Venley

Sentencia N.º 58

Sentencia
N.º 58
Fecha
20/02/2014
Sala
Constitucional
Expediente
13-0154
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Solicitud de Revisión

EN SALA CONSTITUCIONAL

 

Expediente N° 13-0154

 

 

 
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el 14 de febrero de 2013, la abogada Roraima Bermúdez González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 42.536, actuando en su carácter de apoderada judicial de PROMOTORA BELLAGIO C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 12 de agosto de 2004, bajo el N° 75, Tomo 47-A y domiciliada en el Estado Carabobo, solicitó la revisión de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 9 de mayo de 2011, con ocasión al juicio que por nulidad de contrato de opción de compra-venta incoare la ciudadana María Elena Montilla, titular de la cédula de identidad N° 7.418.683 contra su representada, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución.

El 9 de agosto de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

En Sesión de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, se reconstituyó la Sala Constitucional, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Juan José Mendoza Jover, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos.

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este Máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Efectuada la lectura del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

 

 

 

I

ANTECEDENTES

            1.- El 9 de diciembre de 2008, el apoderado judicial de la ciudadana María Elena Montilla Jiménez, consignó demanda ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contra la sociedad mercantil Promotora Bellagio S.A. por nulidad de contrato de opción de compra-venta. En esa misma fecha, por distribución, fue remitido el escrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

2.- El 17 de diciembre de 2008, se admitió la demanda por nulidad de opción de compra-venta y se ordenó la comparecencia de la parte demandada a fin de que diera contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación.
El 29 de enero de 2009, el abogado Cleodaldo José Bastidas Silva, titular de la cedula de identidad No. 12.317.523, e inscrito por ante el Instituto de Previsión social del Abogado bajo el Nº 105.805, presentó escrito de reforma.

3.- El 16 de febrero de 2009, el tribunal admitió el escrito de reforma por resolución de contrato presentado y ordenó la comparecencia de la parte demandada a fin de que diera contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación.

4.- El 8 de junio de 2009, el abogado Alejandro Mirabal Caraballo, apoderado judicial de la parte demandada, consignó escrito de contestación.

5.- El 4 de agosto de 2009, el abogado Cleodaldo José Bastidas Silva, presentó escrito de pruebas. Así como el 5 de agosto de 2009, la abogada Damelyd Cadenas Rivas, apoderada judicial de la parte demandada, presentó escrito de pruebas.

6.- El 23 de octubre de 2009, el tribunal admitió los escritos de pruebas presentados por las partes.

7.- El 8 de abril de 2010, el abogado Cleodaldo José Bastidas Silva, apoderado judicial de la parte demandante, apeló del auto del 23 de octubre de 2009.

8.- El 26 de mayo de 2010, el tribunal oyó la apelación en un solo efecto.

9.- El 18 de octubre de 2010, se agregaron al expediente las resultas de la apelación formulada por la parte demandada, proveniente del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante la cual el referido juzgado declaró parcialmente con lugar la apelación interpuesta, revocó parcialmente dicho auto y ordenó la reposición de la causa al estado de que el Juzgado de la causa admitiera las pruebas contenidas en los capítulos III y IV del escrito de pruebas presentando por la parte demandada.

10.- El 6 de diciembre de 2010, el juzgado de la causa se pronunció sobre la admisión del las mencionadas pruebas procediendo luego a la evacuación de las mismas.

11.- El 14 de febrero de 2011, el tribunal fijó 15 días para presentar informes.

12.- El 14 de marzo de 2011, ambas partes presentaron escrito de informes.

13.- El 28 de marzo de 2011, el abogado Cleodaldo José Bastidas Silva, apoderado judicial de la parte demandante presentó escrito de observaciones.

14.- El 9 de mayo de 2011, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda propuesta.

15.- El 30 de mayo de 2011, la parte actora solicitó la ejecución de la sentencia, visto que la misma quedó definitivamente firme al no haberse propuesto recurso alguno contra dicho fallo.

II

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

La presente solicitud de revisión tiene su fundamento en los siguientes argumentos:

Que se demandó la nulidad de un contrato de opción de compra-venta, en el que no se habría fijado plazo para el otorgamiento del documento definitivo de venta, toda vez que el contrato de opción de nulidad de opción compra-venta fue celebrado en el año 2006, oportunidad para la cual no estaban en vigencia ni la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, ni las Resoluciones del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat que comenzaron a regular lo relativo al contenido de los contratos de opción de compra venta.

Que la parte demandante en su libelo “(…) se dedica a alegar, citando copias doctrina, que el contrato celebrado no fue un contrato de opción de compra-venta sino una venta definitiva, explica cómo y porque, en su criterio, la falta de fijación de plazo para la protocolización del documento definitivo de venta, vicia de nulidad el contrato (a pesar de señalar en su libelo, que dicho plazo no era necesario porque no se trataba de una opción, sino de un contrato de venta); pero no alegó en ninguna parte del libelo, que se le hayan causados (sic) daños materiales, ni mucho menos morales; no explica en que habrían constituido esos daños que no menciona ni explica, ni determina su hecho generador, ni los daños causados, ni la conducta culposa”.  

Que fue solamente en el petitorio del libelo cuando sin fundamento alguno peticionó que: “4)- en pagarle a mi mandante la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 1.644.000) en concepto de daños y perjuicios que le ha causado por su incumplimiento y la violaciones de Ley, que le impidieron a mi mandante adquirir un inmueble similar en otro edificio por el precio de compra del inmueble aquí descrito, es decir, se perdió una oportunidad que llega justamente al daño por el costo de oportunidad”.

Que la parte actora se limitó a solicitar una indemnización por la suma de un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil bolívares fuertes (Bs. 1.644.000,00), por concepto de daños y perjuicios por haber perdido la oportunidad de comprar un inmueble similar en otro edificio. Siendo el caso que en la sentencia cuya revisión se solicita no se hace ningún tipo de análisis, ni motivación en torno a los daños reclamados.

Que en la sentencia objeto de revisión, la Juez estableció que dada la cláusula cuarta del contrato cuya nulidad se demandó, sólo se prevé cláusula penal a favor de la propietaria, esto es, de la demandada, que era viable la acción subsidiaria de daños y perjuicios, por aplicación en contrario de los artículos 1271 y 1277 del Código Civil, concluyendo que era procedente la indemnización de daños y perjuicios reclamada en el libelo.

Que la denuncia una inmotivación de derecho, al advertirse que la juez fundamenta la condena de daños y perjuicios por pérdida de la oportunidad, reclamados en el libelo, en el artículo 1277 del Código Civil, norma ésta que, lejos de sustentar tal indemnización, la niega pues la misma expresa literalmente, que cuando se trata de sumas de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre en el pago de intereses legales. Indica la parte solicitante que:

“(…) No se trata de que haya errado en la interpretación de la norma, ni que haya aplicado falsamente una norma jurídica, sino que la norma aplicada simplemente NIEGA  lo acordado por la ciudadana Jueza, por lo que se trata de una contradicción tan flagrante en la motivación, que equivale lisa y llanamente a INMOTIVACIÓN ABSOLUTA en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios acordada.

(Omissis…)

Los daños conocidos doctrinariamente como pérdida de la oportunidad no son más que una modalidad del LUCRO CESANTE, esto es, una utilidad cierta, de la cual se privó a la víctima, como consecuencia directa y necesaria de la actuación del agente.

(Omissis…)

Así pues, cuando la ciudadana Jueza condena al pago de daños por pérdida de la oportunidad con fundamento en el artículo 1277 del Código Civil, señalando –además- ´que lo único que era objeto de prueba para determinar los daños era la inejecución contractual` no está haciendo más que entremezclar, a su capricho, la regulación legal de los daños y perjuicios ordinarios (daño emergente y lucro cesante) y los daños y perjuicios causados por el impago de sumas de dinero, que no son otros que los intereses legales”.

 

Que denuncia una inmotivación de hecho, cuando la juzgadora no estableció los motivos de hecho para la condenatoria al pago de la indemnización de daños y perjuicios por pérdida de la oportunidad, peticionada en el libelo, es decir, no determina cuales fueron los hechos alegados en el libelo como constitutivos del daño, ni establece como esos hechos, -a su decir- que no menciona,  habrían quedado demostrados con el debido análisis probatorio, así como tampoco menciona las pruebas que debió haber analizado para ello.

Que en el caso de autos, la parte demandante reclamó el pago de daños y perjuicios, de los cuales nada alega a lo largo de todo el libelo, sino única y exclusivamente en el petitorio, cuando sorpresivamente peticiona la solicitud de un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil Bolívares (Bs. 1.644.000,00).

Que su representada negó expresamente dicho petitorio, por lo que correspondía a la demandante probar los hechos constitutivos de su pretensión indemnizatoria y sería en la definitiva, cuando la Juez -previo el análisis del material probatorio que debió aportar y no aportó la demandante-, establecería si dichos daños efectivamente se produjeron y como esos daños estaban vinculados a la actuación de su representado, lo cual no ocurrió.

Que hubo incongruencia positiva por parte de la sentencia objeto de revisión, cuando ordenó la indexación o corrección monetaria de la suma condenada a pagar por la indemnización de daños y perjuicios, lo cual no fue solicitado en el libelo.

Que “(…) la Jueza en la parte motiva del fallo, menciona que la indexación que solicitó la parte actora, fue solamente sobre las cantidades de dinero entregadas… como parte de pago del inmueble en venta; sin embargo, en la DISPOSITIVA se aparta radicalmente de lo peticionado en el libelo y de lo que ella misma ha señalado con anterioridad, y de manera sorpresiva, ilegal e injustificada, acuerda la INDEXACIÓN DE LAS CANTIDADES SEÑALADAS esto es, de la suma de Bs. 1.100.000 entregado como parte del precio del inmueble, Y ADEMAS (sic), la indexación de la suma de Bs. 1.644.000 condenados a pagar por concepto de daños y perjuicios, lo cual –repetimos. NO FUE LO PETICIONADO EN EL LIBELO”.

Que “Siendo entonces que la Juez resolvió sobre una petición de INDEXACIÓN  de los daños y perjuicios, QUE NADIE FORMULÓ incurrió así en una evidente y palmaria DESVIACIÓN o alteración de los límites de la controversia que constituye violación de derechos constitucionales fundamentales”. 

Que cuando el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, acordó indexar no sólo la suma entregada como parte de pago del inmueble Bs. 1.100.000,00, sino adicionalmente acordó indexar la suma de Bs. 1.644.000,00 condenados por concepto de daños y perjuicios; evidentemente incurrió en una grosera tergiversación del asunto sometido a su consideración.

Finalmente solicitó se declare ha lugar la presente revisión y en consecuencia la nulidad de la sentencia objeto de la misma.

III

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

El 9 de mayo de 2011, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró parcialmente con lugar la demanda que por nulidad de contrato de compra venta intentó la ciudadana María Elena Montilla Jiménez en contra de la sociedad mercantil Promotora Bellagio S.A., con base en las siguientes consideraciones:

“(…) PUNTO PREVIO

IMPUGNACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

En cuanto a la impugnación al valor de la demanda que hiciera la parte demandada, esta Juzgadora procede a su examen en punto previo tal como lo ordena el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.

Así, sobre este asunto ha dicho la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia: (Omissis…)

Pues bien, con base en la anterior doctrina el tribunal procede a examinar el caso de autos y observa que la parte demandada en el escrito de contestación rechazó la estimación de la demanda por considerarla exagerada, no obstante, no indicó expresamente cual sería el verdadero valor. Tal actuación en criterio de esta sentenciadora no constituye la acreditación de un hecho nuevo.

En consecuencia, aceptar una impugnación en tales términos constituiría un rechazo al valor de la demanda indeterminado, pues habría la incógnita de cuál sería el nuevo valor para la demandada, y el Juez no puede aceptar tal defensa genérica supliendo las argumentaciones de la demandada.

En consecuencia, al no haber acreditado el demandado ese hecho nuevo (nueva cuantía) ni mucho menos demostrarla (con medio de pruebas) se declara improcedente la impugnación del valor de la demanda, quedando firme la establecida en el libelo por la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000,oo). Así se decide.

CALIFICACIÓN JURIDICA DE LA ACCIÓN PROPUESTA

Así tenemos, que se trata en el presente caso de una demanda por nulidad de contrato de compra venta que la parte compradora de un inmueble bajo régimen de propiedad horizontal interpone contra su vendedor.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil en la interpretación de los contratos los Jueces están obligados a atender al propósito y a la intención de las partes, teniendo en mira las exigencias de la Ley, de la verdad, y de la buena fe.
Conforme se desprende de las actas procesales, este tribunal erró al admitir la acción que se interpuso, al señalar que la misma se trataba de resolución de contrato, cuando lo correcto debió ser nulidad de contrato conforme a lo pretendido por el demandante, no obstante, como se verificó del acto de contestación a la demanda, así como todos y cada unos de los medios usados por el accionado de autos, están dirigidos atacar la nulidad invocada por el actor, por lo que tratándose en un caso u otro, es decir resolución o nulidad, el procedimiento a aplicar es el mismo-el ordinario- y siendo que efectivamente fue el aquí aplicado han quedado salvaguardados los derechos de las partes. Ahora no habiéndose invocado esta circunstancia por las partes, entiende esta sentenciadora su conformidad, no obstante ante una eventual impugnación vale acotar que por las razones expuestas sería inoficioso plantearse una reposición al respecto.

En este sentido, debemos establecer que en virtud del Principio Dispositivo que rige en nuestro proceso civil, resulta necesario una correspondencia entre la sentencia de mérito y la pretensión deducida, de allí que deben ser analizados todos y cada uno de los elementos del juicio que servirán de fundamento para la decisión de la causa. En este orden de ideas, el procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra ´CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL`, señala: (Omissis…)

Ahora bien, acogiéndose este Tribunal a los criterios jurisprudenciales y doctrinales antes citados, sobre la capacidad y deber del Juez de realizar la calificación jurídica de la pretensión deducida por el demandante al momento de dictar la sentencia de mérito, a través del silogismo judicial que se realiza durante el proceso, mediante los actos efectuados por las partes, este Tribunal califica la acción interpuesta como nulidad de contrato. Así se decide.

Respecto de la calificación del contrato en pugna debe señalarse que ello no es un asunto de trascendencia jurídica para la demandada y así lo dejo reflejado en su contestación, no obstante se debe calificar su condición antes de entrar a decidir sobre el asunto de fondo, es necesario analizar los elementos del contrato los cuales son: Consentimiento de las partes; Objeto que pueda ser materia de contrato; y la Causa lícita.

En virtud de que hubo el pago completo del precio del apartamento, necesariamente este Tribunal tiene que concluir que se trata de un contrato de compra venta. Y ASI SE DECIDE:

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Resuelto lo anterior procede esta Juzgadora a pronunciarse sobre el asunto de mérito.

En el caso de autos, se da suficientemente por comprobado que la parte demandante suscribió con la demandada a través de una operación de compra venta de un inmueble cuyas especificaciones se describen en la cláusula segunda y tercera del contrato objeto de nulidad y que consta a los folios 10 al 14 de la primera pieza; así mismo el accionado asumió que la actora pagó el precio liquido acordado en los literales a, b y c de la cláusula cuarta, es decir, UN MIL NOVENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO (BS. 1.099,98), por lo que estos asuntos no son controvertidos pues como se verificó en la contestación de la demanda se convino en ello.

Así mismo, corresponde a esta sentenciadora pronunciarse respecto del supuesto de hecho invocado en relación a la falta del documento de condominio, este hecho como tal no es un hecho controvertido, ya que el contrincante asumió la no existencia del mismo, no obstante vale decir, que en todo caso la falta de suscripción de dicho documento no constituye un elemento que invalide la relación contractual preexistente pues a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Ahora los asuntos objetos de litigio y por ende objeto de análisis por esta Juzgadora son: PRIMERO: el incumplimiento de la actora en el pago total del monto atribuido a la venta del inmueble, es decir, UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES FUERTES (1.356.000,00). Para resolver sobre este particular debe quién decide, al examinar la cláusula cuarta en comento se constata con meridiana claridad que la llamada ´opcionante` desocuparía el bien inmueble descrito en un plazo de cuatro (4) meses contados luego de la protocolización del contrato en litigio y al finalizar dicho lapso se realizaría el documento traslativo de propiedad, pero ello quedó sólo en manos de la Promotora Bellagio cuando supedito la obligación de la opcionante al momento en que la promotora lo exigiera. Siendo entonces que la accionada se limitó a señalar, que la demandante nunca le entregó dicho inmueble y que nunca se hizo la transferencia de propiedad, sin aportar elementos probatorios que acrediten sus dichos y habiendo quedado evidenciado que el traslado de la propiedad del citado inmueble era un asunto que solo era oponible a ella –la promotora-conforme al compromiso adquirido. El único medio probatorio traído a los autos por la accionada para demostrar el supuesto incumplimiento, fue el documento que acredita la propiedad actual del inmueble que debió trasferirse (sic), ello como se dijo supra no es objeto del debate pues era crédito probatorio a su favor en todo caso la misiva de la Promotora Bellagio a la contratante señalando el momento bien de la firma o en su defecto la consignación de los instrumentos para la protocolización y ello no medió en este caso. Por el contrario se evidencia de la evacuación de los testigos Néstor Rojas suficientemente identificado a los folios 81 y 82, así como del testimonial del ciudadano Luis Rodriguez (sic) identificado suficientemente a los folios 83 al 85, que efectivamente el inmueble fue dado en venta a través de la administradora de bienes raíces CONSOLITEX, por la Promotora Bellagio, por lo que al no haber demostrado la demandada, como fue que la ciudadana María Montilla incumplió, este Tribunal declara que la referida ciudadana dio cumplimiento efectivo a su obligación adquirida en el negocio jurídico que aquí se impugna.

El segundo hecho objeto de debate lo es, la paralización de la obra donde se construye el inmueble identificado en el contrato en pugna, vale señalar a este particular que el accionado asume como cierto que la obra no ha sido concluida, sin embargo, niega que esté paralizada. Así las cosas corresponde a quien suscribe determinar si efectivamente la obra en la cual esta incrustado en el inmueble objeto de controversia, esta efectivamente paralizada todo lo cual haría presumir a esta Juzgadora la pereza de la accionada en cumplir con la ejecución del contrato, instruyó como medio probatorio el accionado, inspección judicial de la cual esta Juzgadora dejó constancia de lo que estaba hecho y de lo que parcialmente estaba concluido para el momento de la evacuación de dicha inspección, esto fue el 31/01/2011, no obstante no se dejó constancia si efectivamente la obra estaba en ejecución al momento de la inspección, sin embargo de las tomas fotográficas efectuadas se verifica al folio 107 un grupo de trabajadores en andamios efectuando trabajos propios de la albañilería. Por su parte el actor consignó inspección judicial extralitem, de fecha 20/11/2008, de la cual como quedó valorada supra de la misma se infiere específicamente del particular tercero que el juez que intervino en su evacuación dejo constancia expresa que la misma se encontraba paralizada y en estado de abandono y concluyó que estaba sin ejecución, así mismo de los elementos fotográficos consignados se evidencian estructuras desoladas y en sus yacencias se detallan montes, y sin actividad de construcción al momento, todo lo cual concluye hace concluir a esta sentenciadora que efectivamente el supuesto de hecho de paralización de la obra quedó demostrado y con ello la apatía de la aquí accionada en ejecutar diligentemente lo que era su obligación. Aunando en lo anterior debe esta Juzgadora asumir lo que es la eficacia probatoria de las inspecciones evacuadas en uno y otro caso, previendo para ello el propósito de la inspección judicial, que no es otra, más que dejar constancia de elementos que puedan desaparecer bien con el transcurrir del tiempo o con la ocurrencia de otros eventos, y así constatado no hay la menor duda que la inspección evacuada en fecha anterior a la interposición de la demanda es eficaz a los efectos de demostrar la paralización de la obra.

Conforme a lo previsto anteriormente quedó demostrado el cumplimiento de las obligaciones atribuidas a la Ciudadana María Montilla y la falta de ejecución del contrato por negligencia de la Promotora Bellagio, por lo que lo correspondiente ahora es determinar si la pretensión de la solicitante-nulidad- es viable jurídicamente o no.

Así las cosas, tenemos que el artículo 1202 del Código Civil prevé: ´La obligación contraída bajo una condición que la hace depender de la sola voluntad de aquél que se ha obligado, es nula`

En nuestro caso como se ha dicho, la ejecución del contrato conforme a lo previsto en la cláusula tercera, dependía exclusivamente del accionado pues el mismo se compromete a concluir la obra y una vez permisada la misma es cuando se daría en venta el inmueble, sin determinar para ello un tiempo que determine a la ciudadana María Montilla una garantía de entrega, por lo que la obligación allí adquirida es potestaiva del accionado y así está previsto en el segundo párrafo del artículo 1199 ejusdem, el cual establece que la obligación es potestativa cuando el cumplimiento contractual actual, depende de la voluntad de una de las partes y se considerará mixta cuando dependa de la voluntad de ambas partes en un mismo periodo de tiempo. Si observamos el contrato cuya nulidad se invoca, podrá constatarse que tal como se asumieron las obligaciones de las partes hubo mutuas concesiones entre uno y otro, no obstante desde luego que la accionante dio cumplimiento efectivo conforme a los previsto en el contrato al pagar todos y cada uno de los montos atribuidos a la venta y al quedar en manos de la Promotora Bellagio la culminación de la obra sin determinación de tiempo.

En el caso planteado quedó suficientemente demostrado que la obligación para dar por terminado el contrato en buen termino era exclusivamente voluntad de la promotora Bellagio circunstancia esta que en criterio de quién Juzga hace nula de nulidad absoluta el contrato de fecha 17 de julio de 2007. ASI SE DECIDE.-

Este asunto ha sido resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia quién sostuvo la doctrina aplicable respecto de lo previsto en el artículo 1202 ejusdem, al referir:

´…Respecto al planteamiento del recurrente, sobre el carácter mixto, no potestativo, de la condición estipulada en el convenio, la Sala hace las siguientes consideraciones:

La doctrina extranjera, ha señalado sobre la condición potestativa lo siguiente:

´…La condición potestativa, ´…es la que consiste en un acontecimiento dependiente exclusivamente de la voluntad de una de las partes, sea el deudor o el acreedor, o de su consentimiento, aprobación, confirmación o ratificación; p. eje. ‘si voy al teatro, te llevaré’. Al respecto dispone el art. 542, que ‘la obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor (mejor dicho: de la persona contra la cual el derecho puede invocarse, como observa Galli), es de ningún efecto’ (p.ej. pagaré $1.000 si quiero, si levanto el brazo). Es porque se reputa que tal acto no es serio.
Pero ese artículo 542 agrega que ‘si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no ejecutar la persona obligada, la obligación es válida’. V.gr: si vendo una casa con la condición de que iré a París, ej. Puesto en la nota al art. 542; si digo: ‘te pagaré $ 1.000 si antes de Navidad no aprendo taquigrafía’.

Estas últimas condiciones no invalidan la obligación, son válidas, porque no son absolutamente potestativas del deudor, ya que no depende exclusivamente de su voluntad de cumplirlas o no, por diversas circunstancias.
Por ello Zachariae, transcrito en la nota al art. 542, dice que la obligación es válida ‘cuando la condición potestativa se halla modificada por una circunstancia que le quita lo que pueda tener de puramente voluntaria, de tal suerte que ella depende, no de la sola voluntad del deudor, sino de un hecho que esté en su poder ejecutar o no. Por ej. Si yo os vendo alguna cosa con la condición de que iré a París, la obligación es válida, porque hay un vínculo de derecho desde que me encuentro colocado entre la obligación de no ir a París, o de venderos la cosa prometida en venta…`

(Omissis…)

Precisado lo anterior, considera oportuno quién Juzga citar el criterio Jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto del trato garantista que debe dar el Estado al derecho a una vivienda digna previsto en la normativa constitucional, así tenemos:
´…1.-Derecho a la vivienda. Constituye una garantía fundamental para el ser humano, representado por el espacio construido donde un grupo familiar puede concretar la vida de interrelación entre sus miembros, así como el desarrollo de las actividades personales de cada uno de ellos. (Comentarios a la Constitución de 1999, por Freddy Zambrano, pag. 509, tomo I).

Ahora bien, observa este tribunal constitucional que el solicitante denuncia la violación del derecho a la vivienda digna, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto los presuntos agraviantes obstruyen la ejecución de ese derecho al registrar ilegalmente un acta arrogándose un carácter que no poseen y que en oportunidad anterior en sede ordinaria ya se había declarado la nulidad.

Los artículos 82 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevén el derecho a la vivienda en los siguientes términos:

(Omissis…)

Resuelta la nulidad pasa esta Juzgadora a pronunciarse respecto de las pretensiones consecuenciales de la nulidad declarada.

Así tenemos que pretende el accionado la devolución del dinero entregado con motivo del contrato de compra-venta, habiéndose declarado la nulidad del mismo lo que corresponde es la devolución de las sumas entregadas por este concepto, así como determinar la liberación del inmueble entregado como parte de pago. Así se decide.
Respecto de la solicitud de pago por daños y perjuicios como consecuencia de la inejecución del contrato. Para decidir sobre esta petición debe analizarse lo establecido en el contrato en relación a este asunto. Así nos encontramos que la cláusula cuarta del contrato desechado, prevé la imposición de la cláusula penal por motivos de resolución, siendo conforme se desprende de la misma, aplicable contra el opcionante a favor de la propietaria, por lo que al no tener la hoy accionante la forma de invocar contractualmente el resarcimiento de los daños que consideraba conveniente, era viable, como de seguidas se declara la acción subsidiaria de daños y perjuicios como por interpretación en contrario lo ha previsto el articulo 1276 y 1277 del C.C:, al indicar:

Cuando en el contrato se hubiere estipulado que quien deje de ejecutarlo debe pagar una cantidad determinada por razón de daños y perjuicios, no puede el acreedor pedir una mayor, ni el obligado pretender que se le reciba una menor.

Sucede lo mismo cuando la determinación de los daños y perjuicios se hace bajo la fórmula de cláusula penal o por medio de arras.”

1277: “A falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales.

Se deben estos daños desde el día de la mora sin que el acreedor esté obligado a comprobar ninguna pérdida.”

Dicho lo anterior, es evidente que ante la falta de ejecución del contrato y como quiera que el demandado de autos no se excepcionó ni siquiera en argumentar, mucho menos probó las motivaciones que justifiquen la no conclusión de la obra, conforme lo refiere el artículo 1.271: (Omissis…)

En aplicación del contenido del citado artículo 1277 del C.C., y siendo que lo único que era objeto de prueba para determinar los daños era la inejecución contractual y como quiera que ello quedó evidenciado este Tribunal acuerda el monto reclamado por daños y perjuicios. Así se decide.-

Pide el actor que el monto entregado como parte de pago le sea determinado intereses y los mismos piden se determinen sobre el monto de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 1.356.000,00), sin embargo ello no es posible, pues en aplicación de la sana critica el mismo no estableció el fundamento de derecho en que ampara su solicitud y conforme al ordenamiento jurídico vigente el mismo no tiene asidero legal que lo sustente, como si ocurre el otras legislaciones, por ejemplo cito artículo 519 del Código Civil Argentino, el cual prevé:

(Omissis…)

Luego en el articulo 520 reitera que el resarcimiento de daños e interés sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata de la falta de cumpliendo de la obligación.

En consecuencia, se declara improcedente dicha solicitud, aunado a que el referido ciudadano ha pedido adicional a los intereses la indexación de esa misma cantidad, todo lo cual constituye una doble contraprestación que a todas luces resulta incompatibles. ASI SE DECIDE.-

En relación a la cuarta petición de ajuste por índice inflacionario de las cantidades entregadas por ella como parte de pago del inmueble en venta, considera este Tribunal viable tal solicitud conforme a los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se ordena practicar la indexación solicitada. ASI SE DECIDE”.

 

IV

COMPETENCIA

Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 25 numerales 10 y 11, dispone:

“Son competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (Omissis)

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales. 

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por el República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales (…)”. 

 

En atención a la normativa anterior y de conformidad con la jurisprudencia en materia de revisión constitucional recaída en decisión del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Sala resulta competente para conocer la decisión sometida a revisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que se encuentra definitivamente firme por cuanto no se ejerció recurso alguno contra dicho fallo y así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Delimitada como ha sido la competencia para conocer de la presente revisión, esta Sala pasa a decidir y para ello observa que el numeral 11 del artículo 25 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal establece como supuestos de procedencia de la revisión que se denuncie fundadamente, la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que la sentencia haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.

Observa la Sala, que la revisión solicitada se encuadró en el supuesto de procedencia relativo a la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución presuntamente cometidos en la sentencia objeto de revisión.

En el presente caso, se pretende la revisión de la decisión judicial dictada el 9 de mayo de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró parcialmente con lugar la demanda que por nulidad de opción de compra venta intentó la ciudadana María Elena Montilla Jiménez en contra de la sociedad mercantil Promotora Bellagio, S.A.

De la revisión de las actas, esta Sala advierte que las denuncias centrales se basan en atacar la calificación en el entendido de precisar si se trataba de una opción de compra venta o de un contrato de compra venta en sí, los daños y perjuicios otorgados, más la indexación o corrección monetaria decretada.

Siendo el caso, que esta Sala expresó en sentencia del 2 de marzo de 2000 (Caso: Francia Josefina Rondón Astor) que en materia de revisión, esta Sala posee facultad discrecional y tal potestad puede ser ejercida sin motivación alguna, “cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de ese mismo rango”.

De esta forma, de conformidad con el criterio citado anteriormente, aplicable al caso de autos, observa esta Sala, que la decisión judicial dictada el 9 de mayo de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sometida a su consideración -en principio- ni quebranta preceptos o principios contenidos en nuestra Carta Magna, toda vez que en el caso de autos se evidencia que dicho juzgado de primera instancia, al momento de dictar su decisión y declarar parcialmente con lugar la demanda por nulidad de contrato de opción compra venta, acordando daños y perjuicios más indexación; acató la doctrina establecida al respecto, en el entendido que al considerarse procedente la pretensión demandada, y de ser requeridos por el actor, proceden los daños y perjuicios por el retardo en el cumplimiento de la obligación contraída, más la indexación también demandada para garantizar el valor monetario del monto indemnizable, producto de las fluctuaciones que sufre la unidad monetaria.

Sin embargo, entre las denuncias que formuló el solicitante, advierte la Sala que el dispositivo de la sentencia accionada señala lo siguiente:

“(…) En razón de todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Cuarto De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil y Transito (sic) De La Circunscripción Judicial Del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede mercantil, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por el abogado CLEODALDO JOSE BASTIDAS SILVA, mayor de edad, venezolano, titular de la cedula de identidad No. 12.317.523, abogado en ejerció e inscrito por ante el Instituto de Previsión social del Abogado bajo el Nº 105.805, apoderado judicial de la ciudadana MARIA ELENA MONTILLA JIMENEZ, contra la Sociedad Mercantil PROMOTORA BELLAGIO S.A, en consecuencia :PRIMERO: la Nulidad del contrato de venta celebrado entre la promotora BELLAGIO; S.A, y la ciudadana MARIA ELENA MONTILLA JIMENEZ, en fecha 17 de julio de 2007, SEGUNDO: se ordena a la parte demandada a entregar a la parte demandante la cantidad de UN MILLON CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.100.000,00) por conceptos de las cuotas entregadas para la adquisición del inmueble. Queda liberado el inmueble dado como parte de pago por la ciudadana MARIA ELENA MONTILLA JIMENEZ. TERCERO: en cancelar a la parte demandante la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 1.644.000,00) por conceptos de daños y perjuicios. CUARTO: se niegan los intereses solicitados ya que la jurisprudencia ha establecido que acordar la indexación y los intereses constituyen una doble indemnización. QUINTO: se acuerda la indexación de las cantidades señaladas, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta la fecha que quede definitivamente firme el presente fallo, de acuerdo con el I. P. C., del Banco Central de Venezuela, para cuyo efecto se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo”.(resaltado de este fallo)

 

Pudiendo advertirse que luego de declararse la nulidad del contrato, ordenando el pago de las cantidades adeudadas, y los daños y perjuicios, si bien se acordó la indexación solicitada por el accionante la misma fue acordada en forma genérica sobre “las cantidades señaladas”, lo cual puede interpretarse que incluye la suma fijada por concepto de daños y perjuicios.

            En tal sentido, resulta necesario hacer referencia a los daños y perjuicios compensatorios previstos en el Código Civil Venezolano, a saber:

            Artículo 1.167: “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello”.

Artículo 1.271: “El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe”.

Artículo 1.273: “Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación”.             

            De allí que baste con que el acreedor demuestre la inejecución de la obligación o el retardo, para que haya lugar a la indemnización por daños y perjuicios, siendo responsabilidad del obligado demostrar la causa extraña no imputable, el caso fortuito o de fuerza mayor, que lo exima de dicha responsabilidad, lo cual no sucedió en el caso de autos.

            Con respecto a la indexación, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 0134 del 7 de marzo de 2002, (caso: Maricela Machado de Hernández y otras contra Banco Popular de los Andes, C.A.), señaló:

“(...) En otras palabras, no puede acordarse la indexación en los términos solicitados por el formalizante, pues el correctivo inflacionario que el Juez concede es a los efectos de evitar el perjuicio por la desvalorización del signo monetario durante el transcurso del proceso, siendo la admisión del libelo de demanda la pauta que marca su inicio, y por ende, el de la indexación judicial. Así se decide”.

 

            Asimismo, dicha Sala de Casación Civil en sentencia N° 5 del 27 de febrero 2003, (Caso: Nicola Consentino Lelpo y otros contra Seguros Sud América, S.A.), estableció lo siguiente:

“(...) La Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la inflación es un hecho notorio, y los efectos que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda son hechos que el juez puede inferir mediante la aplicación de máximas de experiencias. Asimismo, ha sostenido que la condena de pago de la suma de dinero reclamada resulta injusta si no es practicado el respectivo ajuste monetario, pues el deudor no repara el daño si no restaura a plenitud el patrimonio del acreedor que resultó afectado por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. Por esa razón, la Sala ha establecido que el juez puede acordar de oficio la indexación si la controversia versa sobre derechos no disponibles e irrenunciables, y en caso de que el debate judicial consista en intereses y derechos privados y, por tanto, disponibles, queda a cargo de la parte solicitar el ajuste monetario.

La indexación judicial solicitada en el libelo de demanda amplía los límites que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de establecer la condena a pagar.

...Omissis...

Ahora bien, en el libelo el actor puede solicitar el ajuste del valor del monto reclamado desde que el deudor incurrió en mora hasta la fecha de presentación de la demanda; e igualmente puede solicitar la corrección monetaria a que haya lugar por efecto de la devaluación que sufra la cantidad reclamada durante el transcurso del juicio”.

 

            Por otra parte, esta Sala Constitucional en sentencia N° 576/2006, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, señaló:

“(…) A juicio de esta Sala, quien pretende que su contraparte sea condenada, tomando en cuenta la indexación, debe pedirlo en autos expresamente, ya que a pesar de que puede en ciertas materias operar de pleno derecho (asuntos de orden público o interés social), tal ajuste responde a un derecho subjetivo de quien lo pretende, el cual no puede ser suplido por el juez, máxime cuando la ley (como luego se apunta en este fallo) trae un régimen de condenas que no es uniforme, y que por tanto exige peticiones para su aplicación.

Sin embargo, tal efecto de derecho, implícito en cada cobro, no puede ser pedido en cualquier oportunidad del juicio por el demandante, ya que el mismo atiende a sus derechos subjetivos, renunciables, en las materias donde no está interesado el orden público y el interés social, y por ello debe ser solicitado expresamente por el accionante.

Esa necesidad de pedir, invariable, sin embargo en un Estado social de derecho y de justicia, puede sufrir excepciones, en materia de interés social y de orden público, donde el valor justicia y el de protección de la calidad de vida impera, y por ello en materia laboral y de expropiación -por ejemplo- se aplica de oficio la indexación, sin necesidad de alegación, aunque lo que se litiga son derechos subjetivos.

La Sala, sin entrar en las disquisiciones doctrinarias que distinguen equidad de justicia considera que de poder aplicarse de oficio, por equidad, la indexación, sin que medie para ello petición de parte, lo sería sólo en los casos de interés social y de orden público, donde priva la solución socialmente justa que debe imperar en esas materias, conforme a los principios constitucionales y la realidad social, que hay que ponderarlas.

El Estado social de derecho, implica que la interpretación y aplicación del derecho tenga en cuenta la realidad social a fin de no agravar más la condición de vulnerabilidad en que se encuentran algunos sectores de la sociedad en relación a otros, o a su calidad de vida.

El Estado social de derecho exige una visión del derecho compenetrada con la sociedad (el derecho sociológico), a fin de minimizar en lo posible y mediante la interpretación jurídica, los desajustes sociales; pero ello no puede atentar contra la seguridad jurídica, ni contra los principios claves que conducen a esa seguridad. De allí que la interpretación en cuanto a sus alcances debe ser en cierta forma restringida, ajustada a los principios procesales.

Consecuencia de lo expuesto es, que en materia que no afecta el orden público, ni el interés social, sino a los derechos e intereses particulares de los ciudadanos, las normas deben aplicarse en el sentido que exige el artículo 4 del Código Civil, que en el caso del Código de Procedimiento Civil, es claro con respecto a lo que debe contener la demanda, la contestación y la sentencia, y que carga al demandante a pedir en su libelo y no en cualquier momento del proceso cognoscitivo, la indexación, y claro está, el monto de la misma como acreencia autónoma, no podrá ser pedido en otro proceso distinto a aquel donde se demanda la acreencia. Siendo un hecho notorio, no hay ninguna razón para que no se incluya, con carácter preclusivo, dentro de la pretensión, la petición de indexación; y por ello permitir que en oportunidad distinta a la demanda y a la reconvención, se pida la indexación, es violar el derecho de defensa del demandado o del reconvenido, quien ajustará su defensa a la situación alegada y no a otra.

Una solución contraria es en la actualidad una violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, ya que el juez estaría supliendo argumentos al accionante.

Cuando el fenómeno inflacionario comenzaba, y aparecía como sobrevenido, era aceptable que por razones de justicia –y hasta de orden público- se permitiera que la indexación se solicitare hasta en informes; pero en la actualidad –siendo notoria- en un proceso dispositivo, destinado a ventilar derechos subjetivos, es inconcebible que fuera de las demandas de interés social, se acuerde de oficio, o se acepte que se solicite fuera de la pretensión.

El legislador (artículo 38 de Código de Procedimiento Civil), exige al demandante estime la demanda, cuando la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, con el fin de fijar la competencia por la cuantía.

Dicha fijación no limita la condena al monto estimado en el libelo, y por ello el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, establece la experticia complementaria del fallo, para el caso que no se determine en la sentencia la cantidad de la condena por frutos, intereses o daños, o cuando el juez no pueda hacer la estimación o liquidación de la indemnización de cualquier especie o la restitución de frutos.

Tal disposición, al igual que los artículos 527, 528, 529 y 530 del Código de Procedimiento Civil, demuestran a las claras, que la estimación que se hace en el libelo no pone topes a la condena, y que no es el fallo necesariamente, quien determine el monto de los frutos, intereses o daños, pudiendo éstos, al igual que otras sumas (artículos 528 o 529 del Código de Procedimiento Civil), ser establecidas incluso después del fallo, mediante los mecanismos procesales señalados en dichas normas.

Con este acotamiento quiere la Sala resaltar, que la liquidación de los montos de la condena pueden, y en algunos casos deben, hacerse en un complemento de la sentencia, por lo que lo estimado en la demanda no es más que un indicativo, y siendo así en relación con los intereses, los daños y perjuicios, los frutos, etc., nada obsta para que el monto de lo indexado sea liquidado después del fallo; y para constatar que la petición de indexación, que se basará en parámetros no determinados con exactitud para la fecha de la petición, atiende a una posibilidad que existe en toda demanda, cual es que el monto de la condena se liquide en un complemento de la sentencia por la vía de la experticia complementaria del fallo contemplada en los artículos 249 y 527 del Código de Procedimiento Civil, si es que el juez no pudiera hacerlo en la sentencia.

Por esas razones, la Sala debe puntualizar cuáles son las obligaciones indexables, lo que viene dado por una situación procesal ligada al alcance de la condena, y a la oportunidad legal de su liquidación.

Las condenas tienen diversos regímenes en las leyes. Hay casos en que la indexación no es posible, ya que la propia ley señala en cual época debe ser liquidado el valor de la demanda. Así los artículos 1457, 1507, 1514, 1521, 1523 y 1744 del Código Civil, por ejemplo, señalan que las cantidades a condenarse deben ser calculadas antes de la fecha de la demanda, por lo que sería imposible indexarlas o corregirlas para que den un resultado diferente, ya que ello violaría la ley. Otras normas, como la de los artículos 1466, 1469 y 1584 del Código Civil, ponen como hito del monto condenable, el valor al momento de la introducción del libelo. En supuestos como estos no es posible adaptar las condenas al valor actual de la moneda, en base a su poder adquisitivo, ya que el legislador, consideró que el resarcimiento justo se lograba mediante los valores atribuibles a los bienes resarcibles (incluso dinero) en esas oportunidades, y por tanto cualquier petición contraria sería ilegal.

En las materias donde la condena puede referirse a cantidades cuyo monto se determina para la fecha de la sentencia o que se pueden liquidar en la fase de su ejecución, ya que es en ese momento cuando se puede determinar la base efectiva del resarcimiento o condena, hay que distinguir si se trata de asuntos contractuales o extra contractuales. Si son de los primeros, en una situación inflacionaria, la pérdida del valor de la moneda equivale a un daño previsible, a tenor del artículo 1274 del Código Civil, y la jurisprudencia venezolana ha dejado atrás el principio nominalístico expresado en el artículo 1737 del Código Civil, procediendo el juez a ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado en el contrato, por lo que la condena del deudor no es a pagar una suma idéntica a la convenida en el contrato, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma prestada originalmente a la fecha del pago, cuando debido a su mora se hace necesario demandarlo. Lo importante es el valor real de la moneda para la época judicial del pago, no siendo posible pretender lo mismo, cuando las partes del contrato pacten lo contrario, o cuando judicial o extrajudicialmente se cumpla la obligación.

Fundado en la esencia constitucional, de que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional); y que el Estado garantiza una justicia idónea y equitativa (artículo 26 constitucional); que la justicia es un principio en el cual se fundamenta incluso la seguridad de la nación (artículo 326 eiusdem); que el Estado administra justicia (artículo 257 constitucional); los tribunales de la República, y en particular las Salas de Casación Civil y Social del Tribunal Supremo de Justicia, han indexado el pago de las deudas, reconocidas en la sentencia, al valor del dinero para el momento del pago, que no es otro que el que determine la ejecución del fallo.

Sin estar autorizado explícitamente por la ley, pero siempre como un resultado de la aplicación del principio constitucional de justicia, se ha ajustado la deuda contractual de sumas de dinero al valor real de la moneda al momento del pago, que no es otro que el momento de la ejecución.

La situación en materia de daños y perjuicios contractuales o extracontractuales, tiene otro cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede tener lugar; como tampoco puede tener lugar con relación a los daños morales, ya que ellos los determina el juez también para el momento del fallo, señalando el monto de los mismos. Se trata de sumas que se calculan para la fecha del fallo, sin tomar en cuenta los valores anteriores.

Con relación a los gastos demandados aún no pagados a la víctima (accionante), si en ambos casos (contractual o extracontractual) los daños han quedado probados, pero no se conoce su monto y deban ser resarcidos; la experticia complementaria del fallo se hace obligatoria, y el cálculo de los expertos necesariamente se hará con base en los precios para la época de dicha experticia, por lo que no hay realmente una indexación, a pesar que se ha venido usando ese vocablo para identificar este resarcimiento. Tampoco la habrá, como ya lo apuntó la Sala, en materia de daños morales o especiales del artículo 1196 del Código Civil, ya que ellos quedan al arbitrio del Juez dentro de ciertos parámetros, y éste al establecerlos los determina tomando en cuenta la realidad para el momento de la decisión.

El problema radica en los daños cancelados a la víctima (accionante) antes de la demanda o durante el proceso, que se pagan con la moneda (y su poder adquisitivo) vigente para la fecha de la cancelación. ¿Podrán recuperarse indexados para la fecha del pago por el demandado?.

Se trata de una suma que se pagó con el valor de la moneda para esa fecha y que no se conocía si se recuperaría o no, ya que ni siquiera mediaba demanda al respecto, y que -en materia extracontractual- ni siquiera existía un vínculo entre acreedor y deudor.

En relación a esto, la Sala considera que con respecto a lo pagado se extinguió la obligación, y mal puede producir efecto posterior la obligación extinta.

Por otra parte, a juicio de esta Sala, el retardo en el cumplimiento incide, y es la clave en la indexación judicial. Este retardo no necesariamente corresponde al deudor, sino que puede ser inducido por el acreedor cuando abusando de su derecho no demanda en tiempo prudencial, sino que persigue “engordar” su acreencia.

Debe quedar a criterio del juez, ponderar si el acreedor está o no abusando de sus derechos, y si no lo está, ordenar el ajuste monetario de las cantidades ya pagadas, en vista de que en materia de daños y perjuicios, éstos se liquidan para el momento del pago, por el valor real que en esa época tiene, y que es lo que verdaderamente indemniza.

No es que la Sala acoja irrestrictamente la tesis del “mayor daño”, ya que el valorismo lo aplica el juez independientemente de la culpa del deudor, sino que en un Estado social de derecho y de justicia, así como se reconoce un ajuste en la prestación del deudor, el abuso de derecho no puede alentarse.

Apunta la Sala, que además existen las llamadas obligaciones de valor, donde el accionante pretende se le indemnice en base a un valor de referencia o se le reponga el valor de un bien, y donde el monto en dinero se fija con base en el valor real del bien para el momento de la condena, hasta el punto que muchas veces -si fuera posible- se puede reponer la cosa, entregándose una igual para la fecha de la condena, independientemente de su valor para ese momento en relación del que tenía para la fecha de la demanda. A estas obligaciones no les es aplicable indexación alguna, sino el valor del bien para la época de la condena o de la ejecución.

Establecido lo anterior, debe la Sala puntualizar qué se entiende por fecha o lugar del pago. Pero antes, la Sala apunta, que si la deuda se pagó y el derecho por tanto se extinguió, el derecho del acreedor de que se le indexe el monto debido, ya pagado, se pierde, ya que el derecho extinguido no produce ningún otro efecto, siendo esto aplicable incluso a las acreencias que surjan en materias donde está interesado el orden público o el interés social.

Tomando en cuenta, que el Código de Procedimiento Civil desarrolla una etapa procesal de ejecución de la sentencia, y que la ejecución con el remate de los bienes del deudor equivale procesalmente al pago, la Sala reputa que el monto del pago se encuentra determinado por el monto de la ejecución, y que por lo tanto la indexación debe ser anterior a tal determinación, de manera que la ejecución de la sentencia la abarque.

La fase ejecutiva no se encuentra abierta indefinidamente para que dentro de ella se vayan articulando cobros. En esta fase se fija el monto a pagar, que es el del monto de la ejecución, el cual estará contenido en el decreto de ejecución (artículo 524 del Código de Procedimiento Civil), por lo que la indexación debe ser practicada y liquidada en su monto antes de que se ordene el cumplimiento voluntario. En consecuencia después de este auto no puede existir indexación, siendo a juicio de esta Sala, una falta de técnica procesal, el que existiendo ya en autos los montos del cumplimiento, se reabran lapsos para indexarlos.

Corresponde a la sentencia determinar el monto líquido de la condena, de allí que si el juez considera procedente la indexación, deberá señalar en su fallo tal situación, no fuera de él (ya que ello no está previsto en el Código de Procedimiento Civil), y ordenar conforme a los artículos 249 del Código de Procedimiento Civil si fuera el caso, ó 527 eiusdem, liquidar el monto ejecutable. Sólo después de estas operaciones dentro del proceso donde surgió la condena con los respectivos dictámenes es que la sentencia ha quedado definitivamente firme y se decretará su ejecución si no hay recursos pendientes.

Si el juez considera que la experticia complementaria (artículo 249 del Código de Procedimiento Civil) del fallo, nada aportará, o practicada ésta se convence que es imposible probar el número o valor de las cosas demandadas o el importe de los daños y perjuicios, procederá a deferir el juramento al actor (artículo 1419 del Código Civil), y lo que éste jure se tendrá como monto en la condena, salvo la taxatio o el derecho del juez de moderar lo jurado, conforme al artículo 1420 del Código Civil; sobre estas sumas, montos de condena, no hay indexación alguna, y si se decretase se violaría el debido proceso.

Este principio, que gobierna la ejecución del fallo, sufre excepciones -previstas expresamente por la ley- cuando la orden de ejecución no se refiere a cantidades líquidas de dinero, sino a la entrega por el condenado de alguna cosa mueble o inmueble, o al cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer (artículos 528 y 529 del Código de Procedimiento Civil), casos en que si no pudiere ser habida la cosa mueble o no fuere posible la ejecución en especie de la obligación de hacer o no hacer, o ella resultase muy onerosa para el ejecutante, se procederá a estimar el valor de la cosa o a determinarlo mediante una experticia, procediéndose a la ejecución de una deuda líquida dineraria, la cual está referida al valor actual de los bienes o al costo actual de la obligación de hacer o de no hacer.

Ahora bien, estas excepciones refuerzan la estructura de que el monto de la ejecución, es el establecido para el cumplimiento voluntario, y que es sólo dentro de la fase ejecutiva de un proceso donde se pueden plantear estas situaciones que se desprenden de lo litigado en él, y nunca mediante una pretensión autónoma referida a lo subsidiario.

Comenzada la ejecución, por una cantidad ya fijada, esta no puede ir variándose por motivo de nuevas indexaciones, siendo lo único posible añadir la tasación de costas prevista en el artículo 33 de la Ley de Arancel Judicial, cuando ella proceda en la actualidad, bajo la vigencia del principio de gratuidad de la justicia.

La Sala considera que no ceñirse a estas disposiciones, significa infringir el derecho de defensa y el debido proceso del ejecutado.

Conforme las consideraciones precedentemente expuestas en el caso de autos, donde el accionante pretendió se le liquidara una indexación en un proceso autónomo, del análisis de las actas que conforman el presente proceso, a juicio de esta Sala, no asiste la razón al solicitante, ya que el hecho del que pretende deducir la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es -básicamente- su inconformidad con la doctrina sustentada por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal para casar de oficio y sin reenvío la sentencia dictada el 17 de marzo de 2003 por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, declarar inadmisible la demanda y la nulidad de todas las actuaciones”.

 

            Por tanto, al resultar los daños y perjuicios producto de la indemnización que le corresponde al demandante derivado del incumplimiento del obligado, no resulta procedente acordar la indexación judicial, sobre la cantidad que obedece a ese concepto, por cuanto ello implicaría un doble pago por el incumplimiento de la obligación.

En virtud de lo expuesto, se considera necesario que esta Sala haga uso de su facultad discrecional y declare parcialmente ha lugar la revisión de autos, motivo por el cual se anula la parte del dispositivo de la sentencia dictada el 9 de mayo de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en lo que respecta a la declaratoria de indexación, debiendo tenerse como que la indexación acordada se refiere únicamente a la cantidad acordada en el punto segundo del dispositivo de la decisión, a saber la cantidad de un millón cien mil Bolívares (Bs. 1.100.000,00). Así se decide.

Por otra parte, como esta Sala Constitucional tuvo conocimiento en razón de los recaudos que acompañan al presente expediente, que en dicha causa se produjeron actuaciones a fin de ejecutar la sentencia objeto de la presente revisión, donde se discute el tema aquí anulado, en aras de garantizar los principios de economía y celeridad procesal, y evitar con ello el uso de aparataje de justicia de forma innecesaria, esta Sala anula todas las actuaciones posteriores a la declaratoria de firmeza de la sentencia dictada el 9 de mayo de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE HA LUGAR la solicitud de revisión presentada la abogada Roraima Bermúdez González, en su carácter de apoderada judicial de PROMOTORA BELLAGIO, C.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 9 de mayo de 2011. En consecuencia, se ANULA la parte del dispositivo del fallo objeto de revisión en el cual se acuerda la indexación, debiendo tenerse como que la indexación acordada se refiere únicamente a la cantidad acordada en el punto segundo del dispositivo de dicho fallo, a saber la cantidad de un millón cien mil bolívares (Bs. 1.100.000,00).

Se ANULAN las actuaciones posteriores a la declaratoria de firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 9 de mayo de 2011.

 Publíquese y regístrese. Ofíciese lo conducente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 20 días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

El Vice-Presidente,

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

                                                     Los Magistrados,                           

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Ponente

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp 13-0154

MTDP/

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