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Buscar sentenciasSALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 7 de septiembre de 2005, se recibió en
El 13 de septiembre de 2005, se dio cuanta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 12 de diciembre de 2005, mediante sentencia nº 4389, esta Sala ordenó notificar al abogado Alexis Octavio Marín Hernández, antes identificado, subsanar la insuficiencia del instrumento poder mediante el cual acreditó la representación judicial de Administradora Teresen, C.A., igualmente identificada, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación.
El 14 de diciembre de 2005, el abogado Alexis Octavio Marín Hernández se dio por notificado del despacho saneador, antes referido y, el 15 del mismo mes y año, consignó instrumento poder autenticado, en la misma fecha, ante
Mediante escritos consignados ante
Efectuado el estudio del caso y siendo la oportunidad procesal para ello,
I
ALEGATOS DE
La accionante fundamentó su pretensión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:
1.- Que, el 27 de abril de 2004, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
2.- Que, el 30 de abril de 2004, Administradora Teresen, C.A. apeló de la aludida decisión. Recurso que fue oído en ambos efectos el 11 de mayo del mismo año.
3.- Que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
4.- Que, el 14 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
5.- Que contra la aludida decisión anunció recurso de casación, el cual le fue negado mediante sentencia del 22 de diciembre de 2004. En virtud de dicha decisión, el 19 de enero de 2005, ejerció recurso de hecho, el cual fue declarado sin lugar por
6.- Que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
7.- Que, a fin del restablecimiento de la situación jurídica que denunció infringida, solicitó que se declare la nulidad de la sentencia impugnada y se reponga la causa al estado de que se dicte nueva sentencia en segunda instancia, por un tribunal diferente al señalado como presunto agraviante, una vez que sean agregadas al expediente el legajo contentivo de las pruebas documentales producidas en el juicio. Adicionalmente, requirió, como medida cautelar innominada, la suspensión de los efectos del fallo cuestionado y, en consecuencia, que se ordene a los juzgados ejecutores de medidas abstenerse de practicar cualquier medida destinada a su ejecución.
II
DE
Esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acción interpuesta y, al respecto, advierte que, de conformidad con la letra b) de
Visto que en el caso de autos, la acción de amparo fue intentada contra la sentencia dictada, el 14 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Como punto preliminar,
... confiero poder especial amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere al ciudadano ALEXIS O. MARÍN H. (...) para que represente, sostenga y defienda los derechos, intereses y acciones de mi representada, con ocasión al Recurso de Amparo Constitucional intentado por mi poderdante mediante el mencionado abogado, en contra de
Así las cosas, visto el instrumento poder consignado en autos, esta Sala considera subsanada la insuficiencia en la representación advertida mediante sentencia nº 4389 del 12 de diciembre de 2005, y así se declara.
Establecido lo anterior,
En el presente caso se interpuso una acción de amparo constitucional contra una decisión judicial dictada el 14 de septiembre de 2004, hace más de 15 meses, contra la cual se anunció recurso de casación, el cual fue negado por insuficiencia en la cuantía y, ante la negativa de oír el recurso anunciado, interpuso recurso de hecho, el cual fue declarado sin lugar por
Al respecto, se advierte que el cardinal 4 del artículo 6 de
En el presente caso, consta en autos copia certificada de las actas contenidas en el expediente de la causa, en las que se encuentra el escrito presentado, el 6 de noviembre de 2004, por el apoderado judicial de Administradora Teresen, C.A., mediante el cual ésta se dio por notificada del fallo que hoy pretende impugnar por vía de amparo constitucional. Ello así, resulta evidente que la accionante, desde la fecha antes señalada, estuvo en conocimiento de la decisión que denuncia como lesiva de sus derechos, por lo que tal circunstancia se subsume en el supuesto de inadmisibilidad previsto en el artículo 6.4 de
Con respecto a la noción de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de las normas adjetivas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, esta Sala, en sentencia nº 1207/2001 del 6 de julio, caso: Ruggiero Decina y otro, estableció lo siguiente:
"Ahora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de orden público a que se refiere la sentencia del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt), al establecer como excepción a la terminación del procedimiento de amparo por falta de comparencia del presunto agraviado, cuando los hechos alegados afectan el orden público. En tal sentido, es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de
Así las cosas, la situación de orden público referida anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al proceso de amparo constitucional. Es así, como el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el proceso de amparo constitucional para permitir la posibilidad de obviar las normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.
Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen." (subrayado de este fallo).
Precisado lo anterior, esta Sala advierte que, en el caso sub iudice, las circunstancias fácticas de las cuales la accionante alegan derivar infracciones constitucionales, sólo afectan la esfera particular de sus derechos subjetivos, ya que se trata de un juicio por resolución de contrato de arrendamiento, en consecuencia, no menoscaban al interés general. Además, tampoco afecta las buenas costumbres, en los términos indicados. Así se declara.
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional juzga inadmisible la acción de amparo incoada por Administradora Teresen, C.A., contra la sentencia dictada, el 14 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
IV
DECISIÓN
De acuerdo con la motivación expuesta, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 05-1811