Sentencia N.º 641
- Sentencia
- N.º 641
- Fecha
- 28/04/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-1824
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 7 de julio de 2003, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Tal remisión obedece a la apelación interpuesta el 4 de julio de 2003, por el abogado Rudys Delgado, apoderado judicial del accionante.
El 17 de julio de 2003, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
1.- El 6 de enero de 2003, el abogado Enrique Montañés inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 97.120, en su carácter de representante judicial de PEJOTO C.A., de este domicilio, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de
2.- Por auto del 3 de febrero de 2003, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
3.- Por escrito presentado el 14 de marzo de 2003, los abogados Félix Vicente Delgado Bolívar y Rudys Argenis Delgado Bolívar, apoderados judiciales del ciudadano Jesús Rafael Arteaga, parte demandada en el proceso principal, se opusieron a la solicitud de restitución y al monto de la fianza fijada por el Tribunal de la causa, así como a la fianza ofrecida por la parte actora.
4.- El 17 de marzo de 2003, los abogados Félix Vicente Delgado Bolívar y Rudys Argenis Delgado Bolívar, apoderados judiciales del ciudadano Jesús Rafael Arteaga, presentaron escrito de contestación de la querella interdictal.
5.- Por auto del 28 de marzo de 2003, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
6.- Por escritos presentados el 2 y el 4 de abril de 2003, el abogado Rudys Argenis Delgado Bolívar, apoderado judicial del ciudadano Jesús Rafael Arteaga, promovió pruebas en la incidencia de objeción a la fianza, las cuales fueron admitidas por auto del 4 de abril de 2003, dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
7.- Por auto del 14 de mayo de 2003, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
8.- Por sentencia dictada el 14 de mayo de 2003, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
9.- El 26 de mayo de 2003, los abogados Félix Vicente Delgado y Rudys Argenis Delgado, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Jesús Rafael Arteaga, interpusieron acción de amparo constitucional contra el fallo interlocutorio dictado el 14 de mayo de 2003, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
10.- Por sentencia dictada el 1º de julio de 2003, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
II
FUNDAMENTOS DE
Fundamentaron el amparo los apoderados judiciales del accionante, en los siguientes aspectos:
1.- Que, su representado es propietario de un lote de terreno ubicado en jurisdicción de
2.- Que, en virtud de que dicho terreno fue invadido por ETOLIA DE INVERSIONES C.A., su mandante se vio obligado a demandar a dicha empresa y a la subarrendataria de ésta, ESTACIONAMIENTO DOBERMAN C.A., por reivindicación, siendo pronunciada la sentencia de última instancia por el Juzgado Segundo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en fecha 11 de octubre de 2001, declarando con lugar la demanda de reivindicación y, en consecuencia, ordenándole a las demandadas entregarle a nuestro representado, libre de personas y bienes, el mencionado lote de terreno, sentencia que fue debidamente ejecutada por el Juzgado 5° Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, a través de una medida de Entrega Material ordenada por el Tribunal de la causa.
3.- Que, el 5 de diciembre de 2001, PEJOTO C.A. intentó demanda de tercería en contra de su mandante, con base en un supuesto contrato de arrendamiento que suscribió aparentemente con la empresa ETOLIA DE INVERSIONES, C.A., quien fraudulentamente se hizo pasar como propietaria del mencionado lote de terreno y que junto con la empresa ESTACIONAMIENTO DOBERMAN, C.A., son empresas relacionadas a PEJOTO, C.A., pues existe unidad de gestión y administración entre ellas.
4.- Que, el 6 de enero de 2003, PEJOTO C.A., utilizando el mismo contrato de arrendamiento que presentó en la acción de tercería, intentó demanda por interdicto restitutorio sobre el mencionado lote de terreno más de un (1) año a partir del momento en que se produce el alegado despojo de la posesión, conforme a lo establecido en el artículo 783 del Código Civil. Sin embargo, en el presente caso tampoco se produjo ningún desalojo arbitrario de la posesión, pues nuestro representado obtuvo un mandamiento de ejecución expedido por un Tribunal competente, luego de haber vencido en buena lid en el procedimiento de reivindicación, tal como lo confiesa la querellante en su escrito libelar, razón por la cual ha debido declararse, ab initio, la inadmisibilidad de la acción.
5.- Que, dentro de la solicitud interdictal, PEJOTO C.A. solicitó igualmente como medida preventiva, la restitución del mencionado lote de terreno y el Tribunal de la causa... le fijó como fianza la insólita e ínfima cantidad de CIENTO QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 115.000.000,oo), y decimos lo anterior por cuanto demostramos palmariamente que el mencionado lote de terreno, que está situado en el corazón de
6.- Que,
7.- Que, la decisión impugnada, es violatoria de los principios de imparcialidad, transparencia y equidad que deben regir las actuaciones de los jueces, lo cual transgrede la garantía constitucional al debido proceso, al fijar arbitrariamente una fianza irrita, insuficiente y sin ajustarse al contenido del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, que le exige suma prudencia y ponderación al momento de fijar el monto de la fianza.
8.- Que, la juez presuntamente agraviante, con la decisión dictada despojó arbitrariamente a su representado del inmueble legítimamente adquirido por él, privándolo de los atributos fundamentales del derecho de propiedad, como son el uso, goce y disfrute de la cosa y, además, alegaron, que la cuestionada sentencia se dictó con evidente abuso de autoridad y fuera de la competencia de
9.- Que, ni el ejercicio ordinario de apelación ni la oposición podrían suspender inmediatamente la medida decretada, al oírse aquella en el solo efecto devolutivo.
10.- Igualmente, solicitaron que se declare la nulidad del auto del 14 de mayo de 2003, dictado en el juicio principal de interdicto restitutorio, pues mediante él, el Tribunal crea una gran inseguridad e incertidumbre jurídicas, al modificar sustancialmente el procedimiento a seguir en esta causa, apartándose abiertamente de lo decidido con carácter vinculante por
11.-Finalmente, solicitaron la nulidad por inconstitucionalidad, tanto de la referida sentencia como del auto en cuestión y se ordene a otro Tribunal de la misma jerarquía dictar nuevo fallo, ateniéndose a las normas legales en vigor y a lo alegado y probado en autos.
III
DE LA DECISIÓN APELADA
El Tribunal a quo declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por los abogados Félix Vicente Delgado y Rudys Argenis Delgado, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JESÚS RAFAEL ARTEAGA, por considerar:
Se debate en esta instancia constitucional, la posible lesión alegada por el quejoso, consistente en el dispositivo de la decisión cautelar y auto ordenatorio del procedimiento de fecha 14 de mayo de 2003, dentro del procedimiento interdictal, lo que a juicio de quien aquí decide y por la brevedad del proceso y la tuición constitucional investida a cada juez, hace la presente demanda de amparo constitucional inadmisible, por cuanto las partes discuten la posesión del inmueble en un proceso expedito, breve y capaz de proteger el posible menoscabo en un lapso breve, expedito y contundente, puesto que dicha causa tiene pautada por el dispositivo del artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, un lapso breve y perentorio que determinará la solución definitiva, el cual una vez practicada la restitución o el secuestro y citado el querellado, quedará abierto a pruebas por diez días y a su conclusión las parte (sic) dispondrán de un lapso de tres días para sus alegatos finales y el Juez dictará sentencia dentro de los ocho días siguientes, la cual será apelable en un solo efecto; es aquí que se abriría la vía constitucional, si el Juez de la causa, en caso de haber lesión constitucional no la repara con su decisión final, situación, que legitimaría al accionante para acudir a restablecer sus derechos fundamentales; toda vez, que aun la posesión que se discute, está protegida por la fianza acordada a tal efecto y la responsabilidad del Juez personalmente. En el caso bajo estudio, al momento de intentarse la acción constitucional, el proceso se encontraba en la fase de alegatos finales de las partes; lo que determina su inadmisibilidad por encontrarse las partes sumergidas en la vía judicial determinante para la solución del caso planteado.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Conforme a
De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en
No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que
En virtud que la sentencia, objeto de apelación, fue dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto, estima que:
En el caso bajo análisis la presente acción de amparo constitucional tiene por objeto la presunta violación de los derechos al debido proceso y a la propiedad del ciudadano Jesús Rafael Arteaga por parte del auto y de la decisión interlocutoria del 14 de mayo de 2003, dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Consideraron los apoderados judiciales del accionante, que la decisión interlocutoria, aquí impugnada, es totalmente inmotivada, contradictoria, incongruente e inconstitucional, ya que la misma desestimó sus alegatos sobre la eficacia de la fianza y guardó silencio respecto a la insuficiencia de la misma, y con ello, ordenó la restitución inmediata del inmueble a la parte querellante.
Ahora bien, observa
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, al regular los interdictos posesorios, estableció un mecanismo para garantizar la defensa de la posesión que se ejerce sobre la cosa, a través de un procedimiento breve frente a la existencia de una perturbación o despojo de la cosa.
En este sentido el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
En el caso del artículo 783 del Código Civil el interesado demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El Juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía.
Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión si a su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada en costas.
Asimismo, el artículo 702 del Código de Procedimiento Civil establece:
Practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según el caso, el Juez ordenará la citación del querellado, y practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por diez días. Concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres días siguientes, los alegatos que consideren convenientes, y el Juez, dentro de los ocho días siguientes dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El Juez será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la sentencia prevista en este artículo.
De las disposiciones transcritas se desprende, que el Código de Procedimiento Civil prevé para los interdictos posesorios de despojo, un procedimiento de lapsos breves, donde se contempla una primera fase en la cual el querellante aporta los elementos probatorios al Juez a los fines de la demostración del despojo; en el caso de que el Juez considere suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía, para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse y, a su vez, el Juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de dicha garantía. En caso de que el querellante no esté dispuesto a constituir garantía, el Juez decretará el secuestro sobre la cosa o el derecho objeto de la posesión.
Asimismo, una vez practicada la restitución o el secuestro de la cosa objeto del litigio, el Código de Procedimiento Civil prevé que el Juez ordenará la citación del querellado y, una vez practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por un lapso de diez días, a los fines de que las partes prueben lo que consideren conducente, para demostrar o desvirtuar el presunto despojo y, finalizado dicho lapso, para presentar los argumentos que estimara necesarios dentro de los tres días siguientes, y vencidos éstos el Juez, dentro de los ocho días siguientes, debe dictar la sentencia definitiva, la cual será apelable en un solo efecto.
En este orden de ideas, estima
Al respecto, advierte
En este sentido, se observa que en el procedimiento de interdicto restitutorio la disposición contenida en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil permite que se decrete el secuestro conservativo de la cosa, poniéndola en manos de un depositario, cuando no se constituye la garantía necesaria para decretar la restitución de la cosa al querellante, por lo que dicha restitución, previa la constitución de una garantía, o en su defecto, el secuestro, forma parte del trámite procedimental de dicha acción interdictal, y no le son aplicables, las incidencias correspondientes a las oposiciones e impugnaciones previstas para las medidas preventivas propias del juicio ordinario, por lo que la tramitación realizada en el presente caso, por parte del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Con respecto al auto dictado el 14 de mayo de 2003, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
En este sentido se debe señalar, que la oportunidad de presentar los alegatos, no es la misma que el Juzgado de Primera Instancia, otorgó a la parte demandada para contestar la demanda, ateniéndose a la decisión dictada por
Ahora bien,
Los anteriores razonamientos conducen a esta Sala a considerar que en el caso bajo análisis el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al a quo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 03-1824
JECR/
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias