Sentencia N.º 577
- Sentencia
- N.º 577
- Fecha
- 20/03/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1779
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Sala Constitucional
Exp. N° 05-1779
MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 11 de agosto de 2005, los abogados Henrique Iribarren Monteverde, Sunlight Díaz Barrios y Rosa Federico Del Negro, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 19.739, 14.952 y 26.408, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de CANAL POINT RESORT C.A., domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de
El 15 de agosto de 2005 se dio cuenta en
Por diligencia del 19 de octubre de 2005, el abogado Henrique Iribarren Monteverde, apoderado judicial de la solicitante, consignó copia certificada de la sentencia del 31 de mayo de 2005, y su auto de corrección del 14 de junio de 2005, dictados por
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de la presente solicitud, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
1.- Por auto del 17 de diciembre de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
2.- Por auto del 18 de enero de 2002, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
3.- Por diligencia del 28 de enero de 2002, la abogada Marisol Pérez González, apoderada judicial de los demandantes en el juicio principal, solicitó igualmente que se extendiera la quiebra intentada contra Canal Point Resort C.A. a la sociedad de hecho Organización Beckhoff Benko y a los ciudadanos Enrique Beckhoff Benko y Betina Beckhoff, por considerar que estamos en presencia de un abuso de personalidad que hace viable en cuanto a derecho la extensión solicitada; en virtud de lo cual, el referido Juzgado de Primera Instancia, por auto del 30 de enero de 2002, extendió la ocupación judicial a todos los bienes de las empresas que componen la sociedad de hecho Organización Beckhoff y a los bienes de los ciudadanos Enrique Beckhoff Benko y Betina Beckhoff Benko, y respecto a la extensión de la declaración de quiebra a todas las empresas de
4.- Por diligencia del 1 de febrero de 2002, el abogado Pablo Bravo Paredes, apoderado judicial de la parte actora, solicitó la citación personal del ciudadano Enrique Beckhoff Benko, en virtud de la ocupación judicial decretada sobre los bienes pertenecientes a
5.- Por diligencia del 1 de febrero de 2002, el abogado Boris Noguera Grieco, en su carácter de representante legal de Recuperadora
6.- Por diligencia del 29 de abril de 2002, la abogada Sunlight Díaz Barrios, en su carácter de apoderada judicial de Canal Point Resort C.A., en nombre de su representada se dio por citada en el juicio de quiebra y recusó a
7.- Por escrito presentado el 31 de mayo de 2002, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
8.- Por escrito presentado el 19 de julio de 2002, el abogado Pablo Bravo Paredes, apoderado judicial de la parte actora en el juicio principal, solicitó que se declarara la confesión ficta de la parte demandada en virtud de que no contestó la demanda ni promovió pruebas durante el lapso probatorio.
9.- Por sentencia dictada el 24 de febrero de 2003, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
10.- Por sentencia dictada el 9 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
11.- Por auto del 6 de octubre de 2004, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
12.- Por sentencia dictada el 31 de mayo de 2005,
13.- Por auto del 14 de junio de 2005,
II
DE
Los apoderados judiciales de la accionante fundamentaron su solicitud de revisión en los siguientes aspectos:
1.- Que la sentencia impugnada violentó flagrantemente a nuestra representada sus derechos constitucionales de igualdad de las personas ante
2.- Que, en la oportunidad en que impugnaron los escritos contentivos de la formalización de los respectivos recursos de casación presentados por los apoderados judiciales de los ciudadanos Armando Ladislao Martínez Machado, Celestino Martínez Pérez y Corina Margarita Stone de Martínez y CONSTRUCTORA ANACO C.A y RECUPERADORA
3.- Que la decisión recurrida en casación es una sentencia repositoria que anuló todas las actuaciones posteriores al 30 de enero de 2002, en el juicio de quiebra, incluyendo el auto mediante el cual se admitió a
4.- Que,
5.- Que,
6.- Que, la sentencia impugnada tramitó indebidamente los recursos de casación anunciados y formalizados, ya que infringió el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; además, no expresa cuál de los dos (2) recursos formalizados fue el que declaró con lugar e ignoró que en el juicio principal fue dictada sentencia definitiva por el A quo en fecha 21 de diciembre de 2004, por lo que la reposición ordenada por
7.- Por último, solicitaron que se declare procedente la solicitud de revisión y se reestablezca la situación jurídica que consideran infringida, mediante la declaratoria de inadmisibilidad de los recursos de casación anunciados y formalizados, en el juicio de quiebra seguido contra su mandante o que, en defecto de ello, sean declarados improcedentes dichos recursos.
Finalmente, solicitaron medida cautelar innominada en el sentido de que sea decretada la suspensión de los efectos del dispositivo contenido en la sentencia dictada el 31 de mayo de 2005 por
III
DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN
Para decidir,
En la presente denuncia, el recurrente sostuvo que la sentencia impugnada adolece de un quebrantamiento de forma en menoscabo del derecho de defensa, al excluir a su representado como tercero adhesivo coadyuvante del actor, en la solicitud de quiebra, ya que, a su decir, en la misma, el juez de la recurrida violentó el equilibrio procesal de las partes y colocó en estado de indefensión a su representada cuando confirmó el fallo apelado y ratificó la nulidad del auto de fecha 20 de febrero de
En este sentido, tenemos que el denominado vicio por quebrantamiento de formas procesales en menoscabo al derecho a la defensa implica la violación de la regla legal que la establece; pero en un recurso por defecto de actividad lo mas importante no es la causa del error -la violación de una regla procesal-, sino su efecto: el menoscabo del derecho de defensa. (Abreu Burelli, Alirio y Mejía Arnal, Luís Aquiles;
El artículo 380 de
El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal...
... Omissis...
Ahora bien, la causa por la cual el a quo anuló el auto que admitió el tercero adhesivo, estaba cumplida en el mismo, pues expresó que
haciendo abstracción de la adecuación a la fundamentación legal de la misma, estima que en dicha admisión se obvió la orden de comparecencia expresa e individualizada, con la correspectiva indicación de la identidad de los sujetos llamados al juicio, lo que vicia dicha actuación, haciéndola acreedora de la nulidad virtual dispuesta en el in fine del primer párrafo del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil
. Y en el auto de fecha 20 de febrero de 2002, se ordenó compulsar por secretaria tantas copias certificadas del libelo de demanda principal y del escrito libelar complementario presentado por el tercero interviniente, como personas jurídicas y naturales se identifican en ambos escritos, y librar las correspondientes boletas de citación anexándole a las mismas copias certificadas del libelo de demanda principal y su complemento, del auto de admisión y ordenó entregárselas al alguacil de ese despacho, persona debidamente autorizada de gestionar las citaciones ordenadas.
Por ello hay el quebrantamiento de la forma procesal, pues de acuerdo al artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, no se requiere sino que el tercero adhesivo tenga que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, en razón de ello y de acuerdo al auto de fecha 20 de febrero de 2002, el tercero cumplió con ese supuesto, además, de que está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal, tal y como también se encuentra establecido en el referido artículo.
...Omissis...
De acuerdo a lo antes expuesto,
Por haber prosperado el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en menoscabo del derecho de la defensa del tercero adhesivo,
IV
Consideraciones para Decidir
En el presente caso, se ha solicitado la revisión de una decisión dictada por
En primer lugar, debe dilucidarse la competencia para conocer del caso de autos, a cuyo efecto se observa que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 336.10 de
Delimitada su competencia, conviene ahora acotar que -según la letra del mencionado artículo 5.4 de la ley que rige a este Máximo Juzgado- resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando se denuncie fundadamente: (i) la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
Asimismo, antes de la entrada en vigencia de
...1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de
Estas causales, recogen para la actualidad los principios jurídicos fundamentales a los que se refiere el artículo 5.4 de
Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa:
En el caso sometido bajo análisis, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Finalmente, la sentencia recurrida en casación, que confirmó la decisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia repuso la causa al estado de que estimándose citada Canal Point Resort C.A. se procediera a la contestación de la demanda de quiebra incoada en su contra, previa constancia en autos de su notificación al efecto, declarándose nulos todos los actos ulteriores al 30 de enero de 2002.
Por su parte la sentencia objeto de revisión, que conoció del recurso de casación interpuesto tanto por los apoderados judiciales de la parte actora en el juicio de quiebra, como por la representación judicial de la tercera adhesiva en dicho juicio, Recuperadora 333 C .A., a pesar de que las denuncias realizadas por los distintos recurrentes versaban sobre los distintos puntos tratados en la sentencia dictada por el Juzgado Superior, sólo se pronunció acerca de la denuncia de quebrantamiento de forma en menoscabo del derecho a la defensa por la exclusión de la tercera adhesiva coadyuvante del actor, refiriéndose en todo momento a la nulidad del auto que admitió a la referida tercera y consideró que al haber prosperado el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en menoscabo del derecho a la defensa del tercero adhesivo, declaró con lugar el recurso de casación y se abstuvo de conocer de las demás denuncias.
Por otra parte, observa
En este sentido, es necesario pronunciarse acerca del vicio de incongruencia omisiva, tal como lo hizo esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, (Caso: José Pascual Medina Chacón), en donde precisó:
Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ´incongruencia omisiva` del fallo sujeto a impugnación.
La jurisprudencia ha entendido por ´incongruencia omisiva como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).
Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.
Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.
Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ´incongruencia omisiva`.
Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado.
En el caso de autos,
Observa esta Sala que la referida evasión en cuanto al pronunciamiento correcto, lesiona, además, el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, se pronunció en sentencia Nº 1340 del 25 de junio de 2002 donde señaló:
...el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.
Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 15
Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Artículo 243
Toda sentencia debe contener:
...(omissis)...
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
Artículo 244
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
Ahora bien, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que
Por otra parte, observa
De conformidad con la jurisprudencia de
Es así como
En el presente caso las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, no fueron sentenciadas en la oportunidad de la definitiva, y por lo tanto no constituyen definitivas formales sino simples decisiones interlocutorias de reposición.
Es claro pues, que al anunciarse en el presente caso recurso de casación contra una sentencia que no pone fin al juicio ni fue dictada en la oportunidad de la definitiva, es evidente que la decisión recurrida corresponde a las llamadas interlocutorias inadmisibles en esta etapa procesal
Según señaló ha expresado esta Sala Constitucional (sentencia del 14 de diciembre de 2004, caso: Seguros Altamira C.A.) ...la reiteración y la uniformidad constituyen exigencias cardinales para la determinación de la existencia de un criterio jurisprudencial; no obstante, las mismas no son absolutas ya que, algunas veces, la jurisprudencia es vacilante y no se consolida. Por otra parte, en algunos supuestos (excepcionales) podría ser suficiente una sola sentencia como por ejemplo, cuando se produce un cambio de criterio mediante un razonamiento expreso y categórico, o cuando se dilucida por vez primera un asunto o cuando la falta de frecuencia de casos análogos no permitan la reiteración de la doctrina legal.
En anteriores oportunidades esta Sala ha hecho referencia a los criterios jurisprudenciales, sus cambios y la relación que existe entre los mismos y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional (sentencia de 1 de junio de 2001, caso: Fran Valero González y otro) en los siguientes términos:
La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no son contrarios a derecho.
Con la anterior afirmación,
Así, es claro que en nuestro ordenamiento jurídico, con excepción de la doctrina de interpretación constitucional establecida por esta Sala, la jurisprudencia no es fuente directa del Derecho. Sin embargo, la motivación de los fallos proferidos por las Salas de Casación que trasciendan los límites particulares del caso sub iúdice, para ser generalizada mediante su aplicación uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia relevante para las partes en litigio dada la función de corrección de la actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia que ejercen las Salas de Casación de este Alto Tribunal, cuando desacaten o difieran de su doctrina, la cual, de acuerdo con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 177 de
Por ello, la doctrina de casación, sin ser fuente formal del Derecho, en virtud de que sienta principios susceptibles de generalización, cuya desaplicación puede acarrear que la decisión proferida en contrario sea casada, se constituye en factor fundamental para resolver la litis y, en los casos en que dicha doctrina establezca algún tipo de regulación del proceso judicial, sus efectos se asimilan a los producidos por verdaderas normas generales.
De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos.
No se trata de que los criterios jurisprudenciales previamente adoptados no sean revisados, ya que tal posibilidad constituye una exigencia ineludible de la propia función jurisdiccional, por cuanto ello forma parte de la libertad hermenéutica propia de la actividad de juzgamiento, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente.
Asimismo, conforme a lo expuesto, esta Sala ha reiterado en múltiples fallos (sentencia del 19 de diciembre de 2003, caso: Salvador de Jesús González Hernández, entre otras), que la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho.
En el caso bajo análisis,
Observa esta Sala que, en la sentencia cuya revisión se pretende,
Por lo antes expuesto, esta Sala estima procedente la revisión solicitada, y visto que el fallo impugnado obvió los criterios e interpretación de las normas y principios constitucionales por parte de esta Sala Constitucional, antes señalados, y en virtud de que en el caso bajo conocimiento de
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese, archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
JECR/
Quien suscribe Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, manifiesta su disconformidad con la decisión que contiene el presente fallo y, a continuación, expone su voto salvado, en los términos siguientes:
La sentencia objeto de la presente solicitud de revisión constitucional, dictada, el 31 de mayo de 2005, por
Por otro lado, la sentencia recurrida en casación, es la sentencia dictada el 09 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El pronunciamiento con el que disiente quien suscribe, declara ha lugar la solicitud de revisión planteada y anula la sentencia No. 299 de
Ahora bien, en el presente caso, quien disiente observa que la parte demandada en el juicio de quiebra, se dio por citada en dicho juicio en fecha 29 de abril de 2002, y que posteriormente, en fecha 19 de julio de 2002 la parte actora solicitó se declarara la confesión ficta de la parte demandada en virtud de que no contestó la demanda ni promovió pruebas durante el lapso probatorio y que dicha solicitud no fue decidida por el sentenciador de primera instancia hasta el 24 de febrero de 2003, donde repuso la causa, al estado de que se reaperturara el lapso para contestar la demanda y declaró nulos todos los actos procesales ulteriores al 30 de enero de
Entonces, de la narrativa de la presente decisión se desprende que para la parte actora, -recurrente en casación- ya habían transcurridos los lapsos procesales correspondientes a la sustanciación del proceso de quiebra, y que en su entender, el sentenciador debió resolver la confesión ficta solicitada. Por tanto, el juzgador en lugar de dictar una sentencia definitiva, repone la causa por encontrar quebrantamientos de forma, decisión ésta que es apelada y luego confirmada por el Tribunal de alzada.
De esta forma, la decisión contra la cual se ejerció el recurso de casación es una decisión conocida por la doctrina nacional como una sentencia definitiva formal.
Sobre este tipo de sentencias definitivas formales, destacados procesalistas nacionales han comentado lo siguiente:
la sentencia que decreta la reposición en la oportunidad de dictar la definitiva
denominada por la jurisprudencia prevalente definitiva formal, ha sido calificada de sentencia interlocutoria
que ni pone fin al juicio ni impide su continuación, pero que produce gravamen irreparable por la definitiva. Este perjuicio se basa en un supuesto: en caso de error, éste no es subsanable por la resolución que se dicte posteriormente, porque sólo será después de revisado el fallo por el Tribunal Supremo cuando se observaría la legalidad o improcedencia de la reposición decretada. Si no se concede casación (inmediata) a esta sentencia y se anulan las actas cuyo procedimiento está viciado, ya no sería posible recuperar su validez, caso de que realmente sean inexistentes los vicios señalados. (Cuenca, Humberto; Curso de Casación Civil, Tomo II, pp. 64 y 65).
desde hace más de 50 años la doctrina de nuestra casación dio nacimiento a una categoría de sentencias llamadas definitivas formales o de reposición, con el objeto de equipararlas a las sentencias definitivas y consiguientemente dar lugar al recurso de casación inmediato contra este tipo de pronunciamiento
que no puede incluirse entre las sentencias interlocutorias propiamente dichas porque no deciden un incidente surgido en la secuela del proceso,
tampoco correspondería con precisión a las sentencias definitivas, según la definición corriente, más participa de la índole y naturaleza de éstas por recaer sobre el proceso ya sustanciado,
afecta en forma general todas las cuestiones que en él se ventilan
entonces, definitivas formales, se dictan en la oportunidad de las sentencias definitivas y ocupan su lugar (Márque Añez, Leopoldo; El Nuevo Código de Procedimiento Civil, Caracas, 1987, pp. 32-34).
Así pues, quien disiente considera que en el presente caso la sentencia recurrida en casación encuadra entre las llamadas sentencias definitivas formales, las cuales son recurribles en casación de forma inmediata.
Por otro lado, con relación al pronunciamiento realizado por la mayoría sentenciadora respecto a que la decisión revisada adolece del vicio de incongruencia negativa por cuanto sólo se pronunció acerca de la denuncia esgrimida por la tercera adhesiva en el juicio de quiebra
.dejando absolutamente indefinida la situación sobre los demás puntos de derecho tratados en la sentencia recurrida con relación a la nulidad de los autos decretada y a la situación de la parte demandada en el juicio y su contestación de la demanda, es oportuno señalar el contenido del segundo aparte del artículo 320 del vigente Código de Procedimiento Civil, que señala:
Si al decidir el recurso
Entonces,
En conclusión, no encuentra quien disiente, que la sentencia revisada sea consecuencia de un error inexcusable, además de no considerar que se subsume en ninguno de los supuestos de procedencia que ha fijado esta Sala, simplemente el solicitante de la revisión -parte demandada- impugna una decisión que le es adversa, por lo cual, la solicitud de revisión planteada por Canal Point Resort, C.A. debió ser declarada no ha lugar.
Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut retro.
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Disidente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 05-1779
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