Venley

Sentencia N.º 620

Sentencia
N.º 620
Fecha
20/03/2006
Sala
Constitucional
Expediente
05-1811
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 7 de septiembre de 2005, se recibió en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado ALEXIS OCTAVIO MARÍN HERNÁNDEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad nº 13.055.885 e inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el nº 81.937, quien dice actuar el representación de ADMINISTRADORA TERESEN, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 31 de enero de 1997, bajo el nº 14, tomo 21-A-Pro.; contra la sentencia dictada, el 14 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que, por resolución de contrato, interpuso Fundación Caracas (FUNDACARACAS), contra la prenombrada sociedad mercantil.

 

El 13 de septiembre de 2005, se dio cuanta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 12 de diciembre de 2005, mediante sentencia nº 4389, esta Sala ordenó notificar al abogado Alexis Octavio Marín Hernández, antes identificado, subsanar la insuficiencia del instrumento poder mediante el cual acreditó la representación judicial de Administradora Teresen, C.A., igualmente identificada, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación.

 

El 14 de diciembre de 2005, el abogado Alexis Octavio Marín Hernández se dio por notificado del despacho saneador, antes referido y, el 15 del mismo mes y año, consignó instrumento poder autenticado, en la misma fecha, ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, el cual quedó anotado bajo el nº 62, tomo 135 del libro de autenticaciones llevados por la mencionada notaría.

 

Mediante escritos consignados ante la Secretaría de esta Sala el 10, 16, 25 y 31 de enero; y 16 de febrero y 7 de marzo de 2006, el abogado Alexis Octavio Marín Hernández solicitó pronunciamiento sobre la admisión de la acción de amparo ejercida, así como, con respecto a la medida cautelar solicitada.

 

Efectuado el estudio del caso y siendo la oportunidad procesal para ello, la Sala pasa a pronunciarse sobre la acción incoada en los términos siguientes:

 

I

ALEGATOS DE LA ACCIONANTE

 

La accionante fundamentó su pretensión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:

 

1.- Que, el 27 de abril de 2004, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la demanda que, por resolución de contrato de arrendamiento, incoara Fundacaracas contra Administradora Teresen, C.A. y condenó a la demandada a entregar el inmueble objeto de arrendamiento.

 

2.- Que, el 30 de abril de 2004, Administradora Teresen, C.A. apeló de la aludida decisión. Recurso que fue oído en ambos efectos el 11 de mayo del mismo año.

 

3.- Que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al remitir el expediente de la causa al juzgado superior en funciones de distribuidor, no acompañó anexo al expediente, el legajo de pruebas producidas en el juicio; y en dichas circunstancias fue recibido el expediente por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma circunscripción judicial.

 

4.- Que, el 14 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por Administradora Teresen, C.A. y, en consecuencia, confirmó el fallo recurrido, a pesar de no haber tenido nunca a la vista las pruebas documentales producidas en el juicio, por cuanto  no fueron acompañadas al expediente.

 

5.- Que contra la aludida decisión anunció recurso de casación, el cual le fue negado mediante sentencia del 22 de diciembre de 2004. En virtud de dicha decisión, el 19 de enero de 2005, ejerció recurso de hecho, el cual fue declarado sin lugar por la Sala de Casación Civil de esta Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia  del 26 de julio de 2005.

 

6.- Que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al analizar y desechar unas pruebas  documentales que nunca tuvo a su vista, se apartó de las reglas de apreciación y análisis probatorio previstas en los artículos 12, 507, 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil y, con ello, le conculcó a la demandada (hoy accionante en amparo), sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, infringió el principio de legalidad consagrado en el artículo 137 eiusdem.

 

7.- Que, a fin del restablecimiento de la situación jurídica que denunció infringida, solicitó que se declare la nulidad de la sentencia impugnada y se reponga la causa al estado de que se dicte nueva sentencia en segunda instancia, por un tribunal diferente al señalado como presunto agraviante, una vez que sean agregadas al expediente el legajo contentivo de las pruebas documentales producidas en el juicio. Adicionalmente, requirió, como medida cautelar innominada,  la suspensión de los efectos del fallo cuestionado y, en consecuencia, que se ordene a los juzgados ejecutores de medidas abstenerse de practicar cualquier medida destinada a su ejecución.

II

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la  acción interpuesta y, al respecto, advierte que, de conformidad con la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -que permite a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal integrar el régimen procesal del amparo, a través de interpretaciones vinculantes realizadas sobre la base de los artículos 335 y 266.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- se reitera la doctrina asentada en sentencia n° 01/2000 del 20 de enero, caso: Emery Mata Millán, según la cual, con fundamento en los artículos 266, numeral 1, y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala resulta competente para conocer de las acciones de amparo constitucional que se ejerzan contra decisiones dictadas por los juzgados superiores de la República, con excepción de los juzgados superiores con competencia en lo contencioso administrativo, las cortes de apelaciones en lo penal y las cortes de lo contencioso administrativo.

 

Visto que en el caso de autos, la acción de amparo fue intentada contra la  sentencia dictada, el 14 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala resulta competente para conocer de la tutela constitucional solicitada. Así se declara.

 

III

DE LA ADMISIBILIDAD

 

Como punto preliminar, la Sala debe pronunciarse con respecto a la suficiencia del instrumento poder consignado, el 15 de diciembre de 2005, por el abogado Alexis Octavio Marín Hernández, y autenticado en la misma fecha ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, el cual quedó anotado bajo el nº 62, tomo 135 del libro de autenticaciones llevados por la mencionada notaría, en el cual se acredita su carácter de apoderado judicial de Administradora Teresen, C.A.; y, en tal sentido, se observa que en el mencionado instrumento la ciudadana María de los Ángeles Marín Rodríguez, titular de la cédula de identidad nº 5.391.941, actuando en su carácter de Directora de la prenombrada sociedad mercantil, confirió mandato al señalado abogado, en los términos siguientes:

 

“... confiero poder especial amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere al ciudadano ALEXIS O. MARÍN H. (...) para que represente, sostenga y defienda los derechos, intereses y acciones de mi representada, con ocasión al Recurso de Amparo Constitucional intentado por mi poderdante mediante el mencionado abogado, en contra de la Sentencia dictada el 14 de Septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por Resolución de Contrato de Arrendamiento sigue la Fundación Caracas (FUNDACARACAS), contra la prenombrada compañía; del cual (recurso de amparo) conoce la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia bajo el expediente Nº. 05-1811”.

 

Así las cosas, visto el instrumento poder consignado en autos, esta Sala considera subsanada la insuficiencia en la representación advertida mediante sentencia nº 4389 del 12 de diciembre de 2005, y así se declara. 

 

Establecido lo anterior, la Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción incoada y, en tal sentido, considera que el escrito de la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y  Garantías Constitucionales. No obstante, con respecto a los supuesto de inadmisibilidad previstos en el artículo 6 eiusdem, se observa lo siguiente:

 

En el presente caso se interpuso una acción de amparo constitucional contra una decisión judicial dictada el 14 de septiembre de 2004, hace más de 15 meses, contra la cual se anunció recurso de casación, el cual fue negado por insuficiencia en la cuantía y, ante la negativa de oír el recurso anunciado, interpuso recurso de hecho, el cual fue declarado sin lugar por la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, mediante sentencia del 26 de julio de 2005.

 

Al respecto, se advierte que el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que el amparo resulta inadmisible “cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres ...”, y se entiende que para el agraviado caducó la posibilidad de denunciar la presunta violación a sus derechos y garantías constitucionales, al transcurrir seis (6) meses a partir del momento en que tuvo conocimiento de la misma, siempre que la situación jurídica constitucional que se denuncia como lesionada no implique al orden público o contravenga las buenas costumbres.

 

En el presente caso, consta en autos copia certificada de las actas contenidas en el expediente de la causa, en las que se encuentra el escrito presentado, el 6 de noviembre de 2004, por el apoderado judicial de Administradora Teresen, C.A., mediante el cual ésta se dio por notificada del fallo que hoy pretende impugnar por vía de amparo constitucional. Ello así, resulta evidente que la accionante, desde la fecha antes señalada, estuvo en conocimiento de la decisión que denuncia como lesiva de sus derechos, por lo que tal circunstancia se subsume en el supuesto de inadmisibilidad previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.  

 

Con respecto a la noción de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de las normas adjetivas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, esta Sala, en sentencia nº 1207/2001 del 6 de julio, caso: Ruggiero Decina y otro, estableció lo siguiente:

 

"Ahora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de ‘orden público’ a que se refiere la sentencia del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt), al establecer como excepción a la terminación del procedimiento de amparo por falta de comparencia del presunto agraviado, cuando los hechos alegados afectan el orden público. En tal sentido, es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), la de desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de amparo constitucional en los términos establecidos en la jurisprudencia establecida por esta Sala (sentencia nº 7/2000 del 1º de febrero, caso: José Amando Mejía Betancourt).

 

Así las cosas, la situación de orden público referida anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al proceso de amparo constitucional. Es así, como el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el proceso de amparo constitucional para permitir la posibilidad de obviar las normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.

 

Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen." (subrayado de este fallo).

 

Precisado lo anterior, esta Sala advierte que, en el caso sub iudice, las circunstancias fácticas de las cuales la accionante alegan derivar infracciones constitucionales, sólo afectan la esfera particular de sus derechos subjetivos, ya que se trata de un juicio por resolución de contrato de arrendamiento, en consecuencia, no menoscaban al interés general. Además, tampoco afecta las buenas costumbres, en los términos indicados. Así se declara.

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional juzga inadmisible la acción de amparo incoada por Administradora Teresen, C.A., contra la sentencia dictada, el 14 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que, por resolución de contrato, interpuso Fundación Caracas (FUNDACARACAS), contra la prenombrada sociedad mercantil. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

De acuerdo con la motivación expuesta, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Alexis Octavio Marín Hernández, en representación de Administradora Teresen, C.A., contra la sentencia dictada, el 14 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que, por resolución de contrato, interpuso Fundación Caracas (FUNDACARACAS), contra la prenombrada sociedad mercantil.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de marzo dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

 

                                                                                        LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

Exp. n° 05-1811

 

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