Sentencia N.º 593
- Sentencia
- N.º 593
- Fecha
- 19/05/2015
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 15-0324
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 15-0324
Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Visto, el escrito presentado en esta Sala Constitucional, el 20 de marzo de 2015, en donde aparecen identificados los abogados Carlos Arturo Rocha Pineda, Andrés Edecio Ruiz y Pedro Ángel Vallejo Gil, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 165.602, 100.647 y 151.104 como defensores privados del ciudadano JOSÉ FRANCISCO ESPINOZA SUCRE, titular de la cédula de identidad n.° 20.248.237, el cual fue suscrito sólo por el profesional del derecho Carlos Arturo Rocha Pineda anteriormente identificado-, mediante el cual se intentó acción de amparo constitucional relacionada con un presunto retardo procesal ocurrido en un proceso penal de delitos de Violencia contra la Mujer que se le sigue ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente distinguido con el alfanumérico AP01-S-2014-4366 y por el cual el hoy accionante se encuentra privado de libertad, siéndole asignado inicialmente como centro de reclusión el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental Sargento David Viloria (URIBANA), y luego fue trasladado al Rodeo III.
El 24 de marzo de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión
ÚNICO
En el escrito libelar la defensa de la parte accionante, señaló expresamente lo siguiente:
En fecha dieciséis (16) del presente mes presentamos por ante CIRCUITO JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL AREA (sic) METROPOLITANA DE CARACAS un Recurso de Amparo Constitucional Motivados (sic) por la forma como se ha venido realizando dicho procedimiento y el retardo procesal que viene padeciendo dicho asunto en perjuicio del ciudadano ESPINOZA SUCRE JOSE FRANCISCO; al tercer día, es decir, en fecha diecinueve 19 de Marzo, nos dirigimos al circuito en el área del OAP a preguntar sobre la respuesta para tal solicitud de recurso y nos aseguran que dicho amparo debe ser revisado por la juez del tribunal quinto, el cual se encuentra sin juez titular desde hace más de noventa días (90) días y es el motivo por el cual se solicita dicho Amparo. Apegados al debido proceso del cual solicitamos sea revisado minuciosamente, anexamos escrito presentado por ante el circuito mencionado, con copias de acto de designación y diligencia de notificación selladas por la sede circuital (sic) de U.R.D.D, así mismo pedimos de forma puntual se revise este Amparo y sea puesto en libertad el ciudadano ESPINOZA SUCRE JOSE FRANCISCO incurso como imputado en la presente causa.
Dicho lo anterior, esta Sala Constitucional considera que, en virtud de lo confuso de la demanda que encabeza las actuaciones, resulta imposible apreciar qué pretende el actor, pues dicho escrito no señaló, en forma precisa, una relación clara y suficiente de los hechos que dan lugar a la presente acción de amparo, no se indica con suficiente certeza cuál o cuáles son las actuaciones u omisiones lesivas y cuál o cuáles son los supuestos agraviantes; tampoco se expresa de manera clara cuál es la pretensión ni, en fin, se cubren todos los extremos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Los requisitos establecidos por el legislador en la referida disposición, son necesarios para que pueda comprenderse en su integralidad el contenido y alcance de la acción, y, por ende, por ejemplo, para poder precisar el órgano competente para pronunciarse sobre la misma y, en definitiva, emitir los pronunciamientos que correspondan en derecho, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva.
Al respecto, el mencionado artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:
Artículo 18. En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1. Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2. Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;
3. Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de la localización;
4. Señalamiento del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación.
5. Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud del amparo;
6. Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
Adicionalmente, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:
Artículo 19.- Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.
Sobre la norma citada, esta Sala estableció, en la sentencia n.° 930, del 18 de mayo de 2007, caso: Belkis Contreras Contreras, lo siguiente:
es importante destacar que para la correcta administración de justicia, las diferentes leyes han establecido diversos lapsos procesales, que los tribunales y las partes deben cumplir estrictamente; y que sólo pueden ser sujeto de prórrogas o suspensiones cuando la misma ley así lo permita. Sin embargo, ya la Sala ha declarado que En un Estado Social de Derecho y Justicia, como es el que preconiza el artículo 2 de la vigente Constitución, la literalidad de la leyes no puede interpretarse hacia lo irreal o lo absurdo (sentencia N° 3.269/2002). Aceptar lo contrario, implicaría la violación de los derechos contemplados en los artículos 26 y 257 de nuestra Constitución, que garantizan el derecho de toda persona al acceso a la administración de justicia y la imposibilidad de sacrificar la justicia con base en la exigencia de formalidades excesivas.
En este sentido, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dotó al procedimiento de amparo de plazos breves que atienden al principio de celeridad, en atención al carácter urgente que reviste a la acción de amparo constitucional. Dichos plazos breves fueron concebidos en beneficio del justiciable, para que obtuviera una pronta respuesta ante la amenaza o violación- de los derechos que le otorga el texto constitucional; y no para constituirse como un obstáculo en la realización de la justicia.
Ante esta situación, es necesario mencionar que los lapsos procesales no pueden ser ni tan extensos que constituyan un retardo en el proceso, ni tan breves que no permitan al justiciable realizar una correcta defensa de sus intereses. Así para la determinación de lo que constituye un lapso procesal razonable hay que observar su compatibilidad con criterios de proporcionalidad, pertinencia y oportunidad.
A la luz de los criterios anteriores, el plazo de cuarenta y ocho (48) horas otorgado por el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para que la parte accionante corrija los defectos de que adolece el escrito de amparo o, como ocurrió en el caso de autos, para que consigne copia certificada de aquellos documentos que el Tribunal considera necesarios para pronunciarse sobre la admisión de la acción; resulta excesivamente corto para tal fin, por lo que no puede interpretarse de modo tan estricto, pues ello impide al justiciable cumplir con la orden del Tribunal y, en consecuencia, acarrea una inadmisibilidad injusta de su pretensión.
En este sentido, establece la Sala que a partir de la publicación del presente fallo, el plazo de cuarenta y ocho (48) horas contemplado en el señalado artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para subsanar o corregir la acción de amparo constitucional que incumpla con los requisitos establecidos en el artículo 18 eiusdem, deberá interpretarse en beneficio del justiciable como de dos (2) días. Es decir, que el plazo para corregir, no vencerá a las cuarenta y ocho (48) horas exactas contadas desde la hora en que la parte actora fue notificada de la decisión que ordena la corrección, sino que vencerá al finalizar el segundo día siguiente a la fecha de dicha notificación.
De manera que, con fundamento en lo expuesto, esta Sala ordena al abogado Carlos Arturo Rocha Pineda -quien suscribió el escrito libelar presentado ante esta Sala-, en su condición de defensor privado de la parte accionante corregir su demanda, en el sentido de señalar de manera suficiente la identificación de la parte agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de su localización; asimismo, que describa en forma narrativa el hecho, acto u omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud del amparo, señalamiento del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación y cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, como, por ejemplo, la forma en la que se estima que el hecho, acto u omisión objeto de amparo le vulneró sus derechos constitucionales.
Dicha corrección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías, deberá hacerla dentro del lapso de dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, respecto del presente auto, so pena de la declaratoria de inadmisibilidad de la acción ejercida, en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, ORDENA al abogado Carlos Arturo Rocha Pineda, que CORRIJA el escrito de amparo, en el lapso de dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, respecto del presente auto, so pena de la declaratoria de inadmisibilidad de la acción ejercida, en caso de incumplimiento.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de mayo de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Presi /
denta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
El Vicepresidente,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
Francisco Antonio Carrasquero López
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
/
/
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.
Expediente n.° 15-0324.
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