Venley

Sentencia N.º 614

Sentencia
N.º 614
Fecha
20/03/2006
Sala
Constitucional
Expediente
05-2322
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Exp N° 05-2322.

 

 
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

El 28 de noviembre de 2005, el abogado Gustavo Meléndez Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 15.018, en su carácter de defensor de los ciudadanos FRANK RAFAEL ROMERO RODRÍGUEZ y EULISES ALEXANDER RAMÍREZ, titulares de las cédula de identidad Nos 13.956.037 y 12.890.595, respectivamente, interpuso ante la Secretaría de esta Sala, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 4 de octubre de 2005, por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en el curso del juicio penal que se le sigue a los ciudadanos Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, previsto y sancionado en el artículo 52, en concordancia con el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción.

El 29 de noviembre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

El 7 de diciembre de 2004, en la audiencia para oír el imputado, fueron presentados y escuchados ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, los ciudadanos Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, a quienes se les decretó la libertad plena.

            El 10 de diciembre de 2004, en la audiencia para oír el imputado, fueron presentados y escuchados ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por encontrarse éste de guardia, los ciudadanos Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez, a quienes se le decretó medida privativa de prevención de libertad, conforme a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado de arma de fuego y corrupción contra el patrimonio público, previstos y sancionados en los artículos 455 numerales 1 y 5 del Código Penal y el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, remitiendo las actuaciones al Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, quien ya había conocido de la presente investigación el 7 de diciembre de 2004, para su acumulación.

            El 17 de enero de 2005, la Fiscal Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, presentó escrito ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante el cual acusó a los ciudadanos Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez, por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, previsto y sancionado en el artículo 52, en concordancia con el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción.

El 11 de marzo de 2005, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, admitió la acusación interpuesta por la representante del Ministerio Público, en contra de los ciudadanos Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez, por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, previsto y sancionado en el artículo 52, en concordancia con el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción, admitió las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y ordenó su pase a juicio oral y público.

El 17 de marzo de 2005, el abogado Gustavo Meléndez Pérez, en su condición de defensor de los ciudadanos Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez, apeló de la decisión del 11 de marzo de 2005, dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que admitió la acusación presentada por el Ministerio Público, así como las pruebas promovidas y, entre otras cosas alegó:

“…No obstante, el Fiscal del Ministerio Público, presentó como prueba (sic) las declaraciones de los ciudadanos Nolis Blanco y Arbonio Adrianza, cuando anteriormente habían sido calificados como imputados, las cuales adolecen de nulidad, pues las mismas debieron ser obtenidas en presencia de su abogado de confianza, pues éstas contienen elementos que comprometen su responsabilidad. Por lo tanto, al observar todas estas circunstancias (…), la acusación fiscal, en la cual sólo se imputa a sus defendidos, sin mencionar a los ciudadanos Nolis Blanco y Arbonio Adrianza, y posteriormente de dar lectura a la acusación, el fiscal del Ministerio Público solicita el sobreseimiento de la causa seguida contra los mismos, y promueve como prueba (sic) las testimoniales de estos, siendo tal ofrecimiento extemporáneo e ilegal, pues el Juez no ha decretado el sobreseimiento de la causa en la cual son imputados (…)”.

 

El 4 de octubre de 2005, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró sin lugar el recurso de apelación que interpuso el abogado Gustavo Meléndez Pérez y confirmó la decisión que dictó el 11 de marzo de 2005, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

El 28 de noviembre de 2005, como se señaló, el abogado Gustavo Meléndez Pérez en su carácter de defensor de los ciudadanos Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez, ejerció ante esta Sala acción de amparo contra la anterior decisión.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La parte accionante, denunció que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, violó el debido proceso, el derecho a la defensa, al haber declarado sin lugar el recurso de apelación que interpuso en contra de la decisión que admitió la acusación  que presentó el Ministerio Público, así como las pruebas promovidas, específicamente las testimoniales de los ciudadanos Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón. Al efecto, refirió que:

“…Es el caso ciudadanos Magistrados (…) que con fecha 17 de marzo de 2005, apelé de la decisión del Tribunal Tercero de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que acordó la admisión de la acusación así como de las pruebas promovidas, ya que en dicho acto, el Fiscal Decimosexto del Ministerio Público, solicitó el sobreseimiento de los ciudadanos Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón (…) como va a solicitar el sobreseimiento de estos ciudadanos, si ellos no (sic) son imputados, debió presentarse un acto conclusivo de la investigación, no se les individualizó, ni se les tomó declaración como tal (…) ya que el juez rechazó la petición fiscal, y expresó en la presentación de los civiles, que se continuara la investigación por la vía ordinaria, y además de solicitar el sobreseimiento, los ofrece como testigos en el mismo acto, la juez viendo la contradicción presentada en plena audiencia, acepta el ofrecimiento de las pruebas mas no el sobreseimiento (…), ya que ese ofrecimiento era extemporáneo, porque el acto de pasar de imputados a testigos, nace en el acto de la audiencia preliminar, y el fiscal cuando presenta la acusación, agota con ese acto el ofrecimiento de prueba (…), tiene que esperar el pronunciamiento del sobreseimiento, para luego, si en caso de que la misma fuera aceptada por el ente jurisdiccional, se entrara a valorar sobre la admisión o no de la prueba testifical ofrecida.

El hoy accionante apeló de la decisión del Tribunal Tercero de Control, extensión Santa Bárbara del Zulia (sic), ante la Corte de Apelaciones, Sala Tercera del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, y con fecha 4 de octubre del 2005, declararon sin lugar la apelación, no obstante de haberle consignado la jurisprudencia de esa Sala Constitucional (sic) al respecto y de que estaba pendiente la decisión de la Fiscalía Superior de sobreseer o no a los imputados  Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón.

Que la decisión de la Corte de Apelaciones Sala Tercera del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, es violatoria a los derechos constitucionales de mis defendidos, ya que viola el artículo 49 Constitucional (sic), referente al derecho a la defensa, porque al admitir una prueba (sic) que es extemporánea, en la fase preliminar, que es el acto primordial para el ofrecimiento de las mismas, y darle validez a un acto que va en contra el ordenamiento jurídico, va en contra el derecho de mis defendidos, de poder objetar aquellas decisiones que son contrarias a derecho y que por un acto judicial, quieren resistirla de eficacia jurídica (…). Nuestro derecho constitucional, no puede ser objeto de las formas sacramentales, que no afecten el proceso, ya que en el mismo lo que se busca es la verdad, con prevalecencia (sic) de la justicia ante las formas, por lo expuesto en este acto (…) solicitó se declare la extemporaneidad del ofrecimiento de las testifícales de los ciudadanos Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, y se suspenda la fijación del juicio hasta tanto la Fiscalía Superior del Estado Zulia se pronuncie sobre el sobreseimiento o no de los ya antes mencionados ciudadanos y dejando sin efecto la referida sentencia (…)”.

 

III

DEL FALLO ACCIONADO

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró sin lugar la apelación interpuesta, con base en los siguientes fundamentos:

“(...) Observa esta Sala que el Juez de Control en la fase intermedia del proceso, tiene una función de control sobre la acusación fiscal, la cual es de suma importancia, pues permite realizar la garantía jurisdiccional de velar por la tutela judicial efectiva (…) ya que debe velar sobre la admisibilidad y necesidad de una persecución penal en contra del imputado (…). La circunstancia de que el Juez de la causa (…) haya optado por remitir la misma al Fiscal Superior, tal como lo indica el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, es solo una de las dos opciones que tenía, pudiendo quienes aquí deciden, evidenciar que tal trámite es lo que le está dado al Juez de Control para el caso de no aceptar tal solicitud, pues para el caso de ser la misma ratificada por el Fiscal Superior tal solicitud Fiscal prevalecerá sobre la decisión Jurisdiccional (…). Ahora bien, habiendo concluido el Ministerio Público que a los ciudadanos Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, no podía atribuírsele el hecho investigado y por ende realiza la solicitud de sobreseimiento, a partir de ese momento nada obsta para que los testimonios de tales ciudadanos, que en una oportunidad fuesen investigados e imputados en la misma investigación, puedan ser ofertado para ser oídos en el eventual juicio oral y público que se aperturare con ocasión de la admisión de la acusación. Ello es así, por cuanto corresponderá al juez de juicio en la debida oportunidad, luego del contradictorio, determinar el valor que dichos testimonios puedan merecerle (…). Así tenemos, que el ofrecimiento de los testimonios de los ciudadanos Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, habiendo sido investigados como imputados en la misma causa, no está prohibido en modo alguno, máxime cuando en materia de pruebas, el artículo 197 de la ley adjetiva penal, establece que los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones del mismo (…). No ocasionándole violación al debido proceso ni al derecho de defensa la admisión, condicionada a solicitud del Ministerio Público, pero que como pruebas fueron admitidas en la audiencia preliminar del 11 de marzo del presente año (sic), y en ese caso son pruebas del proceso.

Por otra parte, con respecto al alegato de la defensa de que existen una serie de errores cometidos por el Ministerio Público, al no presentar una acusación con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, consideró la Corte de Apelaciones al proceder a la lectura y análisis del escrito de acusación fiscal, se evidenció que el referido escrito cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que no le asiste la razón al recurrente (…) razones estas por las cuales esta alzada considera procedente en derecho declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Meléndez Pérez, actuando en su carácter de defensor de los ciudadanos Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez y confirma la decisión dictada en el acto de la audiencia preliminar por el Tribunal Tercero de Control, extensión Santa Bárbara del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 11 de abril de 2005, mediante el cual admitió la acusación fiscal y las testimoniales de Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, ofrecidas como pruebas (…)”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:

De conformidad con lo previsto en el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el n° 37.942, el 20 de mayo de 2004, que permite a la Sala

Constitucional de este Máximo Tribunal integrar el régimen procesal del amparo, a través de las interpretaciones vinculantes que realiza dicha Sala, con base en el artículo 335 y 266, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la misma debe reiterar la inveterada jurisprudencia sentada, la cual puede reducirse a la afirmación de que a la misma le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional, en primera y única instancia, ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, Cortes de Apelaciones y Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de instancia superior a los mismos.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala una acción de amparo incoada contra la decisión dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la cual, conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara, del mismo Circuito Judicial Penal, la Sala se declara competente para conocer la presente acción de amparo constitucional, y así se decide.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La presente acción de amparo, tiene por finalidad la presunta violación por parte de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, del debido proceso, el derecho de la defensa, por la decisión que dictó el 4 de octubre de 2005, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante en contra de la decisión que dictó, el 11 de marzo de 2005, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que acordó admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y las testimoniales de Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, ofrecidas como pruebas, lo que constituye, a decir del accionante, presunción grave de violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 21, 25, 26, 27, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, por considerar, que la admisión de la acusación presentada por el Ministerio Público y las testimoniales de Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, ofrecidas como pruebas, no le ocasiona violación alguna ni al debido proceso ni al derecho de la defensa, al hoy accionante, ya que su ofrecimiento no está prohibido en modo alguno, máxime cuando en materia de pruebas, el artículo 197 de la ley adjetiva penal, establece que los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones del mismo.

Precisado lo anterior, a los fines de pronunciarse acerca de la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, se observa que el libelo satisface a plenitud los requisitos formales exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni tampoco se opone al mismo en los supuestos de inadmisibilidad establecidos en el artículo 6 eiusdem.

Ahora bien, cursa en autos la decisión cuestionada en amparo dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 4 de octubre de 2005, en la cual se encuentra parcialmente trascrito el recurso de apelación ejercido por el abogado Gustavo Meléndez Pérez, en su carácter de defensor del ciudadano Frank Rafael Romero Rodríguez y Eulises Alexander Ramírez -hoy accionantes- contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Santa Bárbara, del mismo Circuito Judicial Penal, el 11 de abril de 2005.

Entre otros argumentos, en dicha transcripción contenida en el fallo cuestionado en amparo, los accionantes denunciaron la violación de derechos fundamentales, por cuanto, entre otros alegatos, señaló:

“…No obstante, el Fiscal del Ministerio Público, presentó como prueba (sic) las declaraciones de los ciudadanos Nolis Blanco y Arbonio Adrianza, cuando anteriormente habían sido calificados como imputados, las cuales adolecen de nulidad, pues las mismas debieron ser obtenidas en presencia de su abogado de confianza, pues estas contienen elementos que comprometen su responsabilidad. Por lo tanto, al observar todas estas circunstancias (…), la acusación fiscal, en la cual sólo se imputa a sus defendidos, sin mencionar a los ciudadanos Nolis Blanco y Arbonio Adrianza, y posteriormente de dar lectura a la acusación, el fiscal del Ministerio Público solicita el sobreseimiento de la causa seguida contra los mismos, y promueve como prueba (sic) las testimoniales de estos, siendo tal ofrecimiento extemporáneo e ilegal, pues el Juez no ha decretado el sobreseimiento de la causa en la cual son imputados (…)”.

 

De lo anterior se observa, que los argumentos esgrimidos por los accionantes en la presente acción de amparo constitucional, ya fueron alegados en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el referido Juzgado de Control el 11 de abril de 2005. En efecto, tanto en la referida apelación, como en la presente acción de amparo adujeron -los accionantes- que las pruebas admitidas en la audiencia preliminar por el tribunal de control, específicamente las testimoniales de Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, ofrecidas como pruebas, eran extemporánea, ya que dichos testigos habían sido imputados en la misma causa y, aún el mencionado Tribunal no se había pronunciado sobre la solicitud de sobreseimiento interpuesto por el Ministerio Público en su contra.

 

Al respecto, esta Sala, mediante decisión del 27 de julio de 2000 (caso: “Mercantiles Seguros Corporativos, SEGUCORP, C.A. y Agropecuaria Alfin, S.A.”), estableció lo siguiente:

“(…) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales (…)”. (Subrayado de este fallo).

 

De lo expuesto se desprende que la acción de amparo contra sentencias no es un medio para replantear, ante un órgano jurisdiccional, un asunto ya conocido y decidido por otro dentro de su ámbito de autonomía de aplicación del derecho, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia de conocimiento, sino como juzgador de la constitucionalidad de la actuación jurisdiccional.

Así las cosas, por los motivos expuestos a lo largo de la presente decisión, y visto que en el presente caso la decisión accionada no contiene ninguna infracción constitucional, esta Sala, conforme con el fallo citado supra, estima que la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Gustavo Meléndez Pérez resulta improcedente in limine litis, pues los accionantes replantea los mismos hechos ya alegados y decididos en instancias anteriores cuya decisión le resultó adversa, y así obtener una nueva decisión a través de la presente acción de amparo y, en definitiva, dejar sin efecto la sentencia del 4 de octubre de 2005 dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por cuanto discrepa del criterio sostenido en ésta. Así se decide.

Finalmente, en relación con la solicitud de suspender la fijación del juicio oral y público en el presente caso, hasta tanto la Fiscalía Superior del Estado Zulia, se pronuncie acerca del sobreseimiento de los ciudadanos de Arbonio Segundo Adrianza Suárez y Nolis Segundo Blanco Rincón, esta Sala estima que habiendo sido declarado improcedente in limine litis, resulta inoficioso pronunciarse acerca de dicha solicitud, en virtud del carácter accesorio, provisional e instrumental de la cautela respecto de la acción principal. Así se declara.

 

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República  por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Gustavo Meléndez Pérez, contra la decisión dictada el 4 de octubre de 2005, por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

Regístrese y publíquese. Archívese el expediente y remítase copia de la presente decisión a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 20       días del mes de marzo de dos mil seis. Años 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

Magistrado

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Magistrado

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Magistrado-Ponente

 

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Magistrada

 

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

Exp. 05-2322

MTDP/drz

 

 

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias