Venley

Sentencia N.º 609

Sentencia
N.º 609
Fecha
14/05/2012
Sala
Constitucional
Expediente
12-0251
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Acción de Amparo

 

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente núm. 12-0251

 

El 14 de febrero de 2012, el abogado Diómedes Fuenmayor Santander, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 18.751, actuando con el carácter de defensor privado de los ciudadanos JUAN CARLOS QUINTERO MORALES y KARINA ALICIA PALMAR ROSALES, titulares de las cédulas de identidad núm. V-7.979.675 y V-10.033.646, respectivamente, consignó copia simple del acta en la que consta la aceptación y juramentación del cargo de defensor e interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 25 de octubre de 2011 por la Sala núm. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró con lugar el recurso de apelación que ejerció el apoderado judicial de la empresa Moda Internacional WGLM C.A. contra la decisión del 7 de abril de 2011, emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, que decretó el sobreseimiento de la causa penal seguida contra los hoy accionantes por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento, estafa y apropiación indebida calificada, ordenando a un Tribunal distinto de aquél que dictó la sentencia objeto de apelación que expidiera nueva decisión, debidamente motivada, con relación a la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público.

 

El 17 de febrero de 2012, se dio cuenta en Sala de la presente acción de amparo y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

            El abogado Diómedes Fuenmayor Santander, actuando con el carácter de defensor privado de los ciudadanos Juan Carlos Quintero Morales y Karina Alicia Palmar Rosales, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 25 de octubre de 2011 por la Sala núm. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que –a su decir- vulneró los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, con base en los argumentos siguientes:

 

            Que, en la causa penal que se le siguió a sus defendidos por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento, estafa y apropiación indebida, la representación del Ministerio Público “[d]eterminó que los Hechos (sic) objeto del proceso No (sic) pueden considerarse como delito, además [de] que dicha investigación no recabo (sic) elemento alguno que permitiera presumirlo como Hecho (sic) Punible (sic) (…)”, pues “(…) solo quedó demostrada UNA RELACIÓN de carácter contractual (Comercial), de la cual solo hubo un INCUMPLIMIENTO DE PAGO por parte de [su] Defendida (sic) (…) en la Cancelación (sic) de la Deuda (sic) Comercial (sic), con la Sociedad (sic) Mercantil MODA INTERNACIONAL WGLM, C.A. Producto (sic) de la Venta (sic) de la Mercancía (sic) […]” (destacado del escrito).

 

            Que “(…) en vista de la Indeterminación (sic) sobre la Intervención (sic) de [su] Defendida (sic) en los supuestos, Negados (sic) e inexistentes delitos de Estafa (sic) y de Apropiación (sic) Indebida (sic) Calificada (sic) la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, determinó que [su] Defendida (sic) […], No (sic) ejecutó ninguno de los elementos que exige el Art. (sic) 462 del Código Penal, para que se configure el delito de Estafa (sic), ya que su acción consistió en no haber cancelado (sic) a tiempo a la empresa el dinero producto de la Venta de la Mercancía (sic), conducta esta que hizo a [su] Defendida (sic) caer en Mora (sic) en el pago de su obligación Comercial (sic) […]”, lo cual “(…) carece de tipicidad, por cuanto no existe norma penal alguna que sancione esa conducta de Mora (sic) en el pago como ilícita o delictiva; quedando dicha conducta dentro del ámbito de la Jurisdicción (sic) Civil (sic), como competente para la Restitución (sic) o Cancelación (sic) de la deuda, además comportamiento este de falta de pago, que carece de los elementos de Antijuricidad (sic) e Imputabilidad (sic) […]”.

 

            Que “(…) abundantes y prolijos fueron los Fundamentos (sic) de Derecho (sic) expuestos por las Fiscales (sic) Quinta del Ministerio Público en el escrito sustentatorio (sic) del Sobreseimiento (sic) solicitado del Control (sic) de legalidad acerca de la Inexistencia (sic) de Delito (sic) Alguno (sic) en la presente causa que hubiesen sido cometidos por [su] defendida KARINA ALICIA PALMAR ROSALES y menos aún por [su] Defendido (sic) JUAN CARLOS QUINTERO MORALES, quien no tenía ningún vínculo ni relación Comercial (sic) con la EMPRESA MODA INTERNACIONAL WGLM, C.A., quedando Exento (sic) de Presunción (sic) de conocimiento y menos aún como comisor (sic) de los Escogidos (sic) delitos de Estafa, Apropiación Indebida Calificada y Falsificación de Documentos (sic) […]”.

 

            Que “(…) la Decisión (sic) dictada por el Juez del Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial del Estado Zulia, la misma está fundamentada en las actuaciones de [sus] Defendidos (sic), las cuales comparó con el Fundamento (sic) realizado por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, en la Investigación Fiscal N° 24F5-0859-10 (…)”.

 

            Que “(…) el Juez Décimo de Control, realizó un Razonamiento (sic) Jurídico (sic) Hilado (sic) y Congruente (sic) que constató de la evaluación del comportamiento y actuar de [su] Defendida (sic) […] es decir afirma el Juez de control, de manera razonada que en la presente causa NO existió Hecho (sic) Punible (sic) alguno (…)” (destacado del escrito).

 

            Que el abogado Gonmar Pérez, “(…) quien se autodefine como Representante (sic) Legal (sic) de la SOCIEDAD MERCANTIL MODA INTERNACIONAL WGLM, C.A. (…) carecía de Legitimidad (sic) por carecer (sic) el mencionado Abogado de un PODER ESPECIAL (…), que le hubiese otorgado la Sociedad de Comercio MODA INTERNACIONAL WGLM, C.A. (…)” (mayúsculas del escrito) y ejerció recurso de apelación aun cuando “(…) jamás tomó la Condición (sic) de Parte (sic) Formal (sic) en ninguna de las Fases (sic) del presente (sic) proceso, además [de] que debieran saber los autocalificados Jurisdicentes (sic), que la Inexistente (sic) por Ilegal (sic) Denuncia (sic) del Mencionado (sic) Abogado (sic), y además deberían saber que la Acción (sic) Penal (sic) está atribuida al Ministerio Público y si éste no presenta Acusación (sic) Formal (sic) quien aparezca como Imputado, NO VA A JUICIO y es SOBRESEIDO [sic] (…)” (mayúsculas del escrito).

 

            Que “(…) ésta (sic) Defensa (sic) con suficiente Autoridad (sic) Moral (sic) afirma en Contraposición (sic) Legal (sic) de los Jueces (sic) de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, que no obra dentro de las tres (3) Decisiones dictadas por dicha Sala, ningún Fundamento (sic) de Derecho (sic) avalado por alguna Norma (sic) Legal (sic) o Constitucional (sic), [que] le otorgue legalidad a la Intervención del Abogado GONMAR GONZALO PÉREZ MENDOZA, en la presente  Causa (sic) sin el Poder (sic) Especial (sic), para actuar en ella (…)”.

 

            Que “(…) la Violación (sic) al Debido (sic) Proceso (sic) se centra en la irregular actuación de los Jurisdicentes (sic) de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, quienes debiendo analizar las actas y cotejar lo ordenado y exigido por la Ley, Procesal Penal, trataron de llenar mal y de colmar los vacios (sic) dejados por el Abogado GONMAR PÉREZ, con Argumentos (sic) Incongruentes (sic), Ilegales (sic), Contradictorios (sic), Superficiales y Lacónicos lo que genera violación al Debido (sic) Proceso (sic) y a las formas propias del Derecho y de las Leyes (…)” (mayúsculas del escrito).

 

            Que los Jueces de la Sala núm. 2 de la referida Corte de Apelaciones “(…) se hicieron recurrentes en las Violaciones que se produjeron en la presente causa, al no exponer ningún elemento y menos aún (sic) de convicción que demostrase la Legalidad (sic) Procesal (sic) del Recurrente (sic), así como tampoco que hubiesen relacionado con la demostración y sustentación que probara el Por (sic) que (sic), Anulaban (sic) la Sentencia (sic) dictada por el Juzgado Décimo de Control, y además que todos sus alegatos los produjeron de manera Abstracta y sin sentido Lógico (sic) […]”.

 

            Que “[l]o único cierto del anómalo actuar de los Jueces de la Sala, es que no se dieron cuenta [de] que la Fiscalía no Acusó (sic), por haber comprobado que en la presente causa jamás se produjo delito alguno, y que fue la Fiscalía quien pidió el Sobreseimiento (sic); por no haber encontrado en su investigación  Indicio (sic) alguno y menos aún prueba de que se hubiese cometido delito alguno, ya que solo quedó demostrado que entre [su] Defendido (sic) KARINA PALMAR ROSALES y la empresa MODA hubo una relación comercial de carácter contractual durante cuatro (4) años y que al final se produjo una Mora (sic) en el Pago (sic) llamada estaba la Corte de Apelaciones, Sala 2, a garantizar el Debido Proceso y en consecuencia al momento de refutar los Fundamentos de la Defensa, nada dijeron conforme a Derecho, me [le] contradijeron, pese a que trataron de contra argumentar a ésta (sic) Defensa, sin exponer las razones que (sic) las cuales disienten [sus] fundamentos (…)” (destacado del escrito).

 

            Que si el Ministerio Público “(…) no Pretende (sic); no promueve ni impulsa la iniciación del Proceso (sic), POR NO ENCONTRAR MERITO (sic) PARA ELLO. No puede entonces el Juez como Órgano Decisor, impulsar de Oficio (sic) contra la opinión proteccional (sic) (…)” (mayúsculas del escrito).

 

            Que “[e]s evidente que el Juez, NO SOLO NO PUEDE DISPONER EL PROCEDIMIENTO, sino que TAMPOCO puede Pervivir (sic) LAS ACTUACIONES  y CONTINUAR POR SÍ Y ANTE SÍ, LA INVESTIGACIÓN (So [sic] Riesgo [sic] de Parcialidad [sic]), cuando el Fiscal ha señalado que a su Juicio NO EXISTEN ELEMENTOS CONVICTIVOS (sic) suficientes para la solicitud de Responsabilidades (sic) y no queda prueba por diligenciar (…)” (mayúsculas del escrito).

 

            Que “(…) en este [sic] caso no solo violaría el ‘NULLUM INDICIO SINE ACUSATIONE’ sino también el Axioma (sic) ´NULLA ACCUSATION SINE PROBATIONE, es decir el principio de la carga y verificación de la prueba (…)” (mayúsculas del escrito).

 

            Que “(…) la Decisión (sic) preferida (sic) por los Jueces de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, quebranta no solo el Derecho (sic) Fundamental (sic) de la Defensa (sic), sino también El (sic) Debido (sic) Proceso (sic), consagrados en el Art. (sic) 49 de Nuestra (sic) Constitución (sic) Nacional (sic). Convirtiéndose esta en una Causal (sic) de Revocación (sic), por cuanto su violación afecta consecuencialmente el Debido (sic) Proceso (sic) y el Derecho (sic) a la Defensa (sic) […]”.

           

            Que “[e]n relación a la Nulidad (sic) a (sic) la Sentencia (sic) signada bajo el N° 16-11; de fecha 07 de Abril de 2011, Dictada (sic) por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal es obvio que los Jueces de dicha Corte además [de] que no le dieron fundamento de derecho alguno a dicha Nulidad (sic) también es obvio que lo hicieron por desconocimiento [de] que para que proceda la Nulidad (sic) de un escrito Fiscal era necesario que se hubiese menoscaba (sic) la intervención de [sus] defendidos (…)”.

 

            Que “(…) [l]a Sentencia (sic) de la Corte de Apelaciones de una justa y verdadera motivación, ésta deberá ser declara (sic) NULA, de Oficio (sic) por esta SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO recurrida en amparo (…), debiendo declararse con lugar la Sentencia (sic) dictada por el Tribunal Décimo de control el cual decreto (sic) el Sobreseimiento (sic) de la Causa (sic), no solo por la Solicitud (sic) Fiscal sino también por la falta de legitimidad del Abogado que apelo (sic) de la Sentencia (sic) Dictada (sic) en Instancia, ya que carecía de un Poder (sic) Especial (sic) para actuar, como representante legal de la Empresa denunciante (…)”.

 

            Que las irregularidades delatadas “(…) no son subsanables por haber violado en perjuicio de [sus] Defendidos (sic), el principio de la Tutela (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic) consagrado en el Artículo (sic) 26 de la Constitución Nacional (sic), debiendo acarrear la nulidad de dicha Sentencia (sic) no solo por la (sic) incongruencias y contradicciones sino por ilegalidad de la misma por cuanto el Abogado (sic) recurrente carecía de Legitimidad (sic) Procesal (sic) Ilegal (sic) por carecer de un Poder (sic) Especial (sic) para actuar en consecuencia el mismo carecía de la cualidad de parte (…)”.

 

            Que “(…) solicita se desestima (sic) y se declara (sic) inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Gonmar Pérez Mendoza, por carecer del Poder Especial que le hubiese dado el carácter de parte y la facultad para interponer dicho recurso (…)”.

 

            Que “[e]n relación a lo ordenado por dicha Sala sobre que un órgano subjetivo distinto se pronunciará (sic) motivadamente en relación a la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público previo análisis y consideración de la totalidad de los elementos existentes en actas, así como las diligencias de investigación practicadas y solicitadas por las partes (…) se evidencia suficiente incongruencia y el sentido expresado, ya que lo que ordena es que dicte la Decisión Anulada, es decir no hace alusión alguna sobre la Audiencia Preliminar, realizada por el Juzgado Décimo de Control, en la cual se produjo la Sentencia (sic) que decretó el sobreseimiento dictado por el Tribunal previa solicitud de la Fiscalía Quint a del Ministerio Público (…)”.

 

            Que “interpon[e] el presente Recurso de Amparo Constitucional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, (sic) sobre derechos (sic) y garantías (sic) Constitucionales, en consecuencia Ratifico (sic) se desestime y se declara (sic) inadmisible el recurso de Apelación (sic) Interpuesto (sic) por el Abogado (sic) Gonmar Pérez, por carecer de Legitimidad (sic) del mismo (…)”.

 

II

DE LA SENTENCIA ACCIONADA

 

Mediante sentencia del 25 de octubre de 2011, la Sala núm. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró con lugar el recurso de apelación que ejerció el apoderado judicial de la empresa Moda Internacional WGLM C.A. contra la decisión del 7 de abril de 2011, emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, que decretó el sobreseimiento de la causa penal seguida contra los hoy accionantes por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento, estafa y apropiación indebida calificada, en los términos siguientes:

 

“(…) Ahora bien, esta Sala de Alzada, considera oportuno destacar que la denuncia efectuada por el recurrente de autos, acerca de la falta de cumplimiento por parte de la sentencia recurrida, de la norma establecida en el artículo 324 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, ataca de manera inmediata el fallo impugnado, y por ende, los pronunciamientos emitidos en ésta (sic), al dirigirse específicamente contra la motivación del fallo, como obligación primordial del Juez de instancia, en resguardo del debido proceso y el principio de tutela judicial efectiva, establecido a favor de las garantías y derechos de las partes.


En tal sentido, es preciso indicar, que en reiteradas oportunidades este Tribunal Colegiado ha establecido, que la motivación de las sentencias, constituye un requisito de seguridad jurídica, que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso; cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que acorde con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, la sana crítica y el conocimiento científico, declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en las actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales, al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el Juez, convergen a (sic) un punto o conclusión lógico coherente, serio, cierto y seguro.


En el caso sub-judice (sic), se considera necesario y pertinente traer a colación lo establecido por el Juez a quo¸ en la Sentencia N° 16-11, de fecha siete (07) de Abril de 2.011, dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la cual dictó el siguiente pronunciamiento:
 

(…)

De la anterior transcripción, observan los integrantes de esta Sala de Alzada, que el Juez a quo no realizó un análisis de los hechos debatidos en la Audiencia Oral, de fecha siete (07) de Abril del año 2.011, así como tampoco plasmó una debida concatenación de los argumentos expuestos por las partes, con el objeto de corroborar y contraponer lo sucedido con los elementos de convicción obtenidos en la fase preparatoria, a fin de tramitar la solicitud presentada.


De la lectura de la recurrida se desprende que el Juez de Instancia, no efectúo (sic) una correcta adminiculación, así como una valoración de los hechos; lo que deviene indudablemente en la falta de motivación del fallo, apreciándose del contenido de la decisión, una transcripción mecánica, no razonada, de lo expuesto por las partes en la Audiencia Oral, lo cual de manera alguna puede traducirse en una debida motivación del fallo, o de un correcto establecimiento de los hechos acreditados en el proceso penal, violentándose con ello, lo establecido en el ordinal 3° del artículo 324 de la Norma Penal Adjetiva, que dispone:

(…)

Con referencia a lo anterior, resulta importante citar, lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo N° 186, de fecha 04 de Mayo del año 2.006, (…) en el cual dejó textualmente establecido:

 

(…)

Así las cosas, es preciso señalar que la motivación de las decisiones judiciales, en especial de las sentencias, debe ser además de expresa, clara, legítima y lógica; completa, en el sentido de que debe comprender todas las cuestiones de la causa, abrazar las situaciones de hecho y de derecho, valorando completa y exhaustivamente los medios de prueba, para así llegar a una conclusión, que ofrezca certeza y seguridad jurídica a las partes, sobre cuáles, han sido los motivos de orden fáctico y legal que en su respectivo momento, determinaron al juez o jueza a dictar la condena o absolución del procesado.



En tal orientación, la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal República, emitió pronunciamiento en la decisión No. 550, de fecha 12 de Diciembre de 2.006, en la cual se
[ha] señalado, que:

 

(…)

En el mismo sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 93 de fecha 20 de Marzo del año 2.007, (…) dejó señalado que:

 

(…)

De tal manera, que por argumento en contrario, existirá inmotivación, en aquellos casos en lo (sic) cuales, haya ausencia de fundamentos de hecho y de derecho, en la apreciación de los diferentes elementos probatorios cursantes en autos. En este sentido, la doctrina patria se ha referido a la inmotivación señalando:

 

(…)

Concretado como ha sido lo anterior, en el caso sub-examine, aprecian quienes aquí deciden, que en efecto, le asiste la razón al recurrente, cuando denuncia, el vicio de inmotivación de la sentencia recurrida, pues del estudio de la decisión cuestionada, se aprecia que la misma incumple con los requisitos establecidos en el ordinal 3° del artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión con indicación de las disposiciones legales aplicadas; así como también contraviene las exigencias dispuesta por el legislador en el contenido del artículo 364 del Texto Penal Adjetivo, referido a la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el Tribunal estime acreditados, y la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales descansa la sentencia, pues se evidencia que el fallo impugnado se limita a indicar que ‘no se da en la presente investigación’, los delitos imputados, para referir posteriormente de manera contradictoria que la conducta de los investigados consistió exclusivamente en no entregar un dinero que le pertenecía a la víctima de autos, razonamientos que a todas luces no se encuentran ajustados a derecho máxime cuando fue emitido sin soporte jurídico alguno.


Respecto de estos requisitos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha precisado:

(…)


En efecto, en lo que respecta al requisito contemplado en el numeral 2 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a ‘La enunciación de los hechos y circunstancias que son objeto del juicio’, precisa esta Sala de Alzada, que el mismo va referido a la obligación que tiene el Juez de Instancia de establecer en su sentencia, una síntesis de los hechos que dieron lugar a la formación de la causa; lo cual se logra mediante el examen crítico y racional de todos los medios de prueba que son puestos a su disposición, lo que de ninguna manera comporta la trascripción íntegra de la acusación, del escrito de descargo, o como ocurrió en el presente caso, la transcripción de lo ocurrido durante el Acta de Audiencia Oral.


En relación con el presente requisito, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 092 de fecha 19 de Febrero del año 2.008,(…) ha precisado que:

 

(…)


Todos estos razonamientos, además de colocar de manifiesto un indudable vicio de inmotivación en la recurrida, pone igualmente de manifiesto, el incumplimiento en la recurrida, tal como se refirió ut supra, del deber de establecer en la sentencia la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el Tribunal estimó acreditados; y respecto del cual,
[la] Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, mediante Sentencia N° 334 de fecha 08 de Junio de 2.005, ponente Magistrado Héctor Coronado Flores, reiterando el criterio establecido en la sentencia Nº 067, de fecha 05 de Abril de 2.005, de la misma Sala, deja taxativamente establecido, lo siguiente:

 

(…)

 

 Atendiendo a los argumentos antes expuestos, se constata que el Juez de Instancia, de manera sesgada, se limitó a plasmar lo establecido en el acta de audiencia oral, sin realizar el debido análisis de hecho y derecho, y concatenación de los mismos, a los fines de sustentar las conclusiones arrojadas por éste en el fallo recurrido. Situación ésta que se traduce en una evidente falta de motivación de la sentencia, la cual conculca el derecho de las partes, de conocer las razones por las cuales se dicta la sentencia de sobreseimiento; es decir, de conocer la motivación que como requisito de seguridad jurídica debe llevar toda sentencia, mediante el resumen o descripción de los medios de prueba, siendo además necesario, que el Juez los valorare (sic) estableciendo su vinculación racional con lo que se afirma o niega en el fallo.


En consecuencia, evidenciado como ha quedado para esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la presencia de un vicio que afecta la legalidad del fallo recurrido, el cual incumple con la norma procesal tantas veces señalada, contenida en ordinal 3° del artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal, e igualmente no reúne los requisitos exigidos en el artículo 364 del Texto Penal Adjetivo, en concordancia con lo establecido en el artículo 173 ejusdem, motivo por el cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado en Ejercicio (sic) Gonmar Gonzalo Pérez Mendoza, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.721, en su carácter de Apoderado (sic) Judicial (sic) de la Sociedad (sic) de Comercio(sic) ‘MODA INTERNACIONAL WGLM, C.A’, y consecuencialmente se decreta la nulidad de la sentencia emitida por el Tribunal de Control, al ser la misma violatoria de la tutela judicial efectiva de las partes intervinientes en el proceso, de conformidad con el contenido de los artículos 195 y 196 todos ellos del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose que un órgano subjetivo distinto se pronuncie motivadamente, en relación a la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público, previo análisis y consideración de la totalidad de los elementos existentes en actas, así como las diligencias de investigación practicadas y solicitadas por las partes. ASÍ SE DECIDE.


Finalmente, en relación a la otra denuncia interpuesta, por el Apoderado Judicial Gonmar Gonzalo Pérez Mendoza, Abogado en Ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.721, en su carácter de representante de la Sociedad de Comercio ‘MODA INTERNACIONAL WGLM, C.A’, referida a la violación de ley por inobservancia de una norma jurídica, realizada en el respectivo escrito recursivo, quienes aquí deciden, consideran inoficioso pronunciarse con respecto a ello, atendiendo a la nulidad de la decisión impugnada aquí decretada.- ASÍ SE DECLARA (…)
”.

 

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

En forma previa, esta Sala debe establecer su competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el defensor privado Juan Carlos Quintero Morales y Karina Alicia Palmar Rosales contra la decisión del 25 de octubre de 2011, expedida por la Sala núm. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

Al respecto, el cardinal 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que esta Sala Constitucional es competente para conocer las demandas de amparo constitucional autónomas contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

 

Dicha disposición legal recogió la doctrina vinculante de esta Sala expuesta en la sentencia núm. 1 del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, en la que se estableció, a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional, señalando que le correspondía a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Cortes de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal.

 

Así las cosas, visto que el hecho presuntamente generador de la violación de los derechos constitucionales denunciados lo constituye la referida decisión emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, esta Sala se declara competente para conocer de la misma. Así se decide.

 

Establecida la competencia, esta Sala observa que el fundamento principalmente esgrimido por el defensor de la parte accionante es que el abogado Gonmar Gonzalo Pérez Mendoza, quien se atribuyó la cualidad para representar a la empresa Moda Internacional WGLM C.A., en virtud del poder general que le otorgó el Presidente de dicha empresa, no tenía cualidad para ejercer el recurso de apelación contra el fallo del 7 de abril de 2011, expedido por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, puesto que no se había hecho parte en el proceso penal, aun cuando la referida empresa tuviera la cualidad de víctima.

 

Esta Sala repara, luego de una revisión minuciosa de la sentencia accionada, que los mismos argumentos fueron explanados por la parte hoy accionante ante la Corte de Apelaciones, en la oportunidad de dar contestación al recurso de apelación, los cuales fueron debidamente resueltos, en los términos siguientes:

 

“PUNTO PREVIO.-

Esta Sala de Alzada, visto los argumentos expuesto (sic) por el Profesional del Derecho Diómedes Fuenmayor Santander, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.751, en su condición de Defensor Privado de los ciudadanos KARINA ALICIA PALMAR ROSALES y JUAN CARLOS QUINTERO MORALES, en el acta de audiencia oral, realizada por (sic) en sala de audiencia, referente a que la apelación ‘no tiene valor procesal’ (sic), consideran necesario y pertinente hacer alusión al auto de admisibilidad, de fecha veintiuno (21) de Junio del año 2.011, inserto en los folios ochocientos treinta y nueve (839) al ochocientos cuarenta y tres (843), en el cual los integrantes de este Cuerpo Colegiado, emitieron pronunciamiento sobre los argumentos de inadmisibilidad esgrimidos por la defensa técnica, por lo cual resulta inoficioso referirse nuevamente a ese punto. ASÍ SE DECLARA.”.

 

 

            Dentro de este contexto, debe destacarse que se ha establecido que para actuar en representación de la víctima es necesario que conste un poder especial para ello. En tal sentido, el fallo núm. 1771/2006 del 10 de octubre, caso: Cooperativa Coolanta LTDA, reseñó lo siguiente:

 

“(…) A criterio de los apoderados judiciales de la accionante, la violación de los derechos y garantías constitucionales denunciados nacen de la decisión adoptada por el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en el acto de la audiencia especial fijada para resolver las excepciones opuestas, por la parte querellada, a la querella interpuesta por su representada, en virtud de la cual  ‘no se nos permitió actuar, sino que además se nos impidió el acceso al acto, ordenándonos retirarnos de la secreta audiencia que verificó la juez (sic)’.

 

Ahora bien, consta en las limitadas actas que conforman el presente proceso de amparo, que la representación que se atribuyó el abogado Javier Camacho Zerpa, en el acto de la audiencia especial celebrada el 13 de enero de 12006, ante el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, lo fue en virtud del ‘Poder Judicial General, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere’ conferido por el ciudadano Jenaro Sabino Pérez Gutiérrez, en su carácter de representante legal de la Cooperativa Colanta Ltda, entre otros, al prenombrado abogado, a fin de sostener -conjunta o separada- los intereses y derechos de dicha sociedad ‘por ante todos los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela’.

(…)

Ahora bien, no es materia de este fallo, los derechos que la víctima del delito puede ejercer en el proceso penal -artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal- aun cuando no se haya constituido como querellante y los cuales han sido reconocidos por esta Sala en numerosas sentencias.

 

El asunto en discusión es la actuación de la víctima por medio de una representación. Al respecto, el Código Orgánico Procesal Penal, salvo en el procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte –artículo 415- no establece norma expresa con relación a la representación de la víctima en los procesos por delitos de acción pública.

 

En efecto, en el Capítulo V, Título IV del Libro Primero ‘De la Víctima’, sólo dos de los artículos que lo conforman, refieren la actuación de la víctima mediante representación: el único aparte del artículo 119, que obliga a las víctimas ‘si fueren varias’ a actuar por medio de una sola representación, y el único aparte del artículo 122, que no exige poder especial a la víctima, para delegar, en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, el ejercicio de sus derechos cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses; pues, en este caso, bastará sólo con que la delegación conste en un escrito firmado por ésta y el representante legal de entidad delegada.

 

Sí en los casos de asistencia especial, a la víctima que delega el ejercicio de sus derechos e intereses, no se le exige poder especial para ello; por argumento en contrario, para actuar en representación de la víctima -en todos los otros casos- es necesario que dicha representación conste en un poder especial para ello.

 

Lo apuntado se consolida con lo preceptuado en el artículo 304 del texto adjetivo penal. El referido artículo establece el carácter de los actos de la investigación, los cuales serán reservados para los terceros, ya que sólo podrán ser examinados por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder especial. (…)”.

 

            Así las cosas, consta en las actas del expediente que el poder que el ciudadano Rafael Victoria Holguin, actuando en su carácter de Presidente  de la empresa Moda Internacional WGLM C.A., confirió al abogado Gonmar Gonzalo Pérez Mendoza, es un “PODER JUDICIAL GENERAL, amplio y bastante en cuanto a derecho se refiere (…) para que sostenga y defienda las acciones y derechos de [su] representada ante los Tribunales de la República, organismos judiciales como el Ministerio Público, organismos administrativos del Estado y privados, y Órganos de seguridad del Estado (…)” (destacado del documento); por lo que el mismo resultaba ineficaz para que el referido abogado interviniera en el proceso penal; por tanto, la decisión de la Corte denunciada como agraviante no menoscabó ningún derecho constitucional.

 

Por otra parte, en cuanto a la falta de motivación del fallo accionado, se advierte que la Corte de Apelaciones, denunciada como presunta agraviante, después de un examen del fallo recurrido, señaló que “el a quo no realizó un análisis de los hechos debatidos en la Audiencia Oral (…) así como tampoco plasmó una debida concatenación de los argumentos expuestos por las partes, con el objeto de corroborar y contraponer lo sucedido con los elementos de convicción obtenidos en la fase preparatoria, a fin de tramitar la solicitud presentada (…) [por lo que] (…) se aprecia que la misma incumple con los requisitos establecidos en el ordinal (sic) 3° del artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal (…); así como también contraviene las exigencias dispuestas por el legislador en el contenido del artículo 364 del Texto Penal Adjetivo (…)”; asimismo, invocó los precedentes jurisprudenciales sentados por la Sala de Casación Penal en la materia; lo cual evidencia que la misma fue dictada con arreglo a lo dispuesto en la norma adjetiva vigente.

 

Así las cosas, se observa que los argumentos esgrimidos por el defensor de la parte accionante no revelan más que su disconformidad con una sentencia que resultó adversa a sus intereses, pretendiendo hacer uso de este medio extraordinario como si se tratara de una tercera instancia, replanteando nuevamente los argumentos que fueron debatidos ante la jurisdicción competente; sin que se desprenda de autos elemento alguno que conlleve a la convicción de que los alegatos presentados evidencien un menoscabo de los derechos denunciados.

 

Al respecto, estima la Sala oportuno reiterar que la procedencia de las pretensiones de amparo constitucional contra sentencias requiere la concurrencia de los supuestos de hecho previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que señala expresamente:

 

“igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional”.

 

Esto, en criterio reiterado de esta Sala, comprende los supuestos de incompetencia, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

 

Es por ello que, al menos en el presente caso, la Sala estima que no constan en autos suficientes elementos que evidencien que la actuación de la Sala núm. 2 de la referida Corte Apelaciones haya causado la violación denunciada y que se dé alguno de los supuestos que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: incompetencia o abuso de autoridad o extralimitación de funciones o menoscabo de derecho constitucional alguno, que haga procedente el amparo contra sentencia.

 

No en vano esta Sala reitera que en el procedimiento de amparo constitucional no puede plantearse únicamente la inconformidad con las decisiones judiciales que son adversas a los accionantes, pues el amparo es un mecanismo procesal destinado a restituir situaciones jurídicas vulneradas cuando existen evidentes violaciones a derechos constitucionales, lo cual debe considerarse por los operadores jurídicos a fin de declarar in limine la improcedencia de las pretensiones de amparo, en casos como el de autos, en el que no se observan las vulneraciones denunciadas.

 

En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, esta Sala estima que la presente acción de amparo constitucional resulta a todas luces improcedente in limine litis; y así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la pretensión de amparo propuesta por el abogado Diómedes Fuenmayor Santander, actuando con el carácter de defensor privado de los ciudadanos JUAN CARLOS QUINTERO MORALES y KARINA ALICIA PALMAR ROSALES contra la decisión emitida el 25 de octubre de 2011, por la Sala núm. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 14  días del mes mayo de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

  Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

                Magistrado

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                                                       Magistrada

 

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

    Magistrado-Ponente

 

                                                                                    Juan José Mendoza Jover

                                                                                              Magistrado

                                                                 

                            

Gladys Gutiérrez Alvarado

   Magistrada

 

El Secretario,

 

 

                                  José Leonardo Requena Cabello

 

 

Expdt. núm. 12-0051

ADR/

           

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