criterio jurisprudencial, la resolución de la presente denuncia deviene en obligatoria, y en tal sentido debe señalarse... (subrayado de esta Sala).
Tomando en cuenta la anterior cita, esta Sala hace notar, sin hacer alguna consideración sobre la validez o no de la autorización emanada del Tribunal Primero de Control, que
Ante esa limitación prevista en el Código Penal Adjetivo, lo correcto era que ese Juzgado Colegiado, al considerar que existía un vicio que ameritaba la nulidad absoluta de la autorización para realizar las grabaciones y la interceptación, desechara, por inadmisible, esa apelación interpuesta contra el auto que declaró sin lugar la nulidad absoluta, conforme al artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, sin perjuicio de que en la oportunidad de resolver las otras impugnaciones que le fueron sometidas a su conocimiento, conociera de oficio esos vicios, y no como resolución de una apelación.
Cabe acotar, como complemento, que esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades, que las Cortes de Apelaciones pueden decretar de oficio la nulidad absoluta de un acto procesal cuando exista algún vicio que lo permita, los cuales son taxativos según lo establecido en las sentencias Nos. 2541/02 y 3242/02 (casos: Eduardo Semtei Alvarado y Gustavo Adolfo Gómez López), respectivamente. Sin embargo, ese pronunciamiento debe hacerse en la debida oportunidad procesal, ya que de dictarse el mismo cuando no es permitido, esa decisión carece de efectos jurídicos y cercena derechos constitucionales del afectado (ver, en ese sentido, las referidas decisiones números 2541/02 y 3242/02, y números 1737/03 y 1814/04 (casos: José Benigno Rojas Lovera y José Enrique Sanabria Rojas), entre otras.
De manera que,
En efecto, esta Sala asentó, en la sentencia No. 1107, dictada el 22 de junio del 2001 (caso: José Rafael Alvarado Palma), lo siguiente:
...el juez, como encargado de regular las actuaciones procesales, tiene como obligación la observancia y cumplimiento de la noción del debido proceso, entendido como aquel proceso que reúna las garantías indispensables para que exista tutela judicial efectiva. Esta noción le prohíbe al Juez, subvertir el orden procesal, es decir separarse del procedimiento establecido expresamente en la ley.
Igualmente, en la sentencia No 80, del 1° de febrero de 2001, (caso: José Pedro Barnola y otros), esta Sala indicó que el proceso es un conjunto sucesivo de actos procesales tendientes a la declaratoria final del juez para dilucidar una controversia, amerita de un ámbito espacial y de un ámbito temporal para su funcionamiento, a fin de asegurar la participación de los sujetos procesales, a objeto de preservar la certeza jurídica, la igualdad de tratamiento y la lealtad del contradictorio.
Por tanto, al dictar
En virtud de lo anterior, esta Sala declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Andrés E. Benners, en su carácter de Fiscal Vigésimo Segundo (E) del Ministerio Público con Competencia Especial en Materia de Salvaguarda de
Ahora bien, dado que, según las actas que conforman el expediente, el juicio penal que motivó el amparo se encuentra actualmente en fase de juicio, específicamente, en la constitución del Tribunal Mixto con escabinos, esta Sala precisa que la anterior declaratoria con lugar produce los siguientes efectos:
Finalizada la audiencia preliminar, el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, cuando admitió la acusación fiscal y la propuesta por la víctima, admitió igualmente los medios de pruebas ofertados por el Ministerio Público, la parte acusadora privada y la defensa de los imputados, con excepción de las pruebas que se refieren a las grabaciones ambientales que ya habían sido anuladas por la decisión de fecha 08 de marzo del presente ano de
Según la anterior afirmación, no debe esta Sala ordenar que una Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Lara se pronuncie nuevamente sobre la apelación intentada contra el auto que autorizó las grabaciones ambientales y la interceptación del teléfono celular, toda vez que ello vulneraría el derecho a obtener una justicia equitativa, expedita y sin reposiciones inútiles de las partes involucradas en el proceso penal, establecido en el artículo 26 de
En efecto, el Tribunal Octavo de Control no desechó los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público por ser impertinentes o innecesarios, sino porque dichas pruebas de grabaciones ambientales habían sido anuladas por la decisión de fecha 8 de marzo de 2005, dictada por
Por otro lado, esta Sala hace notar que la anulación de la decisión dictada por
Por último, esta Sala considera necesario remitirle copia certificada de la presente decisión a
IX
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
PRIMERO.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Andrés E. Benners, en su carácter de Fiscal Vigésimo Segundo (E) del Ministerio Público con Competencia Especial en Materia de Salvaguarda de
SEGUNDO.- Se ANULA la referida decisión dictada el 1 de marzo de 2005, por
TERCERO.- Se ORDENA al Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara que permita la evacuación, en el debate oral y público, de los medios probatorios que ofreció el Ministerio Público y que fueron declarados inadmisibles en la audiencia preliminar. Para el cumplimiento de esta orden, deberá remitirse a dicho Juzgado copia certificada de la presente decisión.
CUARTO.- Se ORDENA a
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Luis V. Velázquez Alvaray
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 05-1768
CZdeM/jarm
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