Venley

Sentencia N.º 577

Sentencia
N.º 577
Fecha
20/03/2006
Sala
Constitucional
Expediente
05-1779
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Recurso de Revisión

 Sala Constitucional

Exp. N° 05-1779

 

 

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

            El 11 de agosto de 2005, los abogados Henrique Iribarren Monteverde, Sunlight Díaz Barrios y Rosa Federico Del Negro, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 19.739, 14.952 y 26.408, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de CANAL POINT RESORT C.A., domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 16 de noviembre de 1992, bajo el Nº 34, Tomo 71-A-Pro, con modificaciones posteriores en sus Estatutos, inscritas ante la citada Oficina de Registro Mercantil el 5 de abril de 1995, bajo el Nº 25, Tomo 90-A-Pro; el 27 de octubre de 1995, bajo el Nº 19, Tomo 334-A-Pro; el 25 de marzo de 1996, bajo el Nº 50, Tomo 122-A Pro, siendo la última modificación la inscrita el 11 de noviembre de 1996, bajo el Nº 14, Tomo 313-A-Pro, solicitaron ante esta Sala Constitucional la revisión del fallo Nº 299 del 31 de mayo de 2005, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el juicio de quiebra seguido contra la mencionada sociedad mercantil por los ciudadanos Armando Ladislao Martínez Machado, Celestino Martínez Pérez y Corina Margarita Stone de Martínez y CONSTRUCTORA ANACO C.A. y RECUPERADORA 333 C.A., esta última en su condición de tercera adhesiva.

 

El 15 de agosto de 2005 se dio cuenta en la Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Por diligencia del 19 de octubre de 2005, el abogado Henrique Iribarren Monteverde, apoderado judicial de la solicitante, consignó copia certificada de la sentencia del 31 de mayo de 2005, y su auto de corrección del 14 de junio de 2005, dictados por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, objeto de la presente revisión.

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de la presente solicitud, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

            1.-  Por auto del 17 de diciembre de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la demanda de quiebra interpuesta por el abogado Pablo Bravo Paredes, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 30.470, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Armando Ladislao Martínez Machado y Corina Margarita Stone de Martínez; y Constructora Anaco C.A., contra Canal Point Resort C.A.  En dicho escrito de demanda se señaló que dicha quiebra debería extenderse al grupo societario Organización Beckhoff, sociedad de hecho y a sus accionistas Enrique Beckhoff Benko y Betina Beckhoff Benko.

 

            2.-  Por auto del 18 de enero de 2002, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida de ocupación judicial sobre los bienes de la demandada, sus libros, correspondencia y documentos.

 

            3.-  Por diligencia del 28 de enero de 2002, la abogada Marisol Pérez González, apoderada judicial de los demandantes en el juicio principal, solicitó igualmente que se extendiera la quiebra intentada contra Canal Point Resort C.A. a la sociedad de hecho Organización Beckhoff Benko y a los ciudadanos Enrique Beckhoff Benko y Betina Beckhoff, por considerar que “estamos en presencia de un abuso de personalidad que hace viable en cuanto a derecho la extensión solicitada”; en virtud de lo cual, el referido Juzgado de Primera Instancia, por auto del 30 de enero de 2002, extendió la ocupación judicial a todos los bienes de las empresas que componen la sociedad de hecho Organización Beckhoff y a los bienes de los ciudadanos Enrique Beckhoff Benko y Betina Beckhoff Benko, y respecto a la extensión de la declaración de quiebra a todas las empresas de la Organización Beckhoff, señaló que se pronunciaría en la sentencia definitiva.

 

            4.-  Por diligencia del 1 de febrero de 2002, el abogado Pablo Bravo Paredes, apoderado judicial de la parte actora, solicitó la citación personal del ciudadano Enrique Beckhoff Benko, en virtud de la ocupación judicial decretada sobre los bienes pertenecientes a la Organización Beckhoff; asimismo, solicitó como medida preventiva innominada, que se librara exhorto a todos los Registros Mercantiles, Registros Subalternos y Notarías, a los fines de que se abstuvieran de realizar operaciones de traslado de propiedad de bienes pertenecientes a dichas personas o sociedades mercantiles donde las mismas se encontraran involucradas, para salvaguardar el patrimonio de los acreedores; además solicitó, que el Tribunal librara exhorto a todos los acreedores de cualquiera de dichas empresas para que consignaran los soportes que acreditaran la deuda que mantienen con éstas, en virtud de que al practicarse la ocupación judicial no se encontraron los libros de ninguna de las empresas que pertenecen a Organización Beckhoff; todo lo cual fue acordado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por auto del 6 de febrero de 2002.

 

            5.-  Por diligencia del 1 de febrero de 2002, el abogado Boris Noguera Grieco, en su carácter de representante legal de Recuperadora 333 C.A., a los fines de constituir a su representada en tercera coadyuvante en la solicitud de quiebra de la “sociedad irregular ORGANIZACIÓN BECKHOFF” consignó copia simple del libelo de la demanda, contenido en el expediente Nº 17.664, del juicio seguido contra dicha Organización, ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en lo previsto en el ordinal 3º del artículo 370 y el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil.  Como consecuencia de dicha solicitud, por auto del 20 de febrero de 2002, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la intervención de Recuperadora 333 C.A. como tercero y ordenó la apertura de un cuaderno separado a los fines de tramitar la tercería.

 

6.-  Por diligencia del 29 de abril de 2002, la abogada Sunlight Díaz Barrios, en su carácter de apoderada judicial de Canal Point Resort C.A., en nombre de su representada se dio por citada en el juicio de quiebra y recusó a la Juez provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

7.-  Por escrito presentado el 31 de mayo de 2002, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual le correspondió conocer de la causa principal, en virtud de la recusación planteada, la abogada Sunligth Díaz Barrios, apoderada judicial de Canal Point Resort C.A., solicitó la nulidad del auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia el 30 de enero de 2002 mediante el cual se extendió la ocupación judicial a “todos los bienes de las empresas que componen a la sociedad de hecho ORGANIZACIÓN BECKHOFF y a los bienes de los ciudadanos ENRIQUE BECKHOFF y BETTINA BECKHOFF BENKO”.  Asimismo, solicitó la nulidad parcial del auto dictado el 6 de febrero de 2002, por el referido Juzgado de Primera Instancia, concretamente lo relativo a la orden de citación del ciudadano Enrique Beckhoff Benko a los fines de que compareciera a dar contestación a la demanda al quinto (5º) día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, y en relación a los exhortos que se ordenó librar a los diferentes registros y notarías; así como al exhorto realizado a todas las personas naturales o jurídicas a los fines de que hicieran valer y acreditaran ante el Tribunal, la deuda que la referida Organización mantenía con ellos y el exhorto librado a los fines de que se practicara la medida de ocupación judicial sobre los bienes propiedad del Grupo u Organización Beckhoff.  Por último, solicitó la nulidad del auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia  el 20 de febrero de 2002, mediante el cual se admitió “indebidamente, la intervención adhesiva de la Sociedad Mercantil RECUPERADORA 333, C.A.”.

 

8.-  Por escrito presentado el 19 de julio de 2002, el abogado Pablo Bravo Paredes, apoderado judicial de la parte actora en el juicio principal, solicitó que se declarara la confesión ficta de la parte demandada en virtud de que no contestó la demanda ni promovió pruebas durante el lapso probatorio.

 

9.-  Por sentencia dictada el 24 de febrero de 2003, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró la nulidad de los autos del 6 y 20 de febrero de 2002 y repuso la causa al estado de que Canal Point Resort C.A. diera contestación a la demanda de quiebra incoada en su contra, previa constancia en autos de su notificación, declarando nulos todos los actos procesales ulteriores al 30 de enero de 2002, inclusive y preservando la medida de ocupación judicial decretada sobre las parcelas de terreno propiedad de la empresa demandada.

 

10.-  Por sentencia dictada el 9 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora, en el juicio principal, y de la interviniente adhesiva Recuperadora 333 C.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de la misma Circunscripción Judicial, el 24 de febrero de 2003.

 

11.-  Por auto del 6 de octubre de 2004, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oyó el anuncio del recurso de casación por parte de los apoderados judiciales de la parte demandante y de la tercera adhesiva en el juicio de quiebra, contra la sentencia dictada por dicho Juzgado Superior el 9 de septiembre de 2004.

 

12.-  Por sentencia dictada el 31 de mayo de 2005, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso de casación propuesto contra la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2004 por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en consecuencia, casó la sentencia recurrida y repuso la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que resulte competente, dicte nueva decisión sin incurrir en la infracción detectada.

 

13.-  Por auto del 14 de junio de 2005, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia subsanó el error material en que incurrió en la decisión dictada el 31 de mayo de 2005, a la cual se ha hecho referencia, y señaló que en la página 15 del fallo lo correcto es decir “...Y REPONE LA CAUSA AL ESTADO DE QUE EL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO...”.

 

II

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

            Los apoderados judiciales de la accionante fundamentaron su solicitud de revisión en los siguientes aspectos:

 

            1.- Que la sentencia impugnada “violentó flagrantemente a nuestra representada sus derechos constitucionales de igualdad de las personas ante la Ley, acceder a los órganos de administración justicia para hacer valer sus derechos e intereses, de la defensa y del debido proceso, consagradas en los artículos 21, 26 y 49 (ordinales 1º, 3º y 8º) (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas relacionadas con la institución del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia conforme lo dispone el artículo 257 eiusdem”.

 

            2.-  Que, en la oportunidad en que impugnaron los escritos contentivos de la formalización de los respectivos recursos de casación presentados por los apoderados judiciales de los ciudadanos Armando Ladislao Martínez Machado, Celestino Martínez Pérez y Corina Margarita Stone de Martínez y CONSTRUCTORA ANACO C.A y RECUPERADORA 333 C.A., en el Capítulo II del escrito de impugnación “titulado: ‘INADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN ANUNCIADOS Y ADMITIDOS POR EL JUEZ SUPERIOR’, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo aparte del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, expresamente alegó que los recursos formalizados eran INADMISIBLES, ya que la sentencia recurrida ERA UNA SIMPLE SENTENCIA REPOSITORIA que retrotrajo el juicio a la etapa de contestación a la demanda, sin poner fin al proceso ni impedir su continuación; muy por el contrario: ordenó la prosecución del litigio dentro de un orden claro, poniendo fin al caos y al desorden que había reinado en el desarrollo de la litis”.

 

            3.-  Que la decisión recurrida en casación es una sentencia repositoria que anuló todas las actuaciones posteriores al 30 de enero de 2002, en el juicio de quiebra, incluyendo “el auto mediante el cual se admitió a la Empresa RECUPERADORA 333, C.A. como tercero coadyuvante del actor. La nulidad y la reposición que acordó la recurrida tiene su base en las graves anomalías que se presentaron en la ejecución de la medida de ocupación judicial, la cual se extendió indebidamente a terceros contra los cuales aun no se había admitido la demanda”; por lo que consideraron, que la sentencia recurrida no tiene casación y así fue solicitado expresamente ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            4.-  Que, la Sala de Casación Civil, al omitir pronunciamiento respecto a la inadmisibilidad de los recursos de casación anunciados y formalizados “incurrió en un error inexcusable sobre la aplicación de normas y principios constitucionales, ocasionando una lesión irreparable a los derechos de la defensa y del debido proceso de nuestra representada, pues, en el caso sometido a su consideración, desatendió y contrarió la jurisprudencia constante, pacífica, reiterada e inveterada de esa Sala”.

 

            5.-  Que, la Sala de Casación Civil en el fallo objeto de revisión, “incurrió en un error grotesco de interpretación de la parte motiva de la sentencia dictada por el A-quo y, como consecuencia de ello, hizo una errada aplicación del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, así como con lo cual enervó las garantías constitucionales del derecho a la defensa y del debido proceso de nuestra representada”, ya que según consideraron, con la nulidad del auto del 20 de febrero de 2002, en ningún momento se cercenaron los derechos a la defensa y al debido proceso del tercero, ya que “en el dispositivo del fallo señalado el A quo ordenó reponer la causa al estado de que, ‘...estimándose citada a la sociedad mercantil CANAL POINT RESORT, C.A. procediera a dar contestación a la demanda de quiebra incoada en su contra, previa constancia en autos de su notificación al efecto, declarándose nulos todos los actos procesales ulteriores al 30 de enero de 2002, inclusive...’ por lo que tal nulidad abarcó tanto la actuación realizada por la representación judicial de la Sociedad Mercantil RECUPERADORA 333, C.A., mediante la cual solicita sea admitida su representada como tercera adhesiva de la parte actora, de fecha 1 de febrero de 2002, como el auto de fecha 20 del mismo mes y año que admitió dicha tercería. En consecuencia, la citada empresa podía, perfectamente, vista la reposición de la causa como fórmula de ordenamiento del proceso, solicitar nuevamente su admisión al proceso como tercero adhesivo, razón por la cual, de forma alguna, se le violentó el derecho a la defensa”.  

 

            6.-  Que, la sentencia impugnada tramitó indebidamente los recursos de casación anunciados y formalizados, ya que infringió el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; además, no expresa cuál de los dos (2) recursos formalizados fue el que declaró con lugar e ignoró “que en el juicio principal fue dictada sentencia definitiva por el A quo en fecha 21 de diciembre de 2004, por lo que la reposición ordenada por la Sala de Casación Civil resulta inútil ya que a los recurrentes, además de que no se les causó daño alguno por la reposición decretada en la sentencia del A quo y confirmada por el Ad quem, podía apelar de la sentencia definitiva a tenor de lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil”.

 

            7.- Por último, solicitaron que se declare procedente la solicitud de revisión y se reestablezca la situación jurídica que consideran infringida, mediante la declaratoria de inadmisibilidad de los recursos de casación anunciados y formalizados, en el juicio de quiebra seguido contra su mandante o que, en defecto de ello, sean declarados improcedentes dichos recursos.

 

            Finalmente, solicitaron medida cautelar innominada en el sentido de que sea decretada la suspensión de los efectos del dispositivo contenido en la sentencia dictada el 31 de mayo de 2005 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto sea resuelto, en forma definitiva la presente solicitud de revisión, todo ello, en virtud de que en dicha decisión se repuso la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que resultara competente, dicte una nueva decisión, siendo que en la causa principal, ya fue dictada sentencia definitiva conforme a la cual fue declarada inadmisible la demanda de quiebra.

 

 

 

 

III

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

 

            La Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, en sentencia Nº 299 del 31 de mayo de 2005, declaró con lugar el recurso de casación propuesto contra la sentencia del 9 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana y, en consecuencia, casó la sentencia recurrida y repuso la causa al estado de que el Juzgado Quinto de Primera Instancia dicte nueva decisión sin incurrir en la infracción detectada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

“Para decidir, la Sala observa:

En la presente denuncia, el recurrente sostuvo que la sentencia impugnada adolece de un quebrantamiento de forma en menoscabo del derecho de defensa, al excluir a su representado como tercero adhesivo coadyuvante del actor, en la solicitud de quiebra, ya que, a su decir, en la misma, el juez de la recurrida violentó el equilibrio procesal de las partes y colocó en estado de indefensión a su representada cuando confirmó el fallo apelado y ratificó la nulidad del auto de fecha 20 de febrero de 2002, a través del cual en su oportunidad, la ex jueza de la causa admitió la intervención adhesiva de su representada a favor de la pretensión de los actores principales.

En este sentido, tenemos que el denominado vicio por quebrantamiento de formas procesales en menoscabo al derecho a la defensa implica la violación de la regla legal que la establece; pero en un recurso por defecto de actividad lo mas importante no es la causa del error -la violación de una regla procesal-, sino su efecto: el menoscabo del derecho de defensa. (Abreu Burelli, Alirio y Mejía Arnal, Luís Aquiles; La Casación Civil, pág. 222).

El artículo 380 de la Ley Adjetiva Civil denunciado como infringido, entre otros, expresa:

‘El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal’...”

... Omissis...

“Ahora bien, la causa por la cual el a quo anuló el auto que admitió el tercero adhesivo, estaba cumplida en el mismo, pues expresó que ‘…haciendo abstracción de la adecuación a la fundamentación legal de la misma, estima que en dicha admisión se obvió la orden de comparecencia expresa e individualizada, con la correspectiva indicación de la identidad de los sujetos llamados al juicio, lo que vicia dicha actuación, haciéndola acreedora de la nulidad virtual dispuesta en el in fine del primer párrafo del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil…’. Y en el auto de fecha 20 de febrero de 2002, se ordenó compulsar por secretaria tantas copias certificadas del libelo de demanda principal y del escrito libelar complementario presentado por el tercero interviniente, como personas jurídicas y naturales se identifican en ambos escritos, y librar las correspondientes boletas de citación anexándole a las mismas copias certificadas del libelo de demanda principal y su complemento, del auto de admisión y ordenó entregárselas al alguacil de ese despacho, persona debidamente autorizada de gestionar las citaciones ordenadas.

Por ello hay el quebrantamiento de la forma procesal, pues de acuerdo al artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, no se requiere sino que el tercero adhesivo tenga que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, en razón de ello y de acuerdo al auto de fecha 20 de febrero de 2002, el tercero cumplió con ese supuesto, además, de que está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal, tal y como también se encuentra establecido en el referido artículo”.

...Omissis...

“De acuerdo a lo antes expuesto, la Sala concluye que el ad quem incurrió en el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual incurrió en menoscabo del de derecho de la defensa infringiendo los artículos 206 y 208 ejusdem, razón suficiente para determinar la procedencia de la presente denuncia. Así se decide.

Por haber prosperado el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en menoscabo del derecho de la defensa del tercero adhesivo, la Sala se abstiene de conocer las infracciones planteadas por el formalizante en la presente denuncia de los artículos 15, 17, 170, 140, 206, 209, 212, 213, 370 numeral 3°, 379, 341, 252, 585, 588 parágrafo 1°, 602, 603, 604, 607, 370 numeral 1° infine, 93, 103, 147 ejusdem, conjuntamente con los artículos 931, 932, 933, 936 y 938 del Código de Comercio, ya que los mismos no guardan relación alguna con lo decidido”.

 

IV

Consideraciones para Decidir

 

En el presente caso, se ha solicitado la revisión de una decisión dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, el 9 de septiembre de 2004, y en consecuencia casó la sentencia recurrida y repuso la causa al estado de que el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dicte nueva decisión sin incurrir en la infracción detectada.

 

En primer lugar, debe dilucidarse la competencia para conocer del caso de autos, a cuyo efecto se observa que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 336.10 de la Constitución, así como del contenido del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con su primer aparte, que dispone que, a esta Sala Constitucional corresponde «[...] [r]evisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación [...]». Ello así, como quiera que en el presente caso ha sido solicitada la revisión de una decisión proferida por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, esta Sala Constitucional es competente para resolver el caso bajo análisis.

 

Delimitada su competencia, conviene ahora acotar que -según la letra del mencionado artículo 5.4 de la ley que rige a este Máximo Juzgado- resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando se denuncie fundadamente: (i) la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República; o (ii) que la sentencia cuya revisión se pretende haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.

 

Asimismo, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la figura de la revisión había sido delimitada por el criterio vinculante que emitió esta Sala al respecto, contenido en fallo n° 93/2001 (Caso: Corpoturismo), conforme el cual se dispuso que esta Sala podía revisar sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y excepcional, lo siguiente:

 

“...1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

 

Estas causales, recogen para la actualidad los principios jurídicos fundamentales a los que se refiere el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, entre los que se incluyen la transgresión de normas del Texto Fundamental.

 

Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa:

 

            En el caso sometido bajo análisis, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conoció en apelación, y confirmó una sentencia interlocutoria de reposición dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que conoció sobre la solicitud de nulidad de dos autos dictados el 30 de enero de 2002, y el 6 y 20 de febrero de 2002, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ante el cual se interpuso la demanda de quiebra contra Canal Point Resort C.A., el primero de los cuales extendió la medida de ocupación judicial decretada contra la parte demandada a los ciudadanos Enrique Beckhoff y Bettina Beckhoff y a la Organización Beckhoff, sin haber admitido la causa contra dichos ciudadanos y la referida organización.  El segundo de los autos citados, se refiere al exhorto que hizo el Juzgado de la causa a prohibir que las empresas relacionadas con la Organización Beckhoff dilapidaran sus bienes en perjuicio de los acreedores de la Organización; y el tercer auto impugnado, admitió la tercería interpuesta por el representante legal de Recuperadora 333, C.A.

 

Finalmente, la sentencia recurrida en casación, que confirmó la decisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia repuso la causa al estado de que estimándose citada Canal Point Resort C.A. se procediera a la contestación de la demanda de quiebra incoada en su contra, previa constancia en autos de su notificación al efecto, declarándose nulos todos los actos ulteriores al 30 de enero de 2002.

 

            Por su parte la sentencia objeto de revisión, que conoció del recurso de casación interpuesto tanto por los apoderados judiciales de la parte actora en el juicio de quiebra, como por la representación judicial de la tercera adhesiva en dicho juicio, Recuperadora 333 C.A., a pesar de que las denuncias realizadas por los distintos recurrentes versaban sobre los distintos puntos tratados en la sentencia dictada por el Juzgado Superior, sólo se pronunció acerca de la denuncia de quebrantamiento de forma en menoscabo del derecho a la defensa por la exclusión de la tercera adhesiva coadyuvante del actor, refiriéndose en todo momento a la nulidad del auto que admitió a la referida tercera y consideró que al haber prosperado el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en menoscabo del derecho a la defensa del tercero adhesivo, declaró con lugar el recurso de casación y se abstuvo de conocer de las demás denuncias.

 

            Por otra parte, observa la Sala que de las actas del expediente se desprende que los apoderados judiciales de la parte demandada en el juicio principal, accionante de la revisión, en sus escritos de impugnación y de contrarréplica alegaron que el recurso de casación interpuesto es inadmisible por tratarse de una sentencia repositoria que retrotrajo el juicio a la etapa de contestación a la demanda, sin poner fin a éste ni impedir su continuación, ya que ordenó la prosecución del litigio, luego de haber puesto orden al caos imperante, sobre lo cual no se pronunció la sentencia objeto de revisión.

 

En este sentido, es necesario pronunciarse acerca del vicio de incongruencia omisiva, tal como lo hizo esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, (Caso: José Pascual Medina Chacón), en donde precisó:

 

“Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ´incongruencia omisiva` del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por ´incongruencia omisiva’ como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.

Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ´incongruencia omisiva`.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado”.

 

            En el caso de autos, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia impugnada, sólo se pronunció acerca de la denuncia esgrimida por la tercera adhesiva en el juicio de quiebra, sin tomar en consideración las denuncias formuladas por la parte actora en dicho juicio.  Además, no tomó en cuenta el argumento sobre la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto planteada por la parte demandada en el juicio principal, por considerar que la sentencia recurrida es una decisión interlocutoria de reposición de la causa y sólo con el análisis relativo a la admisión del tercero adhesivo en la causa de quiebra, declaró con lugar el recurso de casación y ordenó al Juzgado Quinto de Primera Instancia dictar nueva sentencia sin incurrir en la infracción por ella detectada, dejando absolutamente indefinida la situación sobre los demás puntos de derecho tratados en la sentencia recurrida en relación con la nulidad de los autos decretada y a la situación de la parte demandada en el juicio y su contestación de la demanda.

 

            Observa esta Sala que la referida evasión en cuanto al pronunciamiento correcto, lesiona, además, el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, se pronunció en sentencia Nº 1340 del 25 de junio de 2002 donde señaló:

 

“...el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley”.

 

Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:

 

“...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento”.

 

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:

 

“Artículo 15 

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

 

Artículo 243 

Toda sentencia debe contener:

 

...(omissis)...

 

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

 

Artículo 244 

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita”.

 

Ahora bien, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que la Sala de Casación Civil silenció defensas de las partes opuestas oportunamente en el proceso y no se pronunció correctamente sobre los alegatos sacando elementos de convicción tergiversados, por lo que, esta Sala estima que en el caso de autos se produjo el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ello una vulneración al principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26 y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que al no analizarse correctamente los alegatos y defensas de las partes en forma equilibrada, se llegó a conclusiones erróneas que fundamentaron la declaratoria con lugar del recurso de casación y, en consecuencia, se afectaron de forma sustancial los términos de la controversia principal.

           

Por otra parte, observa la Sala, que la sentencia recurrida en casación es una sentencia interlocutoria de reposición, y uno de los alegatos esgrimidos por los apoderados judiciales de los accionantes en la revisión es que la Sala de Casación Civil, obviando su criterio jurisprudencial reiterado no se pronunció sobre la inadmisibilidad de dicho recurso ya que la recurrida es una sentencia de reposición de la causa que no pone fin al juicio, sino que simplemente produce un gravamen que podrá o no ser reparado en el transcurso del juicio o en la sentencia definitiva.

 

            De conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, contra los fallos interlocutorios que no ponen fin al juicio sino que ordenan su continuación, no es admisible de inmediato el recurso de casación sino en forma diferida, en el supuesto de que el gravamen causado por éste no haya sido reparado por la sentencia definitiva. En tal caso, por mandato del penúltimo párrafo del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil el recurso contra la interlocutoria que causó el gravamen queda comprendido en el anuncio que se haga contra el fallo definitivo, siempre que contra éste se haya agotado oportunamente los recursos ordinarios.

Es así como la Sala de Casación Civil  deja sentado que las únicas sentencias de reposición recurribles de inmediato en casación son aquellas denominadas por la doctrina definitivas formales “las cuales tienen las siguientes características: 1) Que sea dictada en la oportunidad en que deba dictarse la sentencia definitiva de la última instancia, ya sustanciado el proceso en su conjunto; 2) Que no decida la controversia, sino que reponga la causa y ordene dictar nueva sentencia a la instancia correspondiente, dejando sin efecto la dictada en la instancia inferior sobre el fondo del asunto...Al no conocer en apelación de una decisión definitiva, y no dejar sin efecto una sentencia de primera instancia que hubiese recaído sobre el fondo de la controversia, no emite el juez de la recurrida una sentencia definitiva formal, que, de acuerdo con la doctrina puede ser recurrida en casación de inmediato, sino que se trata de una decisión interlocutoria de reposición, la cual tiene casación diferida para la oportunidad en que se anuncie un eventual recurso de casación contra la decisión definitiva, tal como lo establece el primer aparte del ya citado artículo 312 del  Código de Procedimiento Civil...”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 22/7/98).

 

            En el presente caso las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, no fueron sentenciadas en la oportunidad de la definitiva, y por lo tanto no constituyen definitivas formales sino simples decisiones interlocutorias de reposición.

 

            Es claro pues, que al anunciarse en el presente caso recurso de casación contra una sentencia que no pone fin al juicio ni fue dictada en la oportunidad de la definitiva, es evidente que la decisión recurrida corresponde a las llamadas interlocutorias inadmisibles en esta etapa procesal

 

Según señaló ha expresado esta Sala Constitucional (sentencia del 14 de diciembre de 2004, caso: Seguros Altamira C.A.) “...la reiteración y la uniformidad constituyen exigencias cardinales para la determinación de la existencia de un criterio jurisprudencial; no obstante, las mismas no son absolutas ya que, algunas veces, la jurisprudencia es vacilante y no se consolida. Por otra parte, en algunos supuestos (excepcionales) podría ser suficiente una sola sentencia como por ejemplo, cuando se produce un cambio de criterio mediante un razonamiento expreso y categórico, o cuando se dilucida por vez primera un asunto o cuando la falta de frecuencia de casos análogos no permitan la reiteración de la doctrina legal”.

 

En anteriores oportunidades esta Sala ha hecho referencia a los criterios jurisprudenciales, sus cambios y la relación que existe entre los mismos y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional  (sentencia de 1 de junio de 2001, caso: Fran Valero González y otro) en los siguientes términos:  

 

“La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no son contrarios a derecho’.

Con la anterior afirmación, la Sala le dio valor al principio de expectativa plausible, el cual sienta sus bases sobre la confianza que tienen los particulares en que los órganos jurisdiccionales actúen de la misma manera como lo ha venido haciendo, frente a circunstancias similares.

Así, es claro que en nuestro ordenamiento jurídico, con excepción de la doctrina de interpretación constitucional establecida por esta Sala, la jurisprudencia no es fuente directa del Derecho.  Sin embargo, la motivación de los fallos proferidos por las Salas de Casación que trasciendan los límites particulares del caso sub iúdice, para ser generalizada mediante su aplicación uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia relevante para las partes en litigio dada la función de corrección de la actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia que ejercen las Salas de Casación de este Alto Tribunal, cuando desacaten o difieran de su doctrina, la cual, de acuerdo con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, deben procurar acoger para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

Por ello, la doctrina de casación, sin ser fuente formal del Derecho, en virtud de que sienta principios susceptibles de generalización, cuya desaplicación puede acarrear que la decisión proferida en contrario sea casada, se constituye en factor fundamental para resolver la litis y, en los casos en que dicha doctrina establezca algún tipo de regulación del proceso judicial, sus efectos se asimilan a los producidos por verdaderas normas generales.

De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos. 

No se trata de que los criterios jurisprudenciales previamente adoptados no sean revisados, ya que tal posibilidad constituye una exigencia ineludible de la propia función jurisdiccional, por cuanto ello forma parte de la libertad hermenéutica propia de la actividad de juzgamiento, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente.”

 

Asimismo, conforme a lo expuesto, esta Sala ha reiterado en múltiples fallos (sentencia del 19 de diciembre de 2003, caso: Salvador de Jesús González Hernández, entre otras), que “la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho”.  

            En el caso bajo análisis, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia objeto de revisión, desconociendo un criterio reiterado por jurisprudencia pacífica desde el año 1998, sin analizar el alegato de inadmisibilidad del recurso de casación, conoció y declaró con lugar el recurso de casación contra  una sentencia de reposición de la causa al estado de contestación de la demanda, que constituye un fallo interlocutorio que no ponen fin al juicio sino que ordena su continuación, con lo cual desconoció el criterio vigente y que ha seguido aplicando a casos posteriormente conocidos por dicha Sala, específicamente un caso decidido en la misma fecha de la sentencia objeto de revisión (sentencia de la Sala de Casación Civil del 31 de mayo de 2005 caso: Alexander Jiménez Fadul).

 

Observa esta Sala que, en la sentencia cuya revisión se pretende, la Sala de Casación Civil no precisó el por qué abandonó o se apartó del criterio que imperaba para ese entonces, es decir, el por qué adoptó la nueva orientación, por lo que dicho cambio jurisprudencial careció de motivación, y se desaplicó dicho criterio al caso sometido a su consideración, lo cual vulneró los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el derecho constitucional a la igualdad de la recurrente en casación (aquí solicitante), quien tenía la expectativa plausible de que su asunto se decidiera de acuerdo con la jurisprudencia que imperaba, para ese entonces, en casos análogos.

 

Por lo antes expuesto, esta Sala estima procedente la revisión solicitada, y visto que el fallo impugnado obvió los criterios e interpretación de las normas y principios constitucionales por parte de esta Sala Constitucional, antes señalados, y en virtud de que en el caso bajo conocimiento de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de casación no es admisible de inmediato, sino en forma diferida, en el caso de que el gravamen causado por éste no haya sido reparado por la definitiva por tratarse de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia interlocutoria de reposición que no pone fin al juicio, se anula dicha decisión, debiéndose emitir nuevo fallo en el que aplique a los recurrentes el criterio que había sentado desde la sentencia del 22 de julio de 1998.  Así se decide.

 

 

 

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide que HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpusieron los abogados Henrique Iribarren Monteverde, Sunlight Díaz Barrios y Rosa Federico Del Negro, en su carácter de apoderados judiciales de CANAL POINT RESORT C.A., contra la sentencia del 31 de mayo de 2005, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se declara nula, por lo que se debe dictar nuevo fallo en el que aplique a los recurrentes el criterio sentando por dicha Sala desde la sentencia del 22 de julio de 1998.

 

Publíquese, regístrese, archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de marzo de dos mil seis (2006). Años: 195 ° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 05-1779

JECR/

 

            Quien suscribe Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, manifiesta su disconformidad con la decisión que contiene el presente fallo y, a continuación, expone  su voto salvado, en los términos siguientes:

 

La sentencia objeto de la presente solicitud de revisión constitucional, dictada, el 31 de mayo de 2005, por la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, declaró con lugar el recurso de casación interpuesto en el juicio de quiebra seguido por los ciudadanos Armando Ladislao Martínez Machado, Celestino Martínez Pérez, Corina Margarita Stone de Martínez, y por las sociedades mercantiles Constructora Anaco, C.A. y Recuperadora 333, C.A., ésta última en su condición de tercera adhesiva, contra la sociedad mercantil Canal Point Resort, C.A., en consecuencia, casó la sentencia recurrida y repuso la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia dicte nueva decisión.

 

Por otro lado, la sentencia recurrida en casación, es la sentencia dictada el 09 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que “repuso  la causa  al  estado  de  que  estimándose  citada CANAL POINT RESORT, C.A. -parte demandada en el juicio de quiebra- se procediera a la contestación a la demanda”, confirmando así la decisión de primera instancia.

 

El pronunciamiento con el que disiente quien suscribe, declara ha lugar la solicitud de revisión planteada y anula la sentencia No. 299 de la Sala de Casación Civil, publicada en fecha 31 de mayo de 2005, por considerar la mayoría sentenciadora, que el recurso de casación debió ser declarado inadmisible por la referida Sala, además de resultar una sentencia incongruente.

 

Ahora bien, en el presente caso, quien disiente observa que la parte demandada en el juicio de quiebra, se dio por citada en dicho juicio en fecha 29 de abril de 2002, y que posteriormente, en fecha 19 de julio de 2002  “la parte actora solicitó se declarara la confesión ficta de la parte demandada en virtud de que no contestó la demanda ni promovió pruebas durante el lapso probatorio” y que dicha solicitud no fue decidida por el sentenciador de primera instancia hasta el 24 de febrero de 2003, donde repuso la causa, al estado de que se reaperturara el lapso para contestar la demanda y “declaró nulos todos los actos procesales ulteriores al 30 de enero de 2002”, decisión contra la cual anunciaron recurso de casación tanto la parte actora como la tercera adhesiva.

 

Entonces, de la narrativa de la presente decisión se desprende que para la parte actora, -recurrente en casación- ya habían transcurridos los lapsos procesales correspondientes a la sustanciación del proceso de quiebra, y que en su entender, el sentenciador debió resolver la confesión ficta solicitada. Por tanto, el juzgador en lugar de dictar una sentencia definitiva, repone la causa por encontrar quebrantamientos de forma, decisión ésta que es apelada y luego confirmada por el Tribunal de alzada.

 

De esta forma, la decisión contra la cual se ejerció el recurso de casación es una decisión conocida por la doctrina nacional como una sentencia definitiva formal.

 

Sobre este tipo de sentencias definitivas formales,  destacados procesalistas nacionales han comentado lo siguiente:

 

“…la sentencia que decreta la reposición en la oportunidad de dictar la definitiva…denominada por la jurisprudencia prevalente ‘definitiva formal’, ha sido calificada de sentencia interlocutoria…que ni pone fin al juicio ni impide su continuación, pero que produce gravamen irreparable por la definitiva. Este perjuicio se basa en un supuesto: en caso de error, éste no es subsanable por la resolución que se dicte posteriormente, porque sólo será después de revisado el fallo por el Tribunal Supremo cuando se observaría la legalidad o improcedencia de la reposición decretada. Si no se concede casación (inmediata) a esta sentencia y se anulan las actas cuyo procedimiento está viciado, ya no sería posible recuperar su validez, caso de que realmente sean inexistentes los vicios señalados”. (Cuenca, Humberto; Curso de Casación Civil, Tomo II, pp. 64 y 65).

 

“…desde hace más de 50 años la doctrina de nuestra casación dio nacimiento a una categoría de sentencias llamadas definitivas formales o de reposición, con el objeto de equipararlas a las sentencias definitivas y consiguientemente dar lugar al recurso de casación inmediato contra este tipo de pronunciamiento… que no puede incluirse entre las sentencias interlocutorias propiamente dichas porque no deciden un incidente surgido en la secuela del proceso, …tampoco correspondería con precisión a las sentencias definitivas, según la definición corriente, más participa de la índole y  naturaleza de éstas por  recaer sobre el proceso ya sustanciado,… afecta en forma general todas las cuestiones que en él se ventilan…entonces, definitivas formales, se dictan en la oportunidad de las sentencias definitivas y ocupan su lugar’” (Márque Añez, Leopoldo; El Nuevo Código de Procedimiento Civil,  Caracas, 1987, pp. 32-34).

 

 

Así pues, quien disiente considera que en el presente caso la sentencia recurrida en casación encuadra entre las llamadas sentencias definitivas formales, las cuales son recurribles en casación de forma inmediata.

 

Por otro lado, con relación al pronunciamiento realizado por la mayoría sentenciadora respecto a que la decisión revisada adolece del vicio de incongruencia negativa por cuanto “sólo se pronunció acerca de la denuncia esgrimida por la tercera adhesiva en el juicio de quiebra….dejando absolutamente indefinida la situación sobre los demás puntos de derecho tratados en la sentencia recurrida con relación a la nulidad de los autos decretada y a la situación de la parte demandada en el juicio y su contestación de la demanda”, es oportuno señalar el contenido del segundo aparte del artículo 320 del vigente Código de Procedimiento Civil, que señala:

 

“…Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para reestablecer el orden jurídico infringido…”.

 

Entonces, la Sala de Casación Civil, al declarar con lugar la denuncia esgrimida por uno de los recurrentes, se abstuvo de conocer las restantes denuncias, en virtud de “haber resultado procedente el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en menoscabo del derecho de la defensa del tercero adhesivo”, llevando a la Sala a reponer la causa al estado de que el Juez de Primera Instancia se pronunciara nuevamente, lo que constituía en definitiva, el petitum -nulidad de la sentencia impugnada- tanto de la parte actora como del tercero adherido, recurrentes en casación.

 

En conclusión, no encuentra quien disiente, que la sentencia revisada sea consecuencia de un error inexcusable, además de no considerar que se subsume en ninguno de los supuestos de procedencia que ha fijado esta Sala, simplemente el solicitante de la revisión -parte demandada- impugna una decisión que le es adversa, por lo cual, la solicitud de revisión planteada por Canal Point Resort, C.A. debió ser declarada no ha lugar.

 

Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado disidente.

 

Fecha ut retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

                                                                   LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                               Disidente

 

 

 

                                                                        

 

 

 

  MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. n° 05-1779

 

 

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