Sentencia N.º 627
- Sentencia
- N.º 627
- Fecha
- 15/05/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 11-1120
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Exp. 11-1120
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Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 9 de septiembre de 2011, MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. DE SEGUROS, inscrita originalmente en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 12 de mayo de 1943, bajo el N° 2135, tomo 5-A, representada judicialmente por el abogado José Araujo Parra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 7.802, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 1 de marzo de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, relativo al juicio de cumplimiento de contrato interpuesto por Tire Express Libertador, S.A. contra Mapfre La Seguridad, C.A., por haber violado los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, así como haberse dado un abuso de poder.
El 16 de septiembre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El accionante presentó solicitud de amparo, con fundamento en los siguientes alegatos:
Que tuvo acceso al expediente el 11 de marzo de 2011, siendo que la sentencia atacada declaró la confesión ficta por no haber contestado la demanda ni haber promovido prueba alguna que le favoreciera, por lo que en los informes de segunda instancia solicitó la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda fundamentándose en que la citación que se le efectuó fue por una demanda de resolución de contrato a pesar que la acción interpuesta fue por cumplimiento de contrato, aunque ambas acciones se excluyen mutuamente.
Que dicho error del tribunal afectó el comportamiento procesal de Mapfre la Seguridad, C.A. de Seguros, por lo que al dictarse la sentencia (en la que se reconoce que se admitió por resolución de contrato) que declaró con lugar la demanda, pero con una figura distinta a la del auto de admisión, se le generó un daño.
Que el artículo 243 ordinal 6 del Código de Procedimiento Civil, establece que toda sentencia debe tener la determinación de la cosa u objeto sobre el que recaiga la decisión y cuyo incumplimiento constituye el vicio de indeterminación objetiva que tiene estrecha vinculación con los principios de la autosuficiencia y la unidad procesal del fallo, conforme a los cuales la sentencia debe bastarse a sí misma, sin que la prueba de su legalidad dependa de elementos extraños que la complementen o perfeccionen, para así precisar los límites objetivos de la controversia, a fin de conocer y facilitar la recta ejecución de la sentencia, ya que se trata de la sentencia en todas sus partes, de un todo indisoluble vinculado por enlaces de necesaria lógica, por lo que el requisito de determinación objetiva se encuentra cumplido no sólo en el dispositivo del fallo, sino en cualquier parte de la misma, lo cual se refleja en la decisión del 20 de julio de 2007, caso Martín Enrique Zapata Fonseca contra Pedro Nicolás Bermúdez (no identifica el tribunal que la dicta).
Que el fallo del juzgado superior atacado en amparo ante el anterior alegato, señaló que aunque existió un error material en la admisión de la demanda, el dispositivo del fallo se adecúa al thema decidendum, por lo que consideró que no existió violación a la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa o al debido proceso, sobre todo al considerar que el demandado tuvo oportunidad de concurrir al acto de la contestación de la demanda a los fines de defenderse en el juicio y solicitar cualquier corrección que diera lugar para el buen desenvolvimiento del proceso.
Que con la anterior decisión se le lesionaron sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, por cuanto en el Código de Procedimiento Civil derogado, no se preveía el auto de admisión de la demanda, como sí lo prevé el artículo 341 del vigente Código, el cual señala claramente que el tribunal admitirá la demanda si no es contraria al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, incorporando por primera vez al procedimiento común la posibilidad del examen de oficio, in limine litis de los presupuestos procesales, lo cual implica que los jueces deben examinar el escrito de la demanda para concluir si es admisible por no atentar contra el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la ley.
Que la anterior facultad es consecuencia del principio del impulso procesal de oficio del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 14 eiusdem que establece que el juez es el director del proceso, por lo que al admitir la demanda sobre la base de una resolución de contrato de seguros y no como cumplimiento del mismo y pago de los daños y perjuicios, esta calificación jurídica implica que al no ser desvirtuada en el proceso, causa estado y por ende, cuando en la decisión se condena al cumplimiento de contrato y al pago de una cantidad de dinero, se está violando el objeto de la pretensión que calificó el tribunal y por ello, no es una simple formalidad como señala la sentencia recurrida, sino que la situación de incertidumbre afecta la tutela judicial efectiva, ya que al determinarse la admisión como una resolución de contrato, ello no implicaba efecto jurídico sobre el patrimonio y en consecuencia su actitud procesal.
Que la sentencia recurrida infringe el artículo 49 ordinal 1 de la Constitución, porque implica la violación del derecho a la defensa, ya que al calificarse la pretensión de resolución de contrato, se puede justificar la conducta omisiva, pero al condenarla al cumplimiento del contrato y pago de cantidad de dinero, se infringe el derecho a la defensa, porque en una primera fase, la pretensión deducida era de resolución de contrato, calificada así por el tribunal de primera instancia dentro de la facultad que le confiere el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.
Que cuando el juzgado superior ratifica la condena, viola el artículo 139 de la Constitución por abuso de poder, porque ha desvirtuado las actas procesales al extremo de calificar como una mera formalidad el auto de admisión de la demanda, e imponiendo la carga de solicitar cualquier corrección que diere lugar para el buen desenvolvimiento del proceso, la cual correspondía a la parte actora.
Finalmente, solicita medida cautelar innominada de suspensión de la ejecución de la sentencia dictada el 1 de marzo de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sobre todo al observa que no ha cesado la violación constitucional, por lo que pide se declare con lugar la acción de amparo y se anule la sentencia atacada.
II
DE LA SENTENCIA ACCIONADA
El 1 de marzo de 2011, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, decidió y declaró sin lugar la apelación formulada por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 5 de octubre de 2010 por el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, que declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato, intentada por Luís Rodríguez, en su carácter de Presidente de la firma mercantil Tire Express Libertador, C.A., contra Mapfre La Seguridad, antes identificadas; condenó a la parte demandada al pago de la cantidad de ciento cincuenta y siete mil treinta y dos bolívares (Bs. 157.032,00); condenó en costas a la parte perdidosa de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida; ratificó la condena en costas proferida por el a quo y se condenó a la parte demandada en esta instancia a dichas costas procesales de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil; y confirmó la sentencia, teniendo como fundamento lo siguiente:
El 05 de Octubre (sic) de 2010, el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren Estado (sic) Lara, dictó sentencia que declaró CON LUGAR la demanda de Resolución de Contrato intentada por el ciudadano Luís Rodríguez en su carácter de Presidente de la empresa Tire Express Libertador C.A., contra de la empresa Mapfre la Seguridad antes Seguros La Seguridad C.A.; Condenó a la parte demandada a cancelar a la parte actora la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS BOLIVARES (sic) (Bs. 157.032,00) y condenó en costas a la parte perdidosa conforme lo establece el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Dicha sentencia fue apelada formalmente por el apoderado de la parte demandada y oída la misma en ambos efectos, el Tribunal a-quo la remitió a la Unidad Receptora Distribuidora de Documentos, para su distribución, recibiéndose las actuaciones en esta alzada, quien le dio entrada y cumplió las formalidades de Ley con informes solo de la parte demandada acogiéndose al lapso establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil para dictar y publicar sentencia, y siendo la oportunidad para decidir, observa:
Conoce este Tribunal de Alzada, sobre demanda de Resolución de Contrato, interpuesta por el ciudadano Luís (sic) Rodríguez, en su carácter de Presidente de la empresa Tire Express Libertador C.A., contra la empresa Mapfre la Seguridad antes Seguros La Seguridad C.A., aduciendo que el día 07/07/2008, el demandante mantiene una relación contractual con la empresa demandada, con una segunda renovación el 07/07/2009 y un período de vigencia hasta el 07/07/2010, las partidas y coberturas amparadas, intereses asegurados por partida, coberturas a primera pérdida, la suma asegurada y la prima a pagar por cada concepto. Describiéndose en el renglón denominado Intereses Asegurados Por Partida. Partidas Amparadas. Edificaciones. Mejoras y bienhechurías (sic), maquinarias y equipo, maquinaria fija, maquinaria móvil, existencia y demás contenidas, mobiliario, mercancía y equipos electrónicos, contenido en general (robo), mobiliario mercancía, equipos electrodomésticos, maquinaria fija, maquinaria móvil, así como en coberturas a primera pérdida. Daños por agua, inundación, mercancías refrigeradas, periodo de carencia 0 horas (no contratado), dinero en local, dinero en tránsito, daños al local por robo. Vidrios, anuncios no contratado (sic), responsabilidad civil locativo, responsabilidad civil ante vecinos, daños internos de maquinaria. Póliza de seguros adquirida en resguardo de los bienes del demandante; que el día 21/08/2009 cuando la encargada de la empresa demandante, procedió a abrir el negocio, se percató que habían sido violentados los candados y cerraduras, los vidrios de la puerta habían sido partidos; que hubo forjamiento del marco de la puerta; que el control de la alarma estaba partido; que procedió por tal motivo a hacer la denuncia al C.I.C.P.C., quedando registrada con el Nº 271441; que notificó de lo ocurrido a la productora de seguro, ciudadana Rosa López, quien comunicó del hecho a la demandada; que la demandada para confirmar lo sucedido, envió una analista de riesgo patrimonial, que se encargó de tomar fotos y levantar un informe, el cual quedó asentado bajo el Nº 60052920900035; que para tener conocimiento exacto de la mercancía sustraída y para ser presentado a la demandada, practicó el inventario, obteniendo como resultado un faltante en cauchos, rines y accesoros (sic) (reproductores, y cornetas para vehículos) por un monto de Bs 157.032,00; que dicha mercancía fue individualizada en el informe que fue consignado ante la Analista de Riesgo de la empresa demandada, Ing. Natalie Barbe Rivas; que el 26/08/2009, la demandada, emitió una comunicación dirigida a la demandante, donde le indicaba la documentación necesaria para estudio y tramitación de la reclamación presentada; que la demandada, le solicitó a la parte actora el envío de la Póliza de seguro y de otros documentos indicados; que los documentos fueron remitidos dirigiéndose a solicitud de la empresa demandada, una comunicación explicativa ampliada de la ocurrencia de los hechos. Que el día 08/10/2009 la demandante sostuvo comunicación con la Analista de Riesgo Ing. Natalie Barbe Rivas, informándole que debía constatar (sic) a su productora de seguros, porque la reclamación del demandante, había quedado sin efecto; que en fecha 16/12/2009, la demandada le ratificó en los mismos términos la negativa del oficio enviado; que por los hechos narrados demandó por cumplimiento de contrato a la empresa demandada. Consignó documentos públicos y privados. Fundamentó la acción de conformidad con lo establecido en el artículo 1.133, 1.160 y 1.167. Estimó la demanda en la suma de Ciento Cincuenta y Siete Mil Treinta y Dos Bolívares (Bs. 157.032,00).
Al folio 33 riela admisión de la demanda; al folio 32 riela poder otorgado por el demandante a la abogada Maglin Carolina Vera Salcedo; no hubo contestación a la demanda, ni promoción de pruebas; al folio 37 riela auto del Tribunal a-quo advirtiendo a las partes que dictará sentencia dentro de los ocho (8) días siguiente de conformidad con lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil; desde el folio 38 al folio 40 riela escrito de promoción de pruebas presentado por la parte actora. Llegada la oportunidad el a-quo dictó sentencia la cual fue objeto de apelación, corresponde a este Juzgador analizar con detenimiento la misma y verificar si el a-quo se ajustó a derecho al dictar el fallo. Siendo ésta la oportunidad se observa:
PRIMERO: Conforme a lo expuesto, el presente caso se trata de una demanda que fue admitida como de Resolución de Contrato intentada por el ciudadano Luís Alberto Castillo en contra de MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS.
En el acto de informes, la parte demandada solicita la nulidad de la sentencia apelada y la reposición de la causa al estado de pronunciarse sobre la admisión de la demanda en los siguientes términos:
Aduce el apoderado de la parte demandada que, el 10 de Marzo (sic) de 2010, fue introducida ante la Unidad Receptora Distribuidora de Documentos Civil, libelo de demanda por el motivo de Cumplimiento de Contrato intentado por el ciudadano Luís Rodríguez en su condición de Presidente de la firma mercantil TIRE EXPRESS LIBERTADOR C.A., contra la empresa MAPFRE LA SEGURIDAD; que el actor reclama a la demandada, el Cumplimiento del Contrato suscrito entre ambos, alegando el pago de primas por partidas y coberturas amparadas en dicho contrato; continua señalando que tal como lo señala la sentencia apelada, dice el actor que el día 21 de agosto de 2009, cuando la encargada de la empresa mercantil procedió a abrir dicho negocio, se percató que habían sido violentados los candados, cerraduras y los vidrios de las puertas habían sido partidos, que había forjamiento de los marcos de las puertas, que el control de la alarma estaba partido; que por tal situación procedió a realizar la denuncia en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, que por los hechos narrados demandó por Cumplimiento de Contrato a la empresa MAPFRE LA SEGURIDAD C.A., a fin de que conviniera al pago de la suma de Ciento Cincuenta y Siete Mil Treinta y Dos Bolívares (Bs. 157.032,00), monto en el cual estimó la acción; narra que no obstante en el auto de admisión el Tribunal a-quo admitió la demanda por la vía de Resolución de Contrato, que la citación o llamamiento a su representada demandada, fue en razón a tal juicio, que en tal sentido a pesar del señalamiento en el libelo de demanda por parte del actor que demandaba por Cumplimiento de Contrato, la Juez Titular del Tribunal Tercero del Municipio Iribarren estado Lara, decidió que la acción a admitirse era por Resolución de Contrato; que por la confusión generada en el Tribunal de la causa al admitir y dictar el fallo de la acción planteada por la parte actora, se ha configurado la confesión ficta, por cuanto hay un pronunciamiento fuera de lo pedido en el escrito libelar.
Asegura asimismo el representante legal de la empresa demandada, que en el fallo dictado hubo un precedente importante al decidir con lugar la presente acción, pero con una contrariedad plasmada al momento de admitir la misma, puesto que se admitió como juicio de Resolución de Contrato y al momento de dictaminar el fallo, se declaró con lugar la acción por Cumplimiento de Contrato. Que la sentencia apelada carece de toda logicidad que debe tener todo proceso judicial.
Conforme a lo expuesto, se observa que ciertamente el demandante no demandó resolución de contrato, sino cumplimiento de contrato. Efectivamente la demandante en su libelo señala ´ omisis En atención de lo expuesto y con fundamento en los dispositivos jurídicos transcritos e invocados es por lo que acudo ante este tribunal para demandar como en efecto formalmente demando por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a la empresa ´MAPFRE LA SEGURIDAD C.A., DE SEGUROS´ antes identificada, para que convenga a pagar o a ello sea condenada por este tribunal la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS BOLIVARES (sic) (Bs. 157.032,00) monto de la indemnización que debe pagar a la empresa TIRE EXPRESS LIBERTADOR CA con motivo de siniestro (robo) de fecha 21 de agosto de 2.009. Monto en que se estima esta demanda, equivalente a dos mil cuatrocientos dieciséis unidades tributarias (2.416 UT), más las costas y costos que ocasione este proceso´, no obstante el a-quo la admitió como Acción de Resolución de Contrato en su auto de fecha 18 de marzo del 2.010 (sic), cursante al folio 84 de los autos el cual establece:
´Vista la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO, instaurada por LUIS A. RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.324.494, actuando en su carácter de de Presidente de la Firma Mercantil ´TIRE EXPRESS LIBERTADOR, C.A.´ asistida por la abogada MAGLIN CAROLINA VERA S., inscrita en I.P.S.A. bajo el Nº 140.869, contra: MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. DE SEGUROS, en la persona del Gerente Regional, ciudadano JOSÉ ÁNGEL SULBARAN (sic), venezolano, mayor de edad. Désele entrada, y admítase por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia cítese al demandado antes identificado, para que comparezca ante este Tribunal el SEGUNDO (2°) día de Despacho siguiente de citado el último de los demandados, en horas de Despacho y que conste en autos la diligencia suscrita por el alguacil (sic) referente a la citación, a fin de dar contestación a la presente demanda. Líbrese la compulsa correspondiente y entréguese al alguacil (sic) para que proceda a la citación respectiva´.
Ciertamente hubo un error en la admisión de la demanda, pero se observa que el dispositivo del fallo se adecua al thema decidendum en virtud del cual el tribunal a-quo declaró:
´1. CON LUGAR la demanda por Cumplimiento de Contrato, propuesta por LUÍS (sic) RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 7.324.494, en su carácter de presidente de la firma mercantil TIRE EXPRESS LIBERTADOR, C.A., inscrita en el Registro Mercantil del estado Lara bajo el Nº 47, Tomo 38, Contra MAPFRE LA SEGURIDAD, antes seguros La Seguridad C.A., RIF: J-00021410-7, inicialmente inscrita por ante el registro de comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 12 de mayo de 1943, bajo el Nº 2135, tomo 5-A, ahora llevado por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, expediente 929, inscrita en la superintendencia de seguros bajo el Nº 12.´
De manera que ante la situación planteada este Juzgador considera que no hubo violación a una tutela jurídica efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución Nacional vigente, el cual uno de los aspectos conceptuales, es el obtener un pronunciamiento favorable o desfavorable a lo planteado porque pese a que hubo un error material en la admisión de la demanda el a-quo sentenció conforme a lo solicitado por el actor. Ello tampoco lesionó el derecho a la defensa y al debido proceso del demandado por cuanto éste tuvo la oportunidad de concurrir al acto de la contestación de la demanda a los fines de defenderse en el juicio y solicitar en consecuencia cualquier corrección que diera lugar para el buen desenvolvimiento del proceso, el cual fue tramitado y decidido como de cumplimiento de contrato por lo que los expresados alegatos esgrimidos en esta etapa del proceso para tratar de justificar la no comparecencia a juicio debe ser desestimados, así se decide.
EN RELACIÓN AL FONDO DEL PROCESO
SEGUNDO: En virtud de que el a-quo decretó en el presente juicio la confesión ficta pasa este juzgador a decidir si la misma reúne los requisitos establecidos en la Ley para su procedencia en efecto. En el presente caso se verifica que el demandado no dió contestación a la demanda pese a que fue citado legalmente en fecha 18 de mayo del 2.010 (sic), por lo que se cumple con el primer requisito para la procedencia de la confesión ficta; así se declara.
Así las cosas, en la confesión ficta en principio al no haber acudido el demandado a contestar la demanda, debe entenderse que están admitidos todos los hechos alegados por el actor, pero ello sólo abarca los hechos, pudiendo el mismo desvirtuar dicha presunción iuris tantum; en consecuencia, si el demandado logra probar algo que le favorezca se desvirtúa esa presunción e igualmente no queda confeso, si la pretensión no es contraria a derecho. No obstante se reduce su actuación en el lapso probatorio, pudiendo traer pruebas al juicio, que puedan desvirtuar esa presunción de que son ciertos los hechos demostrados por el actor, por lo que dichas pruebas pueden traer como consecuencia que la demanda sea declarada sin lugar, esto es lo que la doctrina llama ´contraprueba´ y como los hechos se tienen como admitidos, en razón de que no se contestó la demanda, el demandado puede probar limitadamente, porque no hubo alegatos ni contestación de demanda. En consecuencia el ámbito de prueba del demandado se reduce a un solo aspecto: hacer contraprueba que demuestre que esos hechos no son ciertos, por ejemplo, no puede haber alegatos extintivos o impeditivos pero si puede demostrar que dicha obligación única no existió, porque en virtud de la confesión ficta se debe establecer que la obligación existe, que el acreedor si es el acreedor, que si puede exigir la obligación.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:
PRIMERO: Promueve la Confesión Ficta de la demandada MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS, antes Seguros La Seguridad C.A. J-00021410-7, en todas y cada una de las pretensiones de demandante.
SEGUNDO: Documentales
1. Reproduce y promueve la Póliza de Seguro Dorada de Industria y Comercio, signada con el Nº 2920819501101, con segunda renovación el 07/07/2009 y un período de vigencia hasta el 07/07/2010, emitida a favor de la empresa TIRE EXPRESS LIBERTADOR, C.A. por la expresada aseguradora compañía aseguradora MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS, la cual constituye el documento fundamental de la pretensión de cumplimiento de contrato y se prueba la relación contractual alegada valorándose de acuerdo a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
2. Copia simple de la denuncia 271441 interpuesta ante el CICPC por la ocurrencia del siniestro, y se valora de acuerdo a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
3. Copia de la correspondencia emitida por MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS de fecha 26/08/2009, donde se indica a TIRE EXPRESS LIBERTADOR, C.A. que la mencionada denuncia la está tramitando la empresa aseguradora y al respecto solicita documentos que aparecen indicados en la misma comunicación, con ello se prueba que el asegurado realizó ante el seguro los tramites (sic) pertinentes a los fines de que la compañía aseguradora le indemnizara el siniestro reclamado, así se declara.
4. Copia de la correspondencia de fecha 15/09/2009, dirigida a MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS notificando el siniestro e indicando las circunstancias como ocurrieron los hechos, copia de la correspondencia fechada 29/09/2009, recibida por MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS, el 17/10/2009, dirigida por TIRE EXPRESS LIBERTADOR, C.A, indicando también pormenores de cómo ocurrieron los hechos; así se declara. Los cuales se valoran de acuerdo a lo establecido en el artículo 1371 del Código Civil.
5. Copias certificadas de la correspondencia de fecha 8/10/2009 y 16/12/2009 emanadas de MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS donde se informa a TIRE EXPRESS LIBERTADOR, C.A haber dejado sin efecto la denuncia formulada con lo que se prueba que la mencionada compañía rechazó el reclamo presentado por la demandante, así se declara. (sic) el cual se valora de acuerdo a lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
6. Testimoniales de los ciudadanos MARIBEL JOSEFINA PERDOMO ASUAJE, RAIZA XIOMARA SANCHEZ (sic) AGUILAR y ASDRUBAL SIVIRA JUAREZ (sic), las cuales no declararon por lo que no son objeto de valoración, así se determina.
Conforme se observa en autos, la parte demandada no promovió ningún género de pruebas, es decir que no logró probar algo que le favorezca para de esta manera desvirtuar esa presunción, por lo que se cumple con el segundo de dichos requisitos.
TERCERO: En lo tocante a lo ajustado a derecho que pudiera encontrarse la petición del demandante, se observa:
El legislador establece que la petición no sea contraria a derecho obviamente se está refiriendo a que lo solicitado por el demandante pueda concedérsele conforme al ordenamiento jurídico, porque si pide algo que de acuerdo al mismo no esté tutelado así el demandado no le dé la contestación, no podrá considerarse como confeso.
En este orden de ideas es importante traer a colación las enseñanzas de tratadista patrio ARISTIDES RENGEL ROMBERG, quien al respecto comenta:
´Para determinar este extremo, no es preciso que el juez entre a indagar acerca del derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la ley deben aplicarse en concreto a los hechos establecidos o confesados por el demandado, porque una cosa es la desestimación de la confesión ficta por ser contraria al derecho la petición del demandante, y otra la de desestimación de la demanda improcedente en infundada en derecho. Ambos conceptos giran en torno a la cuestión de derecho y fácilmente pueden confundirse las situaciones. La primera cuestión supone que la acción `propuesta está prohibida por la ley: no está amparada o tutelada por ella (cuestión de derecho) y secuencialmente, aunque el demandado no haya comparecido a la contestación, la cuestión de los hechos alegados por el demandante en el libelo, pierde trascendencia por que la cuestión de derecho se presenta como prioritaria y resuelta en sentido negativo, no tiene objeto entrar al examen de la veracidad o tal falsedad de los hechos o a la trascendencia jurídica de los mismos´ (Subrayado por el tribunal).
En cambio, la desestimación de la demanda, por ser improcedente o infundada en derecho, supone que aún siendo verdaderos los hechos y debidamente probados, ya en el período de pruebas por el actor, o bien presuntamente por la confesión ficta del demandado, la demanda debe rechazarse si la ley no atribuye a los hechos comprobados o presuntamente admitidos, la consecuencia jurídica (petición), solicitada en la demanda. La jurisprudencia de los tribunales y también la de Casación, es concordante en sostener que la frase ´no sea contraria a derecho la petición del demandante´, significa ´que la acción propuesta no está prohibida por la ley, al contrario, amparada por ella. Así, cuando se hace valer un interés que no está legalmente protegido, la contumacia o rebeldía del demandado que deja de comparecer a la contestación de la demanda, no puede servir para alterar un mandato legal si por ejemplo: el Código Civil niega la acción para reclamar lo que se haya ganado en juego de suerte, azar o envite, o en una apuesta (Art. 1.801 C.C.) así como aquella para repetir lo que haya pagado voluntariamente el que ha perdido en el juego o apuesta (Art. 1.803 C.C.), la petición de pago o repetición que formule el demandante en su pretensión, es contraria a derecho, y por tanto, el hecho de la no comparecencia del demandado a la contestación de la demanda, no puede derogar las correspondientes disposiciones del Código Civil, carece de eficacia la confesión ficta. (RENGEL ROMBERG, ARISTIDES. Tratado de Derecho procesal Civil Venezolano. Volumen III (1991) Caracas Editorial Ex Libris).
En este orden de ideas, tenemos que en primer lugar ha quedado demostrado en autos, que la parte demandada no dio contestación a la demanda. Tampoco probó nada que le favorezca, y en cuanto a que la pretensión no sea contraria a derecho, se observa que el presente caso se trata de una demanda de cumplimiento de contrato, prevista dicha acción en el artículo 1.167 del Código Civil, en concordancia con el artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguro el cual establece ´El (sic) contrato de Seguro y sus modificaciones se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes.´; por lo que la presente pretensión no es contraria a derecho. De forma que en el caso que nos ocupa se produjo la confesión ficta de la parte demandada, así se decide. (Resaltados del fallo original).
III
DE LA COMPETENCIA
Pasa la Sala a pronunciarse sobre la competencia para conocer la presente acción de amparo constitucional y al respecto, observa el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la sentencia del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán y el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece la competencia de esta Sala para conocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Ello así, esta Sala considera que, en el caso concreto, resulta aplicable el criterio atributivo de competencia establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto la demanda de amparo bajo examen está dirigida contra la sentencia dictada el 1 de marzo de 2011 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en consecuencia, la competencia para conocer la presente demanda le corresponde a esta Sala Constitucional. Así se declara.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Determinada como ha sido la competencia, debe esta Sala pasar a decidir en base a las siguientes consideraciones:
Luego del análisis de la pretensión de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión satisface los mismos. Así se declara.
En el presente caso, el accionante interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 1 de marzo de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por presuntamente haber violado los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa.
Sobre este particular, la Sala ha establecido en constante y pacífica jurisprudencia, que dicha disposición normativa del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, opera cuando un tribunal de la República actuando fuera del ámbito de su competencia, dicte una resolución o sentencia, u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. Al efecto, se estima que la competencia a que se refiere la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, comprende no sólo la incompetencia en sentido estricto (materia, cuantía o territorio) sino también las nociones de abuso de poder o extralimitación de funciones.
Como consecuencia de lo anterior, se desprende que para que proceda la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, deben presentarse concurrentemente dos requisitos indispensables: en primer lugar, que el juzgador haya actuado fuera del ámbito de su competencia, y en segundo lugar, que tal actuación haya producido una lesión directa a los derechos constitucionales del accionante.
Ello se debe, a que no es posible solicitar a través de la vía del amparo, la revisión de hechos controvertidos previamente decididos en las anteriores instancias, dado que aceptar lo contrario atentaría contra el principio de la cosa juzgada, en perjuicio de la inmutabilidad de la sentencia. En este sentido, no basta con que se invoque la violación de un derecho constitucional, sino que se pueda evidenciar que dicha infracción sea producto de un hecho que no haya sido juzgado, como consecuencia de un abuso de poder o extralimitación de funciones por parte del presunto agraviante.
Sobre este particular, debe la Sala reiterar una vez más el criterio establecido en decisión del 6 de febrero de 2001, Caso Licorería El Buchón C.A., según el cual la procedencia de la acción de amparo contra sentencia de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias (Subrayado del presente fallo).
Asimismo, en decisión del 27 de julio de 2000, Caso Segucorp, la Sala sostuvo que en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución (Subrayado del presente fallo).
Ahora bien, en el presente caso se denunció la violación de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, como consecuencia de la supuesta falta de coherencia entre lo debatido y lo decidido, cuando consideró la accionante como un error material, el que la boleta de citación señalara que la demanda se trataba de una resolución de contrato en vez de una demanda por cumplimiento de contrato, motivo por el cual, según el mismo actor señala, no actuó en juicio al considerar que no se afectaba su patrimonio.
Así planteada la controversia, se verifica que no existen las alegadas violaciones constitucionales, ya que el tribunal accionado resolvió sobre la base de lo alegado y probado en autos, así como de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente; sobre todo cuando se observa que en los artículos 218 y 342 del Código de Procedimiento Civil se establece que el tribunal de la causa citará a las partes demandadas mediante compulsa, lo cual implica que se remite copia certificada del libelo de demanda. Siendo esto así, se observa que la hoy accionante fue citada el 18 de mayo de 2010 y en su acción de amparo reconoce haber sido citada, por lo que aunque el auto de admisión mencionara por error material que se trataba de una demanda por resolución de contrato, del libelo de demanda se observa claramente que se trata de una demanda por cumplimiento de contrato, aunado al hecho que no demostró tampoco que existiera incumplimiento al momento de la citación de consignar la copia certificada del libelo de demanda y en caso de no haberse consignado, el demandado una vez citado, podía acudir al tribunal para observar de qué se trataba dicha causa, de allí que, lo denunciado simplemente se debe a la disconformidad del presunto agraviado con lo resuelto por el tribunal accionado ante su ineficiencia y negligencia en el actuar procesal, pretendiendo subsanar su error por esta vía.
En este sentido, observa la Sala que lo pretendido por la parte accionante es que se anule la decisión dictada por el Juzgado Superior presunto agraviante, por el sólo hecho de que le resulta desfavorable a sus intereses.
Asimismo, se pretende que a través de la acción de amparo se analicen supuestos errores de juzgamiento y la violación de normas de rango legal, todo lo cual escapa del objeto de la acción de amparo constitucional, que, como quedó sentado supra, se encarga de restablecer violaciones de derechos constitucionales.
De allí que, la presente acción de amparo no cumple con los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, antes por el contrario, se evidencia que se pretende utilizar esta especial vía de protección de derechos constitucionales como si se tratara de una tercera instancia, lo cual escapa del objeto y alcance de dicha acción, siendo que todo lo alegado en amparo ya fue planteado y debatido ante el Juzgado Superior; motivo por el cual, la misma resulta manifiestamente improcedente in limine litis, en razón de esto resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada. Así se declara.
Finalmente, la Sala Constitucional observa que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Resolución N° 06-2009 del 18 de marzo de 2009, modificó las cuantías y competencias para las demandas, siendo que el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el presente juicio aplicó el procedimiento breve (folio 35), a pesar que la cuantía de la demanda era de ciento cincuenta y siete mil treinta y dos bolívares (Bs. 157.032,00), que para el momento de la interposición de la demanda el 10 de marzo de 2010, equivalían a dos mil cuatrocientas quince unidades tributarias (U.T. 2.415), según el valor que tenía dicha unidad para ese momento de sesenta y cinco bolívares (Bs. 65), tal como se estableció en la Gaceta Oficial N° 39.361 del 4 de febrero de 2010, por lo que el procedimiento que se debió aplicar fue el procedimiento ordinario, lo cual no fue corregido tampoco por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, motivo por el cual se hace un llamado de atención a ambos tribunales para que no vuelvan a cometer dicho error, por lo que se ordena remitirles copia certificada del presente fallo. Así se decide.
Sin embargo, a pesar de lo señalado anteriormente, la Sala no considera que exista violación de norma constitucional, ya que como se mencionó anteriormente, la accionante en amparo tal y como lo relata ella misma decidió no participar en el juicio sino hasta el momento que le fuera notificada la sentencia condenatoria y posteriormente en la apelación ante el superior nada alegó al respecto, motivo por el cual en un primer momento consintió en la violación constitucional y posteriormente no ejerció recurso alguno de los disponibles para plantear el problema, por lo que de haberlo alegado se observaría que se habían configurado los supuestos establecidos en el artículo 6 ordinales 4° y 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, para que una actuación judicial sea lesiva de derechos y garantías constitucionales, deben existir actos u omisiones concretos emanados del órgano jurisdiccional que limiten o impidan el ejercicio de los medios de defensa procesales pertinentes, en el marco de un proceso en el cual se ventilen pretensiones que afecten o puedan afectar derechos e intereses legítimos, que en el presente caso no se ejercieron por voluntad propia del actor al no participar en el juicio primero y luego al no ejercer alegato alguno ante el juzgado superior. En tal sentido, no puede tener lugar una lesión del derecho a la defensa y al debido proceso, cuando la presunta violación de normas procesales, no producen o generan un perjuicio real y efectivo de los derechos e intereses del accionante (Vid. Sentencias N° 1934/14.07.2003, N° 2679/08.10.2003). Todo esto debido a que hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio (Vid. Sentencia N° 828/27.07.2000). Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: Que es competente para conocer de la presente acción de amparo.
SEGUNDO: Que es admisible la acción ejercida.
TERCERO: IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la demanda de amparo que intentó MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. DE SEGUROS, contra de la sentencia dictada el 1 de marzo de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
CUARTO: se ORDENA remitir copia certificada del presente fallo al Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Publíquese, regístrese, comuníquese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de mayo de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado-Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 11-1120
MTDP/
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