Sentencia N.º 58
- Sentencia
- N.º 58
- Fecha
- 14/02/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-1029
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp. 12-1029
El 17 de septiembre de 2012, se recibió en esta Sala Constitucional el oficio n.° 613, de fecha 31 de agosto de 2012, anexo al cual la Presidenta Encargada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo ejercida por la abogada Maryoalizthg Judith Cabaña Herrera, Defensora Pública Octava Penal adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del señalado Estado, actuando en su carácter de defensora del ciudadano JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ RUSA, titular de la cédula de identidad n.° V-16.262.972, contra la decisión dictada por la referida Corte de Apelaciones, el 01 de marzo de 2012, mediante la cual, tal y como expresamente lo señaló:
( ) decreta de OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA del auto dictado en fecha 02 de diciembre de 2011, en la (sic) cual el Tribunal de Control No. 04 (sic) aplica de oficio el Principio de Oportunidad (sic) y sustituye la medida la medida (sic) de privación de libertad por una menos gravosa, la (sic) audiencia especial de Aprehensión (sic) celebrada en contra (sic) del ciudadano JOSE (sic) DANIEL MARTINEZ (sic) RUSA, en fecha 08/12/2011 (sic), los (sic) escritos de acusación Fiscal (sic) presentados contra los mencionados ciudadanos (sic), el (sic) Auto (sic) de fecha 31/01/2012 (sic) mediante el cual se acuerda la División de la Continencia de la Causa (sic) y la audiencia preliminar celebrada en fecha 24/02/2012 (sic) [Mayúsculas de la Defensora Pública].
El 27 de septiembre de 2012, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 22 de noviembre de 2012, la Secretaría de esta Sala dio cuenta del escrito presentado por el abogado Eduar Enrrique Moreno Blanco, Defensor Público Segundo con Competencia para actuar ante esta Sala Constitucional y ante las Salas Plena, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil y Casación Social de este Máximo Tribunal, en el cual señaló expresamente: ( ) en ejercicio de los principios de unidad e indivisibilidad ( ) se procede a ratificar el interés procesal y a peticionar ( ) el pronunciamiento que corresponda.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La Defensora Pública Octava Penal del Estado Yaracuy, abogada Maryoalizthg Judith Cabaña Herrera, en el escrito contentivo de la solicitud de amparo interpuesta el 28 de agosto de 2012, luego de referir que el amparo es el único medio idóneo para restablecer la situación jurídica infringida a su defendido, en razón de: ( ) la violación flagrante al debido proceso en que incurrió la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, señaló los requisitos exigidos en artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En tal sentido, respecto de los hechos que dieron motivo a la pretensión, expresamente indicó que:
( ) la presente causa se inicia en contra de mi representado el ciudadano JOSE (sic) DANIEL MARTINEZ (sic) RUSA, en fecha 30 de noviembre de 2011, fecha en la cual se realiza audiencia (sic) de presentación de imputado en contra (sic) del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, y es allí donde la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, solicita se decrete orden de aprehensión en contra del ciudadano José Daniel Martínez Rusa. Siendo acordada en la misma audiencia de presentación por el Tribunal de Primera Instancia en funciones (sic) de Control No. 4 (sic) del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy (Mayúsculas de la Defensora Pública).
De igual modo, señaló que, el 02 de diciembre de 2011, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, publicó los fundamentos de hecho y de derecho de la audiencia de presentación celebrada y de la orden de aprehensión acordada, carente de motivación (Negritas de la Defensora Pública) y, que, el día 08 del mismo mes y año, se realizó la audiencia de presentación de su defendido, ciudadano José Daniel Martínez Rusa, audiencia en la cual se mantuvo la medida judicial de privación preventiva de libertad decretada en su contra, siendo el 11 de diciembre de 2011, la oportunidad en la que se publicó el auto respectivo.
Asimismo, indicó que, contra dicho auto que acordó mantener la medida de privación de libertad, ejerció, en fecha 15 de diciembre de 2011, recurso de apelación con fundamento en el artículo 447, numerales 4 y 5, del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, tal y como textualmente lo señaló: ( ) la solicitud de orden de aprehensión no había sido motivada como lo expresa el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
De seguidas, reseñó otras actuaciones llevadas a cabo en la investigación, tales como:
Que, el 10 de enero de 2012, fue notificada de la decisión en la que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, acordó la solicitud formulada por el Ministerio Público respecto de la prórroga del lapso para la presentación del acto conclusivo, y, el día 25 del mismo mes y año, de la oportunidad en la cual se celebraría el acto de la audiencia preliminar.
Que, el 01 de febrero de 2012, el referido Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, le notificó que: ( ) en fecha 31 de enero de 2012, de conformidad con el contenido (sic) del artículo 74, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, acordó la División de la Continencia de la Causa (sic) y, en consecuencia la apertura del correspondiente cuaderno separado respecto al imputado Anthony Xavier Álvarez Díaz, contra quien el Ministerio Público había presentado acusación por los delitos de extorsión y asociación para delinquir.
Que, luego de varios diferimientos, el 24 de febrero de 2012, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual, finalizada la misma, se admitió totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público, los medios de prueba ofrecidos por las partes y se ordenó la apertura del juicio oral y público.
Que, el 01 de marzo de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, se pronunció respecto del recurso de apelación que ejerció contra el auto del 11 de diciembre de 2011, declarando, tal y como textualmente señaló:
( ) de OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA del auto dictado en fecha 02 de diciembre de 2011, en la (sic) cual el Tribunal de Control No. 04 (sic) aplica de oficio el Principio de Oportunidad (sic) y sustituye la medida la medida (sic) de privación de libertad por una menos gravosa, la (sic) audiencia especial de Aprehensión (sic) celebrada en contra (sic) del ciudadano JOSE (sic) DANIEL MARTINEZ (sic) RUSA, en fecha 08/12/2011 (sic), los (sic) escritos de acusación Fiscal (sic) presentados contra los mencionados ciudadanos (sic), el (sic) Auto (sic) de fecha 31/01/2012 (sic) mediante el cual se acuerda la División de la Continencia de la Causa (sic) y la audiencia preliminar celebrada en fecha 24/02/2012 (sic) [Mayúsculas y negritas de la Defensora Pública].
En tal sentido, la Defensora Pública Octava del Estado Yaracuy indicó que, en la decisión impugnada por vía de amparo, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy:
( ) se pronunció sobre un imputado distinto y sobre circunstancias distintas a las planteadas en el Recurso de Apelación (sic), al decretar de Oficio (sic) la Nulidad Absoluta (sic) por considerar que el Tribunal de Control No. 04 (sic) del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, incurrió en un error al aplicar un (sic) supuesto especial del Principio de Oportunidad (sic).
Es bueno señalar el (sic) recurso de Apelación (sic) interpuesto por esta defensa se fundamentó en el artículo 447, ordinales (sic) 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el Tribunal de Control ( ) acordó orden aprehensión en contra de mi representado ( ) en (sic) audiencia de presentación de imputado realizada en contra (sic) del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, carente de motivación y vulnerando con ello lo establecido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.
Finalmente, la defensa del hoy accionante señaló que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, al no pronunciarse respecto de las denuncias planteadas en el recurso de apelación ejercido, infringió: ( ) el artículo 26 y como consecuencia de ello el artículo 49, numeral ambos (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, circunstancia que, tal y como lo indicó, originó que la decisión atacada mediante el presente recurso (sic), adolezca del vicio de incongruencia omisiva.
II
DEL ACTO JURISDICCIONAL ACCIONADO
El 01 de marzo de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, respecto del recurso de apelación ejercido por la Defensora Pública Octava Penal de dicho Estado, en su carácter de defensora del ciudadano José Daniel Martínez Rusa, contra el auto del 08 de diciembre de 2011, mediante el cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal acordó mantener la medida de privación preventiva de libertad del prenombrado ciudadano, dictó decisión en la que declaró de oficio la nulidad absoluta del auto de fecha 02 de diciembre de 2011, proferido por el referido Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control que acordó de oficio el supuesto especial del principio de oportunidad establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para ese momento, a favor del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, y, en consecuencia, de todos los actos procesales subsiguientes, con fundamento en las consideraciones siguientes:
( ) al analizar el Asunto Principal (sic) [ ] esta Corte de Apelaciones, pudo constatar que el Tribunal de Control Nº 4 (sic) violentó normas procesales de orden público, lo cual vulnera flagrantemente el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, trayendo (sic) como consecuencia la Nulidad Absoluta del Auto (sic) dictado en fecha 02 de Diciembre (sic) de 2011, en la (sic) cual acordó de oficio el supuesto especial del principio de oportunidad por la delación del imputado ANTHONY XAVIER ÁLVAREZ DÍAZ, y todos los actos procesales celebrados consecutivamente; todo de conformidad a (sic) lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Adjetivo Penal, que debe ser decretado de Oficio (sic) [ ] por lo que se hace inoficioso pronunciarse sobre las denuncias contenidas en el escrito de apelación.
DE LA NULIDAD DE OFICIO
( )
En este orden de ideas, las nulidades absolutas conforme al artículo 191 de la Ley Adjetiva Penal (sic) está referida (sic) a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que el Código Orgánico (sic) establece, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previsto en este (sic) Código, la Constitución, las Leyes y los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos por la República, así pues citando al Maestro Vincenzo Manzini, Tomo III, Tratado de Derechos Procesal Penal, quien señala Las nulidades absolutas son las que existen de derecho que, como tales deben ser puestas de manifiesto y declaradas por el juez aun de oficio, que por tanto son excepcionales en cualquier estado y grado del procedimiento, aun por quien no tenga interés legitimo en ello o haya dado causa a ello, y que no pueden ser en modo alguno sanadas.
( )
Precisado lo anterior, al analizar el Asunto Principal (sic) [ ] con fundamento a las (sic) apreciaciones que preceden esta Corte de Apelaciones procede a anular de oficio el fallo dictado, toda vez que a entender de esta instancia, se ha producido una violación a (sic) los artículos 39 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por el Tribunal de Control Nº 4 (sic), quien incurrió en error al imponer de oficio a favor del imputado ANTHONY XAVIER ÁLVAREZ DÍAZ del (sic) supuesto especial del Principio de Oportunidad (sic) establecido en la citada norma adjetiva, en virtud de la presunta delación realizada contra el ciudadano JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ RUSA, sin cumplir previamente con lo requerido en dicha Norma (sic); violentando Derechos Fundamentales (sic), referente al adecuado ejercicio del Derecho a la Defensa (sic), por cuanto al A-quo (sic) no le estaba permitido dictaminar de oficio el supuesto especial del Principio de Oportunidad (sic), cuya aplicación no fue solicitado en ningún momento por el Fiscal del Ministerio Público, tal como lo ordena la norma procesal, y aunado a ello se evidenció que no libró las respectivas boletas de notificación a las partes sobre la decisión en la que acordó el procedimiento especial por delación; asimismo se observó en el asunto principal que la Jueza de Control Nº 4 (sic), no autorizó al Ministerio Publico a los fines que suspendiera el ejercicio de la acción penal, incumpliendo con lo exigido en el procedimiento establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, con lo cual vulneró el Derecho a la Defensa (sic) que le asiste, en este caso, el (sic) ciudadano ANTHONY XAVIER ÁLVAREZ DÍAZ, en virtud que la vindicta pública presentó en contra de dicho ciudadano la Acusación Fiscal (sic) por la presunta comisión del delito (sic) de Extorsión y Asociación para Delinquir (sic), tipificados en ley de delincuencia organizada (sic) [Mayúsculas de la Corte de Apelaciones y subrayado de esta Sala].
En este orden de ideas, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, citó lo siguiente:
Al respecto, el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente:
Supuesto especial. El Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez de control autorización para suspender el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la pena que corresponda al hecho punible, cuya persecución se suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita.
El ejercicio de la acción penal se suspende en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó este supuesto de oportunidad, hasta tanto se concluya la investigación por los hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al informante arrepentido.
El Juez competente para dictar sentencia, en la oportunidad correspondiente, rebajará la pena aplicable, a la mitad de la sanción establecida para el delito que se le impute al informante arrepentido, cuando hayan sido satisfechas las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, lo cual deberá constar en el escrito de acusación.
En todo caso, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad física del informante arrepentido.
En este orden de ideas, en cuanto a la institución de la delación del Informante (sic) arrepentido, el autor Freddy Zambrano, en su obra Derecho Procesal Penal, El Principio de Oportunidad, Vol. V, señala que es una figura que la Ley (sic) encuadra en el Principio de Oportunidad (sic), a la cual puede acogerse un imputado, ofreciendo información al Ministerio Público, antes de la presentación de la acusación, con la finalidad de contribuir en la investigación penal y obtener por esta vía, una rebaja en la pena aplicable al delito cometido. Asimismo, comenta el referido autor que la norma adjetiva penal, ordena al Ministerio Público solicitar al Juez de Control autorización para suspender el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos o las personas en cuyo favor se aplica este supuesto especial del principio de oportunidad, cuando concurran las siguientes condiciones: a) que se trate de hechos delictivos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta; b) que el imputado colabore eficazmente con la investigación aportando información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayudando a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcionando información útil para probar la participación de otros imputados; y c) que la pena que corresponda al hecho punible, cuya persecución se suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita.
Con base en las anteriores consideraciones, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, señaló que:
( ) en el presente caso el Ministerio Público no le solicitó a la Jueza de Control la suspensión del proceso para investigar los hechos a que se contrae (sic) la delación y no prescindió de la acusación hasta tanto concretase la investigación de los hechos delatados; peor aún, el a-quo no le advirtió sobre la aplicación del supuesto especial del principio de oportunidad; por lo que infiere este Órgano Colegiado (sic), que efectivamente existe un quebrantamiento del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al Derecho de la Defensa (sic) que le asiste a los ciudadanos ANTHONY XAVIER ÁLVAREZ DÍAZ y JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ RUSA, lo cual al ser este un Derecho Fundamental (sic) que atañe al orden público, forzosamente esta Instancia Superior debe declarar de OFICIO la NULIDAD ABSOLUTA del Auto (sic) dictado en fecha 02 de Diciembre (sic) de 2011, en el cual la Juez (sic) de Control Nº 4 (sic) aplica (sic) de oficio el Principio de Oportunidad (sic) y Sustituye la Medida Privativa de Libertad por una Medida (sic) menos gravosa, la Audiencia Especial de Aprehensión (sic) celebrada contra el ciudadano JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ RUSA en fecha 08/12/2011(sic), los escritos de Acusación Fiscal (sic) presentados contra los mencionados ciudadanos, el Auto (sic) de fecha 31/01/2012 (sic) mediante el cual se acuerda la División de la Continencia de la Causa (sic), y por último la Audiencia Preliminar (sic) celebrada en fecha 24/02/2012 (sic), todo de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Adjetivo Penal, y así se decide. En consecuencia, se repone la causa al estado en que se realice una nueva Audiencia Especial de Aprehensión (sic), quedando vigente la Audiencia de Presentación de Imputados (sic) celebrada en fecha 30/11/2011(sic) contra el (sic) ciudadano ANTHONY XAVIER ÁLVAREZ DÍAZ, en ese sentido se le ordena a la Juez (sic) de Control Nº 04 (sic), que remita el asunto principal ( ) a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, a los fines de ser distribuido y le corresponda conocer a otro Juez de Control, prescindiendo de los vicios aquí señalados. Se acuerda mantener la medida privativa de libertad decretada contra los imputados, por el Tribunal de Control Nº 04 (sic); ahora bien, por cuanto se está anulando el Auto (sic) donde se acordó la medida cautelar sustitutiva de libertad al ciudadano ANTHONY XAVIER ÁLVAREZ DÍAZ, se ordena su traslado y reclusión en la sede de la Comandancia de la Policía del Estado Yaracuy, a los fines de garantizar su integridad física, en virtud de la declaración que hizo contra el ciudadano JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ RUSA, quien se encuentra recluido en el Internado Judicial Penal de esta Jurisdicción (Mayúsculas de la Corte de Apelaciones).
Finalmente, los miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, hicieron un llamado de atención al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de dicho Circuito, en los términos siguientes:
Al margen de la decisión de fondo, esta Instancia estima necesario realizar un llamado de atención al Tribunal en el cual cursó la presente causa, en torno a los errores y al desorden procesal aquí observados, por lo que se insta al órgano Jurisdiccional (sic) para que dentro de su competencia y con estricto apego a la normativa legal vigente, con la libertad (sic) en el orden hermenéutico, cuyo único límite será el texto constitucional, a (sic) que en futuras ocasiones cumpla ordenadamente con lo establecido en el proceso penal, y así evitar violaciones a derechos fundamentales y lograr una verdadera justicia material que es la que todo ciudadano y ciudadana aspira dentro de nuestro sistema democrático, no olvidando como marco de referencia el texto constitucional en primer orden y el Código Orgánico Procesal Penal.
III
DE LA COMPETENCIA
Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual observa que, en virtud de lo establecido en el artículo 25, numeral 20, de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como lo señalado en la sentencia de esta Sala n.º 01, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, le corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo en primera instancia contra decisiones u omisiones de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, las Cortes de Apelaciones en lo Penal y los Juzgados o Tribunales Superiores, salvo los Contenciosos Administrativos.
De esta manera, atendiendo a lo establecido en la ley y en la sentencia anteriormente señalada, y visto que la presente acción de amparo se ejerció contra una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer, en primera y única instancia constitucional, del amparo interpuesto. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta y, al efecto, observa que, del análisis de la demanda de amparo, se pudo determinar que la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, en cuanto a la admisibilidad de la acción sub examine, a la luz de las causales de inadmisibilidad que establecen los artículos 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en tales causales, la misma es admisible. Así se declara.
Ahora, como quiera que la acción de amparo constitucional se ejerció contra un acto que emana de un órgano jurisdiccional, esta Sala estima oportuno acotar que, conforme al criterio reiterado de este Máximo Tribunal, este tipo de demanda constituye un mecanismo procesal con características que la diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de otras vías existentes para la impugnación de dichos actos jurisdiccionales, razón por la cual a las demandas de amparo constitucional contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le han señalado presupuestos especiales para su procedencia, verbigracia: cuando el juez haya actuado fuera de su competencia, de manera que lesione un derecho constitucional. De allí que, su incumplimiento, conlleva a la desestimación de la pretensión, incluso, in limine litis, en atención a los principios de celeridad y economía procesal y en aras de la tutela judicial efectiva.
Así, en virtud de lo anterior, esta Sala observa que, tal y como antes se señaló, la presente acción de amparo constitucional tiene su origen en la decisión que dictó, el 01 de marzo de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, con ocasión del recurso de apelación ejercido por la Defensora Pública Octava Penal de dicho Estado, en su carácter de defensora del ciudadano José Daniel Martínez Rusa, contra el auto del 08 de diciembre de 2011, decisión en la cual declaró de oficio la nulidad absoluta del auto de fecha 02 de diciembre de 2011, proferido por el señalado Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control que, de oficio, acordó el supuesto especial del principio de oportunidad establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para ese momento, a favor del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, y, en consecuencia, de todos los actos procesales subsiguientes.
A criterio de la parte actora, la referida decisión infringió la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por cuanto, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, tal y como expresamente lo señaló:
( ) se pronunció sobre un imputado distinto y sobre circunstancias distintas a las planteadas en el Recurso de Apelación (sic), al decretar de Oficio (sic) la Nulidad Absoluta (sic) por considerar que el Tribunal de Control No. 04 (sic) del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, incurrió en un error al aplicar un (sic) supuesto especial del Principio de Oportunidad (sic).
De igual modo, al no pronunciarse respecto de las denuncias planteadas en el recurso de apelación ejercido, dicha circunstancia dio origen a una decisión que adolece del vicio de incongruencia omisiva.
Ahora, esta Sala, del estudio de las actas que conforman el presente proceso de amparo, aprecia que la decisión cuya constitucionalidad se objetó se encuentra ajustada a derecho y, por ende, el órgano jurisdiccional denunciado como presunto agraviante actuó dentro de los límites de su competencia y sin abuso de poder.
En efecto, en las actas certificadas acompañadas por la defensa del hoy accionante a la solicitud de amparo, y en la decisión que hoy se impugna, consta lo siguiente:
1.- Que, el 30 de noviembre de 2011, se efectuó ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, la audiencia de presentación del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, quien fuese aprehendido flagrante en la comisión de delitos, oportunidad en la cual el Fiscal Auxiliar Primero del Ministerio Público de la señalada Circunscripción Judicial solicitó la calificación de su detención en flagrancia, la imposición de la medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de extorsión y asociación para delinquir, la aplicación del procedimiento ordinario y, de igual modo, solicitó que se decretara orden de aprehensión contra el ciudadano José Daniel Martínez Rusa, en virtud de su presunta participación en los delitos señalados, solicitudes que fueron acordadas en dicha audiencia por el referido Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control y, por ende, librada la correspondiente orden de aprehensión del prenombrado ciudadano José Daniel Martínez Rusa (Cfr. folios 17 al 20 del presente expediente).
2.- Que, el 02 de diciembre de 2011, tal y como lo constató la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, cuando tuvo a su vista la causa penal que dio origen a la presente acción de amparo, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de dicho Circuito, dicto auto mediante el cual, de oficio, aplicó a favor del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, el supuesto especial del principio de oportunidad contenido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para ese momento y, acordó, sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en su contra por una cautelar sustitutiva, como lo fue la de arresto domiciliario con apostamiento policial.
3.- Que, el 08 de diciembre de 2011, se celebró, ante el señalado Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, la audiencia oral a la que refería el artículo 250, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la época, en la cual, el representante del Ministerio presentó como imputado al ciudadano José Daniel Martínez Rusa, solicitando que se mantuviera la medida de privación judicial preventiva de libertad y la continuación de la investigación por la vía del procedimiento ordinario. Así, el día 11 del mismo mes y año, se publicó el auto contentivo de lo alegado en la audiencia en cuestión.
4.- Que, el 15 de diciembre de 2011, la abogada Maryoalizthg Judith Cabaña Herrera, ejerció recurso de apelación, tal y como expresamente lo señaló: ( ) en contra de la decisión dictada en Audiencia de Presentación de Imputado (sic) de fecha 08 de diciembre de 2011 ( ) y cuyos fundamentos fueron publicados el 11 de diciembre de 2011 ( ), el cual fundamentó en lo dispuesto en el artículo 447, numerales 4 y 5, del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, según expresamente lo alegó:
( ) en audiencia de presentación de flagrancia de fecha 30 de noviembre de 2011, se acordó orden de aprehensión en contra de mi representado ( ) cuya decisión es inmotivada, no ajustada a derecho y causa un gravamen irreparable a mi representado ya que con ello el tribunal (sic) de Control No. 04 (sic) de este Circuito Judicial Penal sin motivación alguna acuerda medida privativa de libertad.
De igual modo, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, constató, del estudio del expediente contentivo de la causa penal primigenia, que:
a) A los folios 79 al 171, de la primera pieza de dicho expediente, cursa escrito contentivo de la acusación presentada, el 13 de enero de 2012, por el Fiscal Auxiliar Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, contra el ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, por la comisión de los delitos de extorsión y asociación para delinquir.
b) A los folios 174 y 175, primera pieza, cursan autos de fechas 23 y 24 de enero de 2012, en los cuales el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, fijó la celebración de la audiencia preliminar respecto de ambos imputados, ciudadanos Anthony Xavier Álvarez Díaz y José Daniel Martínez Rusa, para el 08 de febrero de 2012.
c) A los folios 03 al 216, de la segunda pieza del expediente, se agregó el escrito acusatorio presentado en fecha 20 de enero de 2012, por el referido Fiscal Auxiliar Primero del Ministerio Publico, contra el ciudadano José Daniel Martínez Rusa, por la comisión de los delitos de extorsión y asociación para delinquir.
d) A los folios 217 al 219, segunda pieza, a la par, se agregó auto mediante el cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece la excepción al principio de la unidad del proceso, en cuanto al imputado a quien se le aplique el supuesto especial del artículo 39 ejusdem, acordó dividir la continencia de la causa y, en consecuencia, ordenó la apertura del correspondiente cuaderno separado respecto del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz.
e) Finalmente, a los folios 231 al 237, segunda pieza del expediente, cursa el acta contentiva de la audiencia preliminar celebrada el 24 de febrero de 2012, en la causa penal seguida contra el ciudadano José Daniel Martínez Rusa, acto en el cual se admitió la acusación fiscal presentada en su contra por la comisión de los delitos de extorsión y asociación para delinquir, las pruebas ofrecidas por las partes, se mantuvo la medida privativa judicial preventiva de libertad y se ordenó la apertura del juicio oral y público.
Conforme la narración precedente, para esta Sala es evidente que cuando el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, de oficio, dictó el auto mediante el cual aplicó a favor del ciudadano Anthony Xavier Álvarez Díaz, el supuesto especial del principio de oportunidad contenido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para ese momento, y con base en dicha alternativa a la prosecución del proceso acordó sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en contra del prenombrado ciudadano por una cautelar sustitutiva, dicho acto fue cumplido e incorporado al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, toda vez que la suspensión del ejercicio de la acción penal es una actividad procesal que atañe exclusivamente al sujeto de la relación procesal a quien la ley faculta para su prescindencia, esto es: al Ministerio Público, en razón de lo cual, tal proceder constituye una subversión procesal que afecta de nulidad al acto cumplido en contravención a la ley.
En efecto, esta Sala respecto de la institución procesal del principio de oportunidad y, concretamente, del supuesto especial de dicho principio, en sentencia n.° 1493, de fecha 16 de julio de 2007, caso: María Belén Padilla Quintero, estableció lo siguiente:
· En este estado, la Sala estima conveniente analizar el supuesto especial del principio de oportunidad, concebida como una institución procesal penal a la que puede acogerse un imputado, ofreciendo información al Ministerio Público antes de la presentación de la acusación, con la finalidad de contribuir en la investigación penal y obtener, por esta vía, una rebaja en la pena aplicable, si la información suministrada resulta útil y eficaz.
( )
En justa correspondencia con lo anterior, en nuestro derecho penal, el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal prevé la institución del supuesto especial del principio de oportunidad y la figura del informante arrepentido, al disponer que:
El Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez de control autorización para suspender el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la pena que corresponda al hecho punible, cuya persecución se suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita.
El ejercicio de la acción penal se suspende en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó este supuesto de oportunidad, hasta tanto se concluya la investigación por los hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al informante arrepentido.
El Juez competente para dictar sentencia, en la oportunidad correspondiente, rebajará la pena aplicable, a la mitad de la sanción establecida para el delito que se le impute al informante arrepentido, cuando hayan sido satisfechas las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, lo cual deberá constar en el escrito de acusación.
En todo caso, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad física del informante arrepentido.
Cabe destacar que la norma contenida en el enunciado normativo citado ordena al Ministerio Público solicitar al juez de control autorización para suspender el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos o las personas en cuyo favor se aplica este supuesto especial del principio de oportunidad, cuando concurran las siguientes condiciones: a) que se trate de hechos delictivos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta; b) que el imputado colabore eficazmente con la investigación aportando información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayudando a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcionando información útil para probar la participación de otros imputados; y c) que la pena que corresponda al hecho punible, cuya persecución se suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita.
En el marco de este enunciado normativo, debe precisarse que la condición que versa sobre la colaboración del imputado está referida a dar información esencial, dirigida a lograr los siguientes objetivos: a) evitar que continúe el delito o se realicen otros, b) ayudar a esclarecer hechos investigados u otros conexos, y c) proporcionar información útil para probar la participación de otros imputados.
Conforme a lo anterior, la eficacia y utilidad de la delación será determinada por el resultado de la investigación sobre los hechos delatados, en la medida que dicha información haya contribuido a evitar que continuara el delito o se realizaran otros, o se esclarecieran hechos investigados u otros conexos, o bien se haya probado la participación de otros imputados.
( )
La relevancia de la anterior precisión está dada por la imperiosa necesidad de determinar la utilidad y eficacia de la información ofrecida en el marco del supuesto especial del principio de oportunidad, previsto en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la rebaja de la pena aplicable como premio a la delación, cuyo fin es promover la colaboración de los imputados, por delitos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta, suministrando información eficaz y útil para la investigación penal y posterior enjuiciamiento de este tipo de hechos delictivos.
Es por ello que la verificación de la utilidad de la información suministrada o de la colaboración prestada por el imputado delator, impone la obligación al Ministerio Público de investigar ineludiblemente y de forma expedita y diligente lo delatado; por lo que una vez obtenida la delación, el Ministerio Público debe solicitar la autorización al juez de control para suspender el ejercicio de la acción penal con relación a los hechos o las personas en cuyo favor se aplica este supuesto especial del principio de oportunidad y, en consecuencia, queda obligada la Vindicta Pública a esperar que concluya la investigación sobre los hechos delatados, en cuya oportunidad se reanudará el proceso, debiendo presentar, en su momento, la acusación contra el o los delatores, quienes adquieren a partir de ese momento la cualidad de informantes arrepentidos, haciendo constar en dicho acto la eficacia de la delación, para que el juez competente al dictar la sentencia definitiva sobre los hechos que se le imputan al informante arrepentido, rebaje de la pena aplicable a la mitad de la sanción establecida para el delito que se le impute, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
En este sentido, observa la Sala que el supuesto especial del principio de oportunidad exige la prescindencia de la acusación hasta tanto se concrete la verificación de la información y se obtengan los resultados de la investigación sobre los hechos delatados, siendo que una vez concluida ésta y presentada la acusación, no pueden reabrirse o continuar ejecutándose las diligencias investigativas, bajo el amparo de este supuesto especial y respecto de los delatores y hechos delatados que la originaron (Cursivas del fallo y subrayado de esta Sala)
De esta manera, esta Sala, sobre la base del criterio parcialmente transcrito ut supra, aprecia que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, no actuó fuera de los límites de su competencia ni con abuso de poder, toda vez que ante la inobservancia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de dicho Circuito, de los presupuestos procesales esenciales del acto judicial referido a la aplicación del supuesto especial del principio de oportunidad, arrogándose atribuciones que por ley corresponden al Ministerio Público en el proceso, en virtud del principio de oficialidad de la acción penal, mal podía convalidar dicha actuación írrita, por lo que, de oficio, decretó su nulidad para impedir sus efectos jurídicos y, en consecuencia, retrotrajo el proceso a la etapa anterior a dicho acto.
En este contexto, esta Sala reitera el criterio que atiende al tema de la nulidad en materia procesal penal, establecido en sentencia n.° 1228, de fecha 16 de junio de 2005, caso: Rádames Arturo Graterol Arriechi, en el sentido siguiente:
( ) el proceso se desenvuelve mediante las actuaciones de los distintos sujetos intervinientes en el mismo, en lo que respecta a los particulares, sea como parte o como tercero incidental. Dichas actuaciones deben realizarse bajo el cumplimiento de ciertas formas esenciales para que las mismas sean válidas, no sólo para cumplir con el esquema legal propuesto, sino para que las garantías procesales, de raíz constitucional (debido proceso, derecho de defensa), sean cumplidas.
Así, la constitución del acto para que tenga eficacia y vigencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa y la forma, satisfaciendo los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el último los extrínsecos.
De allí que, toda actividad procesal o judicial necesita para su validez llenar una serie de exigencias que le permitan cumplir con los objetivos básicos esperados, esto es, las estrictamente formales y las que se refieren al núcleo de dicha actividad. Sin embargo, independientemente de cuáles sean los variados tipos de requisitos, ciertamente ellos dan la posibilidad de conocer cuándo se está cumpliendo con lo preceptuado por la norma, circunstancia que permite entonces conocer hasta donde se puede hablar de nulidad o validez de los actos procesales.
La teoría de las nulidades constituye uno de los temas de mayor importancia para el mundo procesal, debido a que mediante ella se establece lo relevante en la constitución, desarrollo y formalidad de los actos procesales, ésta última la más trascendente puesto que a través de ella puede garantizarse la efectividad del acto. Así, si se da un acto con vicios en aspectos sustanciales relativos al trámite -única manera de concebir el fundamento del acto- esto es, los correspondientes a la formación de la actividad, entonces nace forzosamente la nulidad.
La importancia para el proceso es que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos estén adecuadamente realizados, ya que el principio rector de todos los principios que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso, es decir, que la idea de un juicio justo es tan importante como la propia justicia, razón por la cual las reglas, principios y razones del proceso, a la par de las formas, deben estar lo suficientemente claras y establecidas para que no quede la duda respecto de que se ha materializado un juicio con vicios en la actividad del proceso.
En síntesis, los defectos esenciales o trascendentes de un acto procesal que afectan su eficacia y validez, el cumplimiento de los presupuestos procesales o el error en la conformación que afecta algún interés fundamental de las partes o de la regularidad del juicio en el cumplimiento de normas de cardinal observancia, comportan la nulidad.
En nuestro sistema procesal penal, como en cualquier otro sistema procesal, la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal -la cual puede ser declarada de oficio o a instancia de parte por el juez de la causa- dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal que se celebra en violación del ordenamiento jurídico-procesal penal. Dicha sanción comporta la eliminación de los efectos legales del acto írrito, regresando el proceso a la etapa anterior en la que nació dicho acto.
De allí, que la nulidad, aunque pueda ser solicitada por las partes y para éstas constituya un medio de impugnación, no está concebida por el legislador dentro del Código Orgánico Procesal Penal como un medio recursivo ordinario, toda vez que va dirigida fundamentalmente a sanear los actos procesales cumplidos en contravención con la ley, durante las distintas fases del proceso artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal- y, por ello, es que el propio juez que se encuentre conociendo de la causa, debe declararla de oficio (Subrayado de la Sala).
De igual modo, esta Sala, en la reciente sentencia n.° 1100, de fecha 25 de julio de 2012, caso: Edgar Brito Guedez, dispuso textualmente lo siguiente:
En el proceso penal al Ministerio Público corresponde, entre otras, la atribución de dirigir la investigación de los hechos punibles y de ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones, para buscar y asegurar los elementos de convicción y establecer la identidad plena de los autores de dichos hechos (Cfr: artículo 111, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal).
En tal sentido, nuestro proceso penal y, en fin, todo proceso penal, está diseñado para reconstruir los hechos mediante juicios de valor, basados en procedimientos cognoscitivos sujetos a controles objetivos y racionales, realizados mediante reglas que garanticen la verdad procesal, toda vez que la única justificación que dicho proceso tiene es la de encontrar la verdad, pero la verdad sólo como correspondencia lo más aproximadamente posible, en su motivación, a las normas fijadas legalmente.
De esta manera, surge la diferencia entre los principios y las garantías, pues de su violación dependerá la consecuente nulidad. Los principios son considerados como el núcleo central de un Estado de Derecho, en razón de lo cual se han constitucionalizados y consagrados en todos los pactos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo: el derecho a la defensa.
Las garantías, por su parte, son el medio para avalar el cumplimiento o la vigencia del principio, lo cual lleva a expresar que: las garantías son el medio y los principios el fin, ya que poco importa los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o en los tratados y convenios internacionales, si nuestras leyes no establecen normas que tiendan a asegurar el pleno respeto de tales principios.
En tal sentido, la garantía respecto el cumplimiento de un principio emerge de los requisitos que deben cumplirse para la realización de los actos procesales y su continuidad mediante las formas procesales, lo cual conlleva a que cuando no se cumple una forma, esto es: se incumple un requisito legal o se rompe una secuencia necesaria, la actividad procesal se vuelve inválida o defectuosa, y por ello, es que se afirma que: "las formas son la garantía".
De esta manera, no toda infracción de una norma procesal supone violación de una garantía constitucional y una situación de indefensión para una de las partes, por cuanto se debe comprobar que: a) la infracción tenga suficiente entidad que afecte el derecho fundamental a la defensa; y, b) la infracción afecte la regularidad del acto impidiendo que produzca los efectos que le son propios.
Por tanto, de la progresiva importancia que han ido adquiriendo los principios constitucionales relacionados con el sistema procesal penal, se imponen criterios antiformalistas que obligan a tener en cuenta circunstancias distintas a la mera infracción de la norma procedimental. La violación de una forma lo que trae como consecuencia es una advertencia sobre el posible irrespeto a un principio, que de verse afectado, sin lugar a dudas debe ser anulado.
De allí, que resulte entonces determinante establecer cuándo, a pesar, de la violación de una forma procesal, el principio fundamental no ha sido menoscabado y, por ende, no surge la nulidad. La primera posibilidad implica determinar que tan efectiva es la forma para garantizar la vigencia del principio, vale decir: cuando una formalidad no es esencial en un proceso, y la segunda está referida al caso en el cual, pese la violación de la forma procesal, se toman otras previsiones para garantizar el principio que se protege.
Finalmente, hay que destacar que en materia de nulidades rige como principio el de la:" trascendencia aflictiva", atinente al perjuicio por la ausencia de las formalidades del acto, y conforme al cual la nulidad por la nulidad misma no es admisible, pues las nulidades no tienen por finalidad satisfacer deseos formales. La nulidad, por el solo hecho de que la ley disponga esa consecuencia, debe ser declarada solo si la lesión ocasionada a las partes es insalvable, y ello es así, por cuanto no hay cabida a la nulidad sin constatación del perjuicio.
Igualmente, esta Sala aprecia, que la declaratoria de nulidad absoluta pronunciada, tal y como lo señaló expresamente la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, hacía inoficioso cualquier otro pronunciamiento respecto al recurso de apelación ejercido por la defensa del hoy accionante, por cuanto la decisión que se impugnó mediante dicho recurso quedó invalidada por estar comprendida dentro de los actos procesales subsiguientes.
Por ello, esta Sala reitera que el amparo constitucional es un mecanismo extraordinario destinado, exclusivamente, a proteger el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, por lo que no debe ser utilizado como un medio ordinario de impugnación, así como pretender convertir al juez constitucional en un juez ordinario que examine y se pronuncie sobre un asunto de estricta legalidad, en el que se haga una nueva valoración de los hechos y el derecho que ya fue objeto de la soberana apreciación de los jueces y, en fin, en la que se juzgue de nuevo sobre el mérito de una controversia ya conocida y decidida por los jueces de la causa, competentes para desplegar esa actividad.
En tal sentido, esta Sala estima preciso reiterar el criterio establecido en la sentencia n.° 492, del 31 de mayo de 2000, caso Inversiones Kingtaurus, C.A, conforme al cual:
( ) la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.
Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.
Y aun cuando resulta difícil deslindar cuándo las violaciones que se alegan son de orden constitucional o legal, la regla que la jurisprudencia ha establecido se contrae a indicar que si la resolución del conflicto requiere, insoslayablemente, que la decisión se funde en el examen de la legalidad de las actuaciones que constituyen la fuente de las violaciones denunciadas, la violación evidentemente no será de orden constitucional. Se concluye entonces que debe bastar al juez, a los fines de decidir sobre el amparo solicitado, la sola confrontación de la situación de hecho con el derecho o garantía que se pretenden lesionados, y si de ello se evidencia la efectiva existencia de la violación que se alega, es procedente, por tanto, la protección constitucional ( ).
Atendiendo a lo antes expuesto, esta Sala considera que, en el presente caso, no se configura la violación constitucional aducida por la defensa del accionante, en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, se declara improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo interpuesta por la Defensora Pública Octava Penal adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Yaracuy, abogada Maryoalizthg Judith Cabaña Herrera, actuando en su carácter de defensora del ciudadano JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ RUSA, contra la decisión dictada el 01 de marzo de 2012, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
Juan José Mendoza Jover
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N.° 12-1029
JJMJ
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