Venley

Sentencia N.º 660

Sentencia N.º 660

Sentencia
N.º 660
Fecha
30/05/2013
Sala
Constitucional
Expediente
13-0031
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Exp. 13-0031

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

            Mediante Oficio N° 2012-767 del 30 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Luis José Villarroel Cabello, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 81.031, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil EXQUISITECES AUTOMERCADO LA CASCADA DEL PAN C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el N° 40, Tomo A-39 el 12 de julio de 2000, contra la sentencia dictada el 15 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por las ciudadanas Karla Nazaret Querecuto Márquez y Elizabeth Guatarasma, titulares de las cédulas de identidad números 13.783.129 y 18.510.474, respectivamente, contra la precitada sociedad mercantil, al negarse a cumplir la providencia administrativa N° 393-2011 del 1° de noviembre de 2011, dictada a su favor por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja del Estado Anzoátegui, a través de la cual ordenó el reenganche de las mismas a su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos.

Tal remisión obedeció al recurso de apelación interpuesto tempestivamente el 28 de noviembre de 2012, por la representación de la parte actora, contra el fallo dictado el 26 del mismo mes y año por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional.

El 15 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

            El 8 de mayo de 2013, se constituyó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

            El 12 de abril de 2012, las ciudadanas Karla Nazaret Querecuto Márquez y Elizabeth Guatarasma presentaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, acción de amparo constitucional contra la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada del Pan C.A., al negarse a cumplir la providencia administrativa 393-2011 del 1° de noviembre de 2011, dictada en su favor por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja del Estado Anzoátegui, a través de la cual ordenó el reenganche de las mismas a sus puestos de trabajo y el pago de salarios caídos.

            El 23 de abril de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, admitió la acción de amparo interpuesta y ordenó las notificaciones correspondientes.

            El 28 de septiembre de 20212, el tribunal de la causa dejó constancia de la imposibilidad de practicar la notificación personal de la representación de la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada del Pan C.A., por lo que ordenó librar nueva boleta de notificación “a fin de que sea dejada por el Alguacil en dicha sede conjuntamente con la compulsa”.

            El 4 de octubre de 2012, el alguacil del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, dejó constancia de haber practicado la notificación mediante boleta fijada en la sede de la empresa.

            El 10 de octubre de 2012, se llevó a cabo la audiencia constitucional -a la cual no compareció la parte accionada-, por lo que el referido Juzgado declaró con lugar la acción de amparo ejercida por las ciudadanas Karla Nazaret Querecuto Márquez y Elizabeth Guatarasma contra la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada del Pan C.A. El texto íntegro de la decisión fue publicado el 15 del mismo mes y año, el cual tuvo como fundamento lo siguiente:

“… Analizadas las pruebas aportadas por la parte recurrente en amparo en la presente causa, y vista la contumacia de la empresa EXQUISITECES AUTOMERCADO LA CASCADA DEL PAN C.A., de asistir a la audiencia oral y pública de amparo constitucional, al evidenciarse su desacato en dar cumplimiento a la Providencia Administrativa que nos ocupa, violando flagrantemente los derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral de las ciudadanas KARLA NAZARET QUERECUTO MARQUEZ Y GUATARASMA VILLARROEL ELIZABETH, forzoso es para este Tribunal declarar con lugar la pretensión constitucional interpuesta. Así se resuelve.

           

            El 16 de octubre de 2012, la representación de las accionantes solicitó aclaratoria del fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, la cual fue declarada procedente mediante sentencia dictada el 17 del mismo mes y año.

            El 24 de octubre de 2012, el aludido Juzgado dictó auto mediante el cual negó por extemporánea la apelación interpuesta por la representación de la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada del Pan C.A.

            El 16 de noviembre de 2012, el abogado Luis Villarroel en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada del Pan C.A., ejerció acción de amparo constitucional contra el fallo dictado el 15 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

            El 20 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, ordenó la corrección del escrito de amparo, por lo que el 22 del mismo mes y año, la representación de la parte actora dio cumplimiento a lo ordenado por el a quo constitucional.

            El 26 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.

            El 28 de noviembre de 2012, el abogado Luis José Villarroel Cabello en representación de la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada del Pan C.A., apeló de la anterior decisión, motivo por el cual se remitieron las actuaciones a esta Sala Constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

            Señaló la representación de la parte accionante los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

            Que el 12 de abril de 2012, las ciudadanas Elizabeth Guatarasma y Karla Nazaret Querecuto ejercieron acción de amparo consitucional contra su representada.

            Que las precitadas ciudadanas solicitaron la notificación del ciudadano Albino Manuel Peralta “en su carácter de presidente de la referida empresa”.

            Que igualmente se ordenó la notificación del Inspector del Trabajo de Barcelona “sin tomar en consideración, de (sic) que la Providencia Administrativa que se intenta hacer cumplir fue proferida por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja del Estado Anzoátegui” (Subrayado de la parte accionante).

            Que el 19 de junio de 2012, el alguacil del tribunal de la causa consignó las resultas de la notificación practicada a su representada “exponiendo a tal fin, que se dirigió a la sede de la empresa, siendo entrevistado por una persona -que según su decir- se negó a identificarse y firmar dicha boleta, pero que dejó una copia para que se la hicieran llegar al representante legal que no se encontraba en ese momento”, y, hace descripción de los rasgos físicos de la misma persona con quien dice el funcionario que se entrevistó, firmando la boleta de notificación el mismo Alguacil”.

            Que el 20 de junio de 2012, se ordenó practicar nueva notificación “en consideración de que el Alguacil dejó constancia que hizo entrega de la copia de la boleta de notificación dirigida a la empresa presuntamente agraviante en el presente juicio sin señalar el nombre de quien la recibe”.

            Que el 2 de octubre de de 2012, “luego de que supuestamente hubo varios traslados hasta la sede de la empresa con la finalidad de dar cumplimiento a la respectiva notificación de la demandada de autos, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui (…) ordenó el emplazamiento mediante boleta ´dejada por el alguacil en dicha sede conjuntamente con la compulsa´”:

            Que el 4 de octubre de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, fijó la oportunidad para que se llevara a cabo la audiencia constitucional, “a pesar de que el Alguacil hizo la consignación en el expediente de la ´notificación´ practicada en fecha 04/10/2012, sin la presencia por supuesto, de la representación de la parte demandada, ni del Inspector del Trabajo de los Municipios Sotillo Guanta y Urbaneja del Estado Anzoátegui, declarando CON LUGAR la acción de amparo constitucional”.

            Que “pasados unos pocos días, esta representación judicial tuvo conocimiento del asunto aquí narrado mediante la revisión de expedientes y libros en uno de los archivos de esta sede jurisdiccional; al efecto, ejercí el correspondiente Recurso de Apelación, el cual fue negado oírlo, por considerar el Tribunal Primero de Juicio que el mismo fue ejercido extemporáneamente”.

            Que el referido Juzgado ordenó notificar en varias oportunidades a su representada “(…) pero es el caso que (…) jamás fue objeto de notificación para la presentación del informe a que se contrae el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; pues, lo que se trató sin materialización legal alguna, fue de notificarse para que acudiera a la sede del Tribunal en el lapso de 96 horas a que se refiere el Artículo 26 ejusdem (sic) (...) omitiendo así, el lapso para la presentación del aludido informe; y , en el caso de que se considere de que dicho lapso de 48 horas para el respectivo informe es tácito, tampoco concuerda de ninguna manera los lapsos hasta la celebración de la Audiencia Constitucional”.

            Que adicionalmente, el tribunal de la causa ordenó la notificación de la empresa demandada de una forma muy “particular (…) toda vez que, según el texto del Auto y Boleta librada en fecha 02/10/12 (…) ordenó el emplazamiento de la parte demandada mediante boleta que será dejada por el alguacil  en le referida sede, entendiéndose emplazado sin el cumplimiento de formalidad alguna” (Resaltado de la parte actora).

            Que el 4 de octubre de 2012, se llevó a cabo la audiencia constitucional “a pesar de que el Alguacil hizo la consignación en el expediente de la ´notificación´ en fecha 04/10/12”, lo cual -a su decir- infringió lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

            Que en la mencionada audiencia “no se hizo presente la parte demandad (sic) ni el Inspector del Trabajo, por todas y cada una de las situaciones ut supra”, lo cual lesionó los derechos constitucionales de su representada a la defensa y al debido proceso.

            En tal sentido, solicitó se “ordene el debido cumplimiento de las formalidades especiales para la Acción de Amparo, reponiendo la causa hasta el estado de que la parte demanda (sic) pueda ejercer su defensa, en cónsono equilibrio de igualdad procesal de las partes”.

            Finalmente, solicitó como medida cautelar la suspensión de los efectos de la sentencia dictada el 15 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

III

DEL FALLO APELADO

            El fallo objeto de la presente apelación dictado el 26 de noviembre de 2012, por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por la representación de la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada del Pan C.A., contra la sentencia dictada el 15 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“… en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cardinal 5 de dicha disposición normativa establece:

(omissis)

Al respecto, cabe señalar que la Sala Constitucional del Alto Tribunal ha interpretado la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, en el siguiente sentido:

(…)

Tomando en cuenta el criterio jurisprudencial transcrito supra y luego de un minucioso análisis de la pretensión esgrimida por la parte actora, este Juzgado Superior actuando en sede constitucional advierte que, en el caso de autos la hoy quejosa, sociedad mercantil EXQUISITECES AUTOMERCADO LA CASCADA DEL PAN, C.A, tenía a su disposición una vía ordinaria para obtener el restablecimiento de sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, representado por el recurso de apelación consagrado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los términos establecidos en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 7 de fecha 01 de febrero de 2000, que con carácter vinculante para todo los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, establece el procedimiento para la admisión y tramitación de las acciones de amparo constitucional.

Por lo tanto, no puede pretender la accionante, con la demanda de amparo, la sustitución de los medios judiciales preexistentes, pues ella está sujeta a que el interesado no cuente con dichas vías judiciales preexistentes, o bien que, ante la existencia de éstas, las mismas no permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida. De modo, que el amparo será admisible cuando se desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los medios procesales preexistentes resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado (vid. S.C. N° 1496/2001 caso: Gloria América Rangel Ramos-, N° 2198/2001 (caso: Oly Henríquez de Pimentel-) o cuando justifique el uso del amparo en sustitución de los medios ordinarios de impugnación, tal como lo ha exigido la señalada Sala en su decisión del 9 de agosto de 2000 (caso: Stefan Mar C.A.).

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Segundo Superior del Trabajo, declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 15 de octubre de 2012, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide”.

IV

DE LA COMPETENCIA

            Debe esta Sala de manera previa, pronunciarse sobre su competencia a los fines de conocer la presente apelación y a tal efecto observa que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: “Emery Mata Millán”) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 25 numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala Constitucional, conocer las apelaciones contra las sentencias que se dicten en los procesos de amparo constitucional autónomo emitidas por los Juzgados Superiores de la República, salvo contra los fallos dictados por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

            En el presente caso, se sometió al conocimiento de la Sala la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2012, por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, motivo por el cual esta Sala, congruente con la decisión referida y con lo establecido en las normas citadas, resulta competente para conocer la apelación de autos; y así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir el asunto sometido a su conocimiento, para lo cual resulta ineludible aclarar como punto previo que la parte actora intentó recurso de apelación, según el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión del 26 de noviembre de 2012, dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mas no presentó el escrito de fundamentación de su apelación, razón por la cual, esta Sala en una recta aplicación del principio a la tutela judicial efectiva, pasa a decidir sin enfoque de denuncia alguna considerándose para ello los planteamientos expuestos en el escrito de amparo constitucional y demás recaudos cursantes en autos, así como los razonamientos que siguió el aludido tribunal superior para dictar la decisión.

            En el caso de autos, la representación de la sociedad mercantil Exquisiteces Automercado La Cascada Del Pan C.A., ejerció acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 15 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por las ciudadanas Karla Nazaret Querecuto Márquez y Elizabeth Guatarasma, contra la precitada empresa, al negarse a cumplir la providencia administrativa N° 393-2011 del 1° de noviembre de 2011, dictada a su favor por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja del Estado Anzoátegui, a través de la cual ordenó el reenganche de las mismas a su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos.

            A tal efecto, fundamentó su pretensión en la presunta violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, en razón de supuestas irregularidades en las que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al momento de practicar la notificación para la celebración de la audiencia oral en el juicio de amparo incoado en su contra.

            Por su parte, el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta con fundamento en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto en su criterio, la quejosa agotó la vía judicial preexistente de impugnación, a saber, el recurso de apelación previsto en el artículo 35 eiusdem.

En el caso sub examine, esta Sala aprecia que se está en presencia de la situación procesal que se ha denominado “amparo contra amparo”, por cuanto el pronunciamiento que fue impugnado lo emitió un Juzgado Superior, que conoció, a su vez, de la apelación que había sido interpuesta contra la sentencia que emitió un Juzgado de primera instancia, igualmente en un proceso de amparo, decisión aquella que amerita un análisis distinto al resto de las pretensiones de amparo contra decisiones judiciales, ello con la finalidad de evitar la desnaturalización de la esencia breve y expedita de los procesos de tutela constitucional, pues se corre el riesgo de que se propongan una cadena interminable de demandas de esta índole contra la misma situación jurídica, lo cual atentaría contra la seguridad jurídica.

Sobre este particular, en sentencia N° 438 del 23 de mayo de 2000 (caso: Kenneth Scope y otra), la Sala señaló lo siguiente:

“(…) los presuntos agraviados pretenden la impugnación -por vía de amparo- de una sentencia firme, en virtud del agotamiento de las dos instancias previstas en la ley, el caso bajo examen se enmarca dentro de lo que la jurisprudencia ha conocido como amparo contra amparo, es decir, se intenta un amparo en contra de una decisión judicial, sólo que la misma recae sobre una acción de amparo primariamente interpuesta y que ha recorrido las dos instancias, bien sea por el ejercicio de la apelación o por la consulta de ley (…).

En relación con tan particular mecanismo de impugnación, esta Sala Constitucional fijó posición en sentencias del 2 de marzo y 25 de abril de 2000 (Casos: Francia Josefina Rondón Astor y, Fernando José Roa Ramírez), estableciéndose en dichas sentencias que, al quedar agotada la vía del amparo -ya sea por apelación o consulta- es imposible ejercer tal mecanismo de protección en contra de una sentencia de amparo firme, por cuanto se crearía una cadena interminable de acciones de amparo, vulnerándose así el principio de la doble instancia -lesionando a su vez la seguridad jurídica-, quedando desvirtuada la esencia breve y expedita que inviste el proceso de amparo (…)”.

 

No obstante lo anterior, ha sido doctrina pacífica y reiterada de esta Sala que, la interposición de la demanda de “amparo contra amparo” resulta posible únicamente cuando se denuncien violaciones de derechos fundamentales que se deriven directamente de actuaciones u omisiones del Juzgado constitucional, y que las mismas hubiesen ocasionado agravios constitucionales distintos a los denunciados en el proceso originario (vid., entre otras, ss. S.C. números 341/00; 438/00 y 1000/00); es decir, que los elementos que configuren la nueva lesión de derechos o garantías fundamentales sean fáctica y jurídicamente diferentes de los que fueron sometidos a revisión en la decisión de la pretensión de amparo primeramente decidida y que hayan surgido como consecuencia del curso del procedimiento de amparo (Cf. s.S.C. N° 1269 del 26 de julio de 2011).

En efecto, el ejercicio del amparo contra amparo resultaría posible únicamente en el caso de agravios constitucionales no juzgados o que se deriven directamente del curso del proceso de amparo o de la sentencia dictada por el juez constitucional de última instancia, por ello, los elementos que configuran la nueva vulneración del orden constitucional deben ser distintos a los que ya fueron sometidos a revisión a través de la acción de amparo constitucional.

            En el caso de autos, la parte actora denunció supuestas irregularidades en las que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al momento de practicar la notificación para la celebración de la audiencia oral en el juicio de amparo incoado en su contra, por lo que el juzgador del alzada declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta al considerar que se agotó la vía ordinaria del recurso de apelación que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

            Ahora bien, el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone, con respecto a la causal de inadmisibilidad en que se fundamentó el fallo objeto de apelación, textualmente lo siguiente:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

            Respecto del artículo supra transcrito, esta Sala en sentencia N° 2369 del 23 de noviembre de 2001 (caso: Parabólicas Service´s Maracay C.A.), ha señalado lo siguiente:

“La Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).

Lo expuesto anteriormente, lleva a concluir, entonces, que la norma en análisis, no sólo autoriza la admisibilidad del llamado “amparo sobrevenido”, sino que es el fundamento de su inadmisibilidad, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, se pretende alcanzar”.

 

            Así, la Sala ha destacado que la acción de amparo constitucional no es sustitutiva de los recursos procesales ordinarios o extraordinarios, por ello está sujeta a que el interesado no cuente con vías judiciales ordinarias o medios judiciales preexistentes, o bien que, ante la existencia de éstos, los mismos no permitan la reparación apropiada del perjuicio a los derechos o garantías constitucionales cuya vulneración se denuncia. De tal modo, que el amparo será admisible cuando se desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los medios procesales preexistentes resultan insuficientes para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado. (vid s. S.C. N° 1496/2001, (caso: Gloria América Rangel Ramos), N° 2198/2001 (Caso: Oly Henríquez de Pimentel).

            También ha señalado esta Sala, que ante la interposición de una acción de amparo contra sentencia, el tribunal constitucional debe verificar, necesariamente, la existencia o no de un medio jurisdiccional eficaz de impugnación contra la decisión que se cuestiona, lo que condiciona la admisión del amparo a la interposición de otro medio judicial preexistente.

            Ahora bien, esta Sala comparte la afirmación del a quo en cuanto a que en el presente caso se configuró la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón de la existencia de una vía judicial idónea para lograr el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, y en tal sentido, consta en autos que la actual accionante interpuso el recurso de apelación que al efecto establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual fue declarado inadmisible mediante sentencia dictada el 24 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

            Adicionalmente, contra la decisión que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto, la parte actora tenía a su disposición el recurso de hecho que al efecto establece el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (aplicable supletoriamente en materia de amparo por disposición del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

            Al respecto, esta Sala ha establecido en numerosas decisiones que el recurso de hecho tiene como finalidad impedir que la negativa de la admisión de la apelación o de su admisión en un solo efecto, produzca al apelante un perjuicio irreparable que le impida obtener la revisión del fallo apelado o la suspensión de los efectos del mismo, en el caso de su admisión en el solo efecto devolutivo (Vid. sentencia N° 1776 del 18 de noviembre de 2008, caso: Jesús José Ramírez Barco).

            Así las cosas, visto que la accionante disponía de la vía judicial idónea para satisfacer sus pretensiones y hacer cesar cualquier violación constitucional que de la misma se derive, y por cuanto no se evidencia de autos la insuficiencia de tales medios para el restablecimiento de la situación presuntamente infringida, esta Sala confirma en los términos expuestos la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2012, por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley:

            1.- Declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado Luis José Villarroel Cabello en representación de la sociedad mercantil EXQUISITECES AUTOMERCADO LA CASCADA DEL PAN C.A., contra la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2012, por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

            2.- CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2012, por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional.

Publíquese, y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de mayo de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Los Magistrados,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                                                                                   PONENTE

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. 13-0031

MTDP/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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