Sentencia N.º 605
- Sentencia
- N.º 605
- Fecha
- 09/04/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-0018
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 9 de enero de 2007, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el oficio dictado el 2 de enero de 2007, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, el 21 de diciembre de 2006, por el abogado Jesús Pérez Ramírez, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 118.361, con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CARLOS EDUARDO ARAUJO LIZARAZO, titular de la cédula de identidad N° 18.362.266, contra la “…vía de hecho de fecha 19 de diciembre de 2006, del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral del Estado Carabobo, e igualmente contra la decisión judicial contenida en el auto de diferimiento de la audiencia preliminar (pautada para esa fecha a las 9:00 a.m.) dictado por ese mismo tribunal a las 9:39 a.m. del mismo día…”.
Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido, el 27 de diciembre de 2006, por el abogado Jesús Pérez Ramírez, apoderado judicial del accionante, contra la sentencia dictada el 26 de diciembre de 2006, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.
El 11 de enero de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del presente expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
Alegó el apoderado judicial del accionante, que con ocasión del juicio de indemnización por enfermedad por motivo del trabajo, incoado por su representado contra Trama Textil, C.A. ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral del Estado Carabobo, luego de practicadas las notificaciones correspondientes, el tribunal fijó la audiencia preliminar para el 13 de diciembre de 2006, a las 9:00 a.m., siendo diferida la misma según consta en auto dictado el 7 de diciembre de 2006 (cursante al folio 45 del presente expediente), para el 19 de diciembre de 2006, a las 9:00 a.m..
Adujo que el 19 de diciembre de 2006, oportunidad fijada para la audiencia “…la abogada Alejandra Mujica, co-apoderada de [su] representado en compañía del trabajador Carlos Araujo, hizo presencia en la Sala de Espera del Circuito Judicial Laboral a las 8:40 a.m., procediendo a verificar en la cartelera de audiencias fijadas para ese día que en efecto estaba pautada las 9:00 a.m. la primera audiencia preliminar en el expediente GP02-L-2006-1963, siendo que dicha abogada procedió a firmar la lista de control de asistencia de audiencias que resguarda el alguacil Victor Seidel, quien a las 9:00 a.m. anunció la audiencia en el expediente en el que es parte [su] apoderado, verificando a tal efecto que no se encontraba en la sala representación alguna de la parte demandada TRAMA TEXTIL, C.A., por lo que el alguacil después de anunciar por segunda vez la audiencia y al percatarse de esta situación, constata la incomparecencia de la empresa demandada a la audiencia preliminar indicando tal situación en su hoja de control de asistencia a través de rayas en el espacio donde debió firmar la demandada…”.
Indicó que “…Quince minutos después, la abogada presente por la parte demandante señaló de nuevo al alguacil Victor Seidel que la demandada TRAMA TEXTIL, C.A., no se encontraba presente, a los fines de que se verificaran las correspondientes consecuencias procesales previstas en la ley, cuál es la declaratoria de admisión de los hechos ante la incomparecencia de la empresa…”, no obstante, a las 9:20 a.m. la abogada de Trama Textil, C.A. llegó a la Sala de espera argumentando a su representado que estuvo ´atrapada en el tráfico de las calles´ adyacentes al Palacio de Justicia.
Precisó que a las 9:25 a.m. el secretario del tribunal de la causa, se dirigió a ambas partes y expresó que la audiencia estaba diferida “… a lo cual la abogada Alejandra Mujica respondió que la audiencia fue anunciada por el alguacil en dos oportunidades, estaba fijada en la cartelera del tribunal, en la página www.carabobo.tsj.gov.ve en las audiencias correspondientes para ese día y que estaba pautada mediante auto para ese día, a lo cual el mencionado funcionario respondió que habían coincidido dos audiencias a la misma hora y que la otra audiencia tenía prioridad por ser una audiencia primigenia …”.
Partiendo de ello, indicó que la juez de la causa a las 9:35 a.m., se dirigió a los apoderados de TRAMA TEXTIL, C.A., y a su representado informándoles que la audiencia había sido diferida “… y que ella podía hacerlo porque era imposible que hiciera dos audiencias al mismo tiempo, por lo cual luego salió el secretario de ese tribunal y [les] enseñó un auto de diferimiento que aún no reposaba en las actas del expediente, (…), señalando a la otra parte que para la próxima audiencia debía llegar a la hora debida, y que el llamado del alguacil a la audiencia, la señalización para la realización de la audiencia para esa fecha y esa hora, había sido ´UN ERROR´, y asimismo expresó que la fecha para la primera audiencia era para el 9 de enero de 2007 a las 9:00 a.m.”.
Denunció que en el caso de autos “…se verificó una vía de hecho o una actuación material ostensiblemente violatoria de derechos constitucionales, pues es una violación al debido proceso que por un error del tribunal, se difiera una audiencia primigenia treinta y nueve minutos después de que fue anunciada y a la que la parte demandada no llegó a la hora debida, ello a través de un auto que fue realizado a las 9:39 a.m. – y mostrado a las partes, estando suelto, fuera del expediente- y lo cual causa incertidumbre procesal, y cercenó a [su] representado –en su presencia- de una normal situación jurídica que se hubiese presentado en cualquier otro caso similar al que no hubiese llegado la parte demandada: la declaratoria de una admisión de los hechos, situación que no se pretende constituir a través de esta solicitud de tutela constitucional…” .
Aunado a ello, consideró que la situación violatoria de los derechos constitucionales de su representado podría causar un gravamen irreparable, dado que el auto de diferimiento de la audiencia preliminar no tiene apelación alguna.
Finalmente, alegó que el tribunal de la causa se extralimitó en sus funciones “…ya que no está permitido por la ley que los funcionarios difieran la realización de un acto solemne que se inició con el llamado del alguacil, un hecho procesal que fue configurado con la comparecencia de la parte demandante, la incomparecencia de la parte demandada lo cual produce y constituye plenos efectos jurídicos establecidos en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”.
En virtud de lo expuesto, solicitó se declarara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta y en virtud de que el 19 de diciembre de 2006, a las 9:00 a.m. “… se verificó un hecho procesal (incomparecencia de la parte demandada a la audiencia primigenia), sea declarada su consecuencia jurídica, a los fines de que se restituya la situación jurídica constituida por el efecto legal del artículo 131 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se restituya el debido proceso y cese su lesión por la actuación material inconstitucional o vía de hecho del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Carabobo…” .
II
DE LA SUPUESTA ACTUACIÓN JUDICIAL LESIVA
Mediante auto dictado el 19 de diciembre de 2006, por el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo señaló:
“De una revisión de la agenda de audiencias de este Juzgado se constató que la Hora de la audiencia en la presente causa coincide con la hora de la audiencia en la causa N° GP02-L-2006-001390, es por lo que se procede a DIFERIR EL DIA Y LA HORA para el 09 DE Enero de 2006 a las 9:000 AM”.
III
DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia dictada el 26 de diciembre de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:
Señaló el referido órgano jurisdiccional que “…De ser cierto lo alegado por el recurrente, en el presente caso se observa que ante el presunto error en el diferimiento de la audiencia preliminar, minutos más tarde de su anuncio y sin que constara en la cartelera del Tribunal ni en ningún otro medio de divulgación de los estados de las audiencias, el accionante en amparo, debe recurrir al mecanismo de impugnación establecido al efecto, el cual no es otro que el Recurso Ordinario de Apelación”.
Luego de la afirmación anterior, y ante el argumento del accionante en cuanto a que el auto mediante el cual se declaró el diferimiento de la audiencia no tiene apelación por ser un auto de mero trámite.
La apelada indicó que “…de ser un auto de mero trámite-, el actor pudo haber solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que la Juez revocara o reformara tal auto, o, si dicho auto de diferimiento fue dictado en violación a normas de rango legal, haber ejercido el recurso ordinario de apelación alegando el gravamen aducido en esta sede constitucional, y ante la negativa de admitir el recurso ordinario de apelación el ejercido del recurso de hecho…”.
Señaló el referido órgano jurisdiccional que el recurrente en amparo pretendía que ese tribunal actuando en sede constitucional “…descienda a conocer la causa que dio origen al Recurso de Amparo y declare la admisión de los hechos de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es una norma de rango legal y no constitucional. De tal manera que este Tribunal debe sólo resolver la pretensión de derechos constitucionales y no legales…”.
En ese sentido indicó que ante la inobservancia de una norma legal que cause gravamen al recurrente, existe un mecanismo de impugnación idóneo, como lo es el recurso de apelación, aún no ejercido por el accionante, sobreviniendo la causal de inadmisiblidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual la acción de amparo resultaba inadmisible.
IV
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contenciosa administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones se rige tanto por las normativas especiales como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid. caso: Emery Mata Millán, del 20 de enero de 2000, y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, del 8 de diciembre de 2000).
De acuerdo con estas últimas interpretaciones y con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que la sentencia ha sido dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como primera instancia constitucional, esta Sala resulta competente para conocer de la presente apelación. Así se declara.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinado lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca del recurso de apelación ejercido, no sin antes dejar constancia que el accionante no fundamentó su recurso, y que, por tanto, tal pronunciamiento no obedecerá a alegato alguno del mismo ante esta Alzada.
Dicho amparo se fundamentó en la supuesta violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, configurados según el apoderado judicial del accionante cuando el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo dictó un auto el 19 de diciembre de 2006, mediante el cual “…se difiere una audiencia primigenia treinta y nueve minutos después de que fue anunciada y a la que la parte demandada no llegó a la hora debida, ello a través de un auto que fue realizado a las 9:39 a.m. –y mostrado a las partes, estando suelto fuera del expediente- y lo cual causa incertidumbre procesal…”.
Por su parte, el Juzgado remitente consideró que en el presente caso, se encontraba presente la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por estimar que el accionante debió recurrir al mecanismo de impugnación establecido al efecto, como lo era el recurso de apelación.
Asimismo, indicó que el accionante adujo en su escrito de amparo que el auto mediante el cual se declaró el diferimiento de la audiencia “…no tiene apelación, esto en principio podría ser considerado como un auto de mero trámite, entendiéndose por tales, aquellos actos ordenadores del proceso que no causan gravamen…”, sin tomar en cuenta que podía solicitar de conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que la Juez revocara o reformara tal auto, o, si dicho auto de diferimiento fue dictado en violación a normas de rango legal, haber ejercido el recurso ordinario de apelación alegando el gravamen aducido en esta sede constitucional.
Partiendo de ello, considera esta Sala que el auto de diferimiento dictado el 19 de diciembre de 2006, si bien constituye una actuación de mero trámite por contener una decisión de procedimiento, que en principio resulta inapelable, debe advertirse que en los casos en los cuales dichos pronunciamientos le puedan causar un gravamen irreparable al accionante, éste podrá ejercer el recurso de apelación contra ellos.
En tal sentido esta Sala en sentencia N° 2401 del 9 de octubre de 2002 (caso: Jorge Murcia Bernal y Marcela More Chavarro), señaló que:
“Como corolario de lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que, contra la sentencia hoy impugnada en amparo, los accionantes podían intentar el recurso ordinario de apelación contemplado en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, si consideraban que les causaba una gravamen irreparable por lo que la presente acción se enmarca dentro del supuesto de inadmisibilidad contemplado en el artículo 6.5. de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”.
Así las cosas, si el supuesto agraviado consideraba que la referida actuación le causaba un gravamen irreparable por la sentencia definitiva, como en efecto lo indicó en el folio 4 de su escrito de amparo y que, en consecuencia, sus derechos constitucionales se encontraban en situación de amenaza, debió acudir a los recursos ordinarios que ofrece el ordenamiento jurídico vigente, es decir, ejercer el recurso de apelación contra el auto de diferimiento de la audiencia, como mecanismo de impugnación idóneo del cual disponía el accionante.
En tal sentido, estima esta Sala oportuno referir que la acción de amparo constitucional es un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Ahora bien, cuando se puede acudir a la vía procesal ordinaria, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente el trámite o el medio procesal ordinario, el instrumento para reparar la lesión y no la acción de amparo y, por tanto, no habría posibilidad de interponer la acción de amparo si estuviese prevista otra acción o un recurso para dilucidar la misma cuestión y lograr el restablecimiento inmediato de la situación violentada.
En este sentido, la Sala observa que el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente dispone lo siguiente:
‘No se admitirá la acción de amparo:
(...)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado’.
En relación con el artículo que se transcribió supra, esta Sala en fallo N° 2369 del 23 de noviembre de 2001, (caso: Parabólicas Service´s Maracay C.A.), dispuso lo siguiente:
“Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente…”(S.S.C. n°3106 del 5-11-03).
Ello así tal como se evidencia de las actas procesales, le correspondía al accionante en amparo recurrir a la vía judicial preexistente para solventar la situación jurídica infringida, como lo era ejercer el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto que el mismo no está referido al procedimiento laboral, a los efectos de demostrar la línea legislativa en esta materia, (resulta aplicable analógicamente según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), contra el auto dictado el 19 de diciembre de 2006, por el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, pues es éste mecanismo procesal, y no otro, el medio idóneo para tutelar los derechos constitucionales que el accionante alegó como infringidos, de allí que, la acción de amparo constitucional resulta inadmisible como fue declarado por el a quo, a través de la sentencia apelada, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 numeral 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala declara sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Jesús Pérez Ramírez, apoderado judicial del ciudadano Carlos Eduardo Araujo Lizarazo; y en consecuencia, confirma la decisión dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO.- sin Lugar la apelación ejercida por el abogado Jesús Pérez Ramírez, apoderado judicial del ciudadano Carlos Eduardo Araujo Lizarazo.
SEGUNDO.- CONFIRMA el fallo apelado, dictado por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la presente acción de amparo.
Publíquese, regístrese. Remítase el expediente y cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de abril de dos mil siete (2007). Años: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 07-0018
CZdeM/tg
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