Venley

Sentencia N.º 679

Sentencia
N.º 679
Fecha
28/04/2005
Sala
Constitucional
Expediente
03-2766
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

            Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el 23 de octubre de 2003, el abogado Jorge Andrés Pérez González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 71.656, actuando en representación de la ciudadana CARMEN ELENA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad número 10.186.783, interpuso acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada en contra de la decisión dictada el 22 de septiembre de 2003, por la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

            En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

            El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del Magistrado que antecede, se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

I

ANTECEDENTES

            De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente se desprende:

            El 24 de agosto de 2003, funcionarios adscritos a la Sub-Delegación del Valle del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvieron a la ciudadana Carmen Elena Gómez González, en el cumplimiento de  un allanamiento efectuado en la residencia de la imputada, con ocasión de la presunta comisión de unos delitos informáticos.

            El 25 de agosto de 2003, el Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó medida de privación judicial preventiva de libertad contra la ciudadana antes señalada, al estimarla coautora de la comisión del delito de posesión de equipos para la falsificación y manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o análogos, previstos y sancionados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Delitos Informáticos, en relación con el artículo 83 del Código Penal.

El 30 de agosto de 2003, los apoderados judiciales de la ciudadana Carmen Elena Rodríguez Gómez, ejercieron ante la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, recurso de apelación contra la anterior decisión, al considerar que “el procedimiento llevado a cabo por los órganos de policía de investigaciones penales en esta Fase Investigativa o Preparatoria y en consecuencia la Orden de Allanamiento de fecha 22 de agosto de 2003 emanada del Juzgado Trigésimo Quinto (35º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de esta ciudad de Caracas ...(omissis) están viciados de nulidad absoluta al amparo de lo establecido en los artículos 190 y 191 del ya citado Código Orgánico Procesal Penal” (Negrillas del escrito).

El 2 de septiembre de 2003, el apoderado judicial de la imputada, solicitó ante el Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la revisión de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, de la medida cautelar impuesta en contra de su representada.

El 4 de septiembre de 2003, el Juzgado de Control antes señalado negó la revisión de la medida solicitada y acordó mantenerla al considerar que “se encuentra pendiente un recurso de apelación el cual hasta la presente fecha no ha sido respondido por el órgano competente ...(omissis) y hasta la presente fecha no se han desvirtuado los elementos que motivaron la privación judicial preventiva de libertad y en su lugar acordar una medida menos gravosa”.

            El 22 de septiembre de 2003, la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró parcialmente con lugar la apelación ejercida por la representación de la ciudadana Carmen Elena Rodríguez Gómez, contra el auto del 25 de agosto del mismo año, revocó la medida de privación judicial preventiva de libertad y acordó las medidas cautelares sustitutivas contenidas en el artículo 256, ordinales 3, 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a la presentación cada ocho (8) días ante el tribunal de la causa, prohibición de salida del país y caución personal.

            El 26 de septiembre de 2003, el apoderado judicial de la imputada solicitó la aclaratoria de la sentencia anterior en lo que respecta al argumento planteado en apelación en torno a la falta de asistencia jurídica de su representada en el allanamiento de su domicilio “violando ...(omissis) de manera flagrante la formalidad prevista en los artículos 169 y 303 del C.O.P.P.”, referidos a la identificación y suscripción de las partes del acta del procedimiento.

            El 29 de septiembre de 2003, la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró improcedente la solicitud de aclaratoria al considerar que en el fallo dictado “se deja constancia que las presuntas violaciones constitucionales derivadas de los actos realizados por los organismos policiales tienen límites en la detención judicial ordenada por el Juzgado de Control, de modo tal que la presunta violación de los derechos constitucionales, cesa con esa orden y no se transfieren a los organismos judiciales, por lo que es evidente que no fueron violados los derechos constitucionales que invocan”. 

            El 23 de octubre de 2003, la ciudadana Carmen Elena Rodríguez Gómez ejerció ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones antes señalada el 22 de septiembre de 2003.

            El 4 de febrero de 2004, el defensor judicial de la accionante solicitó ante esta Sala Constitucional pronunciamiento en torno a  la acción de amparo constitucional interpuesta.

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

            Del escrito libelar presentado el defensor judicial de la accionante, ciudadana Carmen Elena Rodríguez Gómez, se desprende:

            Que “la Sala 6º de la Corte de Apelaciones, acredita como ciertas ambas denuncias sin fundamentarlas en evidencia alguna que derive de algún acto de investigación, y convalida por lo tanto A CIEGAS la actuación del Ministerio Público y de la Policía Científica. Es decir, les da carácter probatorio a estas” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

            Que el fallo accionado “no se pronuncia ni tácita ni expresamente en cuanto a la irregularidad denunciada y acreditada en cuanto a que estaba evidenciada una grosera falta de procedimiento o actividad investigativa de significación, previa a la orden de allanamiento, dirigida a demostrar los elementos de verosimilitud en los que esta debió fundamentarse” (Negrillas y subrayado del escrito).

            Denunció como vulnerados el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el derecho a la defensa y al debido proceso contenidos en el artículo 49, numeral 1 eiusdem “por cuanto, a pesar de que hubo acceso a la jurisdicción (el recurso de apelación interpuesto fue admitido y sustanciado), a pesar de que la Sala de la Corte de Apelaciones antes de emitir el fallo siguió un proceso en el que hubo un cumplimiento de los lapsos y condiciones establecidos en la ley adjetiva, se violenta el derecho a la obtención de una sentencia justa (otro de los requisitos para que la tutela judicial sea considerada EFECTIVA), en virtud de que no se pronuncia en cuanto a la irregularidad transcrita precedentemente incurriendo en el vicio de incongruencia, por cuanto no atiende a la pretensión formulada por esta defensa, en cuanto a que existe y esta acreditada la ausencia de procedimiento investigativo de significación, previo a la orden de allanamiento” (Negrillas, mayúsculas y subrayado del escrito).

            Solicitó como medida cautelar innominada “se suspenda la ejecución del fallo emanado de la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones hasta tanto sea dictada sentencia definitiva en el procedimiento que se inicia con la interposición ante esta Máxima instancia de la presente acción de amparo constitucional y en consecuencia sea declarada la suspensión de las Medidas Cautelares Sustitutivas impuestas a mi representada y sea decretada su libertad plena, a saber: la Caución Personal, la presentación cada ocho (08) días ante el Tribunal que sigue conociendo de tal causa penal y la prohibición de salida del país. Amén de que en consecuencia de tal suspensión de ejecución del fallo emanado de ese Juzgado Superior, sea anulado también el irregular procedimiento penal incoado en contra de mi representada hasta tanto no sea dictada sentencia definitiva” (Negrillas del escrito).

            El 17 de noviembre de 2003, el defensor judicial de la accionante reformó el escrito de amparo en lo que se refiere a la medida cautelar solicitada y aclaró que lo pretendido es la suspensión del proceso penal incoado en contra de la ciudadana Carmen Elena Rodríguez Gómez.

 

III

DE LA COMPETENCIA

Por cuanto, con fundamento en el numeral 1, del artículo 226 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala declaró su competencia para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional que se ejerzan contra las sentencias de última instancia que dicten los Juzgados Superiores de la República (salvo los de materia Contencioso Administrativa), las Cortes de Apelaciones y las Cortes Primera de lo Contencioso Administrativo. Por cuanto, en el caso de autos, se ejerce la acción de amparo constitucional contra la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual, conoce de la apelación interpuesta contra la sentencia interlocutoria dictada por un juez de primera instancia con motivo de un juicio penal, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para conocer de la demanda en referencia, y así se decide.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Consta en autos que el último acto de procedimiento de la parte actora fue el 4 de febrero de 2004, cuando solicitó ante esta Sala Constitucional pronunciamiento en torno a la acción de amparo interpuesta contra la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.

Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de un (1) año y dos (2) meses, fue calificada por esta Sala como abandono del trámite, en decisión Nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), en los siguientes términos:

“De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara” (Subrayado del escrito).

 

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se declara abandonado el trámite correspondiente a la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento.

Igualmente, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo antes señalado, se impone a la parte actora una multa de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. La parte sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación, en autos, del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas que posteriormente son abandonadas, lo cual la obliga al desvío de su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional ejercida por la representación judicial de la ciudadana CARMEN ELENA RODRÍGUEZ GÓMEZ, contra el fallo del 22 de septiembre de 2003 dictado por la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.

Se impone a la parte actora una multa por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela, quien, deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los  28 días del mes de abril del dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                                                              El Vicepresidente,

                                       JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                   Magistrado

                                                       

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

                                                                          Magistrado

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

                                 Magistrado

                                        

 

 

 MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                                                             Magistrado Ponente

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

                Magistrado

 

 

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp.03-2766

MTDP

 

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