Venley

Sentencia N.º 600

Sentencia
N.º 600
Fecha
20/03/2006
Sala
Constitucional
Expediente
05-2402
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

Mediante escrito presentado el 8 de diciembre de 2005 ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, el abogado José Gregorio Suárez Mosqueda, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 46.128, en su carácter de defensor del ciudadano VANRONAL GUILLERMO RANGEL, sin identificación en autos, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 9 de noviembre de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, “mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el Recurso (sic) de apelación interpuesto por los defensores de los co-acusados WILFREDO GUERRERO DELEPIANI Y MARCOS ANTONIO GOMEZ YURIPE”, para cuya fundamentación alegó la violación de los derechos a la igualdad y al debido proceso, previstos en los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 12 de diciembre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

            Señaló el defensor, que en la causa penal número NPO1-P-2004-417 seguida ante el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas se imputaron al ciudadano Wilfredo Delepiani, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado en grado de cooperador inmediato y ocultamiento de armas de fuego, y a los ciudadanos Marco Antonio Gómez Yuripe y Vanronal Guillermo Rangel, por la supuesta comisión de los delitos de robo agravado y ocultamiento ilícito de armas de fuego.

            Indicó que cuando fueron oídos los imputados en la fase preparatoria, se les dictó en su contra la medida de privación judicial preventiva de libertad y que, posteriormente, la defensa del ciudadano Marco Antonio  Gómez Yuripe solicitó, ante el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, la revisión de la prenombrada medida, siendo que le fue sustituida por una menos gravosa, "...dejando a (su) defendido (...), aun estando en las mismas circunstancias subjetivas y jurídicas con relación al que obtuvo la menos gravosa...", hecho que -a su parecer- vulneró el derecho al debido proceso y la igualdad procesal de su defendido.

            Narró, que dada la anterior situación le solicitó al Juez de Control el restablecimiento del derecho establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y "...en lugar de acordar una medida menos gravosa y poner en igualdad de condiciones a (su) defendido, lo que hace es Revocar las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad a los co-acusados...". En virtud de ello, la defensa de los prenombrados ciudadanos intentó recurso de apelación contra la anterior decisión, recurso este que fue declarado parcialmente con lugar por  la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, lo que trajo como consecuencia la restitución de las medidas cautelares sustitutivas de libertad sólo en relación a los co-acusados.

Precisó que el ciudadano Vanronal Guillermo Rangel se encontraba en las mismas condiciones subjetivas y jurídicas de los referidos acusados, lo que le permitía a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas extender, a favor de su defendido, los efectos de las medidas cautelares sustitutivas que les decretó a los co-imputados.

            Denunció la "...grotesca violación de esenciales derechos del hombre...", toda vez que -a su decir- "...es imposible que estando dos acusados en idénticas circunstancias tanto subjetivas como jurídicas pues no existen características personalísimas que los diferencien; no se le pueda acreditar una menos gravosa a uno y a otro no...".

            Adujo que, tal proceder constituyó por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, una extralimitación en sus funciones jurisdiccionales, cuando restituyó el derecho de libertad del ciudadano Marco Antonio Gómez Yuripe y no hacerlo extensivo a su defendido.

            Precisó que presentará “en su debida oportunidad copia certificada de la decisión [adversada] que acompañ[a] en copia simple del copiador del sistema IURIS-2000.”

Finalmente, y en virtud de lo explanado solicitó la admisión de la acción interpuesta, así como la declaratoria con lugar en la definitiva de la misma, dada la evidente violación de los derechos consagrados en los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 438 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

 

 

 

 

 

II

DE LA SUPUESTA ACTUACIÓN JUDICIAL LESIVA

El 9 de noviembre de 2005 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal  del Estado Monagas dictó decisión con respecto al recurso de apelación interpuesto, teniendo como fundamento para su fallo lo siguiente:

“Aprecia la Corte que los recursos interpuestos se sustentan en dos denuncias, a saber: 1) La revisión de la Medida Cautelar que había sido decretada a favor del Acusado Wilfredo José Guevara Delepiani; y 2) la supuesta interferencia y limitación del derecho a la defensa de las Partes Acusadas debido a la concesión de tiempo limitado por parte del Juez Segundo de Control a fin de exponer sus alegatos (...).

Sobre la segunda denuncia; la Corte (...) estima (...) que no le asiste la razón a los recurrentes al denunciar que el Juez de control les limitó el tiempo y con ello el derecho a la defensa de sus patrocinados, toda vez que, al no ser posible traer al proceso nuevos alegatos sino, y esto por vía excepcional, ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal.

(...)

La Corte, consustanciada con los principios que sustentan el proceso acusatorio Venezolano, advierte que las Partes han desvirtuado la naturaleza de la Audiencia preliminar, pretendiendo hacer de ellas verdaderos juicios, lo cual, además de ilegal, por cuanto la Parte Final del artículo 329 establece que 'En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público', con lo que se está restringiendo legalmente la finalidad de ese acto oral, toda vez que, las circunstancias de mérito, de juicio de valor sobre los hechos, está atribuida en exclusiva al Juez de Juicio; a excepción del procedimiento por Admisión de los Hechos (...), en cuya sentencia debe determinarse, mediante la valoración propia del Juez, si está en presencia o no de un hecho punible y de los elementos de convicción que rielan en las actas de investigación, capaces de desvirtuar sin duda alguna la presunción de inocencia.

(...)

En relación a la primera denuncia la Corte advierte que la norma procesal circunscribe el decreto de las Medidas privativas de Libertad, o, la revisión de las mismas, a momentos procesales perfectamente determinados, es decir, restringe la procedencia de tal decreto en determinada fase del proceso, siendo ellas viables a solicitudes de las Partes; más para su trámite jurisdiccional se requiere que para algunos actos tales medidas de coerción consten previamente a la realización del acto (...).

Asimismo, apreciamos que el Artículo 262 ibidem, contempla tres supuestos para revocar las medidas cautelares acordadas por el Tribunal, no estando ninguno de ellos relacionados con el acontecimiento de actos procesales en este asunto planteados; ello así pues, vemos como el precitado dispositivo 328.2 ejusdem prevé que durante el desarrollo de la Audiencia Preliminar el juez puede decretar una medida cautelar o revisar las ya impuestas, pero (...), debe entenderse que es la imposición o la revocación de una Medida Cautelar, no de una Privación Judicial Preventiva de Libertad; por cuanto las causales para revocar aquellas están perfectamente delimitadas en el artículo 262 del código Orgánico Procesal Penal (...).

(...)

La interpretación de tal dispositivo no deja lugar a dudas, (...), infiriéndose de ello que, al cumplir los acusados las condiciones impuestas por el Tribunal de Control no puede revocarse la medida cautelar decretada sino por incumplimiento, lo cual no es el presente caso; pues de ser así, no tendría razón de ser alguna la presunción de inocencia, el estado de libertad (...), etc. Aunado a ello, aprecia la Corte que el A Quo admite que los acusados habían estado cumpliendo las obligaciones impuestas, y, si eso es así, no apreciamos razón alguna para revocarles las medidas cautelares; pues la circunstancia de que hayan variado las circunstancias en su contra, uno de ellos, WILFREDO GUERRERO, pasó de Cómplice a Coautor, más eso no está contemplado como causal de revocatoria de la medida cautelar.

El Juez debe adecuar su actuación jurisdiccional al debido proceso; y éste, también incluye la revisión de las medidas cautelares, toda vez que, como supra se reflejó la revocatoria de ellas sólo es posible por el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los acusados o por fallo condenatorio en el juicio oral y público, tal como así lo contempla el Artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ello así, aprecia la Corte que el Juez de Control yerra al decretar la privación judicial preventiva de libertad de los acusados WILFREDO GUERRERO DELPIANI y MARCOS ANTONIO GOMEZ YURIPE, por cuanto los mismos no han incumplido las condiciones impuestas, ni se está en presencia del supuesto contemplado en el Artículo 367 ejusdem (...).

En razón de ello, lo procedente es declarar, de conformidad con lo previsto por el Artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD del Decreto de Privación Judicial Preventiva de Libertad emitida por el Juzgado segundo de Control en contra de los patrocinados de las defensas de los recurrentes y como derivación de ello su inmediata libertad, quedando vigentes las medidas cautelares decretadas previamente.

En referencia a la tercera denuncia realizada por la defensa del acusado WILFREDO GUERRERO DELPIAN, la Corte advierte que no le asiste la razón al recurrente, pues el A Quo decidió correctamente al estipular que las pruebas debieron ser ofrecidas en la primera oportunidad cuando se fijó la audiencia preliminar, toda vez que tal lapso es de caducidad y no de prescripción y en razón de ello no interrumpible, ni renovable (...).

(...)

Por todo lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito judicial Penal del Estado Monagas (...), declara:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados (...) defensores del Acusado WILFREDO GUERRERO DELPIANI y (...) MARCO ANTONIO GOMEZ (...); contra la decisión dictada en fecha 17 de junio de 2005, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control (...), mediante la cual decretó la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD (...). Como consecuencia de ello se declara la NULIDAD del decreto de Privación Judicial Preventiva de Libertad emitido por el Juzgado Segundo de Control (...).

SEGUNDO. ORDENA la Libertad de los Acusados WILFREDO JOSE GUERRERO DELPIANI y  MARCO ANTONIO GOMEZ, quedando vigentes las Medidas Cautelares impuestas con anterioridad (...).

TERCERO: SIN LUGAR la denuncia propuesta por la defensa del Acusado WILFREDO GUERRERO DELPIANI referido a la declaratoria de Extemporáneas de las pruebas ofrecidas para el juicio oral y público.

Queda así Revocada Parcialmente la decisión recurrida..."

 

III

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:

De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en decisión N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal, conforme lo dispone el numeral 20 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

            Visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, esta Sala Constitucional se declara competente para resolver la presente acción, en concordancia con el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la antedicha Ley Orgánica e, igualmente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que no ha sido derogada y establece el amparo contra sentencia. Así se establece.

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

            Determinada como fue la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la decisión dictada, el 9 de noviembre de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que declaró parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la defensa de los ciudadanos Wilfredo José Guerrero Delepiani y Marco Antonio Gómez, co-acusados en la causa penal, en la que se encuentra imputado igualmente el ciudadano Vanronal Guillermo Rangel.

Ahora bien, esta Sala hace notar que la parte accionante al interponer el amparo, consignó, junto con la solicitud, una copia de la decisión extraída, a su juicio, del sistema “IURIS 2000”, no cumpliendo, en efecto, con su deber de acompañar con la demanda copia simple o certificada de sentencia dictada, el 9 de noviembre de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.

En efecto, el sistema “IURIS 2000” es una herramienta que existe en el Poder Judicial, que permite, en forma simple y por vía de la informática, el acceso a los datos contenidos en un proceso judicial determinado. En dicho sistema, tanto los Jueces, los auxiliares de justicia y los particulares, pueden verificar cómo han sucedido las actuaciones en los procedimientos, en qué fechas se han realizado dichos actos y en cuál oportunidad un Tribunal ha dictado sentencia.  

Se trata, pues, de un sistema en el cual se registran, sistemáticamente y a diario, todas las actuaciones existentes en un proceso, para que los interesados, funcionarios o particulares, puedan acudir diligentemente y solicitar la información pertinente, ya que se trata de un servicio que es abierto al público dispuesto para el colectivo en general. Es un medio auxiliar de divulgación sobre todo lo acontecido en cualquier iter procesal, que no suple, en ningún caso, las actas contenidas en los diversos expedientes, toda vez que el mismo, por ser de naturaleza electrónica pudiera sufrir correcciones o modificaciones por errores técnicos. Ese medio auxiliar de divulgación es, por tanto, similar a los datos contenidos en la página web de este Máximo Tribunal, cuya validez de los mismos, son meramente informativos.

En ese sentido, esta Sala considera traer a colación la sentencia No. 2031, del 19 de agosto de 2002 (caso: Víctor Vicente Sacotelli Mendoza y otros), en la que se analizó la validez de la información contenida en la página web de este Máximo Tribunal, de la siguiente manera:

“El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su página web diseñada, por su Gerencia de Informática y Telecomunicaciones, pretende informar al público en general así como a los interesados en los juicios que ante esta instancia cursan, sobre las distintas actividades y decisiones que se producen en el ámbito judicial y en particular en esta máxima instancia. Igualmente, tal y como lo ha señalado esta Sala Constitucional en su decisión N° 982 del 6 de junio de 2001, el sitio web in commento ha sido diseñado como ‘un medio auxiliar de divulgación de su actividad judicial’, es decir, que tiene una finalidad netamente informativa que busca simplemente divulgar su actuación sin que en forma alguna se pueda sustituir la información allí contenida con la que reposa en los expedientes.

En este sentido, la referida página web expresamente hace esta advertencia al disponer en la sección referida a los términos y condiciones que: ‘El Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de mejorar el servicio que presta a justiciables y a la comunidad en general, publica datos relativos a sentencias, cuentas, casos y otras actividades asociadas con su función jurisdiccional, usando para ello mecanismos telemáticos como su sitio web en Internet www.tsj.gov.ve

La veracidad y exactitud de tales datos debe ser contrastada con los originales que reposan en los archivos y demás dependencias de las Salas de éste Tribunal. Las informaciones antes mencionadas tienen un sentido complementario, meramente informativo, reservándose este alto Tribunal la potestad de modificar, corregir, enmendar o eliminar aquellas que por errores técnicos o humanos hayan sido publicadas con inexactitud.” (Subrayado de ese  fallo).

 

Lo señalado en el fallo citado parcialmente, se extiende a los datos contenidos en el sistema “IURIS 2000”, por tratarse igualmente de un medio auxiliar de divulgación, por lo que siendo ello así, se precisa que el accionante en amparo no puede acompañar, como documento fundamental de su demanda, una copia de la decisión extraída de ese sistema electrónico, al no poder los datos allí contenidos sustituir la información contenida en los expedientes levantados en los distintos procesos judiciales. Por tanto, toda parte actora en una acción de amparo debe consignar, al momento de interponer su solicitud, copia certificada del fallo que adversa, o en su defecto, su copia simple, pero con la obligación de presentar la copia certificada en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral. Si no cumple con esa obligación, la acción de amparo deviene inadmisible.

En ese sentido, esta Sala señaló, en la sentencia N° 3270, del 24 de noviembre de 2003 (caso: Silvina Alida Camejo de Bartolini), lo siguiente:

“Con respecto a lo decidido por el a quo, es menester aclarar que, ciertamente, esta Sala en sentencia nº 7/2000 del 1º de febrero, caso: José Amando Mejía Betancourt y otro, precisó que las acciones de amparo contra decisiones judiciales deben ser interpuestas anexando al escrito copia certificada de la decisión o, al menos, copia simple de la misma, pero con la carga procesal de consignar la copia certificada al momento de celebrarse la audiencia pública prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ello, con la intención de corroborar, en primer término, la admisibilidad de la acción propuesta y, en segundo, la procedencia de la tutela solicitada. De no consignarse la copia certificada de la sentencia cuestionada al momento de celebrarse la referida audiencia, tal circunstancia acarrearía la inadmisibilidad de la acción.

También ha sido doctrina reiterada de esta Sala (vid. sentencia nº  1720/2001 del 20 de septiembre, caso: TRINALTA, C.A.), que en caso que el accionante no acompañe a su escrito copia simple ni certificada del fallo que señala como lesivo de sus derechos constitucionales, la acción también deviene inadmisible.

Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso el accionante no acompañó a su solicitud de amparo copia simple ni certificada de la decisión  producida en el juicio que denunció como lesivo de sus derechos y garantías constitucionales, tal circunstancia, de acuerdo a la doctrina reiterada de esta Sala, es motivo para declarar inadmisible la acción de amparo ejercida.

Ello así, esta Sala juzga que la presente acción fue debidamente declarada inadmisible, por lo cual, declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto  y, en consecuencia, confirma el fallo apelado.  Así se decide”.

 

       Igualmente, en la sentencia N° 778, del 3 de mayo de 2004 (caso: Keivis José Suárez), esta Sala sostuvo lo siguiente:

“Se evidencia de autos que, el accionante, en el momento en el cual interpuso la acción de amparo constitucional, únicamente consignó el escrito libelar, sin aportar copia simple o certificada de la decisión que accionó ni ninguna otra prueba que considerara pertinente.

Esta Sala señaló, en la sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejía), lo siguiente:

‘...Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia’ (subrayado de la Sala.

Como toda carga procesal, su incumplimiento acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. Igualmente debe señalar esta Sala, que al no haber consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada, la Corte de Apelaciones carecía de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dicha decisión, por lo que resultaría inútil admitir una acción contra un fallo, cuya existencia se encuentra en duda, y que de existir desconoce su contenido.

En ese sentido considera la Sala que la acción de amparo ha debido ser declarada inadmisible por la razón antes apuntada y no improcedente in limine litis como lo declaró erróneamente el a quo en el dispositivo del fallo consultado, por lo cual se modifica la decisión sometida a consulta”.

 

            La anterior doctrina, ha sido ratificada en diversas oportunidades por esta Sala, luego de haber entrado en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo que se puede constatar del contenido de las sentencias N° 3434/05, 4523/05, en entre otras, en las que se declara la inadmisibilidad de la acción de amparo, intentada en primera instancia ante este Máximo Tribunal, de acuerdo con el contenido del párrafo quinto del artículo 19 de ese texto normativo, que dispone:

 

“Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada.” (Resaltado de este fallo).

 

Por lo tanto, que, visto que el presente caso la parte actora no cumplió con su deber de acompañar, conjuntamente con el libelo de amparo, copia, por lo menos simple, de la sentencia dictada, el 9 de noviembre de 2005 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, esta Sala, conforme a lo señalado en el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara inadmisible la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Gregorio Suárez Mosqueda, en su carácter de defensor privado del ciudadano Vanronal Guillermo Rangel. Así decide.

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República,  por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el defensor privado del ciudadano Vanronal Guillermo Rangel, contra la decisión dictada, el 9 de noviembre de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de  marzo  de dos mil seis (2006). Años: 195 ° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,      

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Luis V. Velázquez Alvaray

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                    Ponente

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp: 05-2402

CZdeM/

 

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