Sentencia N.º 595
- Sentencia
- N.º 595
- Fecha
- 19/05/2015
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 14-0956
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EN SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JUan José Mendoza Jover
Exp. 14-0956
El 24 de septiembre de 2014, se recibió en esta Sala el oficio n.° 151/2014, de fecha 15 de septiembre de 2014, anexo al cual el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, remitió el expediente contentivo de la acción amparo constitucional ejercida por el ciudadano MOISÉS ANÍBAL DÍAZ URBINA, titular de la cédula de identidad n.° V-24.588.998, asistido por la abogada Guiselle Linarez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 165.555, contra la decisión dictada, el 10 de julio de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial que declaró con lugar la demanda que por fraude procesal interpuso la ciudadana Edith Zulay Arroyo Rodríguez contra el hoy accionante y los ciudadanos Jorge Cuba y Felipe Figueira.
Tal remisión obedece a la apelación interpuesta, el 12 de septiembre de 2014, tempestivamente, por la parte accionante contra la decisión dictada por el referido Juzgado Superior, el 09 de septiembre de 2014, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, al observar en la oportunidad de la audiencia constitucional que no se había consignado la copia certificada de la sentencia accionada.
El 26 de septiembre de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 11 de noviembre de 2014, esta Sala Constitucional mediante sentencia n.° 1521, ordenó al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, remitiera la totalidad de las actas procesales que conforman el expediente contentivo de la demanda que por fraude procesal interpuso la ciudadana Edith Zulay Arroyo Rodríguez contra el hoy accionante y los ciudadanos Jorge Cuba y Felipe Figueira.
El 17 de diciembre de 2014, el referido Juzgado de Primera Instancia mediante oficio n.° 0471-2014, remitió a esta Sala el expediente n.° C-2012-000830, contentivo de dicha demanda de fraude procesal, dando cumplimiento a lo ordenado.
El 21 de enero de 2015, se recibió Oficio N° 0471/2014, de fecha 17 de diciembre de 2014, mediante el cual el abogado JOSÉ GREGORIO MARRERO C., actuando en su condición de Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, suministró información en cumplimiento a la decisión de esta Sala de fecha 11 de noviembre de 2014.
El 12 de febrero de 2015, se instaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la designación que hiciere la Sala Plena de las nuevas autoridades el 11 de febrero del mismo año, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
El 10 de enero de 2014, el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido de la abogada Guiselle Linarez, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el 10 de julio de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la cual fue declarada, el 13 del mismo mes y año, inadmisible por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, de conformidad con el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 15 de enero de 2014, la parte accionante ejerció recurso de apelación, que fue declarado con lugar por esta Sala Constitucional el 30 de abril de 2014, mediante sentencia n.° 305, y en consecuencia, se anuló la decisión apelada y se ordenó al referido Juzgado Superior pronunciarse nuevamente sobre la admisibilidad de la acción de amparo con prescindencia de la referida causal.
El 18 de julio de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa admitió la acción de amparo interpuesta y dictó la medida cautelar solicitada consistente en la suspensión de la ejecución de la sentencia accionada, hasta la resolución de la causa.
El 02 de septiembre de 2014, siendo las 11:00 de la mañana, tuvo lugar la audiencia constitucional, en la que el referido Juzgado Superior declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, por no haber la parte accionante cumplido con el requisito de acompañar, ni en la presentación de la acción de amparo ni en la audiencia constitucional, copia certificada de la sentencia accionada en amparo. Y luego, en esta misma fecha, a la 1:15 p.m., la abogada Guiselle Linárez, mediante diligencia, consignó en el Juzgado Superior copia certificada de la sentencia accionada, dejando constancia de lo siguiente:
( ) quiero dejar constancia de que se quiso entregar la copia certificada y el (sic) no la admitió antes de tomar la decisión por tal razón lo consideramos una denegación de justicia porque la ley que rige la materia de amparo establece que en este acto de audiencia para oír el amparo se tenía que consignar la mensionada (sic) sentencia, eso hicimos y no la quisieron recibir por tal razón esperamos la publicación de la sentencia para apelar de la decisión injusta para que restablesca (sic) la situación infringida. A todo evento consignó copia certificada de la sentencia mencionada.
El 09 de septiembre de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa publicó el extenso de la decisión que aquí es objeto de apelación.
II
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte accionante, ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, como fundamento de la acción de amparo, expuso lo siguiente:
Que interponía el presente amparo contra sentencia dictada, el 10 de julio del 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró con lugar la demanda que por fraude procesal se interpuso contra él y los ciudadanos Jorge Cuba y Felipe Figueira.
Que ( ) Es dueño de una vivienda y existe medida de prohibición de enajenar y gravar sobre dicho inmueble, luego de varios años y sin hacerse parte la ciudadana EDITH ZULAY ARROYO ( ). Intenta una acción de fraude procesal contra su persona ( ) La (sic) cual desistieron ( ) para luego ( ) intentar otra vez la acción por ante el tribunal segundo de primera instancia ( ) a cargo del juez ( ) quien dicta la sentencia la cual es objeto del amparo ( ) y ( ) nunca fu[e] citado en ninguno de los procesos a pesar de ser el demandado ( ).
Que ( ) se nombró un defensor ad-liten (sic), que no estaba en la tablilla del tribunal, que lejos de conocer[lo] o buscar[lo] no cumplió con sus deberes, peor aún es amiga personal de los abogados demandantes y del juez, ( ) es más el juez debió nombrar tres defensores ad-litem por ser tres los demandados ( ) y no lo hizo ( ).
Que ( ) la defensora ad-litem, solo presento (sic) la contestación de la demanda ( ) el contenido de la contestación deja mucho que decir ( ) y lo hizo por los tres demandados, cuando se desprende del expediente el conflicto de intereses de los demandados, no presento (sic) pruebas y lo peor no apelo (sic) a dicha sentencia dejando vulnerado [sus] derechos constitucionales ( ).
Que ( ) como [su] defensora ad-litem, se mostraba desinteresada de la defensa que le encomendó el tribunal haciendo su peor trabajo legal ( ) [el juzgado presuntamente agraviante] procedió a dictar sentencia sin haber verificado y asegurado eficazmente el resguardo del derecho a la defensa, omitiendo pronunciamiento y correctivo alguno frente a las graves faltas cometidas por el defensor ad litem ( ).
Que ( ) la omisión y violacion (sic) de [sus] derechos, en el presente caso, vulnera, en primer lugar, el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ( ), así mismo atenta contra derechos fundamentales del proceso civil como lo es el debido proceso ( ).
Que ( ) el Juez ha Incurrido (sic) en VIAS DE HECHO Y DE DERECHO GRAVES, ( ) ya que han ocurrido en forma acumulativa durante todo el proceso, las siguientes Circunstancias de Ley:
1. La Conducta (sic) del Juez carece de Fundamentación (sic) Legal (sic) y cae en ultrapetita porque decide sobre particulares que la demandante nunca le solicito (sic) como es el hecho de su rabia contra el profesional del derecho felipe (sic) figueíra (sic) al solicitarle procedimiento ante el colegio de abogados entre otros, violo (sic) el prceso (sic) de citacion (sic), el nombrar una abogada como defensor ad litem y no velar por el cumplimiento de su funcion (sic), fijese (sic) que cuando la defensora ad litem presento (sic) la contestacion (sic) de la demanda la misma fue extemporanea (sic) ( ) y sim (sic) embargo el juez marrero (sic) se la admitio (sic) ( ) la defensora ad litem no presento (sic) pruebas y contradijo las presentadas por la parte demandada y lo pero (sic) ni un informe o apelacion (sic) a la sentencia que gravisimo (sic) daño se me causo (sic) ( ).
En tal sentido, consideró que le fueron violados los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso, a ser oído, a la igualdad y a la no discriminación, contemplados en los artículos 21, 22, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En virtud de lo antes expuesto, solicitó que se declarara con lugar la acción de amparo, se restableciera la situación jurídica infringida, dejando sin efecto la decisión impugnada; y que se decretara medida cautelar innominada a los fines de que se suspenda la ejecución del referido fallo.
III
DE LA SENTENCIA APELADA
El 09 de septiembre de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta fundamentándose, entre otros aspectos, en lo que a continuación se señala:
Ahora bien, en el presente caso, la parte querellante en la oportunidad de intentar la acción de amparo, acompañó a su demanda copia simple de la sentencia contra la cual acciona en amparo, no estando incursa prima facie en esta causal de inadmisibilidad, pero en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral, no presentó copia certificada de la misma ( ).
Cabe destacar que luego de culminada la audiencia oral, la apoderada judicial del querellante, presentó mediante diligencia, la copia certificada de la sentencia querellada, explanando que en la oportunidad de la audiencia presentó la referida copia, la cual este Tribunal se negó a aceptarla, alegato que este Tribunal rechaza, por cuanto existe un acta que recoge todo lo explanado en la audiencia, la cual está suscrita por el querellante y su apoderada, y en ninguna parte se expresa que la mencionada apoderada haya consignado copia certificada de dicha sentencia, ni haya dejado constancia que este tribunal se negó a recibirla.
Desprendiéndose entonces que, no fue acompañada copia certificada de la sentencia querellada, ni al momento de intentar la acción, ni en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral, ni se explanó en el escrito de demanda, ni en el curso del proceso, la imposibilidad por parte del querellante de obtener la copia certificada de dicha sentencia, a pesar de que se desprende de la copia certificada presentada extemporáneamente, conforme se ha dicho, que la misma fue expedida en fecha 10 de febrero de 2014.
Al respecto se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en diversos fallos ( ) y el que a continuación se vierte, de reciente data (02/05/2014), expediente n.° 14-0114 (caso: Luis Alfredo Torres Bracamonte):
Omissis
Visto lo cual, es forzoso para este Juzgado declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional intentada. Así se decide.
En consecuencia se declara el cese de la medida cautelar acordada por este Juzgado, mediante auto de fecha 18/07/2014, que suspendió la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 10 de julio de 2013, en virtud de que la presente causa ya fue resuelta.
Con respecto a lo ordenado por la Sala Constitucional en sentencia de fecha 30 de abril de 2014, referido a que sean remitidas actuaciones al Tribunal Disciplinario del Colegio de Adscripción para que aplique la sanción, si de las averiguaciones se desprende que ha lugar a ello, de la abogada Noliana de Jesús González, este tribunal acordó oficiar al Colegio de Abogados del Estado Portuguesa, para que realice las averiguaciones conducentes a los fines consiguientes.
Finalmente, en el dispositivo de la decisión, el referido Juzgado Superior declaró lo siguiente:
PRIMERO: INADMISIBLE el Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido de abogada, mediante escrito presentado en fecha 10 de enero de 2014, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa en fecha 10 de julio de 2013.
SEGUNDO: CESA la medida cautelar decretada por este Juzgado, mediante auto de fecha 18/07/2014, que suspendió la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 10 de julio de 2013.
IV
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
En el escrito de apelación presentado, el 12 de septiembre de 2014, de manera tempestiva, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido de la abogada Guiselle Linarez, fundamentó su apelación en los siguientes términos:
Que, el 02 de septiembre de 2014, se realizó la audiencia constitucional donde a las partes presentes se les dio el derecho de exponer sus alegatos, siendo que su abogada hizo la salvedad de que no había visto el expediente, pues cuando llegó al tribunal lo solicitó y fue informado que estaba en el despacho del juez y no se podía revisar, que, luego, el tribunal en la audiencia les expone que en el expediente no obra copia certificada de la sentencia accionada, y le invita a revisarlo para ubicarla.
Refirió que en el momento en que el juez superior nos invita a buscar en el expediente la copia certificada de la sentencia accionada, inmediatamente buscó al principio del expediente, pues la habían consignado con el libelo, en su oportunidad, llevándose la sorpresa de que no se encontraba y en su lugar estaba una copia simple obtenida de la pagina web del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual se lo hizo saber al a quo constitucional; así como, que el Juzgado Superior dejó constancia de que recibió el escrito de amparo acompañado de sus anexos, ante lo cual el Juez Superior en actitud poco corte ( ) dijo que aquí en mi tribunal no se pierde nada aquí nadie se va a robar esa sentencia.
Alegó, que: acto seguido le pedí dejara constancia en el acto y mi sorpresa es que este incidente no consta en su decisión le hice saber al tribunal que teníamos otra copia certificada de la sentencia querellada para consignarla y este (sic) se negó a recibirla y tampoco dejó constancia de dicha incidencia.
Manifestó, que ante tal situación procedió a consignar la copia certificada de la sentencia y dejar constancia de lo sucedido, que increíblemente el juez superior a pesar de todas las incidencias, en su decisión no deja constancia de ninguna de estas incidencias, en la que le negó el derecho de consignar la referida copia certificada y que, aunado a ello, se colocó su escrito después de la decisión, cuando el mismo se introdujo antes de que el juez decidiera.
En tal sentido, señaló que en el acta de la audiencia oral y pública el Juez Superior no dejó constancia de la fecha y hora de su decisión, lo cual constituye un detalle importante porque, cuando introduzco mi escrito donde señaló (sic) la negación de justicia, que nos hizo el juez superior la misma fue hecha antes de su decisión, esto lo aclaro dada la importancia de la secuencia de los hechos a los que fuimos vulnerados.
V
DE LA COMPETENCIA
La Sala debe determinar su competencia para el conocimiento del recurso de apelación que fue ejercido en la presente causa. En tal sentido, con fundamento en los artículos 266, numeral 1, y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y el artículo 25, numeral 19, de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; así como, en la sentencia de esta Sala n.° 01, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de las apelaciones contra las decisiones que recaigan, en primera instancia, en los procesos de amparo constitucional autónomo que dicten los Juzgados Superiores de la República, con excepción de las que expidan los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo.
De esta manera, en virtud de que la sentencia objeto de apelación fue dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, esta Sala es competente para conocer del presente recurso, y así se declara.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a pronunciarse respecto de la presente apelación ejercida en forma tempestiva, para lo cual observa lo siguiente:
El accionante en amparo denunció como acto lesivo la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oído, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, por cuanto el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, presuntamente agraviante, dictó sentencia el 10 de julio de 2013, en el juicio de fraude procesal intentado contra su persona y otros dos ciudadanos, en el cual nunca fue citado y se dictó la sentencia accionada sin tomar en cuenta la inactividad de la defensora ad litem, quien contestó la demanda de forma pura y simple y no realizó actividad probatoria alguna, señalando que, incluso, dicha defensora no ejerció el recurso de apelación contra la sentencia, hoy accionada.
El a quo constitucional, al analizar la acción de amparo interpuesta, la declaró inadmisible por cuanto, no fue acompañada la copia certificada de la sentencia querellada, al intentarse el amparo, ni en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral, aunado a que no se explanó en el escrito de demanda, así como tampoco, en el curso del proceso, la imposibilidad por parte del querellante de obtener la copia certificada de dicha sentencia, a pesar de que se desprendía de la copia certificada, presentada extemporáneamente, que la misma fue expedida el 10 de febrero de 2014.
Por su parte, el accionante, en su escrito de fundamentación de la apelación, alegó que consignó la copia certificada de la sentencia accionando cuando interpuso la acción de amparo, esto es el 10 de enero de 2014, de lo cual dejó constancia el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que en la oportunidad de la celebración de la audiencia constitucional dicha copia certificada no cursaba a los autos sino una copia simple obtenida de la pagina web del Tribunal Supremo de Justicia, y que el a quo constitucional no permitió que se consignara la misma antes de la decisión de inadmisibilidad declarada en la audiencia constitucional, aunado a que no dejó constancia en el acta de audiencia de la incidencia surgida al respecto.
En este sentido, resulta oportuno hacer especial referencia a la decisión de esta Sala n.° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía Betancourt), en la cual se señaló, lo siguiente:
Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos (...)
Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.
Asimismo, esta Sala en sentencia n.° 366, del 02 de abril de 2013, caso: (Julián Andrés Castillo Salas y otros), estableció lo siguiente:
( ) la Sala observa que la decisión jurisdiccional que genera las lesiones constitucionales aquí denunciadas fue aportada por el apoderado judicial de los actores en forma impresa, presuntamente extraída de la página web de este Tribunal Supremo de Justicia pues, según explicó el apoderado judicial de los trabajadores actores ( ) la sentencia que definitivamente puso fin a la causa en el proceso como lo es el Recurso de Control de Legalidad [fue] publicada el 08 de agosto de 2012 por la Sala de Casación Social, quien debe tener aún bajo trámite de remisión el mencionado expediente; sin embargo, [agrega] las decisiones aquí comentadas [fueron] obtenidas del portal electrónico del máximo Tribunal y [pide] en consecuencia se omita el hecho de no poder en esta oportunidad acompañar a este escrito ni siquiera copia simple de las sentencias comentadas más adelante, por cuanto no [ha] tenido acceso al expediente luego que ha estado en la Sala de Casación Social por el trámite lógico que amerita el proceso judicial de envío del expediente.
Con relación al cumplimiento de la anotada carga procesal, esta Sala ha establecido que la consignación de la copia certificada del fallo impugnado al momento de presentar la demanda de amparo no es preclusiva, que es admisible la pretensión con el aporte de la copia simple e incluso de la impresión de la decisión accionada, así, en sentencia N° 721 del 9 de julio de 2010, caso: Edson Alejandro Rojas Rivas, sobre este último supuesto se precisó que ( ) las decisiones judiciales obtenidas a través del aludido sistema -actual sistema informático del Poder Judicial- serán consideradas copias simples conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de la interposición de acciones de amparos constitucionales contra sentencias, caso en el cual, tal como se estableció en la sentencia N° 7/2000, la parte accionante tendrá la carga de presentar hasta la oportunidad de la audiencia oral, la copia certificada de la decisión impugnada. Si ello no ocurriera la Sala declarará inadmisible el amparo interpuesto en el acto de celebración de la audiencia oral (vid. Sent. Núms. 2362/2007 caso: Banco del Caroní, C.A. ó 208/2005 caso: Aracelis Rosa). Asimismo, se declarara inadmisible la acción antes o en la audiencia oral si se constata, de oficio o a instancia de parte, que el ejemplar de la sentencia accionada en amparo extraído del Sistema Juris 2000 no es conforme con la copia certificada de la sentencia o su original que reposa en el expediente respectivo ( ) (Destacado de ese fallo). Consecuencia de lo anterior es que, la parte actora cuenta hasta la oportunidad de la celebración de la audiencia oral y pública para consignar la copia certificada del fallo impugnado, so pena de declararse la inadmisión del amparo constitucional ejercido.
Ahora, de la revisión de las actas que conforman el expediente, se observa que cursa el escrito contentivo del amparo interpuesto (folios 01 al 06), copia de la cédula de identidad del accionante (folio 7) y copia simple de la sentencia accionada extraída de la página web del Tribunal Supremo de Justicia (folios 08-22), seguidamente al folio 23, auto de fecha 10 de enero de 2014, emanado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en el cual se da por recibido el escrito contentivo de solicitud de amparo constitucional y los recaudos anexos.
Igualmente, se constata a los folios 116 al 120, acta de audiencia oral y pública de amparo celebrada el 02-de septiembre de 2014, siendo las 11:00 de la mañana, en la cual el Juzgado Superior luego de oída las partes y sus alegatos, deja constancia de que: ( ) expone a la parte querellante que en el expediente no obra copia certificada del expediente, e invita a la parte querellante a revisar el expediente para ubicar la copia certificada de la sentencia querellada, la cual revisada contestó que ella la había mandado a consignar. Seguidamente, declaró inadmisible el amparo interpuesto en virtud de que la parte accionante no había cumplido con la carga de acompañar, ni en la presentación del amparo ni en la audiencia constitucional, copia certificada de la sentencia accionada; acta que aparece firmada, entre otros, por el accionante ciudadano Moisés Aníbal Días Urbina y su abogada asistente Guiselle Linárez.
De igual manera, se observa al folio 121 y su vuelto, diligencia de fecha 02 de septiembre de 2014, suscrita por la mencionada abogada actuando en su condición de apoderada judicial de la parte accionante recibida a la 1:15 p.m., por el referido Juzgado Superior, mediante la cual consignó copia certificada de la sentencia accionada, que según alegó en dicha diligencia quisimos consignarla y el juez, se negó (sic) a recibirla después de esa situación el juez tomo (sic) la decisión de (sic) recurso de amparo ( ) y quiero recalcar en este acto que mi representado quiso consignarla y no la quiso recibir es por consiguiente que queremos dejar constancia de la denegación de justicia.
Asimismo, de las actas del expediente se desprende que la decisión accionada fue dictada el 10 de julio de 2013 (folios 79, anexo 2), que el 25 de septiembre de 2013, el hoy accionante, asistido del abogado Gustavo Viloria, solicitó copia certificada del expediente contentivo de la demanda de fraude procesal, lo cual fue acordado por el Tribunal de la causa el 30 del mismo mes y año, señalando que: Lo acordado se cumpliría una vez consignados los fotostatos, los cuales fueron consignados el 13 de enero de 2014 (folios 83 al 85, del mismo anexo del expediente), que el 14 del mismo mes y año el referido abogado pidió que se dejara sin efecto la solicitud de copias certificadas, por cuanto el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, no había hecho acto de presencia para retirarlas, y en esa misma fecha el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, solicitó dichas copias certificadas, las cuales fueron acordadas por el tribunal de la causa el 17 de enero de 2014, señalando que: Lo acordado se cumpliría una vez sean consignados los fotostatos respectivos (folios 86 al 88, anexo 2 del expediente). Asimismo, se observa que el 05 de febrero de 2014, el abogado Felipe Figueira, co-demandado en la causa principal solicitó copia certificada del expediente, las cuales una vez acordadas, le fueron entregadas el 14 del mismo mes y año (folios 89 y 90 y su vuelto, de dicha pieza del expediente).
En tal sentido, se evidencia que para el 10 de enero de 2014, oportunidad en la cual se interpuso la presente acción de amparo constitucional al ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, no le había sido entregada copia certificada alguna de la sentencia accionada, por lo que no pudo haber sido consignada junto con la acción de amparo propuesta, tal como lo señala el hoy apelante.
También, quedó comprobado que el acta de audiencia constitucional oral y pública, se encuentra suscrita por el accionante y su abogada asistente, y que no consta consignación alguna de dicha copia certificada ni de la negativa del administrador de justicia de recibirla.
Así como, que la audiencia constitucional se celebró el 02 de septiembre de 2014, a las 11:00 a.m., y la copia certificada de la sentencia fue consignada mediante diligencia una vez culminada la misma y con posterioridad a la decisión de audiencia en la que se declaró inadmisible el amparo interpuesto, esto es el 02 de septiembre de 2014, a la 1:15 p.m.
De allí que, que la parte accionante se limitó a consignar copia de la decisión accionada, presuntamente extraída del sistema informático del Poder Judicial, al interponer el amparo constitucional, más no produjo copia certificada del referido fallo en la oportunidad en que tuvo lugar la audiencia constitucional, sólo consignó copia certificada de la decisión accionada ,con posterioridad a la decisión que declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo ejercida pronunciada en la audiencia constitucional.
De esta manera, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala declara sin lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido por la abogada Guiselle Linárez, de la decisión dictada, el 09 de septiembre de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional y el cese de la medida cautelar dictada en la causa, la cual se confirma. Así se declara.
VII
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el ciudadano MOISÉS ANÍBAL DÍAZ URBINA, asistido por la abogada Guiselle Linarez, contra el fallo dictado el 09 de septiembre de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el referido ciudadano contra la sentencia que dictó el 10 de julio de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda que por fraude procesal se interpuso contra el hoy accionante y los ciudadanos Jorge Cuba y Felipe Figueira. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente contentivo del amparo al prenombrado Juzgado Superior. Asimismo, devuélvase el expediente n.° C-2012-000830, contentivo de la demanda de fraude que dio origen al presente amparo constitucional al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de mayo de dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Vicepresidente,
Arcadio Delgado Rosales
Los Magistrados,
Francisco Antonio Carrasquero López
Luisa Estella Morales Lamuño
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Juan José Mendoza Jover
Ponente
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N° 14-0956
JJMJ
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