Venley

Sentencia N.º 563

Sentencia
N.º 563
Fecha
19/06/2000
Sala
Constitucional
Expediente
00-1442
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: JOSE M. DELGADO OCANDO

 

 

Mediante oficio nº 270-2000 de fecha 27 de abril de 2000, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente nº 11.352 de la nomenclatura de dicho Juzgado, contentivo de la acción de amparo constitucional (sobrevenido) interpuesta por el abogado Cándido Hernández Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 32.806, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTUR SOARES FERREIRA, titular de la cédula de identidad nº 6.169.784, contra la decisión de fecha 10 de marzo de 2000, dictada por el mencionado Juzgado Superior.

 

En fecha 27 de abril de 2000, se recibió el expediente, y se dio cuenta en Sala, designándose ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Cumplida la tramitación legal del expediente, pasa esta Sala a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LOS FUNDAMENTOS

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El abogado Cándido Hernández Díaz, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTUR SOARES FERREIRA, expuso lo siguiente:

 

1.- Que la acción de amparo incoada tiene por motivo la violación del derecho al debido proceso en que incurrió el  Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, al haber dictado sentencia en fecha 10 de marzo de 2000 “de conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, como si se tratase de una sentencia definitiva dictada por un tribunal de instancia inferior, cuando en realidad se trataba de una apelación de un auto que modificó una garantía que ya estaba fijada y firme procesalmente”.

 

2.- Que la apelación se interpuso contra el auto librado por el Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de octubre de 1998, mediante la cual se exigió como caución o fianza a los fines del decreto restitutorio, la cantidad de doscientos millones bolívares (Bs. 200.000.000,oo), “quien de forma y manera abierta violentó los autos de mera sustanciación que habían quedado firme en el proceso”.

 

3.- Que el mencionado Tribunal de Primera Instancia, infringió los autos librados por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fechas 11 de diciembre de 1996 y  10 de enero de 1997,  mediante los cuales se exigió constituir caución suficiente y solvente por la cantidad de diez millones ciento veinticinco mil doscientos veinticinco bolívares (Bs. 10.125.225,oo), a tenor del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil. Que dicho auto, “que fijó la garantía para responder de los daños y perjuicios que se produjeran con la presente querella lo fijó en la suma de dinero de Bs. 10.250.125,oo, (sic)”, quedó firme en virtud de la sentencia que dictó el Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la cual se ratificó dicho monto y contra el cual no interpuso recurso de casación.

 

4.- Que en el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas, se “consignó dicha suma de dinero mediante fianza de seguro, para que decretara la restitución del bien inmueble objeto de la querella interdictal”.

 

5.- Que el Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, se inhibió de conocer de la causa, por lo que remitió el expediente al Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, quien en vez de continuar el proceso en el estado y grado en que se encontraba la causa, mediante auto de fecha 29 de octubre de 1998, fijó una nueva garantía en la que estableció un monto de doscientos millones de bolívares (Bs. 200.000.000,oo), “monto éste que no es cónsono ni ajustado a una realidad procesal, ni siquiera equitativo al justiprecio del inmueble (...)”. Que el referido Tribunal no debió modificar las garantías que había acordado el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, y que habían quedado firmes en el proceso mediante sentencia dictada por el Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas.

 

6.- Que el conocimiento de la apelación contra el auto que modificó la garantía, le correspondió al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, pero dicha apelación no era contra la sentencia definitiva emanada del Tribunal de instancia inferior, sino contra el auto que modificó la garantía en el proceso.

 

7.- Que el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, violó el derecho al debido proceso cuando dictó sentencia de conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la competencia funcional de dicho Tribunal era la de conocer del auto que modificó la garantía, más no para conocer del fondo de la querella, “mucho menos para absolver la instancia jurisdiccional de un tribunal de primera instancia, haciendo apreciaciones y valoraciones de elementos procesales aun no debatidos en el proceso, extinguir un proceso sin haber dictado sentencia la primera instancia, pues la realidad es que la litis no se había trabado, el Tribunal no había ordenado la citación del querellado a tenor del artículo 701 del CPC, pues no se habían cumplido los extremos de Ley prevista por esta norma de orden público, el proceso no se abrió de pleno derecho al lapso probatorio, no hubo sentencia definitiva en la causa”.

 

8.- Que “el auto de marras no tiene apelación en lo que respecta al monto de la garantía exigida por el Tribunal, ya que la garantía es un auto de mera sustanciación del proceso el cual quedó firme además por sentencia dictada por el Tribunal Superior Quinto up-supra (sic) identificado, mal pudiese el Tribunal Duodécimo modificar la garantía que ya había sido fijada en el proceso”. Que “lo que opera contra la garantía o caución es la oposición relativa a la solvencia o no del garante, o que el objeto de garantía haya dejado de serlo, por destrucción o pérdida del mismo, caso éste que no ocurrió por cuanto la garantía se consignó mediante fianza de compañía de seguros de reconocida solvencia económica y así consta de autos”.

 

Por las razones antes expuestas, el accionante solicita que se restituya el derecho infringido por el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en lo relativo a que se dejen sin efecto la sentencia dictada por dicho Tribunal, y el auto librado por el Tribunal Dudécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que modificó la garantía en la cantidad de doscientos millones de bolívares (Bs. 200.000.000,oo).

 

II

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

            Planteado en estos términos los argumentos expuestos por el accionante, esta Sala debe comenzar por advertir que, no obstante la modalidad de “sobrevenido” bajo la cual califica el accionante la tutela constitucional solicitada, del análisis del escrito contentivo de la misma se infiere que la misma va referida contra una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, razón por la cual, a pesar de la calificación errada que se le atribuye a la acción, esta Sala pasa a analizar a la presente acción de amparo constitucional como un “amparo autónomo contra decisión judicial”,  modalidad de la acción establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 2 eiusdem, y así se decide.

 

Realizada la anterior advertencia, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de la presente acción de amparo constitucional, y, al respecto, observa:

 

            Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución vigente, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, así como las consagradas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje  ella.

 

            Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los diversos tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

 

 En este sentido, establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo siguiente:

 

“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

                                                                             

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. 

 

 

De la norma antes transcrita se desprende claramente que la competencia para conocer de la llamada “acción de amparo contra sentencia”, corresponde a un tribunal superior al que dictó el fallo accionado en amparo constitucional.

 

En el presente caso, la acción de amparo fue interpuesta contra la decisión de fecha 10 de marzo de 2000, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró “PRIMERO: SIN LUGAR la apelación propuesta por el abogado CANDIDO HERNÁNDEZ DIAZ, en su carácter de representante legal del ciudadano ARTUR SOARES FERREIRA, (...) contra el auto de fecha 29 de octubre de 1998, dictado por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: IMPROCEDENTE todas las actuaciones realizadas por el abogado JESÚS ENRIQUE PERERA CABRERA (...), quien actuaba en nombre y representación de ANTONIO ALVEZ MOREIRA (...). TERCERO: SE REVOCA el auto de admisión de la querella interdictal, y todas las actuaciones realizadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. CUARTO: se declara IMPROCEDENTE la Acción Interdictal Posesoria intentada por el abogado CANDIDO HERNÁNDEZ DIAZ en representación del ciudadano ARTUR SOARES FERREIRA contra el ciudadano ANTONIO ALVES MOREIRA en su propio nombre y en su carácter de representante legal de ‘ADMINISTRADORA LAS VEGAS SRL’ (..)”.

 

Por tanto en el caso de autos, dada la materia u objeto de la acción de amparo incoada, debe tomarse en consideración la hipótesis que contempla el artículo 4  de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, y en atención al criterio sostenido por esta Sala en la sentencia fecha 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer en primera y única instancia de la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.

 

Determinada la competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma y, al respecto estima, en primer término, que el escrito que encabeza las presentes actuaciones cumple con los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Igualmente, en cuanto a las causales de inadmisibilidad  de la acción de amparo constitucional previstas en el articulo 6 eiusdem, esta Sala observa que en el caso sub iudice no se opone a ella ninguna de dichas causales, razón por la cual este Alto Tribunal debe declarar admisible el amparo incoado, y así se decide.

 

III

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Cándido Hernández Díaz, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTUR SOARES FERREIRA contra la decisión de fecha 10 de marzo de 2000, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala:

Primero: Notificar mediante oficio al Juez del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, para que concurra a enterarse del día y hora que fije la referida Secretaría para la audiencia constitucional, a fin de que exprese los argumentos que estime conveniente; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. La ausencia en el acto del titular del referido Juzgado, no se presumirá como aceptación de las presuntas violaciones.

 

Segundo: Solicitar al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que informe de la presente acción de amparo al ciudadano Antonio Alves Moreira, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil “ADMINISTRADORA LAS VEGAS S.R.L.”, parte demandada en la querella interdictal interpuesta por el hoy accionante. El tribunal deberá hacer saber oportunamente a esta sala sobre el cumplimiento de este mandamiento.

 

Tercero: Notificar al Ministerio Público sobre la continuación del procedimiento en la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, anexando al respectivo oficio copia de esta decisión.

 

Cuarto: Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga del presente pronunciamiento.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los              días del mes 19  de JUNIO  del año dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                          El Vicepresidente,

 

                                                                                        JESÚS EDUARDO CABRERA

 

Los Magistrados,

                                                                      

 
 
HÉCTOR PEÑA TORRELLES                                                                                 JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                                                                     Ponente

 

 

 

MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL.

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

JMDO/ns.-

Exp. nº 00-1442

 

 

Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que asumió la competencia de una acción de amparo constitucional, en contra de una decisión judicial.  Las razones por las cuales me aparto de la decisión de la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuesta de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, atendiendo al contenido del citado artículo 4, se observa que   la referida norma es precisa al indicar que dicha acción se debe interponer   “... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento”. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendió tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior,  estima el disidente, que esta Sala Constitucional no debió asumir la competencia de la acción de amparo constitucional interpuesta, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                                         El Vice-Presidente,

 

 

                                                           Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Magistrados,

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

 

                                                                                                                                   José M. Delgado Ocando

 

 

 

Moisés A. Troconis Villarreal

                                                                                 

     El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 00-1442

HPT/mcm

 

 

 

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