Venley

Sentencia N.º 57

Sentencia
N.º 57
Fecha
27/02/2003
Sala
Casación Civil
Expediente
02-072
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

En el juicio por ejecución de hipoteca intentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, por el ciudadano MANUEL ROCHA PITA, representado judicialmente por los abogados en el ejercicio de su profesión Jesús Alberto Martínez Navarro, José Luis García Sosa y Einsten Alberto Maneiro, contra el ciudadano QUIRINO JOSÉ MONTAGGIONI ORTÍZ, patrocinado por la profesional del derecho Mercedes Rómulo Urbano Luiggi; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de esa misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 30 de noviembre de 2001, mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por el demandado contra el auto de admisión de la solicitud de ejecución de hipoteca; anuló el referido auto y repuso la causa al estado de admitir nuevamente la demanda, excluyendo los accesorios que no forman parte de la suma de dinero a que se limitó el crédito hipotecario; y por vía de consecuencia, revocó el fallo apelado.

No hubo pronunciamiento respecto a al pago de las costas procesales.

Contra el precitado fallo, el demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe y lo hace previa a las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4°, por incurrir –según su dicho- en el vicio de inmotivación.

Al efecto, señala en su escrito de formalización, lo siguiente:

“...En efecto, la recurrida no señala y mucho menos indica las normas o norma Jurídica (Sic) aplicable al caso subjudice. No subsume en precepto Legal (Sic) alguno, la situación táctica que establece en sus diversas partes, y en general no señala normas (Sic) alguna que regule las situaciones de hecho por ella determinada.

Enseña la doctrina que las sentencias para que sean válidamente dictadas necesitan que la decisión deberá ser tomada de una forma en donde conjuguen La (Sic) Logicidad (Sic), la deducción de convicción sobre lo deducido en La (Sic) Instancia (Sic) con vista de una valoración lógica y realizando una relación suscinta de los elementos de juicio que conste en los autos, analizando las pruebas de cada una de las partes, una a una para poder llegar a una convicción propia que debe ser vertida en la sentencia a producirse.

(...Omissis...)

Según la doctrina de la sala (Sic), la motivación de la cuestión de derecho involucrada en toda sentencia se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principio (Sic) doctrinarios atinentes, a los hechos establecidos en la causa con base en las pruebas aportadas. El enlace lógico entre los hechos que el Juez ha establecido como resultado del examen de las pruebas y previsiones abstractas de la Ley, se resuelve en lo que se llama valoración jurídica de hecho, esto es, la trascendencia que jurisdiccionalmente se atribuye al hecho para justificar el dispositivo de la decisión”.

 

Respecto a lo denunciado por el formalizante, la recurrida hizo el siguiente pronunciamiento:

“...SEGUNDA: El artículo 661 del Código de Procedimiento Civil (Sic) le señala al Juez de la causa todos los requisitos que debe contener la solicitud de ejecución de hipoteca e igualmente le ordena al Juez examinar cuidadosamente los extremos que en el artículo expresamente se señalan y le dice textualmente: “... El Juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que no tuvieren expresamente cubiertos con la hipoteca,...”, y al final del artículo dice: “El auto del Juez excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no acordando ésta será apelable en ambos efectos”.

Las normas procesales referidas ponen en evidencia la actividad que debe desplegar el Juez cuando se le presenta una solicitud de ejecución de hipoteca. Sobre este particular la Doctrina se ha pronunciado de esta manera:

(...Omissis...)

El documento hipotecario que se acompañó a esta demanda dice textualmente:

“...Para garantizar al ciudadano MANUEL ROCHA PITA, ya identificado, el pago del referido préstamo de CATORCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 14.000.000,oo), con los intereses a la rata estipulada, inclusive la mora si la hubiese y los gastos de cobranza judicial y extrajudicial a que hubiere lugar, los cuales se calculan prudencialmente en la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo), constituyo hipoteca especial y de primer grado sobre una casa de habitación y el terreno sobre el cual se encuentra enclavada, ubicada en jurisdicción del Municipio Santa catalina (Sic), Distrito Bermúdez del Estado Sucre; y alinderada así: Norte, casa que es o fue de Nicolás Velásquez; Sur, terrenos que son o fueron de Ulises Prosperi; Este (Sic) Calle el Porvenir; y Oeste, callejón de por medio de un metro de ancho, con casa que es o fue de Remigio Langarica; hasta por la cantidad de DIECISIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 17.000.000,oo)...”.

es (Sic) decir, que el monto de la hipoteca que garantiza la obligación, fue fijada, con todos sus accesorios, tanto por el intimado como por el demandante.

La Jueza de la causa en el auto de admisión apelado intima al pago de todas estas cantidades sin darse cuenta que todos y cada uno de los accesorios, además de evidentemente injustificados, no forman parte de la suma de dinero a que se limitó el crédito hipotecario, que es de DIECISIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 17.000.000,oo), por tanto, no debió aceptar el cobro de costas y costos del proceso y los honorarios profesionales de los abogados, cuando bien es sabido que los honorarios profesionales forman parte de los costos y costas del proceso y por ello los ejecutantes no pueden cobrar por partida doble lo que va a estar incluido en las costas. Igual conducción propicia al secundar a los ejecutantes en su pretensión de querer cobrar intereses compensatorios, intereses de mora y otros...”. (Mayúsculas y negritas de la recurrida). (Subrayado de la Sala).

 

 

Para decidir, la Sala observa:

Con relación al vicio de inmotivación, la Sala en sentencia de 6 de agosto de 1986, criterio reiterado en fallo dictado el 13 de abril de 2000, caso Salvador Ramírez Campos contra Rosalba Colombo de Vivenes y Cruz Antonio Vivenes García, expediente N° 99-108, sentencia N° 116, con ponencia del magistrado que con tal carácter suscribe ésta, señaló:

“...El artículo 243, ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, exige al Juez señalar los motivos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión. La Sala en fallo del 6 de agosto de 1986 y reiterando criterio de vieja data, precisó lo que se entiende por motivación:

‘...El señalamiento de los diversos motivos y argumentaciones que el juzgador ha tenido en cuenta para llegar a la conclusión que configurará la parte dispositiva de la sentencia.

La ley exige al juzgador que exponga el proceso lógico mediante el cual concluirá en su decisión, con el fin de garantizar que no serán dictadas sentencias arbitrarias, y con el propósito de permitir a las partes, mediante la reconstrucción de dicho proceso lógico, la apreciación de las razones de hecho y de derecho que ha tenido en mente el sentenciador para pronunciar la correspondiente declaración de certeza’.

Igualmente, se ha indicado que el fallo debe estar constituido por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como base del dispositivo. En este sentido, el fundamento de las razones de hecho parten del establecimiento de los mismos, tomando en cuenta las pruebas de autos que los demuestren; y las razones de derecho están basadas en la aplicación a los hechos, de los preceptos legales pertinentes.

(...Omissis...)

Con estos argumentos la recurrida expuso los diversos motivos y argumentaciones que tuvo en cuenta para llegar a la conclusión que configura la parte dispositiva de su sentencia. En consecuencia, no adolece del vicio de inmotivación imputado por el formalizante, por lo tanto, se desecha, la denuncia analizada. Asi se declara...”.

 

Con base en la anterior doctrina y la parcial transcripción de la recurrida ut supra, la Sala concluye, que el sentenciador de alzada al señalar en el texto de la recurrida que, “... El artículo 661 del Código de Procedimiento Civil (Sic) le señala al Juez de la causa todos los requisitos que debe contener la solicitud de ejecución de hipoteca e igualmente le ordena al Juez examinar cuidadosamente los extremos que en el artículo expresamente se señalan y le dice textualmente: “... El Juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que no tuvieren expresamente cubiertos con la hipoteca,...”, y al final del artículo dice: “El auto del Juez excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no acordando ésta será apelable en ambos efectos”. Las normas procesales referidas ponen en evidencia la actividad que debe desplegar el Juez cuando se le presenta una solicitud de ejecución de hipoteca (...) es (Sic) decir, que el monto de la hipoteca que garantiza la obligación, fue fijada, con todos sus accesorios, tanto por el intimado como por el demandante. La Jueza de la causa en el auto de admisión apelado intima al pago de todas estas cantidades sin darse cuenta que todos y cada uno de los accesorios, además de evidentemente injustificados, no forman parte de la suma de dinero a que se limitó el crédito hipotecario, que es de DIECISIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 17.000.000,oo)...”, así motivó su decisión, razón por la cual, no hubo violación de los artículos 12 y 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la denuncia expuesta por el formalizante, es improcedente. Asi se resuelve.

 

II

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, 243, ordinales 4° y 5°, y el 509 eiusdem, por incurrir en el vicio de silencio de pruebas.

En el desarrollo de la presente denuncia, el recurrente expresa que el ad quem, no otorgó valor probatorio a la certificación de gravámenes y enajenación expedida por el Registrador Subalterno del Registro del Municipio Bermúdez del estado Sucre, acompañada a la presente solicitud de ejecución de hipoteca.

 

Para decidir, la Sala observa:

De un detenido y exhaustivo estudio, realizado sobre las actas acreditadas al expediente, en especial del escrito a través del cual el formalizante consignó la denuncia, la Sala considera oportuno y necesario señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de prueba fue abandonada, y la nueva doctrina, establecida al respecto, ha sido considerada pedagógicamente con la intención de darle amplitud a los argumentos del criterio implantado, encaminado a consolidar la verdadera maximización y conceptualización de la ciencia del derecho, como fin perfeccionista de la reestructuración del Sistema Judicial.

La Sala para configurar la estructura de su presente decisión, considera necesario puntualizar que la doctrina sobre el vicio del silencio de pruebas, ha mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia se considera, pudiera estar viciada de inmotivación, por omitir el análisis de algún elemento de probanza; esta infracción debía denunciarse como defecto de actividad, con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, el criterio comentado, fue abandonado mediante decisión de fecha 21 de junio de 2000, en el juicio seguido por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY, C.A., estableciéndose a partir de esa data, que para que la Sala conozca una denuncia de esta naturaleza, la misma deberá ser fundamentada como infracción de ley, en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Ante esta nueva doctrina, será posible realizar la valoración del instrumento obviado por el sentenciador, para determinar si realmente su análisis pudiera tener alguna influencia importante en la decisión de que se trate, de considerarse que no la tiene y resultar, en consecuencia, sin lugar el recurso analizado, se evitaría una reposición inútil, hecho que conforme a la doctrina abandonada, se sucedía inevitablemente, ya que al corroborar la Sala, que realmente se había dejado de practicar el estudio de algún medio probatorio, aun aquéllos que no pudiesen tener influencia en el fallo, debía ordenar la reposición y una nueva decisión que corrigiera el vicio. En este orden de ideas, es menester aclarar que la nueva doctrina, supra reseñada, debe ser aplicada al sub iudice, en virtud de que la admisión del recurso de casación bajo análisis, lo fue el 9 de enero de 2002, fecha evidentemente posterior a la sentencia que contiene el cambio de jurisprudencia acotado. En consecuencia, la presente denuncia se desestima por la falta de técnica. Asi se decide.

 

III

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, 243, ordinales 4° y el 509 eiusdem, por incurrir en el vicio de silencio de pruebas.

En el desarrollo de la presente denuncia, el recurrente expresa nuevamente que el ad quem, no apreció el valor probatorio de la certificación de gravámenes y enajenación expedida por el Registrador Subalterno del Registro del Municipio Bermúdez del estado Sucre, acompañada a la presente solicitud de ejecución de hipoteca.

 

Para decidir, la Sala observa:

Vista la estrecha e idéntica relación existente entre la presente denuncia y la desestimada anteriormente, la Sala, a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles y el desgaste de la presente jurisdicción, considera innecesario realizar nuevamente los razonamientos expuestos precedentemente, los cuales da por aplicados y reproducirlos aquí íntegramente, para establecer la improcedencia de la denuncia de inmotivación por silencio de prueba causada por infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4° y 509 del Código de Procedimiento Civil, en razón a la aplicación de la técnica inadecuada para su estructuración. Asi se decide.

 

RECURSO POR INFRACCION DE LEY

I

Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 12 eiusdem y 1.160 del Código Civil, por incurrir en error de interpretación del contrato.

Al efecto, señala en su escrito de formalización, lo siguiente:

“... La recurrida analizó e interpretó en parte el documento hipotecario, y al efecto señaló:

(...Omissis...)

Al cometer el sentenciador de la alzada el error de interpretar en parte el documento de hipoteca y señalan (Sic) en su fallo, cito:

“...Igual conducción propicia al secundar a los ejecutantes en su pretensión de querer cobrar intereses compensatorios, intereses demora (Sic) y otros...”

Contemplando expresamente como motivo de casación de fondo, ordinal segundo del artículo 313 del código (Sic) de procedimiento (Sic) civil (Sic) violó el artículo 12 del mismo código (Sic), que faculta a los jueces en la Interpretación (Sic) de contratos o actos que presenten oscuridad ambigüedad o deficiencia, se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe; y también violó el artículo 1.160 del código (Sic) civil (Sic), que consagra que los contratos deben ejecutarse de buena fe...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“...En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe...”.

 

El anterior precepto normativo le atribuye a los jueces de instancia la interpretación de los contratos, quienes realizan la labor de indagar la voluntad e intención de las partes contratantes al establecer determinadas obligaciones y derechos. Los Tribunales del fondo son los únicos que pueden establecer lo que cada una de las partes ha dado o prometido, el alcance y extensión de las respectivas prestaciones y hasta las consecuencias que pudieron ser previstas al tiempo de celebrar el convenio. En consecuencia, la interpretación de los contratos es materia reservada a los jueces de instancia, de la cual, sólo puede conocer esta Sala, cuando se denuncie la comisión por el Juez de una suposición falsa o un error en la calificación del contrato; motivo por el cual las conclusiones que aquéllos sostengan en ese campo, escapan a la censura de casación, salvo que se alegue alguna de las situaciones excepcionales en que esta Suprema Instancia, pueda extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos o al fondo de la controversia.

En el sub iudice, el formalizante alega que la recurrida erró en la interpretación del contrato sin utilizar la técnica casacionista señalada y que permita a esta Sala entrar a considerar el asunto; no señala tampoco cómo incurre el ad quem en el vicio delatado, limitándose a señalar que este violó el artículo 12 del Código de procedimiento Civil y 1.160 del Código Civil, sin la pertinente explicación de cómo se infringieron.

Por los anteriores considerandos, la Sala concluye, en la improcedencia de la denuncia de infracción de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y el 1.160 del Código Civil, por error de interpretación del contrato, en razón a la aplicación de la técnica inadecuada para su estructuración. Asi se decide.

II

Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 12 ibidem y 1.269 del Código Civil.

Al efecto, señala en su escrito de formalización, lo siguiente:

“...Quedo establecido en el cuerpo de la demanda, el vencimiento del plazo establecido en la convención, dado, que el documento hipotecario establece una obligación a término fijo y que ese término estaba para el momento de interponerse la demanda vencido y de la obligación de pagar por parte del deudor Hipotecario (Sic). A tal efecto establece el artículo 1269 (Sic) del código (Sic) civil (Sic), se constituye en mora por el solo vencimiento de plazo establecido en el contrato.

En efecto, y hablando con la doctrina, se entiende por mora en sentido lato, un retrazo (Sic) del deudor en el cumplimiento de la obligación (mora solvendi) o del acreedor en la recepción del pago (mora aceccipiendi).

Pero en sentido propio y estricto, solo se entiende por mora el retardo culpable que no suprime la posibilidad del cumplimiento tardío, sentado esto, surge como consecuencia inmediata, que equiparándose la mora del deudor a un hecho culposo, la indemnización del perjuicio que tal circunstancia entraña se rige por lo dispuesto el (Sic) artículo 1.277 y el artículo 1.746 del código (Sic) civil (Sic); (JRP 04-02-65, volumen XIV, página 594; página 1.016 código (Sic) civil (Sic), Nerio Perera Planas).

En el mismo sentido ha dicho la sala (Sic):

“...Las partes contratantes fijaron convencionalmente el interés de dicho préstamo, el cual rige para los plazos fijos, como para la prórroga y para la mora, ya que el legislador señala el interés legal para el caso de que los contratantes no diga (Sic) nada, dictando al efecto una medida supletoria. La doctrina tanto nacional como extranjera, que los sentenciadores acogen, considera que solo a falta de interés convencional es que puede regir el interés legal. Al efecto el Ilustre (Sic) Sanojo en su obra de Derecho Civil, al comentar el artículo 1.277 nos dice: siendo la obligación de dar una cantidad de dinero, el perjuicio se presume, y el deudor no es admitido a probar que el acreedor no lo ha padecido. En nuestro concepto, cuando el retando (Sic) tiene lugar en una deuda de dinero, que ha devengado interés en virtud de pacto, el principal seguirá produciendo el rédito pactado...” (JTR de fecha 15-02-66, volumen XIV, página 562; página 1.016 código (Sic) civil (Sic) Nerio Perera Planas).

Con base a estos alegatos, pido se declare con lugar esta denuncia de fondo.

NORMAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN EL CASO DE MARRAS

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento al ordinal 4° del articulo 317 del código (Sic) de procedimiento (Sic) civil (Sic), o sea, la especificación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas, señalo que las normas aplicables son las que denunciamos como infringidas, es decir, los artículos: 12, 243 ordinales 4° y 5°, 244 y 509 del código (Sic) de procedimiento (Sic) civil (Sic) y los artículos: 1.160 y 1.269 del Código Civil Vigente (Sic).

No obstante, ciudadanos Magistrados (Sic) a las normas anteriormente señaladas por mi persona y sustentada en la parte in fine del tercer parágrafo del artículo 320 del código (Sic) de procedimiento (Sic) civil (Sic), solicito de la sala (Sic) aplique las normas jurídicas que considere aplicables a este caso para resolver la controversia en el supuesto que considere que las disposiciones, que antes he mencionado como pertinentes no sea (Sic) aplicables.

En razón de lo precedentemente expuesto, solicito de esta honorable sala (Sic) de casación (Sic) civil (Sic), se declare con lugar el presente recurso de casación, case la sentencia recurrida y ordene al tribunal de reenvío pronunciar nueva sentencia acatando la doctrina de (Sic) este alto (Sic) tribunal (Sic) deje establecida; o case sin reenvío en uso de la facultad prevista en el último aparte del articulo  322 del código (Sic) de procedimiento (Sic) civil (Sic) vigente con la expresa condenatoria en costas a fin de restablecer el derecho seriamente quebrantado por la sentencia recurrida...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

La determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, asi como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones. A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él, se persigue anular una decisión para corregir ilegalidades enfrentadas en ella a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.

La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.

Sobre este particular, la Sala ha expresado, entre otras decisiones, la de fecha 31 de octubre de 2000, caso Luis Eduardo León Parada contra Angel Williams Alcalá Linares, expediente N° 00-320, sentencia N° 346, con ponencia del magistrado que con tal carácter ésta suscribe, lo siguiente:

“...En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.

En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada –cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada...”.

 

En el sub iudice, puede constatar la Sala de la transcripción ut supra realizada de la delación de la presente denuncia, que el formalizante denunció de manera ambigua, dado que fundamenta su delación en la conceptualización de lo que ha de entenderse por la mora del deudor hipotecario, sin precisar de manera cierta en que consiste el supuesto vicio que le endilga a la recurrida; vaga, ya que sólo se limita a mencionar el artículo 1.269 del Código Civil, se repite, sin determinar el sentido y alcance de dicha norma y cómo fue infringida por la recurrida, citando, además, una posible aplicación de los artículos 1.277 y 1.746 eiusdem, sin que se mencione los fundamentos pertinentes; e ininteligible, dado que no expone una redacción coherente que permita conocer cuál de los errores de juzgamiento, -falsa o falta de aplicación o error de interpretación- se imputa, ni en qué consiste el vicio denunciado.

Por ello, la Sala observa que, la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, lo que delata la deficiente técnica de formalización empleada, que impide volcar la flexibilidad abanderada por la Sala para determinarlo como un error material. En consecuencia, la presente denuncia se desestima por la falta de técnica. Asi se decide.

D E C I S I Ó N

En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Sucre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario y del Trabajo de la citada Circunscripción Judicial. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los   veintisiete  (27) días del mes de                     febrero de dos mil tres. Años: 192º de la Independencia y 144º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

 

_____________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

El Vicepresidente Ponente,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VELEZ

 

Magistrado,

 

 

 

_________________________

ANTONIO RAMIREZ JIMÉNEZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

_________________________

ADRIANA ALFONZO PADILLA

 

 

Exp. N°:  AA20-C-2002-000072.

 

 

 

 

El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez disiente del criterio sostenido en el presente fallo por la mayoría sentenciadora, con base en las consideraciones siguientes:

En nuestro sistema judicial la actividad del Juez se encuentra reglada por la Ley, y éste no puede separarse bajo ningún respecto de los lineamientos que ésta le da, por ello, cuando se desvía de dicho proceder no se produce una infracción en el juzgamiento, sino que se rompe la estructura procesal que la Ley le impone.

Cuestión diferente ocurre cuando el Juez decide o se pronuncia sobre determinado aspecto, pues en ese caso, como aplicador de la Ley, la entiende y la interpreta, si al realizar dicha labor incurre en algún error, éste por ser tal, no irrumpe contra el proceso, sino que afecta específicamente la decisión.-

En tal sentido, se puede afirmar, que la omisión del análisis de una prueba, más que una infracción de la norma contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es una subversión procedimental que afecta la motivación del fallo y por ende siempre debe ser denunciado el vicio de silencio de prueba bajo un recurso por defecto de actividad, según la doctrina reiterada establecida por la Sala en su ya conocida sentencia de fecha 28 de abril de 1993 (Inversiones Sinamaica C.A. c/ Parcelamiento Chacao C.A.).-

Por otra parte, el establecimiento de los hechos por parte del Juez, supone siempre la función de apreciar los medios probatorios que los comprueban, por lo que examinar las pruebas es una garantía sobre el establecimiento de esos hechos, que en definitiva son determinantes para el dispositivo del fallo. Es ese y no otro el sentido que debe darse al dispositivo contenido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual recoge ese principio de que todas las pruebas deben ser analizadas.

La  nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca por primera vez que la forma no debe prevalecer sobre la justicia y que ésta última debe ser producida en el plazo más breve posible. El Código de Procedimiento Civil de 1986 también contiene buena parte de esos principios. En efecto, el artículo 10 pauta que la justicia debe administrarse en el plazo más breve y a falta de fijación del término, el Tribunal tendrá tres (3) días de despacho para proveer sobre la petición.-

El artículo 206 del mismo código consagró, de manera expresa, un criterio reiterado de la Sala, en el sentido que no se declarará la reposición  de la causa si la misma no persigue un fin útil y el acto alcanzó el fin al cual estaba destinado, criterio que ya venía aplicándose desde el año 1943. También el artículo 213 eiusdem dispone que si la parte afectada por la nulidad no atacó la misma en la primera oportunidad que actuó, convalidó los vicios existentes, lo cual puso fin a una serie de largas demoras en el proceso, entre ellas la eliminación de la querella nulitatis y condujo a la implantación de la figura de la citación tácita o presunta.

Ahora bien, lo cierto es que la Constitución vigente y el Código adjetivo civil exigen que la justicia sea completa y exhaustiva, pero no se lograría el fin de la justicia si se omite algún elemento clarificador del proceso. Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta.-

Ciertamente, resulta imperiosa la necesidad de que el Juez emita un pronunciamiento sobre la prueba, porque sólo de esa manera la parte podrá atacarlo si estimara que ese análisis no fue correcto. De contrario, al no existir pronunciamiento, el recurrente tiene prácticamente negada la posibilidad de atacar el fallo recurrido, quedando truncado el desideratum de la Constitución de 1999.-

Por tanto, la exhaustividad del fallo exige, ahora con mayor razón, que los Jueces examinen todo el material probatorio que las partes aporten al expediente, pues normalmente la parte al promover una prueba procura demostrar las afirmaciones de hecho.-

No cabe dudas que el principio axiológico que inspira el criterio de la mayoría, contenido en el artículo 257 de la Constitución vigente, plantea como finalidad para la obtención de la justicia, la omisión de formalidades, pero resulta que la aplicación de dicho principio como argumento para sustentar las razones del cambio doctrinal, inevitablemente generará la violación flagrante de la norma constitucional que contiene otro principio axiológico de carácter superior, es decir, el que alude al derecho a la defensa consagrado en el artículo 26 de la ya referida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-

La decisión de la mayoría de los distinguidos Magistrados, salvo referir que la denuncia deberá realizarse a través de un recurso de fondo con base en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, no precisa la técnica a seguir por el formalizante situación que, aunada a los basamentos jurídicos planteados previamente, no permite debidamente el ejercicio del derecho a la defensa de quienes acuden  ante los órganos de administración de justicia.-

Por tanto, respetando siempre el criterio de la mayoría sentenciadora, en criterio del Magistrado que suscribe, no debe la Sala determinar si la prueba tiene o no influencia en el dispositivo del fallo, ya que justamente esa es la labor de los Jueces de instancia, que la Sala excepcionalmente examina bajo la “casación sobre los hechos”. Tampoco puede pasar la Sala a examinar la conducencia de la prueba, para lo cual es obligatorio realizar un examen de todo el expediente, incluyendo todas las pruebas, labor esencial que igualmente deben realizar los jueces de instancia, motivo por el cual la Sala no puede exceder la competencia que el instituto de la casación le tiene atribuida y permitir con ello laxitud del tribunal de la recurrida en el cumplimiento de sus obligaciones. Por estas razones, quien disiente de la mayoría estima que el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Fecha ut supra.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

La Secretaria,

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. N° AA20-C-2002-000072

 

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