Venley

Sentencia N.º 628

Sentencia
N.º 628
Fecha
02/10/2003
Sala
Casación Social
Expediente
02-658
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

 

Vista la acción que por cobro de prestaciones  sociales y otros conceptos laborales, incoara el ciudadano JUAN RAMÓN TERÁN, representado judicialmente por los abogados Arquímedes Pens Torcat, Carlos Cedeño Azócar, Norelys Aguin y Lenin Principal Orellana, contra la empresa PANAMCO DE VENEZUELA, S.A., representada judicialmente por los abogados Pedro Elías Ledezma, Leondina Della Figliuola, Alfredo Rodríguez Infante, Eduardo Delsol, Nohelia A. Apitz Barbera, Jenny Abraham Rodríguez, Enrique Graffe C., Paúl J. Abraham G., Hugo Díaz Izquierdo, Lourdes Yajaira Yrureta O., José Araujo Parra, Carlos Alberto Acosta, Augusto A. Calzadilla, Pedro L. Pérez B., Pablo Álvarez Graells, Milagros Principal Faria, Iris Carmona Castillo, Otto L. Pérez B., Roselys Carreño Mata, Adriana Moncayo, Luis Troconis, Nelson Torres, Mariela Yánez, Álvaro Sandia, Luisa Calles, Orlando Adrián, José Antonio Adrián, Javier E. Adrián, Martha López, Luis A. Mata, Carlos Latuff, Carmen Elena Díaz, Ailie Viloria, Carmen O. González, Rafael Marrón, José M. Bastidas, Dalida Aguilar, Carmelita Bastidas Aguilar, Rhaiza Vallee A., Elina Guerra, Adelcris Aguilera, Miguel Azán, Wassin Miguel Azán, Rubén D. Lamar, Dimas Salcedo, Carlos Manzanilla, Antonio R. Peñaloza, Hernán T. Zamora Vera, María Carlota Pacheco, Luis Garcias, Mariela Urdaneta, Pablo Bujanda Agudo, Reinaldo Rondón Haaz, Beatriz Rondón Arenas, Betsy Salazar Moreno, Irene Hilewski K., Ángel Alí Aponte, Pablo Pérez Rojas, José Luis Álvarez, Manuel Fernández y Jesús Joaquín Campos; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, profirió sentencia en fecha 21 de octubre de 2002, conforme a la cual declaró sin lugar la apelación que interpusiera la parte actora contra el fallo de fecha 18 de abril de 2002, emanado del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; confirmando así dicha sentencia en la cual se declaró sin lugar la presente demanda.

 

               Contra el fallo emitido por la Alzada, anunció recurso de casación la parte demandante, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación. No se formuló réplica. 

 

               Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 12 de diciembre de 2002, asignando la ponencia al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

- I -

 

               De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción del artículo 7, 12, 15, 206, 209, 276, 243, 244 y 450 eiusdem, “por cuanto el Juez de la Segunda Instancia, confirmó la sentencia dictada por el Juez A quo, sin percatarse que la misma violaba el artículo 244, ya que en la parte dispositiva del fallo, se hallan contenidas dos disposiciones contradictorias, que hacen inejecutables esa decisión; también viola los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el primero, porque no se cumplió el debido proceso, que ordena que las normas procesales deben cumplirse como han sido ordenadas previamente; y el artículo 6 del Código Civil, porque no permite la violación de las normas, en las cuales esté interesado el orden público, como son las delatadas en el presente acápite.”

 

               El formalizante transcribe el dispositivo del fallo dictado por el tribunal de la causa, luego de señalar que el mismo es contradictorio en cuanto a la condenatoria en costas; acusa que la recurrida no corrige tal cuestión, condenando en costas al demandante.

 

               Se asevera:

              

“Ahora bien, cuando la sentencia proferida por la Jueza A quo, en la decisión sobre las costas procesales contraviene lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, lo infringe, porque la misma se halla infeccionada del vicio de contradicción, o mejor es contradictoria en su dispositivo del fallo; y cuando el Superior, que sirve de órgano de control, no declara su nulidad previamente y resuelve el fondo, infringiendo el artículo 209 del Código Procesal Civil, por falta de aplicación y correlativamente, los artículos 243 y 244 ejusdem, por cuanto ha permitido que el Tribunal de origen haya incurrido en un error in procedendo o error de actividad, haciendo lo suyo, con la omisión delatada.

(...)

La recurrida no advirtió la ilegalidad de la sentencia apelada, que es contradictoria, porque por un lado, establece que no hay condenatoria en costas para mi representado, pero por el otro, lo condena a pagarlas, según los artículos 445 y 276 del Código de Procedimiento Civil. Si el Inferior consideró que mi representado reclamante fue vencido en una incidencia, debió en todo caso condenarlo específicamente en élla, pero no eximirlo en forma general y luego condenarlo específicamente en el procedimiento incidental que surgió en el juicio.

(...)

Como consecuencia de ese error de actividad o conducta defectuosa, viola el artículo 7 ejusdem, que consagra la legalidad de las formas procesales (...).   

               (...)

La decisión apelada, resulta ilegal e ilegítima, porque condena en costas al trabajador reclamante por el hecho de haber utilizado un medio de ataque o de defensa en el cual resultó vencido (...).

 

 

               Para decidir, se observa:

 

               Es criterio jurisprudencial reiterado y pacífico, la imposibilidad de esta Sala de Casación Social para conocer denuncias por violación de normas constitucionales, dada su falta de competencia en esa materia, puesto que ello corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal. Por lo tanto, y en torno a la supuesta infracción de los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala no tiene materia sobre la cual decidir. Así se establece.

              

               En relación a la presunta infracción del artículo 209 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación, debe ser desechada la misma, puesto que el vicio que se acusa debe ser formulado en el contexto del recurso por infracción de ley, y no en una denuncia por defecto de actividad. Así se declara.  

 

               Ahora bien, vista la cuestión que por contradicción ha formulado el recurrente, en razón de que la recurrida confirma el fallo dictado por el a-quo, en el cual no hay condenatoria en costas por la naturaleza de la materia y luego se condena en costas a la parte actora conforme a los artículos 444 y 276 del Código de Procedimiento Civil, de forma sencilla, esta Sala desea señalar que no se evidencia contradicción en el precitado fallo, puesto que la condenatoria en costas ha sido sólo por un desconocimiento de firma que alegó la parte actora y lo cual ameritó la designación de un experto grafotécnico que determinó la autenticidad de la firma indubitada, por lo tanto, se le condenó en costas de dicho recurso, pero no del juicio; lo cual no deviene en vicio alguno.     

              

               En consecuencia, no se violan las normas señaladas como infringidas, puesto que no se produce la contradicción acusada; debiendo ser desestimada la presente denuncia. Así se decide.

                

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

- I -

 

               Conforme al ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el encabezamiento del artículo 320 del mismo Código, se denuncia la infracción de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil por falta de aplicación “que contiene reglas expresas para valorar el mérito de la prueba y los cuales permiten a la Sala escrutar las actas procesales, por vía excepcional; y los artículos 12, 395, 433 y 510 del Código Procesal Civil, el primero, por falta de aplicación, por no atenerse a lo alegado y probado en autos; el segundo, por falta de aplicación, por cuanto desestimó el “uniforme” que materialmente aportó al expediente el trabajador para demostrar el vínculo contractual, con todas sus leyendas y logotipo, que lo vinculan con la empresa demandada. Este adminículo “Uniforme", se corresponde con la confesión espontánea contenida en la contestación de la demanda, (...), dice “...De igual manera es de observar de los Contratos de Concesión que las prendas de vestir, denominadas en el libelo “uniformes”, era una alternativa que tenía el actor de adquirir a bajo precio, dichas prendas de vestir, pero tal circunstancia no era obligatoria, sino dependía de la voluntad del respectivo concesionario, si quería o no adquirir dichas prendas de vestir (...)”. Con esto viola también, el artículo 1.401 del Código Civil, que trata de la confesión judicial que hace plena prueba contra el que confiesa. Por eso, infringe además de los artículos delatados, éste último, por falta de aplicación.

 

               El tercero, por falta de aplicación, porque desestimó la Prueba de Informe, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Portuguesa; y el cuarto, por falta de aplicación, por cuanto no apreció los indicios graves concordantes y convergentes entre si que arrojan las pruebas obrantes en los autos.”   

 

               Señala el formalizante, que el actor promovió la prueba de informes a fin de que la Inspectoría del Trabajo del Estado Portuguesa informara si la demandada suscribió transacciones laborales con trabajadores concesionarios; asimismo, la prueba de informe dirigida al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde se determina la propiedad del vehículo que utilizaba el demandante para el reparto de bebidas gaseosas. Dichas pruebas fueron desechadas, porque el tribunal sostiene que las mismas están referidas a terceros ajenos al proceso, por lo cual, también se infringe el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil por errónea interpretación.  

 

               Advierte el formalizante:

 

“Además, si por el mecanismo “del traslado de la prueba se incorporan a los autos actas o instrumentos” por medio de la Prueba de Informe, que vienen a comprobar los hechos afirmados por mi representado, el Tribunal Superior debió acreditarlos, conforme a la valoración de la prueba que consagra los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil; y al no hacerlo, infringen sendas disposiciones, por falta de aplicación, porque si son actas o instrumentos del expediente mismo, han debido darle su eficacia probatoria.

(...)

(...)

Además de ello, viola el artículo 1.399 del Código Civil, por falta de aplicación, vinculado con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, como hemos dicho, porque no utilizó el principio de la sana crítica para apreciar los indicios o presunciones que arrojaban las pruebas de los autos con los testimonios de los ciudadanos ANTONIO JOSÉ BARAZARTA (...), CÉSAR AUGUSTO VILORIA TERÁN (...) y JOSÉ LUIS ARRIETA (...). (...); pero además, los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, lo infringe por falta de aplicación, porque no se acogió a la labor del principio de la “sana crítica”, en cuanto a la apreciación de los testigos y demás pruebas del expediente.

(...)

El artículo 1.401 del Código Civil, que trata de la confesión judicial que hace plena prueba contra el que confiesa. Por eso, infringe éste, por falta de aplicación.”

 

 

 

Para decidir, se observa:

 

               Han sido numerosos los fallos emanados de este Tribunal Supremo de Justicia en los cuales se ha recordado sobre la necesidad de cumplir, por parte de quien formaliza un recurso de casación, con una adecuada técnica a los efectos de formular las denuncias que integran el escrito de formalización; como ejemplo de ello, esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 24 de mayo de 2000 dispuso:

 

"Al intentarse dicho recurso extraordinario, se deben cumplir ciertos requisitos para presentar el escrito de formalización. Dichos requerimientos comprenden una adecuada técnica casacional para formalizar el recurso, de manera que lo explanado por el recurrente sea diáfano, conciso, concreto y cumpla con los requisitos que establece la ley para explicar en base a qué norma y por qué la sentencia impugnada adolece de vicios capaces de anular dicho fallo.

Así pues, es obligatorio presentar los argumentos y denuncias de una forma concreta y precisa, que permitan conocer y resolver sobre los vicios de forma o de fondo de que adolezca el fallo impugnado, de manera que no sea la Sala que conozca del recurso quien deba dilucidar o inferir los argumentos necesarios para declarar procedente la denuncia formulada."

 

               En armonía con el criterio preliminarmente reseñado, la doctrina patria, bajo la explicación del maestro Humberto Cuenca, en su Curso de Casación Civil, nos enseña:

 

"La forma de fundamentación debe ser clara, precisa y pertinente. (...)

La falta de claridad, precisión y pertinencia acarrea como consecuencia la formalización enmarañada, el argumento enrevesado, el estilo deliberadamente ininteligible para crear dudas y confusiones. La Corte no puede aclarar lo oscuro ni explicar lo inexplicable. (...).

Tal vez el vicio de estilo más frecuente en la formalización es la vaguedad y la imprecisión en los razonamientos que sustentan las denuncias de infracciones legales. Las críticas abstractas, las demostraciones teóricas, las innumerables vías de hipótesis para fundamentar la denuncia, la falta de referencia concreta a los elementos probatorios y a las actas del proceso, crean en el ánimo de los jueces un estado de incertidumbre y el recurrente los coloca en la difícil situación de desentrañar pensamientos enigmáticos, descifrar conjeturas, interpretar expresiones incoherentes, etc., todo lo cual hace desechable la parte del escrito que las contenga." (Obra citada; página 510 y 511)   

 

 

 

               Evocados los criterios anteriormente expuestos, y vista la forma extensa e iterativa en que se ha planteado la denuncia bajo estudio, debe observarse -con la finalidad de resolver el presente asunto- que la misma acusa la infracción, todos por falta de aplicación, de los artículos 1.359, 1.360, 1.401 y 1.399 del Código Civil, así como los artículos 12, 395, 433, 510, 507, 508 del Código de Procedimiento Civil; también se advierte que se infringe el artículo 433 de nuestra Ley Adjetiva Civil, por errónea interpretación.

              

               Inicialmente, se señala que se desecha la delación del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, puesto, que primero se advierte que el mismo se infringe por falta de aplicación, para luego señalar que se viola dicha norma por errónea interpretación, lo cual es una mezcla indebida de denuncias que produce confusión e incertidumbre sobre lo que realmente se intenta plantear. Así se decide.

              

               La misma falta de técnica se produce al acusar, conforme al recurso por infracción de ley, el quebrantamiento del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, porque la recurrida no se atuvo a lo alegado y probado en autos; materia ésta que debe ser expuesta conforme al recurso por defecto de forma, y determinando qué tipo de vicio se produce. Por lo tanto, se desestima la cuestión planteada. Así se decide.

 

               Conociendo el resto del asunto bajo estudio, se verifica que la pretendida falta de aplicación de los artículos 1.359, 1.360, 1.401 y 1.399 del Código Civil, y de los artículos 395, 433, 510, 507 y 508, procura enervar la valoración que la recurrida ha realizado de ciertas probanzas que cursan en autos, en razón de que el formalizante aduce que las mismas producen un conjunto de “indicios graves y convergentes en de (sic) que existió una relación de trabajo no una relación mercantil”.

 

               Formulado así el presente punto, es de señalar que el análisis probatorio efectuado por la recurrida es de la soberana apreciación de ésta, y para que la Sala pueda conocer de cierto vicio producto del efectivo examen de las pruebas, debe ser acusado bajo alguna modalidad de suposición falsa; razón por la que se desestima la denuncia planteada. Así se decide.                       

 

- II -

 

               Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, “en armonía con el encabezamiento del artículo 320 ejusdem, denuncio las infracciones de los artículos 12, 395 y 510 del Código Procesal Civil, todos por falta de aplicación, los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, por falta de aplicación, los cuales permiten a la Sala escrutar las actas procesales, por vía excepcional; y por último, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Trabajo, por falta de aplicación, que establece la presunción de la relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba

 

               Aduce el formalizante que el actor promovió las pruebas que tendían a demostrar la relación de trabajo entre él y la empresa accionada; señalando que para ello oficio al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General Sectorial de Transporte y Tránsito Terrestre, con la finalidad de que informara sobre la propiedad del vehículo que servía de transporte al actor para el reparto de las bebidas gaseosas; así como también promovió una inspección judicial evacuada en la sede de la empresa demandada, y a la cual se le unieron varias fotografías que hacen, con otros indicios, presumir la existencia de la relación de trabajo entre las partes que integran la litis.

 

               Advierte:

 

“Sin embargo, el Tribunal se extralimitó cuando dijo que no aporta elementos que demuestre alguna de las características de la relación laboral como son la dependencia, la subordinación o el salario. Con esta apreciación subjetiva, el Tribunal Superior infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto sacó elementos de convicción fuera de los autos y no tuvo por norte de ellos la verdad. (...)

Con ese comportamiento o error in iudicando, la recurrida infringió, además, del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, que lo autoriza a apreciar los indicios. Quebranta también, el artículo 1428 del Código Civil, lo quebranta, por falta de aplicación, el cual contienen normas y reglas de valoración de las pruebas, de esta clase de medios probatorios (inspección judicial) (...).

(...) el Tribunal Sentenciador (...) infringe, por falta de aplicación, el artículo 433 y correlativamente el artículo 510 del Código Procesal Civil, porque desestima la prueba de informe que fue promovida y evacuada debidamente en el presente juicio; así como también viola el artículo 510 ejusdem, porque en el caso de que aquellos medios probatorios no sean los determinados por la ley formalmente, si produce una serie de indicios graves que llevan al convencimiento de que entre el actor, (...) y la empresa demandada (...) sí existió un contrato laboral, o si se quiere una relación de trabajo (...).

(...)

(...)

De modo que con la actuación del Tribunal, se infringe no sólo los artículos señalados, sino también el artículo 1399 del Código Civil, por falta de aplicación, que dice (...), pues ha debido el Tribunal Superior considerar los indicios y presunciones que arrojaban aquellos elementos probatorios, para arribar a la convicción de la verdadera realidad del vínculo laboral que une a las partes (...).”  

 

 

 

               Por último, se argumenta que la recurrida quebranta “El artículo 65 del la Ley Orgánica del Trabajo, lo infringe, por falta de aplicación, ya que es el que permite presumir la existencia de una relación de trabajo entre quien presenta un servicio personal y quien lo reciba. Ahora bien, si todos los indicios emanados de los autos hacen presumir que existió entre las partes litigantes una relación de trabajo, ha debido el Juez Superior, aplicar este dispositivo legal y declarar con lugar la demanda intentada por mi representado (...).”

 

               Para decidir, la Sala observa:

 

               Al resolverse la primera denuncia por defecto de fondo, se advirtió que la delación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil debe hacerse dentro del recurso por defecto de forma, por lo tanto se desecha este punto por falta de técnica casacional. De igual forma se determinó que la pretendida falta de aplicación de los artículos 395 y 510 del Código de Procedimiento Civil, y de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, por la valoración que hace la recurrida de ciertas probanzas, debe hacerse conforme a una denuncia por el vicio de suposición falsa, en razón de que el análisis probatorio es de la soberana apreciación de la Instancia, y la Sala sólo puede conocer de estas delaciones cuando se plantea adecuadamente el que la recurrida incurre en alguna modalidad del precitado vicio. Por lo tanto, con respecto a este punto, se da por reproducido el mismo, y se desecha el asunto en cuestión. Así se decide.

 

               Para finalizar, en relación con la pretendida falta de aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe señalarse que dicha norma no es aplicable al caso de autos, en razón de que no se puede presumir la existencia de una relación de trabajo cuando la misma está desvirtuada por las pruebas que cursan en el expediente. Así se establece. 

 

D E C I S I Ó N

 

               En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por el abogado Arquímedes Pens Torcat, en su carácter de co-apoderado judicial del ciudadano JUAN RAMÓN TERÁN, en contra de la sentencia dictada en fecha 21 de octubre de 2002 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito Judicial del Estado Portuguesa.

              

               Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.

               Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al tribunal de la causa, es decir, al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado; todo en observancia a lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.     

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (02)   días   del   mes de octubre de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

______________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado,

 

 

____________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

                             

La Secretaria,

 

 

___________________________

BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

 

R.C. Nº AA60-S-2002-000658

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