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MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante escrito presentado el 8 de diciembre de 2005 ante
El 12 de diciembre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a
I
FUNDAMENTO DE
Señaló el defensor, que en la causa penal número NPO1-P-2004-417 seguida ante el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas se imputaron al ciudadano Wilfredo Delepiani, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado en grado de cooperador inmediato y ocultamiento de armas de fuego, y a los ciudadanos Marco Antonio Gómez Yuripe y Vanronal Guillermo Rangel, por la supuesta comisión de los delitos de robo agravado y ocultamiento ilícito de armas de fuego.
Indicó que cuando fueron oídos los imputados en la fase preparatoria, se les dictó en su contra la medida de privación judicial preventiva de libertad y que, posteriormente, la defensa del ciudadano Marco Antonio Gómez Yuripe solicitó, ante el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, la revisión de la prenombrada medida, siendo que le fue sustituida por una menos gravosa, "...dejando a (su) defendido (...), aun estando en las mismas circunstancias subjetivas y jurídicas con relación al que obtuvo la menos gravosa...", hecho que -a su parecer- vulneró el derecho al debido proceso y la igualdad procesal de su defendido.
Narró, que dada la anterior situación le solicitó al Juez de Control el restablecimiento del derecho establecido en el artículo 21 de
Precisó que el ciudadano Vanronal Guillermo Rangel se encontraba en las mismas condiciones subjetivas y jurídicas de los referidos acusados, lo que le permitía a
Denunció la "...grotesca violación de esenciales derechos del hombre...", toda vez que -a su decir- "...es imposible que estando dos acusados en idénticas circunstancias tanto subjetivas como jurídicas pues no existen características personalísimas que los diferencien; no se le pueda acreditar una menos gravosa a uno y a otro no...".
Adujo que, tal proceder constituyó por parte de
Precisó que presentará en su debida oportunidad copia certificada de la decisión [adversada] que acompañ[a] en copia simple del copiador del sistema IURIS-
Finalmente, y en virtud de lo explanado solicitó la admisión de la acción interpuesta, así como la declaratoria con lugar en la definitiva de la misma, dada la evidente violación de los derechos consagrados en los artículos 21 y 49 de
II
DE
El 9 de noviembre de 2005
Aprecia
Sobre la segunda denuncia;
(...)
(...)
En relación a la primera denuncia
Asimismo, apreciamos que el Artículo 262 ibidem, contempla tres supuestos para revocar las medidas cautelares acordadas por el Tribunal, no estando ninguno de ellos relacionados con el acontecimiento de actos procesales en este asunto planteados; ello así pues, vemos como el precitado dispositivo 328.2 ejusdem prevé que durante el desarrollo de
(...)
La interpretación de tal dispositivo no deja lugar a dudas, (...), infiriéndose de ello que, al cumplir los acusados las condiciones impuestas por el Tribunal de Control no puede revocarse la medida cautelar decretada sino por incumplimiento, lo cual no es el presente caso; pues de ser así, no tendría razón de ser alguna la presunción de inocencia, el estado de libertad (...), etc. Aunado a ello, aprecia
El Juez debe adecuar su actuación jurisdiccional al debido proceso; y éste, también incluye la revisión de las medidas cautelares, toda vez que, como supra se reflejó la revocatoria de ellas sólo es posible por el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los acusados o por fallo condenatorio en el juicio oral y público, tal como así lo contempla el Artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ello así, aprecia
En razón de ello, lo procedente es declarar, de conformidad con lo previsto por el Artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal,
En referencia a la tercera denuncia realizada por la defensa del acusado WILFREDO GUERRERO DELPIAN,
(...)
Por todo lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito judicial Penal del Estado Monagas (...), declara:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados (...) defensores del Acusado WILFREDO GUERRERO DELPIANI y (...) MARCO ANTONIO GOMEZ (...); contra la decisión dictada en fecha 17 de junio de 2005, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control (...), mediante la cual decretó
SEGUNDO. ORDENA
TERCERO: SIN LUGAR la denuncia propuesta por la defensa del Acusado WILFREDO GUERRERO DELPIANI referido a la declaratoria de Extemporáneas de las pruebas ofrecidas para el juicio oral y público.
Queda así Revocada Parcialmente la decisión recurrida..."
III
DE
Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:
De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en decisión N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de
Visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada como fue la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la decisión dictada, el 9 de noviembre de 2005, por
Ahora bien, esta Sala hace notar que la parte accionante al interponer el amparo, consignó, junto con la solicitud, una copia de la decisión extraída, a su juicio, del sistema IURIS
En efecto, el sistema IURIS
Se trata, pues, de un sistema en el cual se registran, sistemáticamente y a diario, todas las actuaciones existentes en un proceso, para que los interesados, funcionarios o particulares, puedan acudir diligentemente y solicitar la información pertinente, ya que se trata de un servicio que es abierto al público dispuesto para el colectivo en general. Es un medio auxiliar de divulgación sobre todo lo acontecido en cualquier iter procesal, que no suple, en ningún caso, las actas contenidas en los diversos expedientes, toda vez que el mismo, por ser de naturaleza electrónica pudiera sufrir correcciones o modificaciones por errores técnicos. Ese medio auxiliar de divulgación es, por tanto, similar a los datos contenidos en la página web de este Máximo Tribunal, cuya validez de los mismos, son meramente informativos.
En ese sentido, esta Sala considera traer a colación la sentencia No. 2031, del 19 de agosto de 2002 (caso: Víctor Vicente Sacotelli Mendoza y otros), en la que se analizó la validez de la información contenida en la página web de este Máximo Tribunal, de la siguiente manera:
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su página web diseñada, por su Gerencia de Informática y Telecomunicaciones, pretende informar al público en general así como a los interesados en los juicios que ante esta instancia cursan, sobre las distintas actividades y decisiones que se producen en el ámbito judicial y en particular en esta máxima instancia. Igualmente, tal y como lo ha señalado esta Sala Constitucional en su decisión N° 982 del 6 de junio de 2001, el sitio web in commento ha sido diseñado como un medio auxiliar de divulgación de su actividad judicial, es decir, que tiene una finalidad netamente informativa que busca simplemente divulgar su actuación sin que en forma alguna se pueda sustituir la información allí contenida con la que reposa en los expedientes.
En este sentido, la referida página web expresamente hace esta advertencia al disponer en la sección referida a los términos y condiciones que: El Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de mejorar el servicio que presta a justiciables y a la comunidad en general, publica datos relativos a sentencias, cuentas, casos y otras actividades asociadas con su función jurisdiccional, usando para ello mecanismos telemáticos como su sitio web en Internet www.tsj.gov.ve
La veracidad y exactitud de tales datos debe ser contrastada con los originales que reposan en los archivos y demás dependencias de las Salas de éste Tribunal. Las informaciones antes mencionadas tienen un sentido complementario, meramente informativo, reservándose este alto Tribunal la potestad de modificar, corregir, enmendar o eliminar aquellas que por errores técnicos o humanos hayan sido publicadas con inexactitud. (Subrayado de ese fallo).
Lo señalado en el fallo citado parcialmente, se extiende a los datos contenidos en el sistema IURIS
En ese sentido, esta Sala señaló, en la sentencia N° 3270, del 24 de noviembre de 2003 (caso: Silvina Alida Camejo de Bartolini), lo siguiente:
Con respecto a lo decidido por el a quo, es menester aclarar que, ciertamente, esta Sala en sentencia nº 7/2000 del 1º de febrero, caso: José Amando Mejía Betancourt y otro, precisó que las acciones de amparo contra decisiones judiciales deben ser interpuestas anexando al escrito copia certificada de la decisión o, al menos, copia simple de la misma, pero con la carga procesal de consignar la copia certificada al momento de celebrarse la audiencia pública prevista en el artículo 26 de
También ha sido doctrina reiterada de esta Sala (vid. sentencia nº 1720/2001 del 20 de septiembre, caso: TRINALTA, C.A.), que en caso que el accionante no acompañe a su escrito copia simple ni certificada del fallo que señala como lesivo de sus derechos constitucionales, la acción también deviene inadmisible.
Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso el accionante no acompañó a su solicitud de amparo copia simple ni certificada de la decisión producida en el juicio que denunció como lesivo de sus derechos y garantías constitucionales, tal circunstancia, de acuerdo a la doctrina reiterada de esta Sala, es motivo para declarar inadmisible la acción de amparo ejercida.
Ello así, esta Sala juzga que la presente acción fue debidamente declarada inadmisible, por lo cual, declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirma el fallo apelado. Así se decide.
Igualmente, en la sentencia N° 778, del 3 de mayo de 2004 (caso: Keivis José Suárez), esta Sala sostuvo lo siguiente:
Se evidencia de autos que, el accionante, en el momento en el cual interpuso la acción de amparo constitucional, únicamente consignó el escrito libelar, sin aportar copia simple o certificada de la decisión que accionó ni ninguna otra prueba que considerara pertinente.
Esta Sala señaló, en la sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejía), lo siguiente:
...Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia (subrayado de
Como toda carga procesal, su incumplimiento acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. Igualmente debe señalar esta Sala, que al no haber consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada,
En ese sentido considera
La anterior doctrina, ha sido ratificada en diversas oportunidades por esta Sala, luego de haber entrado en vigencia
Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra
Por lo tanto, que, visto que el presente caso la parte actora no cumplió con su deber de acompañar, conjuntamente con el libelo de amparo, copia, por lo menos simple, de la sentencia dictada, el 9 de noviembre de 2005 por
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Luis V. Velázquez Alvaray
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
Ponente
El Secretario,
Exp: 05-2402
CZdeM/