Venley

Sentencia N.º 656

Sentencia N.º 656

Sentencia
N.º 656
Fecha
22/06/2010
Sala
Constitucional
Expediente
10-0273
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Recurso de Nulidad

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 23 de marzo de 2010, el abogado Rudys Celestino Piñango, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 33.869, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANGE MARIE FRATACCI FRATACCI, titular de la cédula de identidad número 1.740.820, presentó escrito ante esta Sala Constitucional, mediante el cual solicitó “se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la sentencia dictada con fecha 21 de septiembre de 2009 por la Sala de Casación Civil de este mismo Supremo Tribunal”.

 El 6 de abril de 2010, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

Alegó la parte actora, que comparece ante esta Sala para solicitar “la nulidad por inconstitucionalidad de la sentencia dictada con fecha 21 de septiembre de 2.009 (sic) por la Sala de Casación Civil de este mismo Supremo  Tribunal en el juicio por tercería intentado por RESIDENCIAS CARIBE C.A. contra JEAN BAPTISTE FRATACCI FRATACCI y ANGE MARIE FRATACCI FRATACCI (Expediente 2009-000188) … (Omissis) al decidir el recurso de Casación intentado por ANGE MARIE FRATACCI FRATACCI contra la sentencia de reenvío dictada el 17 de octubre de 2008 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que acogió la tercería arriba indicada, la cual había sido desechada sucesivamente por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia y por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial”.  

 Que “[l]a decisión dictada por la Sala de Casación Civil a la cual se refiere el presente recurso viola de una manera flagrante las garantías procesales de [su] mandante que equivale a privarlo de la justicia, en forma por demás arbitraria, ilógica e injusta, contraria al más elemental espíritu de justicia y a la letra misma de las disposiciones que se citan para fundamentarla”.

Que “quedó plenamente demostrada la identidad de partes, objeto y la causa en relación con los juicios que por disolución de la sociedad mercantil Inversiones Calíope, C,A, (sic) inició Angie (sic) Marie Fratacci Fratacci en contra de su hermano Jean Baptiste Fratacci Fratacci, y la tercería incoada por Residencias Caribe, C.A. en contra de Angie (sic)  Marie Fratacci Fratacci y Jean Baptiste Fratacci Fratacci”.

Que “[e]l primero de dichos juicios fue decidido en forma definitiva por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de diciembre de 1997, declarando, entre otros aspectos, la disolución y posterior liquidación de la sociedad mercantil Inversiones Calíope, C.A. Decisión (sic) esta (sic) que quedó definitivamente firme, en virtud de lo cual adquirió el carácter de ‘cosa juzgada’ ”. 

Que “[p]osteriormente, el demandado Jean Baptiste Fratacci Fratacci, con el único propósito de burlar la institución de la cosa juzgada, intentó en nombre de la empresa RESIDENCIAS CARIBE, C.A. de su única propiedad, por ser su único socio y también administrador único, demanda de tercería en contra de si (sic) mismo y de su hermano Angie (sic) Marie Fratacci Fratacci”.

Que “insist[e] en afirmar que existe identidad entre los tres requisitos de procedencia de la cosa juzgada, en virtud de las siguientes circunstancias ampliamente demostradas durante todo el proceso de la pretendida tercería: SUJETO: En ambas acciones (disolución de sociedad y tercería) las personas naturales involucradas son las mismas: los hermanos Fratacci Fratacci. En el juicio contra Inversiones Calíope, C.A. Angie (sic) Marie Fratacci Fratacci demanda por disolución de sociedad a su hermano Jean Baptiste Fratacci Fratacci.; (sic) es decir ambas partes idénticas, lo cual quedó demostrado sin lugar a duda alguna. En dicho procedimiento Jean Baptiste Fratacci fue citado personalmente; Jean Baptiste Fratacci otorgó poder a abogados para que ejercieran su representación y defensa en ese juicio, defensa y representación que ejercieron a cabalidad, utilizando toda clase de defensas, pruebas y recursos; ese mismo ciudadano, Jean Baptiste Fratacci, con Cédula de Identidad No. 3.718.811, es el único accionista de Residencias Caribe C.A., demandante en tercería; ésa (sic) misma persona fue el causahabiente –como aportante- de los supuestos derechos de propiedad de Residencias Caribe C.A. sobre los bienes debatidos, y que ése (sic) mismo único accionista de la tercerista fue quien otorgó poder a los abogados que representaron a esta última compañía en el juicio de tercería. Luego, el perdidoso en dos instancias recurrió fraudulentamente a la figura de la tercería, aparentando ser tercero sin serlo, toda vez que constituyó irregularmente a la compañía tercerista con bienes ajenos para frustrar a la justicia, que había sido cumplidamente servida en la sentencia del Juzgado Superior Tercero CMT (sic) de fecha 22 de diciembre de 1997, la cual quedó firme e irrevisable en virtud de la cosa juzgada. (sic) Es que acaso puede haber alguna duda de que se trata de los mismos sujetos, las mismas partes involucradas en ambos procesos? OBJETO: En la propia sentencia de reenvío dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 17 de octubre de 2008 (Exp. CB -07-0788) página 26, folio 314 (sic) se establece que la identidad de los bienes fue aceptada por ambas partes, y que por lo tanto era un hecho probado, indiscutible e indiscutido. Dice textualmente la citada decisión: ‘Es necesario también observar que por cuanto la parte codemandada ANGIE (sic) MARIE FRATACCI FRATACCI, adujo que el fondo de comercio Hotel Bar Restaurant Residencias Caribe, el cual era anterior a Residencias Caribe C.A., ya poseía todo ese moblaje y enseres necesarios para desarrollar la actividad de hotelería y que si bien era cierto que para el año 1961 se registró una firma personal con el nombre de JEAN BAPTISTE FRATACCI RESIDENCIAS CARIBE, para ese momento dicho fondo de comercio era regentado no solo por JEAN BAPTISTE FRATACCI, sino que en él laboraban en comunidad, los ciudadanos JEAN BAPTISTE FRATACCI FRATACCI, DOMINIQUE FRATACCI MASSINI y ANGE MARIE FRATACCI FRATACCI, y que en el fondo de comercio ejercían la representación indistintamente los tres; este hecho deberá ser probado; mientras que al haberse admitido que el fondo de comercio Hotel Bar Restaurant Residencias Caribe, era anterior a Residencias Caribe C.A; que poseía todo ese moblaje y enseres necesarios para desarrollar la actividad de hotelería y que los bienes aportados en especie para integrar el capital social de la empresa Residencias Caribe C.A. son los mismos bienes que existían en el fondo de comercio HOTEL BAR RESTAURANT RESIDENCIAS CARIBE; son estos hechos aceptados por ambas partes’. Es decir son los mismos bienes que la tercerista pretende que se le retribuyan, como de su propiedad, sin serlo, como quedó demostrado afirmado por el sentenciador comentado. En virtud de lo expuesto, tampoco queda duda de que el objeto tanto del juicio de disolución de Inversiones Calíope, C.A. como el de la demanda de tercería estaba constituido por los mismos bienes, en razón de lo cual queda demostrada la identidad de este otro presupuesto de procedencia de la cosa juzgada. En la primera sentencia (Jgdo. (sic) 3° Superior  CMT (sic) de fecha 22 de diciembre de 1997, definitivamente firme) se declaró: a) que los bienes son propiedad de Inversiones Calíope C.A., que por supuesto, son los mismos que ahora la demanda de tercería afirma que son propiedad de Residencias Caribe C.A. y b), en consecuencia, que la compañía Residencias Caribe C.A., supuesto tercero interviniente fue constituida irregularmente, con el aporte de bienes que no pertenecían a los supuestos aportantes, sino a Inversiones Caliope (sic) C.A. Por otra parte, en el primer juicio (por disolución y liquidación de Inversiones Caliope (sic) C.A.) fue alegado y probado el fraude cometido por Jean Baptiste Fratacci Fratacci al forjar y utilizar un contrato falso de arrendamiento para presentar el uso del inmueble como cosa distinta e independiente del fondo de comercio de la comunidad que mantuvo con su padre Dominique Fratacci Massini y que posteriormente se incorporaron al patrimonio de Inversiones Caliope (sic) C.A. para pretender atribuirle su propiedad mediante aporte a la compañía Residencias Caribe C.A., supuesto tercero demandante de la tercería. Por tales motivos la sentencia recurrida (del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 17 de octubre de 2008) debió ser casada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 313, ordinal 1°. Como violatoria de la disposición del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil al ignorar lo alegado y probado en los autos. CAUSA: En el fondo la causa, aunque bajo distintas denominaciones, es la misma: los bienes que integraban el fondo de comercio originalmente denominado Hotel Bar Restaurant Residencias Caribe, firma personal que luego se convirtió en Inversiones Calíope, C.A., con absolutamente los mismos bienes como quedó demostrado y aceptado por ambas partes según se expresa en el párrafo transcrito de la sentencia del Juzgado Superior Sexto C M y T (sic) de fecha 17 de octubre de 2.008. (Sic) ”.

Que “[e]n razón de lo expuesto quedó demostrado el fraude perpetrado por el ciudadano Jean Baptiste Fratacci Fratacci, con el único propósito de sustraerse al (sic) cumplimiento de la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero de esta circunscripción (sic) judicial (sic) en fecha 22 de diciembre de 1997, que ordenó entre otros dispositivos la disolución de la sociedad Inversiones Calíope, C.A. y la rendición de cuentas de su gestión como administrador por parte del ciudadano Jean  Baptiste Fratacci Fratacci”.

Que “[e]l ciudadano Jean Baptiste Fratacci Fratacci para enervar los efectos de la referida decisión definitivamente del Juzgado Tercero Superior introdujo demanda de tercería en representación de su empresa Residencias Caribe, C.A. como antes se dijo en contra de si (sic) mismo y de su hermano triunfador en el primero juicio”.

Que “[e]n ese primer juicio (Angie (sic) Marie Fratacci Fratacci vs Jean Baptiste Fratacci Fratacci por disolución de Inversiones Calíope, C.A.), en el cual intervino, como se ha dicho, Jean Baptiste Fratacci Fratacci, quedó claramente establecido que los bienes con los cuales funcionaba originalmente el Hotel Bar Restaurant Residencias Caribe, C.A. los cuales (fondo de comercio íntegro) fueron traspasados a la sociedad mercantil Inversiones Calíope, C.A. eran propiedad de esta última y no de Residencias Caribe, C.A. quien nunca pudo demostrar el origen de la propiedad de los mismos a su favor. Así también fue establecido en el párrafo transcrito de la sentencia del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 17 de octubre de 2008. Lo que ha sido objeto de persecución tanto en el primer juicio como en el de tercería lo constituyen los bienes propiedad originalmente de Hotel Bar Restaurant Residencias Caribe luego de Inversiones Calíope, C.A. que en todo momento pretendió apropiarse mediante fraude Jean Baptiste Fratacci Fratacci utilizando como mampara a la sociedad mercantil Residencias Caribe, C.A. constituida posteriormente con el específico interés de apropiarse de los bienes pertenecientes a Inversiones Calíope, C.A.”.

Que “[e]n resumen, la propiedad de los bienes anhelados por ambas partes demandantes fue decidida en forma indubitable e inequívoca por  la sentencia del Juzgado Superior Tercero que ordenó la disolución y liquidación de Inversiones Calíope, C.A. en forma incompatible e inconciliable con las pretensiones  de Residencias Caribe C.A., cuyos derechos e intereses fueron defendidos a cabalidad en ese proceso por los apoderados instituidos por su administrador  y único accionista, Jean Baptiste Fratacci Fratacci, quien fue debidamente citado en el mismo”.

Que “[e]stá probado igualmente que Residencias Caribe C.A. era causahabiente de Jean Baptiste Fratacci Fratacci, C.I. No. 3.718.811 en la propiedad de ésos (sic) bienes que constituían el objeto de las pretensiones de ambas partes en los dos juicios, gracias al supuesto aporte efectuado en el acto de constitución de la primera, el 25 de enero de 1978. Por ello tenía y tiene que considerarse a ambos como una sola y única parte”.

Que “[s]e trata,… de un caso emblemático de aplicación de la cosa juzgada para proteger la majestad de la justicia y para desmontar los intentos fraudulentos de hacerla ineficaz, en burla de las más elementales principios de la convivencia civilizada”.

 Que “[i]nterpretar en forma absolutamente estricta la noción de identidad de las partes, objeto y causa a los efectos de la aplicación de la excepción de cosa juzgada, desvirtúa la fuerza que se le atribuye, atenta contra la paz y la seguridad jurídica que la misma persigue haciendo virtualmente inexistente”. 

 Que “[b]astaría el ejercicio de cualquier subterfugio por persona distinta y el uso de cualquier tercería para burlar sus efectos”.

Que “[e]s inconcebible que el legislador haya instituido esta defensa exclusivamente para el caso de que algún orate se le ocurriese accionar nuevamente sobre el mismo asunto ya decidido entre las mismas partes”.

Que “… la sentencia impugnada…. solo (sic) alude a la falta de cumplimiento de formalidades no esenciales supuestamente incurridas en el escrito de formalización del recurso de casación en contra de la decisión del juez de reenvío para declarar sin lugar las clarísimas y fundamentadas denuncias contenidas en dicha formalización”.

Que “[d]icha sentencia señala: ‘Para decidir, la Sala observa: De la lectura detallada del extenso texto de la denuncia, se aprecia que en el mismo no explica la formalizante, de forma alguna,  los motivos por los que considera que la recurrida infringió, las normas que acusa por errada interpretación. En el caso bajo decisión, la formalizante pretende delatar la errónea interpretación por la recurrida de los artículos 346  ordinal 9°) y 356 del Código de Procedimiento Civil y 1.395 del Código Civil, sin ofrecer en su escrito, razonamientos ni explicaciones que demuestren en que sentido se produjo la infracción delatada, y así puede constatarse de la trascripción del escrito de formalización, realizada supra. (Omissis) En el sub iudice, el formalizante no realiza una fundamentación concreta y clara respecto a las infracciones que denuncia, ya que de ninguna forma explica por qué estima que la recurrida haya errado en la interpretación de las normas acusadas… (Omissis) Ante la confusa redacción que presenta la denuncia bajo análisis, así como su evidente carencia de fundamentación, no le es posible a esta Máxima Jurisdicción Civil, aplicar la flexibilización doctrinaria que en acatamiento del mandato contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha establecido esta Sala en relación a la especial técnica casacionista  y entrar a realizar el estudio y decisión de la denuncia bajo análisis ya que, como se ha establecido en innumerables sentencias, la doctrina sobre la técnica a utilizar para efectuar las denuncias por infracción de ley, la fundamentación deberá estar dirigida a evidenciar que efectivamente la alzada interpretó erradamente o aplicó falsamente o no aplicó las normas denunciadas,  vinculando el contenido de las mismas con los hechos y circunstancias a que se refiere la violación, esto es, que la infracción debe ser demostrada, que el escrito permita evidenciar cómo, cuándo y en qué sentido incurrió el ad quem en la infracción. Así como demostrar de qué manera hubiese tenido influencia en el dispositivo del fallo, lo que permitirá a la Sala constatar si efectivamente hubo la infracción por parte de la alzada, y evitar una casación inútil’ ”.

Que “[e]l párrafo transcrito [le] resulta en un verdadero galimatías… que pretende fundamentarse en los artículos 26 y 257 de la C.N. (sic) para luego contradecirlos concluyendo que no se pudo aplicar la flexibilización doctrinaria; es decir, que no se pudo acceder al fondo de la cuestión planteada en razón de no haberse supuestamente cumplido con la técnica de casación, es decir, porque supuestamente NO SE DIO CUMPLIMIENTO A REQUISITOS NO ESENCIALES”.

Que “[p]or lo expuesto y con el objeto de evitar que se pretenda manipular o vulnerar la majestad de la justicia en atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución, [ocurre ante esta Sala] para pedir se aplique la flexibilización doctrinaria en acatamiento a la disposiciones constitucionales (omissis) y se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la sentencia dictada con fecha 21 de septiembre de 2009 de la Sala de Casación Civil de este mismo Supremo Tribunal en el juicio por tercería intentado por RESIDENCIAS CARIBE C.A. contra JEAN BAPTISTE FRATACCI FRATACCI y ANGE MARIE FRATACCI FRATACCI (Expediente 2009-000188) y procedente la excepción de cosa juzgada interpuesta”.

Solicitó a la Sala “… se sirva solicitar del Tribunal (sic) Cuarto de Primer (sic) Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a (sic) donde fue emitido (sic) el mencionado expediente N° 2009-000188, contentivo del juicio aquí referido, mediante oficio N° 1239-09, de fecha 27 de octubre de 2.009 (sic), identificado mediante los Nros 99-10703 (anterior) y AH14-V-1999-00035 (nuevo) de la nomenclatura del referido Tribunal, para que constate la aberración cometida y salve la debida buena reputación del Tribunal Supremo de Justicia, dejando sin efecto la burla descarada que se ha infligido a la Justicia, y a la Constitución con la publicación del vergonzoso fallo aquí denunciado”. 

 

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

En el presente caso, al examinar los términos en que fue realizada la solicitud que encabeza las actuaciones de autos, resulta evidente que lo que se pretende es que esta Sala declare, sin más, la nulidad de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el 21 de septiembre de 2009, pues de ninguna manera se exponen argumentos atinentes a los supuestos de procedencia de la revisión de sentencia a que se refiere el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  ni se invoca su ejercicio.

Al ser ello así, resulta evidente que el accionante ha interpuesto un “recurso de nulidad” contra un fallo dictado por la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, respecto al cual es necesario recordar que por ser el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas Salas, el órgano de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial, por mandato legal, sus decisiones no pueden ser impugnadas a través de una acción o recurso de nulidad por razones de ilegalidad ni de inconstitucionalidad, todo ello conforme a lo dispuesto por el segundo aparte del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual prevé:

 “Artículo 1: El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal de la República, contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá ni admitirá acción o recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo 5, numerales 4 y 16 de esta Ley." (Resaltado de esta Sala).

 

  De tal manera que, de la norma transcrita se evidencia que existe una prohibición legal de ejercer recursos de nulidad contra cualquiera de las decisiones emanadas de las Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, pues expresamente se dispone que contra dichas sentencias, no se oirá ni se admitirá recurso alguno, quedando a salvo, sólo el mecanismo de revisión extraordinario establecido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, el cual, a juicio de esta Sala era medio idóneo para que la parte recurrente, si consideraba que dicho fallo se había apartado de interpretaciones constitucionales establecidas por esta Sala, impugnase la indicada sentencia (Ver sentencias de esta Sala Constitucional núm. 1832 del 2 de octubre de 2001, (caso: Plinio Santiago Musso Jiménez), y núm. 242 del 25 de febrero de 2004 (caso: José Gregorio García Urquiola) donde se resolvieron casos similares al presente.

 En atención a las consideraciones anteriores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 6, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que refiere: “Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley”, esta Sala declara inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Rudys Celestino Piñango, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANGE MARIE FRATACCI FRATACCI, contra la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2009 por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal. Así se decide.

 

 

 

 

 

III

DECISIÓN

 En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE “el recurso de nulidad por inconstitucionalidad” interpuesto por el abogado Rudys Celestino Piñango, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANGE MARIE FRATACCI FRATACCI, contra la sentencia pronunciada el 21 de septiembre de 2009 que dictó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de junio  de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 Vicepresidente,            

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                         Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp.- 10-0273

CZdeM/

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