Venley

Sentencia N.º 664

Sentencia
N.º 664
Fecha
24/04/2008
Sala
Constitucional
Expediente
07-0015
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 21 de diciembre de 2006, los ciudadanos ELOY FRANCISCO QUINTANA y EVANGELINA GUERRA DE QUINTANA, titulares de las cédulas de identidad n.os 665.329 y 11.357.462, respectivamente, con la asistencia del abogado Víctor Álvarez Medina, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 72.026, intentaron, ante esta Sala, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 25 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para cuya fundamentación denunciaron la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso y a la propiedad que acogieron los artículos 26, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 10 de enero de 2007 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 21 de febrero de 2007, el abogado Víctor Álvarez consignó documento poder otorgado por la parte actora y solicitó pronunciamiento respecto de la admisibilidad de la pretensión y de la medida cautelar que fue requerida. 

El 13 de marzo de 2007, mediante sentencia n.° 431, fue admitida la demanda, se acordó la medida cautelar que fue solicitada y, en consecuencia, se ordenaron las notificaciones correspondientes.

El 20 de marzo de 2007, el abogado Víctor Álvarez solicitó la expedición de copias certificadas del expediente.

El 17 de abril de 2007, el abogado Víctor Álvarez solicitó la ampliación de la medida que fue acordada y denunció desacato del acto decisorio que emitió esta Sala el 13 de marzo de 2007.

El 4 de mayo de 2007, la Sala anuló el acto de entrega material que practicó el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 13 de marzo de 2007 y acordó medida de prohibición de enajenar y gravar respecto del inmueble objeto del litigio; asimismo, se remitió copia certificada de la decisión al Ministerio Público y a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial para la determinación de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir la Juez Ejecutora de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En consecuencia, se ordenaron las notificaciones correspondientes.

El 7 de junio de 2007, la abogada Luz Mara Díaz Tenreiro, apoderada judicial del ciudadano Víctor Raúl Figueredo Lantos, solicitó que el referido ciudadano sea admitido como tercero interesado en esta causa.

Mediante oficio n.° 897.07, de 27 de junio de 2007, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial comunicó a esta que esa Comisión acordó abrir expediente disciplinario contra la Jueza Ejecutora de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; en consecuencia, solicitó copia certificada del expediente y, el 11 de julio de ese mismo año, la Secretaría de esta Sala proveyó lo que fue solicitado.

El 12 de julio de 2007, 14 de agosto y 20 de septiembre de ese mismo año, la abogada Luz Mara Díaz Tenreiro peticionó la fijación de la audiencia pública.

El 1° de octubre de 2007, se recibió, de la Dirección de Inspección y Disciplina del Ministerio Público, acuse de recibo del oficio n.° 07-0854 de 15 de mayo de 2007 y de los recaudos anexos. Asimismo, informó que los mismos fueron remitidos a la Fiscal 63° del Ministerio Público a nivel nacional con competencia en Materia Disciplinaria Judicial para su conocimiento.

El 25 de octubre de 2007, la abogada Luz Mara Díaz Tenreiro requirió la fijación de la audiencia pública.

El 16 de enero de 2008, la abogada Luz Mara Díaz Tenreiro consignó recaudo en el cual denunció la falsedad de los alegatos que fueron esgrimidos por el abogado Víctor Álvarez, en el escrito de 17 de abril de 2007.

El 21 de febrero de 2008, se fijó para el 4 de marzo de ese mismo año, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), para la celebración de la audiencia pública, la cual tuvo lugar con la presencia de los demandantes de amparo, Eloy Francisco Quintana y Evangelina Guerra de Quintana, representados por el abogado Víctor Álvarez; de la representación judicial del tercero interesado y de la representación del Ministerio público, así como de la inasistencia del supuesto agraviante. En esa misma oportunidad, con ocasión de la celebración de la audiencia que ya se mencionó, la representación judicial del tercero interesado y la representación del Ministerio Público consignaron escritos de conclusiones.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.         Los justiciables alegaron:

1.1       Que, el 29 de diciembre de 1999, celebraron con el ciudadano Víctor Raúl Figueredo Lantos un contrato “por el cual [les] facilitó en calidad de ‘préstamo’, la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 15.000.000.,00), ante una situación de urgencia económica, la cual [los] llevó a suscribir un documento fechado 29 de diciembre de 1999, en el cual daba[n] en venta con pacto de retracto al referido prestamista, un inmueble de [su] propiedad consistente en una casa-quinta distinguida con su nomenclatura 89-221, ubicada en la Urbanización Trigal Norte, Jurisdicción de la Parroquia San José del Municipio Valencia del Estado Carabobo y su respectiva Parcela de Terreno con un área de trescientos treinta y seis metros cuadrados (336 mt2) por la cantidad de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL BOLIVARES (Bs. 22.416.000,00).”

1.2       Que, como garantía del referido préstamo, suscribieron con el ciudadano Víctor Raúl Figueredo Lantos cinco letras de cambio.

1.3       Que, el 28 de enero de 2003, el ciudadano Víctor Raúl Figueredo Lantos incoó, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, demanda por cumplimiento de contrato, daños y perjuicios materiales y entrega material del inmueble.

1.4       Que, una vez que fue practicada la citación correspondiente, los demandados, el 12 de enero de 2004, presentaron escrito de contestación a la demanda y reconvinieron al demandante por la nulidad del contrato de venta con pacto de retracto, por vicios en el consentimiento.

1.5       Que, el 11 de abril de 2006, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró parcialmente con lugar la demanda y con lugar la reconvención, mediante decisión contra la cual apeló el demandante.

1.6       Que, el 25 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró parcialmente con lugar la apelación y parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato; condenó a los demandados a la entrega del inmueble, sin plazo alguno y completamente desocupado; sin lugar la reclamación por daños y perjuicios y sin lugar la reconvención. En consecuencia, declaró válido y eficaz el contrato de venta con pacto de retracto.

1.7       Que “el valor de la venta que se pacto en el documento simulado con pacto de retracto, constituye un precio vil, y en este estadio a los fines de justificar tal aseveración, [se] sustenta[n] en la prueba de experticia (…), no valorado por la sentencia recurrida y la cual corre inserta en el expediente judicial de la causa, mediante la cual se deja constancia que el precio del inmueble para la fecha de suscripción del documento simulado (29 de diciembre de 1999), era de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs, 58.657.435,20), dejándose igualmente constancia que el precio real a la fecha de la realización de la experticia, era de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL BOLÍVARES (Bs. 138.263.000,00).”

1.8       Que, aún cuando se pactó en el contrato la tradición legal del inmueble, se quedaron ocupándolo, lo cual –a su decir- desdice las reglas del retracto convencional.

1.9       Que es evidente que la intención real de los contratantes fue la celebración de un préstamo a interés, toda vez que fue el 28 de enero de 2003 cuando el supuesto comprador interpuso la demanda por cumplimiento de contrato y cobro de daños y perjuicios materiales.

1.10     Que, el 1° de octubre de 2001, el supuesto comprador solicitó la entrega material del inmueble de conformidad con lo que dispone el artículo 929 del Código de Procedimiento Civil.

1.11     Que no ejercieron el derecho al retracto convencional que preceptúan los artículos 1353 y 1354 del Código Civil, por cuanto, en realidad, el contrato era de préstamo.

1.12     Que “[e]sa presunción, ha de surgir, primero de los hechos conocidos, y del régimen legal aplicable a la simulación cuya mas generalizada manera de deducir y probar es mediante presunciones, como lo anota la jurisprudencia y la doctrina mas calificada, al interpretar el artículo 1281 del Código Civil, de la cual se extrae puntualmente que no teniendo el comprador la posesión, y los vendedores no pagar el precio, la existencia del contrato no podría calificarse nunca como venta con pacto de retracto, en razón de lo que, los suscritos accionantes en amparo, ante la seguridad de que la negociación establecida, siempre fue un préstamo en dinero, no ejerci[eron] la figura del retracto, ni el supuesto propietario no (sic) se preocupó de intentar la reivindicación –que es lo procedente en materia de retracto-, por cuanto que sabiendo que se trataba de un préstamo de dinero, el mismo estaba mas garantizado con la propiedad pretendida mediante el documento de venta con pacto de retro, si además de ello, se le estaba satisfaciendo ostensiblemente la mora.”

1.13     Que, mediante los títulos cambiarios, se pretendió probar que existía una coincidencia entre el monto de las mismas y el que fue dado en préstamo a través del documento de venta con pacto de rescate; asimismo, es coincidente la fecha del otorgamiento del documento de venta con pacto de rescate con la fecha de emisión de las letras de cambio y “que adminiculadas dichas letras con el auto para mejor proveer de fecha 16 de junio de 2005 y referido en el texto de la sentencia impugnada, se constata que no se registró ningún documento con los datos de registro citados en las letras de cambio promovidas.”

 

2.         Denunciaron:

La violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso y a la propiedad que establecen los artículos 26, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la sentencia objeto de impugnación le dio pleno valor probatorio a la experticia que promovió la parte actora en el juicio principal (la cual atribuyó al inmueble el valor de diecinueve millones doscientos cuatro mil quinientos veinticuatro bolívares con setenta y seis céntimos (19.204.524,76); sin embargo, desestimó el peritaje que promovieron los demandados –aquí demandantes- pues declaró la extemporaneidad de la consignación del informe de los peritos, prueba que había sido admitida y valorada por el juez de primera instancia, en la cual se estableció que “el precio del inmueble para la fecha de suscripción del documento simulado (29 de diciembre de 1999), era de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 58.657.435,20) dejándose igualmente constancia que el precio real a la fecha de la realización de la experticia, era de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 138.263.000,00).”

Por otro lado, señalaron que el veredicto que fue impugnado no le concedió ningún valor probatorio a las letras de cambio que, por vía de exhibición de documento, fueron promovidas en la causa.

 

3.         Pidieron:

3.1       Como medida cautelar:

(…) (La) SUSPENSIÓN DE EFECTOS de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 25 de octubre del año 2006, (…).

 

3.2       Como petitorio de fondo:

PRIMERO: Que declare CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 25 de octubre del año 2006“(…) y de manera conexa o coligada a la protección constitucional contra los autos de ejecución emanados del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la referida circunscripción Judicial del Estado Carabobo, especialmente contra aquellos fechados 27 de noviembre de 2006 (mediante el cual se acuerda la ejecución de la sentencia proferida por el Juzgado Superior) y 6 de diciembre de 2006 (mediante el cual se acordó, conforme a lo estipulado en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, fijar un lapso de diez (10) días de despacho siguientes al aludido auto, para el cumplimiento voluntario del fallo objeto de la presente acción).

SEGUNDO: Que producto de la declaratoria con lugar de la presente acción, proceda a REVOCAR la precitada decisión, así como los autos de ejecución anteriormente descritos, y en este sentido, producto del orden público interesado en la presente causa, declare SIN EFECTO JURÍDICO ALGUNO, el SIMULADO CONTRATO DE VENTA CON PACTO DE RETRACTO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES, en fecha 29 de diciembre de 1999.

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El juez del fallo que se impugnó sentenció en los términos siguientes:

1) PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la parte actora contra la decisión dictada el 11 de abril de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo;

2) SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpuesta por el ciudadano VICTOR RAUL FIGUEREDO LANTOS contra los ciudadanos ELOY QUINTANA MARTINEZ y EVANGELINA GUERRA DE QUINTANA, y en consecuencia SE CONDENA a los demandados entregar a la actora, sin plazo alguno y completamente desocupado, el inmueble constituido por: Una parcela de terreno con una superficie de 336 mts2, distinguida con el Nº 2-17 y la casa quinta en ella construida, distinguida con el Nº 89-221, ubicada en la Urbanización Trigal Norte, Jurisdicción de la Parroquia San José, Municipio Valencia del Estado Carabobo;

3) TERCERO: SIN LUGAR la reclamación por daños y perjuicios incoada por el ciudadano VICTOR RAUL FIGUEREDO LANTOS contra los ciudadanos ELOY QUINTANA MARTINEZ y EVANGELINA GUERRA DE QUINTANA;

4) CUARTO: SIN LUGAR la reconvención, en consecuencia se declara válido y eficaz el contrato de venta con pacto de retracto otorgado ante la Oficina Subalterna de Registro Pública del Primer Circuito del Municipio Valencia del Estado Carabobo, bajo el Nº 21, Protocolo Primero, Tomo 33.

No hay condenatoria en costas por cuanto no hubo vencimiento total en la presente causa.

 

A juicio de quien expidió el pronunciamiento objeto de amparo:

(…), la doctrina ha considerado que en los casos en que se demuestre que el pacto de retracto esconde un préstamo a interés, el mismo es anulable, a pesar de que no están muy claro los autores sobre cual sería la causa de la nulidad, ya que, como se señaló, el préstamo a interés es una figura legalmente permitida y el exceso del cobro de intereses no acarrea la nulidad de contrato, sino la limitación de los intereses.

Consider[ó] es[a] juzgadora que el fundamento de dicha nulidad estaría en el fraude a la ley, es decir, se celebra el contrato con la finalidad de burlar una prohibición legal expresa, disimulando esta intención, con un acto, en apariencia legal.

Cuando en el pacto de retracto se esconde un préstamo a interés, en realidad lo que persigue el comprador-prestamista, es burlar la prohibición del pacto comisorio según la cual, el acreedor no se puede hacer propietario de los bienes dados en garantía hipotecaria o prendaria, por la sola falta de pago; en efecto, en los contratos de garantía inmobiliaria o mobiliaria, tales como la hipoteca, la anticresis y la prenda, el legislador prohíbe que el acreedor se apropie del inmueble o de los muebles dados en prenda por la sola falta de pago, tal como lo establecen los artículos 1.844, 1.858 y 1.878 del Código Civil en los siguientes términos:

(…)

Como se observa de las normas transcritas, el legislador rechaza la figura del pacto comisorio e incluso la sanciona CON LA NULIDAD DE LA CLAUSULA contentiva del pacto, ello para evitar que el acreedor se haga dueño de bienes cuyo precio, por lo general, es superior al de la deuda que dio origen a la garantía, lo cual sería un caso de abuso de derecho, e igualmente sería violatorio del derecho constitucional a la defensa, ya que el deudor estaría privado del proceso mediante el cual se haría efectiva la garantía; De modo pues que, considera esta juzgadora, el contrato de venta con pacto de retracto mediante el cual se esconde o simula un contrato de préstamo a interés con garantía de un inmueble, es anulable, no por ilicitud de causas, ni por vicio del consentimiento, sino por fraude a la ley, ya que con el mismo se estarían violentando normas en cuyo cumplimiento está interesado el orden público, lo cual está prohibido por el legislador en el artículo 6 del Código Civil.

Analicemos si, en el presente caso, tal circunstancia fue demostrada por el demandante de la nulidad: El demandado reconviniente alegó que el contrato realmente celebrado entre las partes fue uno de préstamo a interés, en el cual la garantía era el inmueble de su propiedad, que el precio fijado en el contrato era vil, que los intereses fueron pactados al 10% mensual, y que el demandante había celebrado otros negocios de la misma naturaleza, todo lo cual fue negado por la actora, por lo que el accionado reconveniente conservó en sus hombros la carga probatoria de todos sus alegatos; sin embargo, del análisis del material probatorio aportado, se evidencia que el demandado no probó ninguno de los hechos constitutivos de su pretensión anulatoria, ya que no probó que el precio fijado en la venta fuera vil con respecto al valor del inmueble, ni que el contrato realmente celebrado fuera de préstamo a interés, ni que el demandante haya celebrado otras operaciones del mismo tipo, ni que los intereses del supuesto préstamos hayan sido fijados en la suma del 10% mensual, por lo tanto, al no haber demostrado ninguno de los hechos alegados en la reconvención no es procedente la declaratoria de nulidad del contrato de retracto celebrado entre las partes y así se declara.

Siendo válido y eficaz el contrato de venta con pacto de retracto, encontrándose vencido el plazo para el rescate sin que la vendedora lo haya ejercido, y admitido como fue que los demandados han continuado ocupando el inmueble, incumpliendo así con la obligación de tradición que les impone el artículo 1.487 del Código Civil, pues a pesar de que otorgó el documento de propiedad del inmueble por ante la oficina de Registro Inmobiliario, el comprador no ha entrado en posesión efectiva del bien comprado, todo ello hace procedente la pretensión de cumplimiento del contrato.
En cuanto a los daños y perjuicios reclamados se evidencia que a pesar de haberse demostrado el incumplimiento de la accionada a la obligación de entregar el inmueble, la demandante no probó los daños y perjuicios que reclama, constituidos por las ‘posibles rentas que generaría el referido inmueble de haberse alquilado’ por lo tanto, al no haberse demostrado los daños reclamados, no es procedente tal reclamación y así se declara.

 

III

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Con motivo de la audiencia pública, la representación del Ministerio Público consignó opinión en los siguientes términos:

1.         Si bien es cierto que las copias fotostáticas de las letras de cambio que fueron promovidas son copias que, de acuerdo con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no tienen ningún valor probatorio, podrían ser valoradas como indicios conforme con lo que preceptúa el artículo 510 eiusdem. Al respecto, señaló que “… en las copias de las letras de cambio aludidas, se dejó sentado que ‘abono a la Cta. Doc. Registrado 29/12/99 N.° 1 Prot 1 Tomo 33’, documento éste referido al contrato de venta con pacto de retracto celebrado, (…), de manera que el Juez, en base al principio de la búsqueda de la verdad, a la relación existente entre dichos medios probatorios, así como en base al Derecho a la Inviolabilidad del Hogar, debió valorar las cinco (5) copias de la letras de cambio promovidas por la parte demandada en el juicio principal, …”.

2.         Que la experticia que fue promovida por la parte demandada fue admitida y valorada por el tribunal de primera instancia y, pese a que fue impugnada, quedó firme como prueba, ya que el recurso de apelación que fue interpuesto resultó desestimado, el 21 de diciembre de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

3.         Que, si bien es cierto que uno de los expertos no se juramentó dentro del lapso que dispone el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil, no es menos cierto que dicho dispositivo legal le impone el deber al juez de nombrar otro experto, “lo cual no hizo y así lo reconoció el juez de Segunda instancia en el fallo recurrido, quien al percatarse de dicha omisión debió pronunciarse al respecto, para que el dictamen pericial surtiera sus efectos legales y pudiera dársele el valor probatorio que merecía, y no dejar a la parte demandada en el juicio principal en estado de indefensión a los fines de garantizarle una recta tutela judicial efectiva y un debido proceso.”

4.         Que, efectivamente, se celebró un contrato de venta con pacto de retracto, sin embargo, la razón de ser del mismo era el encubrimiento de un préstamo a interés. Tan es así, que la protocolización del documento se realizó el 29 de diciembre de 1999, y no fue sino el 1° de octubre de 2001, cuando el comprador solicitó la entrega material de inmueble y fue el 28 de enero de 2003 cuando el ciudadano Víctor Figueredo interpuso demanda por cumplimiento de contrato y cobro de daños y perjuicios y entrega material, ante lo cual los demandados contestaron y reconvinieron la nulidad del contrato, de lo cual se evidencia que el comprador no reclamó la propiedad una vez que transcurrió el término de seis meses que quedó establecido en el contrato para el rescate del bien inmueble, sino que lo hizo después de tres años y un mes, aproximadamente.

Por tales razones que se refirieron con anterioridad, la representación del Ministerio Público solicitó la declaratoria con lugar de la demanda de amparo constitucional sub examine.

 

IV

ALEGATOS DEL TERCERO INTERVINIENTE

Con motivo de la audiencia pública, la representación del tercero interviniente consignó escrito en los siguientes términos:

1.         Que la pretensión de amparo constitucional es inadmisible de conformidad con el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto el acto decisorio que fue impugnado es susceptible de ser recurrido en casación, ya que se trata de una decisión de última instancia que puso fin al juicio por cumplimiento de contrato y la cuantía excede ampliamente el monto necesario para su ejercicio. Además, no motivaron la elección del amparo y, menos aún, no interpusieron la pretensión de amparo constitucional en el lapso que tenían para el ejercicio del recurso de casación.

2.         Que la intención de los demandantes de amparo es que esta Sala reexamine los fundamentos que el tribunal de instancia habría tenido para no otorgarle valor al informe pericial, lo cual es una facultad soberana del Juzgado Superior que, conforme a la jurisprudencia, no puede ser revisado en amparo. Lo mismo ocurriría con las letras de cambio que fueron promovidas como documentales en copia fotostática simple, en tanto que el juez superior fundó suficientemente la convicción de que tales documentales no constituían elemento probatorio suficiente, tanto por su naturaleza como por su contenido, para desvirtuar lo que contiene un documento público, para lo que expuso, incluso, los fundamentos legales que habría tenido para ello.

3.         Que los quejosos no pueden considerar que cada vez que se celebre un contrato de venta con pacto de retracto hay un negocio simulado, por cuanto el mismo esa forma contractual está prevista en la legislación y su celebración por las partes es lícita y, menos aún, que la proposición judicial de su cumplimiento sea un fraude procesal, pues no se dan los elementos constitutivos del mismo.

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

De un análisis exhaustivo de las actas que componen el presente expediente, de la exposición de los demandantes, de la representación del Ministerio Público y del tercero interviniente en la audiencia constitucional, esta Sala observa que:

1.         Con relación al supuesto de hecho que contiene el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala debe hacer las siguientes consideraciones:

De los alegatos que fueron expuestos, se desprende que la pretensión de tutela constitucional se ejerció contra la decisión que pronunció, el 25 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en el proceso que, por cumplimiento de contrato, cobro de daños y perjuicios y entrega material, propuso el ciudadano Víctor Raúl Figueredo Lantos contra los hoy quejosos, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato; condenó a los demandados a la entrega del inmueble sin plazo alguno y completamente desocupado; sin lugar la reclamación por daños y perjuicios y sin lugar la reconvención; en consecuencia, declaró válido y eficaz el contrato de venta con pacto de retracto.

Ahora bien, la parte actora fundamentó su pretensión de amparo en la supuesta violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso y a la propiedad, por cuanto el veredicto objeto de impugnación le dio pleno valor probatorio a la experticia que promovió la parte actora en el juicio principal (la cual atribuyó al inmueble el valor de diecinueve millones doscientos cuatro mil quinientos veinticuatro bolívares con setenta y seis céntimos (19.204.524,76); sin embargo, desestimó la experticia que promovieron los demandados –aquí accionantes- con base en la extemporaneidad de la consignación del informe pericial, prueba que había sido admitida y valorada por el juez de primera instancia. Además, no le concedió ningún valor probatorio a las letras de cambio que, por vía de exhibición de documento, fueron promovidas en la causa.

Ahora bien, observa esta Sala Constitucional que la decisión objeto de amparo era susceptible de impugnación mediante el mecanismo extraordinario de casación, debido a que, para la oportunidad cuando el legitimado activo del procedimiento por cumplimiento de contrato propuso su demanda, esto es, el 28 de enero de 2003, era aplicable el Decreto Presidencial n.° 1.029 que fue publicado en Gaceta Oficial del 22 de enero de 1996, vigente desde el 22 de abril del mismo año, el cual estableció cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00) como cuantía mínima para la interposición del recurso de casación en los juicios civiles, cuantía ésta que se modificó con la iniciación de la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -20 de mayo de 2004-.

En efecto, la parte actora en la causa por cumplimiento de contrato estimó la demanda en cincuenta y ocho millones de bolívares (Bs. 58.000.000,00), monto que excedía con creces el cuantum que era exigido para la oportunidad cuando se propuso la pretensión originaria, que es el momento definitorio de la cuantía que debe exigirse para el ejercicio del recurso de casación.

Así, esta Sala Constitucional, cuando estableció la oportunidad que debía considerarse para la determinación de la cuantía de la demanda para la admisión del recurso de casación, expresó:

 

(...) exigir una nueva cuantía para la admisión del nuevo recurso de casación intentado contra la sentencia de reenvío, atenta contra el principio de la perpetuatio jurisdictionis, consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, y que a la letra expresa lo siguiente:

“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.”

Tal principio, opera en resguardo de la seguridad jurídica, y sobre el mismo, el autor Hernando Devis Echandía expresa lo siguiente:

“La situación de hecho existente en el momento de admitirse la demanda es la determinante de la competencia para todo el curso del juicio, sin que las modificaciones posteriores puedan afectarle (...) Es apenas natural que el actor se atenga a la situación existente en el momento en que demanda para cualquier efecto jurídico, y con base en ella investigará cuál es el juez que debe conocer de su demanda. El no está en capacidad de prever, por lo general, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación, y en caso de ser previsible no tiene la seguridad de que ellas se sucedan. Su litigio de todas maneras versará sobre lo que existe en ese momento, y el juez, al asumir su conocimiento, deberá basarse también en esa realidad”.

Continúa el autor afirmando, que existen situaciones que pueden presentarse en relación con el valor (como es el caso de autos), y a tal efecto nos dice:

“a) Los objetos materia de la litis pueden sufrir alteraciones en su integridad y en su valor comercial: deterioro, aumentos por accesión, valorización por obras públicas o por depreciación de la moneda, desvalorización por motivos similares, etc. Nada de esto puede alterar la competencia del juez. Es el valor que tenía el objeto al tiempo de admitirse la demanda el que regulará el proceso hasta su terminación”. (Echandía, Hernando Devis. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Aguilar, S.A. Año 1966. Pags. 101 a 103). (subrayado de esta sentencia).

Observa esta Sala, que en el momento que el actor estimó la demanda en quinientos mil bolívares (Bs.500.000,00), fue en el año 1979, fecha en que la cuantía exigida para acceder a casación, era de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,00), y oportunidad en la que, no tenía forma de prever el demandante, que la cuantía para anunciar un recurso de casación iba a ser modificada en su perjuicio, impidiéndole en algún momento acceder a esa etapa procesal, mucho menos, cuando su estimación inicial sobrepasaba de manera holgada, el límite de aquel entonces, sino por el contrario, el recurrente podía pensar de manera lógica, tal y como lo señala el autor citado, que el monto que se requeriría para admitir el mencionado  recurso extraordinario, sería el mismo que imperaba en los comienzos del juicio, y el que debía regularlo hasta su terminación” (s S.C. nº 1032/03, del 05 de mayo; caso: Poliflex C.A.).

 

En ese mismo sentido, cuando calificó como vinculante ese mismo criterio, señaló:

... siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modificaciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder a la sede casacional, pueden afectar eventualmente a las partes, pues no están en capacidad de prever, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no tienen la seguridad que sucedan.

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide (s. S.C. nº 1573/05, del 12 de julio; caso: Carbonell Thielsen).

 

Ahora bien, como se indicó, los peticionarios de tutela constitucional tenían a su disposición un instrumento idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica que denunciaron como lesionada, el cual no agotaron, y tampoco justificaron la escogencia de la tutela constitucional ante la disponibilidad del recurso de casación, situación que, en atención al constante y reiterado criterio de esta Sala Constitucional, hace inadmisible la pretensión de tutela constitucional.

En efecto, el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone, textualmente, lo siguiente:

Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.

 

Con fundamento en la norma que fue transcrita esta Sala ha establecido, en reiteradas decisiones, las condiciones en las cuales opera la demanda de amparo, para lo cual señaló:

(...) es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles... (s.S.C. n.° 1496, de 13-08-01, exp. 00-2671. Subrayado añadido).

 

En definitiva, ante la interposición de una demanda de amparo contra la actividad judicial del Estado, necesariamente el tribunal constitucional debe proceder a la verificación de la existencia o no de un eficaz medio de defensa o de impugnación contra la decisión o acto procesal que se ataca, lo que, en el primer caso, condiciona la admisión de esa pretensión de tutela constitucional a la previa interposición de tal mecanismo de defensa, máxime si se atiende al deber tuitivo de los derechos y garantías fundamentales que la vigente Constitución impone a todos los jueces de la República en su loable misión de impartir justicia, de lo cual se concluye que el amparo constituye un instrumento adicional para la defensa de tales derechos y garantías.

Ahora bien, ciertamente, esta Sala Constitucional estableció la posibilidad de que el supuesto agraviado, en el escrito continente de su pretensión de tutela constitucional, justifique, mediante razones suficientes y valederas, la escogencia del amparo entre los mecanismos ordinarios u extraordinarios de impugnación; tal justificación, constituye una carga procesal que el quejoso debe cumplir, pues de ello depende el éxito de su pretensión. Así, en ese sentido, se estableció:

En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (Vid. sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador. (s.S.C. n.° 939/00, del 09.08, caso: Stefan Mar C.A. Subrayado añadido).

 

Dicho criterio se ha mantenido hasta el punto de que se extendió, expresamente, a los supuestos donde, al igual que al caso de autos, se disponga de un medio extraordinario de cuestionamiento. En este sentido, esta Sala Constitucional expresó:

De modo pues que, a juicio de esta Sala, si la decisión es susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, su falta de ejercicio configura, en principio, la causal de inadmisibilidad que establece el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, salvo que el querellante ponga en evidencia razones suficientes y valederas que justifiquen realmente la admisión del amparo respecto de una sentencia susceptible de que sea recurrida en casación.

La violación o amenaza de violación de derechos fundamentales, el urgente restablecimiento de la situación jurídica infringida, la eventual irreparabilidad del daño y la circunstancial inidoneidad e ineficacia de las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) en un caso concreto, son circunstancias determinantes de la admisibilidad y procedencia de una demanda de amparo.

Corresponde entonces al supuesto agraviado la puesta en evidencia, en el escrito continente de su demanda, de tales circunstancias, de lo cual dependerá, en gran medida, el éxito de su pretensión.

La escogencia, por parte del querellante, entre la demanda de amparo y las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) es la excepción, no la regla, y es posible sólo cuando las circunstancias a que se hizo referencia supra así lo ameriten, para lo cual, se insiste, es necesario que el agraviado las ponga en evidencia ante el Juez, quien, en definitiva, las ponderará en cada caso... (s. S.C. n.° 369 del 24.02.03. Subrayado añadido).

 

En definitiva, los peticionarios de tutela constitucional tenían a su disposición un instrumento de impugnación idóneo para el logro del restablecimiento de su situación jurídica supuestamente lesionada, cuya falta de agotamiento, junto con la ausencia de justificación válida o de razones valederas para la justificación de la escogencia del amparo, imponen la desestimación de la pretensión de tutela constitucional por inadmisibilidad.

En conclusión, toda la argumentación anterior permite la subsunción de la pretensión de tutela constitucional de autos en la causal de inadmisibilidad que preceptúa el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

2.         Sin embargo, la Sala decide ejercer su potestad de revisión de oficio en relación con la sentencia que emitió el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en procura del mantenimiento del orden constitucional, como se razonará en el capítulo siguiente.

 

VI

REVISIÓN DE OFICIO

Como se refirió con anterioridad, la pretensión de tutela constitucional se incoó contra la decisión que pronunció, el 25 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en el juicio por cumplimiento de contrato, y cobro de daños y perjuicios y entrega material que propuso el ciudadano Víctor Raúl Figueredo Lantos contra los hoy quejosos, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda por  cumplimiento de contrato; condenó a los demandados a la entrega del inmueble, sin plazo alguno y completamente desocupado; sin lugar la reclamación por daños y perjuicios y sin lugar la reconvención. En consecuencia, declaró válido y eficaz el contrato de venta con pacto de retracto, lo cual fue fundamentado en el pleno valor probatorio que se dio a la experticia que promovió la parte actora en el juicio principal (la cual atribuyó al inmueble el valor de diecinueve millones doscientos cuatro mil quinientos veinticuatro bolívares con setenta y seis céntimos (Bs. 19.204.524,76) y la desestimación de la experticia que promovieron los demandados –aquí actores- con base en su extemporaneidad de la consignación del informe pericial, prueba que había sido admitida y valorada por el juez de primera instancia. Además, no le concedió ningún mérito probatorio a las letras de cambio que, por vía de exhibición de documento, fueron promovidas en la causa.

Ahora bien, esta Sala observa que, respecto a la supuesta extemporaneidad de la consignación de la experticia que fue promovida por la parte demandada en el juicio que dio origen a esta causa, deben hacerse las siguientes consideraciones:

1.         El 24 de agosto de 2004, la parte demandante reconvenida, impugnó el informe pericial que presentaron los tres expertos que había sido designados y juramentados para tal fin.

2.         El 21 de septiembre de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo desestimó la impugnación del informe pericial y, en consecuencia, declaró válida la evacuación de la experticia.

3.         Contra el anterior pronunciamiento la parte demandante ejerció el correspondiente recurso de apelación, el cual fue oído en un solo efecto y le correspondió su conocimiento, previa distribución de la causa, al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

4.         El 21 de diciembre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró:

PRIMERO.- No tener jurisdicción sobre la negativa de la apelación, al no haberse interpuesto el recurso de hecho que hubiere ordenado oír la apelación, contra el auto del 11 de agosto del 2004, que negó oír la apelación, razón por la cual mal puede pronunciarse sobre la materia que era objeto de la apelación y así se declara. SEGUNDO.- SE DECLARA renunciado o desistido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 21 de septiembre del 2004, al no haberse acompañados las copias certificadas de las actuaciones pertinentes.

Se condena en costas a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el artículos 281, del Código de Procedimiento Civil.

 

Entonces, es claro que, contra el informe pericial en cuestión, la parte demandante en el juicio originario ejerció todos los medios recursivos que le otorga la ley adjetiva civil para su impugnación después de lo cual, en definitiva, la experticia quedó definitivamente incorporada al proceso como prueba válida para su apreciación y valoración. En consecuencia, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no debió desestimar la referida prueba, sino, por el contrario, debió examinarla para la resolución del caso que fue sometido a su consideración, porque se trataba de una prueba fundamental para la determinación del precio vil o no de la operación de venta, y, además, para la verificación de si el referido contrato solapaba, en realidad, un contrato de préstamo a interés –pretensión que fue deducida en la reconvención que planteó la parte demandada-, de modo que, a través de la demanda por cumplimiento de contrato, lo que se pretendía era la entrega del inmueble que se utilizó como garantía del supuesto préstamo; todo ello en obligado respeto al contenido esencial de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial eficaz de los justiciables que ha determinado, en forma vinculante, esta Sala Constitucional.

En este sentido, la Sala determina que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante el acto decisorio objeto de revisión, se apartó de la doctrina pacífica de esta Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de los derechos constitucionales a la tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso, pues obvió la interpretación auténtica de los artículos 26 y 49 constitucionales que tiene establecida la Sala Constitucional como último intérprete de las normas, principios y valores constitucionales.

Así, en cuanto a la tutela judicial eficaz, esta Sala Constitucional ha sostenido:

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual si bien no ha sido alegado por los accionantes, puede ser analizado de oficio por el juez constitucional, tal como ya lo ha dicho esta Sala en numerosos fallos.

Ha dicho esta Sala, reiteradamente, que los errores de juzgamiento en que pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se les someten y las infracciones legales, sólo será materia a conocer por el juez constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho constitucionalmente garantizado… (s.S.C. n.° 708 de 10.05.01; resaltado añadido).

 

En cuanto al derecho al debido proceso, esta Sala Constitucional estableció:

Es así como no todo error de procedimiento que cometan los jueces, ni todos los errores cometidos en la escogencia de la ley aplicable o en la interpretación de la misma constituye infracción al derecho al debido proceso. Solo cuando la infracción de reglas legales resulte impeditiva del goce o ejercicio de los derechos y facultades garantizados por el artículo 49 citado, se verificará la infracción constitucional presupuesto de procedencia de la acción de amparo ejercida por violación al debido proceso, de modo que  el accionante deberá alegar cómo y de qué manera el error judicial le impide o amenaza impedirle el goce o ejercicio del derecho que señala conculcado, expresando la actividad procesal a la que tenía derecho y que no puede ejercer  como resultado del hecho constitutivo de la supuesta infracción constitucional, así como la urgencia en el restablecimiento de la situación lesionada (…). (s. S.C. n.° 444 de 04.04.01).

 

Por otro lado, en cuanto al contenido del derecho a la defensa, esta Sala Constitucional ha afirmado reiteradamente:

Al respecto, es menester indicar que el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.

En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias (s. S.C. n.° 05 de 24.01.01, caso: Supermercado Fátima S.R.L.; resaltado añadido).

 

En ese mismo sentido, en otro pronunciamiento, esta Sala señaló:

El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución a favor de todo habitante de la República, comprende el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los tribunales o los órganos administrativos, según el caso. Este derecho implica  notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios que permitan ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia,  acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa,  preestablecimiento de medios que permitan recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales), derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho de ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos  hechos, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entre otros (s. S.C. n.° 444 de 04.04.01, caso: Papelería Tecniarte C.A.; resaltado añadido).

 

En virtud de las consideraciones anteriores, estima esta Sala Constitucional que el asunto bajo examen se subsume en uno de los supuestos que se estableció en la decisión n.° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), para la procedencia de este mecanismo extraordinario de control constitucional, específicamente, en la hipótesis cuarta, a saber: “(l)as sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

En consecuencia, ante el errado control de constitucionalidad que hizo el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en esta causa, por omisión de la interpretación auténtica aplicable respecto al contenido de los derechos constitucionales de naturaleza procesal, esta Sala Constitucional anula el acto decisorio que emitió, el 25 de octubre de 2006 aquel Juzgado, al igual que todos los actos subsiguientes al mismo y se repone el proceso principal al estado de que otro Juzgado Superior competente falle sobre el fondo de lo que se debate en el juicio y, asimismo, se suspenden las medidas cautelares que fueron dictadas por esta Sala el 13 de marzo y el 4 de mayo de 2007. Así se declara.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1.         INADMISIBLE la pretensión de tutela constitucional que incoaron los ciudadanos ELOY FRANCISCO QUINTANA y EVANGELINA GUERRA DE QUINTANA contra la sentencia que dictó, el 25 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

2.         Que HA LUGAR a la revisión del acto jurisdiccional que emitió, el 25 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En consecuencia, se ANULA el fallo antes identificado, al igual que todos los actos siguientes al mismo y se REPONE el proceso principal al estado de que otro Juzgado Superior competente falle sobre el fondo de lo que se debate en el juicio. Se suspenden las medidas cautelares dictadas por esta Sala el 13 de marzo y el 04 de mayo, ambos del año 2007.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase copia certificada de la decisión al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                      a los 24 días del mes de      abril de dos mil ocho. Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente                      

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

…/

…

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.ar

Exp. 07-0015

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