Venley

Sentencia N.º 682

Sentencia
N.º 682
Fecha
01/06/2015
Sala
Constitucional
Expediente
15-0498
Ponente
Juan José Mendoza Jover
Procedimiento
Acción de Amparo

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Exp. 15-0498

 

El 04 de mayo de 2015, la abogada Cioly Janette Zambrano, inscrita en el Inpreabogado bajo el n.° 23.623, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ LUBIN DÍAZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad n.° V-4.471.012, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 03 de marzo de 2015, que dictó el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el juicio que por desalojo interpuso su el ciudadano Cesare Marinilli D’Intimo contra el aquí accionante.

            El 11 de mayo de 2015, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

            Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:

 

I

ANTECEDENTES

 

            El 25 de marzo de 2010, el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida admitió la demanda que, por desalojo y cobro de bolívares, interpuso el ciudadano Cesare Marinilli D’Intimo contra el ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez.

           

Por sentencia del 21 de junio de 2010, el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida declaró con lugar la demanda interpuesta; y, en consecuencia, ordenó a la parte demandada hacer entrega efectiva del inmueble objeto de la misma, constituido por una casa (quinta) marcada con el n.° 231, ubicada en la calle 11 Manzanares, Urbanización Las Tapias, Municipio Libertador del Estado Mérida, a la parte actora, libre de personas, muebles, animales y/o cosas.

            El 20 de octubre de 2010, la abogada Cioly Janette Zambrano, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez, ejerció recurso de apelación contra la prenombrada decisión; siendo que por auto del 22 del mismo mes y año, el Tribunal de la causa no oyó la apelación, por cuanto consideró que la cuantía de la causa era menor a quinientas unidades tributarias (500 U.T.).

            Por auto del 16 de noviembre de 2010, el Juzgado de Municipio declaró firme la sentencia definitiva dictada el 21 de junio de 2010.

            El 05 de diciembre de 2011, el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dictó sentencia mediante la cual ordenó reanudar la causa en el mismo estado en que se encontraba en el momento de la suspensión, pasados diez (10) día, contados a partir de la constancia en autos de la última notificación que de ella se hiciese.

            El 06 de febrero de 2012, el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra El Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, ordenó suspender la ejecución forzosa del fallo, por un lapso de ciento cuarenta (140) días hábiles, y, en consecuencia, se ordenó notificar al ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez, a los fines que, previo al vencimiento del lapso indicado, informe al Juzgado si dispone de vivienda para su persona y grupo familiar, de lo contrario se procederá conforme a lo establecido en el ordinal 2° del prenombrado artículo.

            El 21 de marzo de 2012, el ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez, asistido por el abogado Eliecer Illich Carrero, expuso que no posee vivienda principal para su propio asiento familiar y acompañó oficio n.° 0510, expedido por la Gerencia de Ordenamiento Territorial y Urbanístico del Departamento de Catastro de la Alcaldía Libertador del Estado Mérida.

            Por auto del 04 de junio de 2012, el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, ordenó oficiar al INAVI sede Mérida, como organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, para que dispusiera de refugio temporal o solución habitacional definitiva para el demandado y su grupo familiar, por cuanto consta en autos la manifestación de que no cuenta con un inmueble para trasladarse junto con su grupo familiar, conforme lo prevé el artículo 13, ordinal 2° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.

            Mediante decisión del 27 de enero de 2015, el referido Juzgado de Municipio se declaró habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia definitiva dictada el 21 de junio de 2010, por cuanto trascurrió el lapso de cuatro (04) meses más una prórroga de dos (02) para que la Dirección Ministerial del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat “emitiera oportuno pronunciamiento referido al otorgamiento de un refugio o una solución habitacional definitiva para el demandado de autos sin obtener hasta la fecha respuesta alguna”; y, acordó por auto separado, fijar la oportunidad para la práctica de la medida de desalojo, una vez que constaran en autos las notificaciones correspondientes.

            Por diligencia del 18 de febrero de 2015, el ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez, asistido por el abogado Eliecer Carrero Nieto, ejerció recurso de apelación contra la prenombrada decisión de fecha 27 de enero de 2015, recurso que fue oído, en ambos efectos, mediante auto dictado por el tribunal de la causa, el 20 de febrero de 2015.

            Por sentencia del 03 de marzo de 2015, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por el ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez contra la decisión dictada el 27 de enero de 2015, por el Tribunal Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; y, en virtud de la declaratoria de inadmisiblidad del recurso de apelación, revocó el auto del 20 de febrero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Municipio oyó, en ambos efectos, la apelación propuesta.

            El 13 de marzo de 2015, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida negó la admisión del recurso de casación anunciado por la abogada Cioly Janette Zambrano, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez, parte demandada en el juicio primigenio, el 10 de marzo de 2015, contra la sentencia del 03 del mismo mes y año.

            Por auto del 15 de abril de 2015, el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida fijó el día 03 de junio de 2015 para proceder a la práctica del mandamiento de ejecución en el juicio principal.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La apoderada judicial del accionante fundamentó la demanda de amparo constitucional en los aspectos siguientes:

En primer lugar, señaló como antecedentes de la presente acción de amparo constitucional que, el 21 de junio de 2010, el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano Cesare Marinilli D’Intimi en su carácter de arrendador contra el ciudadano José Lubin Díaz Rodríguez, por desalojo; y, en consecuencia, ordenó a la parte demandada hacer efectiva entrega del inmueble a la parte actora, libre de personas, muebles y animales y/o cosas, constituido por una casa quinta marcada con el n.° 231, ubicada en la calle 11 Manzanares, Urbanización Las Tapias, Municipio Libertador del Estado Mérida. Asimismo, autorizó a la parte actora para que, una vez que la decisión quedara definitivamente firme, pudiese retirar las cantidades de dinero que se encuentran consignadas a su nombre ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la  Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Que, su representado es inquilino del inmueble antes identificado, desde el 23 de julio de 1999, y que el demandante, ciudadano Cesare Marinilli D’Intimo, indicó como objeto del juicio en su escrito de demanda, “una Quinta (vivienda Urbana)”, por lo que para la fecha le era aplicable toda la normativa de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y, especialmente, la Resolución n.° 026 del 14 de mayo de 2007 del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura; la n.° 049, del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habitat, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 38.683, del 15 de mayo de 2007, por la cual se declaró como “servicio de primera necesidad los alquileres de vivienda” y se prorrogó por seis (06) meses la medida de congelación de alquileres contenida en la Resolución conjunta n.° 152 y 046, del 18 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.941 del 19 de mayo de 2004; así como expresamente la normativa del artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios –vigente para la fecha- sobre la irrenunciabilidad de los derechos en beneficio de los arrendatarios, como en este caso lo es, el de la “congelación de cánones de arrendamiento” en beneficio de los inquilinos.

Que, el 20 de octubre de 2010, su representado ejerció recurso de apelación, el cual no fue oído con fundamento en la Resolución n.° 2009-0006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 18 de marzo de 2009.

Que, el 05 de diciembre de 2011, ante la solicitud de reanudación de la causa, el tribunal de primera instancia, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional del 03 de agosto de 2011, expediente n.° 10-1298, ordenó reanudar la causa, pero omitió el mandato expreso de dicha sentencia en materia de ejecución de los desalojos, en lo relativo al procedimiento previo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, “procediendo solo a ordenar en fecha 6 de febrero de 2012, suspender la ejecución dada la entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los arrendamientos”.

Posteriormente, la apoderada judicial del accionante expresó que el 04 de junio de 2012, el tribunal estableció que el demandado durante todo el proceso estuvo debidamente asistido de abogado, por lo que consideró procedente oficiar al Ministerio Popular de Vivienda y Habitat, para que dispusiere de un refugio temporal para el demandado y su grupo familiar.

Que, el 27 de enero de 2015, el Tribunal de la causa se declaró habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia dictada en junio de 2010, acordando proceder por auto separado a fijar la oportunidad para la práctica de la medida de desalojo, lo cual le fue notificado el 18 de febrero de 2015, y procedió a ejercer el recurso de apelación, el cual fue oído en ambos efectos el 20 de febrero de 2015, siendo remitido el expediente, por distribución, al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el cual fue fundamentado en los artículos 49 de la Constitución y 206 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse realizado el procedimiento administrativo previo contemplado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.668, del 06 de mayo de 2011, en concordancia con el artículo 94 de la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, concatenado con el artículo 96 “eiusdem”.

Que, la presente acción de amparo se ejerció contra la decisión del 03 de marzo de 2015, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por no existir otro recurso o vía a través del cual pueda corregirse el error judicial contenido en dicha sentencia, por cuanto contra la misma fue negado el recurso de casación.

Que, la referida sentencia violó los derechos constitucionales de su mandante a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la vivienda adecuada; y el principio de “la expectativa protegida por la Constitución, a que los tribunales decidan conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos”  por cuanto el Juzgado Superior, en relación a la omisión de pronunciamiento de oficio relativo a las normas procesales de estricto orden público contenidas en el Decreto sobre Desalojo Arbitrario de Viviendas y la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, referidas a dos aspectos fundamentales: (i) a la solvencia del arrendatario a pesar de la congelación de alquileres y reconocidos por el demandante en su libelo como “pagos”, y no revisado ni decretado por el Tribunal Superior; y, (ii) a la carga impuesta al demandante, arrendador, de tramitar ante el nuevo órgano creado –Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda- el procedimiento descrito en los artículos 7 al 10, para garantizar que el desalojo no sea arbitrario y proteger el derecho a la vivienda adecuada y digna, como política del Estado.

Que, el Tribunal Superior tampoco se pronunció acerca de la omisión de cumplimiento del trámite administrativo y la participación en el proceso de los nuevos órganos especializados creados en protección de los inquilinos.

Que, de la lectura de la parte motiva de la sentencia dictada por el Juzgado Superior se evidencia que el contrato de arrendamiento estableció como canon la cantidad de ochocientos bolívares (Bs. 800,00) mensuales, a partir del 01 de julio de 2007, y en la misma parte motiva de la decisión, el actor y el Juez “en franca y total contravención a la ley, establece y valora otro canon de arrendamiento en la cantidad de MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.500,oo) desde el mes de febrero de 2009, a pesar de estar todavía vigente la congelación de cánones de arrendamiento”, normas que son irrenunciables.

De esta manera, la apoderada judicial del accionante esgrimió que el Juez Superior ha debido establecer que la diferencia del monto pagado por su representado a favor del arrendador le era perfectamente imputable a los supuestos cánones demandado como adeudados, por encontrarse en poder del arrendador-propietario.

Que, el Tribunal de Primera Instancia dictó la decisión del 27 de enero de 2015, mediante la cual se declaró habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia del 21 de junio de 2010; y el 15 de abril de 2015, fijó el 03 de junio para proceder a la práctica del mandamiento de ejecución, sin el cumplimiento de la normativa de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, dictada el 12 de noviembre de 2011.

Que, conforme al ordenamiento constitucional, para el 27 de enero de 2015, fecha en que se declaró habilitado el Tribunal de la causa para la ejecución de la sentencia, era requisito indispensable, para los procesos judiciales en curso, agotar primero el procedimiento administrativo establecido en el Decreto n.° 8.190 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, “ya que tal acción implica Desalojo o la ‘práctica material que comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda’ y así respetuosamente solicito que se establezca”.

Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la decisión objeto de amparo, solicitó que se ordene al Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que se abstenga de practicar el desalojo del inmueble destinado a vivienda, hasta tanto se cumpla con el procedimiento administrativo establecido en el Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, descrito en sus artículos 7 al 10.

Que, el Juzgado Superior presunto agraviante, asumió como auto de mero trámite, la decisión del 27 de enero de 2015, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, “sin tomar en cuenta las graves violaciones a normas expresas de orden público, que conculcan el debido proceso y la tutela judicial efectiva (…) dado que no realizo (sic) pronunciamiento alguno sobre la irrenunciabilidad de los derechos inquilinarios alegados”.

De esta manera, la apoderada judicial del accionante solicitó que se declare la nulidad, tanto de la sentencia dictada el 03 de marzo de 2015, por Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, así como la decisión dictada, el 21 de junio de 2010, por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la misma Circunscripción Judicial, y de “todos los actos subsiguientes nacidos con motivo de dicho acto irrito (sic), y se ordene dictar nueva sentencia conforme a la Constitución y las Leyes especiales de la materia”.

Por otra parte, la apoderada judicial del accionante pidió que sea requerido el expediente n.° 6768, al Juzgado Tercero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, “donde se pueden observar claramente las delaciones Constitucionales denunciadas”.

Por último, la representación del accionante solicitó que se decrete medida cautelar innominada, consistente en la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior, en fecha 03 de marzo de 2015, así como la sentencia de fecha 21 de junio de 2010, dictada por el nombrado Juzgado de Municipio, en la causa n.° 6768, “hasta tanto esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emita el correspondiente fallo”, para lo cual pidió que se habilite el tiempo necesario dada la urgencia del caso, “en virtud de que la ejecución del desalojo se ha fijado para el día 03 de Junio de 2015”.

III

DE LA DECISIÓN OBJETO DE LA ACCIÓN

 

El 03 de marzo de 2015, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dictó sentencia mediante el cual declaró lo siguiente:

 

 

PRIMERO: Se declara INADMISIBLE el recurso de apelación formulado en fecha 18 de febrero de 2015, por el ciudadano JOSÉ LUBÍN DÍAZ RODRÍGUEZ, debidamente asistido por el abogado ELICER CARRERO NIETO, inscrito en el Inpreabogado con el número 88.127, en su condición de parte demandada, contra la providencia de fecha 27 de enero de 2015 dictada por el TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio de Desalojo contenido en el expediente signado con el número 6768.

SEGUNDO: En virtud de la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación, SE REVOCA el auto de fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual el Tribunal a quo oyó en ambos efectos la apelación propuesta.

TERCERO: Por la índole del fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.

 

 

En la parte motiva del fallo, el Juzgado “a quo”, pasó a analizar la procedencia del recurso de apelación ejercido por el ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez contra la decisión de fecha 27 de enero de 2015, dictada por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante la cual se declaró habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia emitida en fecha 21 de junio de 2010, y declarada definitivamente firme el 16 de noviembre de 2010, en el juicio seguido por el ciudadano Cesare Marinilli D’Intimo, por desalojo de vivienda, de la manera siguiente:

 

 

Así, examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, se ha constatado que ciertamente la acción incoada es un desalojo de inmueble destinado a vivienda, juicio que fue tramitado bajo la normativa prevista en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, por haberse interpuesto la demanda en fecha 22 de marzo de 2010, vale decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres de Vivienda (Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda), por lo que, una vez que la referida ley entró en vigencia, y encontrándose la causa en estado de ejecución de sentencia, procede su aplicación, por mandato expreso del artículo 151 eiusdem, y en virtud de ello, procede esta Alzada antes de decidir el asunto sometido a su conocimiento, a realizar las consideraciones siguientes:

Los requisitos de admisibilidad de los recursos de apelación son materia de eminente orden público, por tanto, pasa de seguidas este Tribunal de Alzada, a verificar oficiosamente el cumplimiento de dichos requisitos.

En ese sentido, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido reiterada y pacíficamente, que en materia de recursos ordinarios y extraordinarios, rige el principio de “reserva legal” y las “reglas de orden público”; por lo que es un deber indeclinable para el Superior correspondiente, reexaminar la admisibilidad del recurso de apelación, así como las Salas del Tribunal Supremo de Justicia están facultadas por imperio de la Ley, a reexaminar la admisibilidad o no del recurso extraordinario de casación.

Sobre este mismo tema, el procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo II, Caracas 2006, pág. 445, señala que el juez de alzada tiene la reserva legal oficiosa para revisar el pronunciamiento sobre la admisibilidad, por lo cual, aunque la parte nada alegue al respecto, puede declarar de oficio la inadmisibilidad del recurso, bien sea por ilegitimidad del apelante, intempestividad o informalidad.

De conformidad con lo antes expresado, como punto previo, procede esta Superioridad a reexaminar la admisibilidad del recurso de apelación ejercido, de lo cual dependerá que se emita o no pronunciamiento sobre el mérito de la cuestión incidental apelada, a tal efecto, se hace necesario precisar previamente, la naturaleza jurídica de la providencia judicial apelada, a cuyo objeto se observa:

En la práctica del foro, así como en la doctrina y la jurisprudencia, se distinguen tres géneros de providencias judiciales que puede dictar el Juez en el proceso, a saber: sentencias, autos y decretos.

Las sentencias son los actos de decisión por excelencia del juzgador, mediante las cuales éste resuelve el mérito de la causa sometida a su conocimiento, acogiendo o rechazando la pretensión deducida por el actor, o una cuestión incidental suscitada en el curso del proceso jurisdiccional o en su fase de ejecución.

En nuestro sistema procesal civil se distingue entre sentencias definitivas e interlocutorias. Las primeras son aquellas dictadas al final de la instancia respectiva mediante las cuales el órgano jurisdiccional pone fin al proceso, resolviendo sobre el fondo mismo del litigio. Las sentencias interlocutorias en cambio, son aquellas providencias por las que se deciden cuestiones incidentales surgidas durante el iter del proceso o con posterioridad a la publicación de la sentencia definitivamente firme o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal.

Asimismo, según que tengan la posibilidad de poner fin al proceso o impedir su continuación, se distingue entre sentencias interlocutorias simples y sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas.

La distinción entre sentencias definitivas e interlocutorias tiene importancia en nuestro sistema procesal civil en orden al régimen de las apelaciones, puesto que las primeras, por regla general, tienen apelación; las interlocutorias al contrario, sólo son apelables cuando produzcan gravamen irreparable, salvo disposición legal expresa en contrario.

En cuanto a los autos, señala nuestro eminente procesalista, Arístides Rengel-Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, que son propiamente actos de sustanciación del proceso o de mero trámite y no decisiones o resoluciones. En efecto, considera el célebre proyectista de nuestro texto adjetivo, que los autos son “providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales que se dirigen a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes...Lo que caracteriza a estos autos de sustanciación, es que pertenecen al impulso procesal, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso, y por no producir gravamen alguno a las partes, son en consecuencia inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez” (sic) (Subrayado de esta Alzada).

Finalmente, el autor in comento sostiene que los decretos constituyen también providencias de sustanciación o de mero trámite dictados por el Juez en el curso del proceso, reservados para las medidas preventivas, expedición de copias certificadas, entrega y devolución de documentos, etc.

En este orden de ideas, observa esta Alzada, que la providencia objeto del presente recurso de apelación, fue dictada en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015), por el Juzgado de la causa, a los fines de proceder a la ejecución forzosa de la sentencia definitiva dictada por el tribunal recurrido en fecha 21 de junio de 2010, que fue declarada firme en fecha 16 de noviembre de 2010; vale decir que del contenido mismo de la referida providencia, se observa que la misma fue dictada por el Juez para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implica en absoluto la decisión de una cuestión controvertida entre las partes.

En tal sentido, realizadas las anteriores consideraciones observa esta Alzada, que la apelación que ha sido elevada al conocimiento de esta Alzada, recayó sobre una providencia dictada en un juicio de desalojo, tramitado conforme al procedimiento contemplado por la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, en virtud de haberse interpuesto la demanda en fecha 22 de marzo de 2010, vale decir, que se tramitó y decidió con anterioridad a la entrada en vigencia de la actual Ley de Alquileres de Vivienda (Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas), providencia mediante la cual, como se señalara anteriormente, el TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, se declaró HABILITADO, para proceder a la ejecución de la sentencia proferida en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diez (2010), y declarada definitivamente firme en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010), en el juicio seguido por el ciudadano CESARE MARINILLI D’INTIMO, por desalojo de vivienda.

Como se observa, la providencia apelada es de las denominadas doctrinariamente autos de sustanciación, que pertenecen al impulso procesal, y que no contienen decisión de algún punto, ni de procedimiento ni de fondo; muy por el contrario, constituyen la ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso, y que por no producir gravamen alguno a las partes, son en consecuencia inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez.

Así las cosas, habiéndose cumplido todas las etapas del proceso, correspondía a la Juez de la causa, la potestad de asegurar el cumplimiento de todas las sentencias, autos y decretos dictados dentro de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato expreso de las DISPOSICIONES FINALES de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, artículo 163, cuyo tenor es el siguiente.

Artículo 21 del Código de Procedimiento Civil: “Los Jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos de decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere necesario…” (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

Artículo 163 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas: “Para las situaciones no previstas en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil” (sic).

Como se observa, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, el TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en fecha 27 de enero de 2015, con fundamento en la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, vertida en sentencia de fecha 03 de octubre de 2014, en el expediente número 13-0482, providenció la solicitud por la parte actora, declarando al tribunal habilitado para continuar con la ejecución forzosa de la sentencia proferida en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diez (2010), y declarada definitivamente firme en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010), oportunidad que fijaría por auto separado.

Ahora bien, en relación con la admisibilidad o procedencia de recursos contra los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en sentencia de fecha 27 de noviembre de 2006, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, en el Expediente Nº 06-0999, y ratificada posteriormente en fecha 16 de diciembre de 2013, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELA (sic)  MORALES LAMUÑO, en el Expediente Nº 13-0929, dejó sentado lo siguiente:

“Omissis…

… Los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, en su sentido doctrinal y propio son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso de la causa, que se dirigen para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Lo que caracteriza a estos autos, es que pertenecen al trámite procedimental, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso, y por no producir gravamen alguno a las partes, son en consecuencia inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez. (Vid. Sentencia N° 2091/2006 de esta Sala)…”. (Subrayado y Resaltado de esta Alzada).

Como se observa del criterio Jurisprudencial señalado ut supra, y que esta Alzada acoge por tener carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, los auto de mérito trámite, o providencias dirigidas por el Juez, para asegurar la marcha del procedimiento no admiten recurso.

Ahora bien, habiendo quedado claramente establecido que la providencia recurrida en el caso sub examine, es un auto de mero trámite, cuya finalidad fue solamente impulsar la continuación de la ejecución de la sentencia definitiva, observa esta Superioridad, que la Juez de la causa, atendiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional, en sentencia número 1213 de fecha 03 de octubre de 2014, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, parcialmente reproducida ut supra, conforme a la cual los procesos judiciales deben resolverse en un plazo razonable, por cuanto habían vencido con creces seis (06) meses, sin que el ente administrativo, vale decir, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, hubiera emitido pronunciamiento expreso, consideró que estaba habilitado el tribunal para proceder a la ejecución de forzosa de la sentencia, lo cual a juicio de este Sentenciador se encuentra totalmente ajustado a derecho, por no tener la providencia recurrida carácter de decisión que pudiera producir gravamen alguno a las partes, sino un auto de mero trámite, resulta inapelable. ASÍ SE ESTABLECE.

En consecuencia, por cuanto la providencia recurrida, de fecha 27 de enero de 2015, es un auto de mero trámite, que no admite recurso alguno, la apelación que en su contra fue interpuesta por el ciudadano JOSÉ LUBÍN DÍAZ RODRÍGUEZ, debidamente asistido por el abogado ELICER CARRERO NIETO, inscrito en el Inpreabogado con el número 88.127, en su condición de parte demandada, deviene en inadmisible, y por vía de consecuencia, el auto de fecha 20 de febrero de 2015, mediante la cual el Tribunal a quo oyó en ambos efectos la apelación propuesta será revocado, como en efecto así se hará en el dispositivo del presente fallo. ASÍ SE DECIDE.

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, lo cual realiza de conformidad con lo siguiente:

Según el artículo 25, numeral 20, de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala es competente para el conocimiento de las acciones autónomas de amparo constitucional, contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en materia contenciosa administrativa.

Por lo antes expuesto, en virtud de que la presente acción se ejerce contra una decisión que fue dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, esta Sala Constitucional resulta competente para el conocimiento y decisión en primera y única instancia de la misma. Así se declara.

 

V

DE LA DECLARATORIA DE MERO DERECHO

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento, para lo cual observa lo siguiente:

Luego del examen de la acción de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y encuentra que ella cumple con los mismos. Así se declara.

Ahora bien, previo a la verificación de los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala debe señalar lo siguiente:

La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada, el 03 de marzo de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida que declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por el ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez, parte demandada en el juicio de desalojo, contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2015, por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, la cual revocó el auto de fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual el Tribunal a quo oyó en ambos efectos la apelación propuesta, con fundamento en que la providencia recurrida es un auto de mero trámite que no admite recurso alguno.

Por su parte, la apoderada judicial del accionante denunció que la decisión objeto de amparo constitucional violó los derechos constitucionales de su representado a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al haber asumido la sentencia objeto de impugnación dictada, el 27 de enero de 2015, por el referido Juzgado de Municipio, como un auto de mero trámite, sin tomar en consideración que se estaban ventilando los derechos inquilinarios que son irrenunciables, y haberse declarado habilitado para la ejecución de la sentencia definitiva sin haber agotado el procedimiento administrativo previo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas.

Dicho lo anterior, esta Sala Constitucional estima pertinente señalar que, en sentencia n.° 993 del 16 de julio de 2013, caso: “Daniel Guédez Hernández”, se estableció criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis de acciones de amparo constitucional interpuestas contra decisiones judiciales, cuando el asunto fuere de mero derecho. Así se señaló lo siguiente:

 

 

“En la sentencia N° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), la Sala ajustó a la nueva Carta Magna el procedimiento de amparo constitucional, de la siguiente manera:

[…]

2.- Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.

Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública.

La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada.

Se mantuvo en dicha interpretación el criterio de la sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, N° 644, del 21 de mayo de 1996, con ponencia del Magistrado emérito Doctor Humberto J. La Roche, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser contrario a lo que disponía el único aparte del artículo del 49 y la última parte del artículo 68, ambos de la Constitución de 1961. Desde entonces, se instauró un procedimiento en el cual, una vez admitida la solicitud de amparo constitucional incoada contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de un particular, órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, o contra una decisión judicial, se debe realizar una audiencia oral en la que se va a debatir todos aquellos hechos que conforman la controversia y evacuar, en caso, de haberse promovidos, los medios de pruebas que sustentan los alegatos de las partes involucradas en la acción de amparo.

De modo que, la celebración de la audiencia oral en el procedimiento de amparo se hizo rutinaria para hacer prevalecer el derecho de la defensa y oír a las partes y a los terceros interesados.

Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso’. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado.

Reinterpretando estos conceptos de cara a la Constitución Nacional de 1961 y a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debemos señalar que a diferencia de la derogada Constitución Nacional (1961) que concebía el amparo como una acción procesal conforme al artículo 49 que establecía: ‘[l]os Tribunales ampararán a todo habitante de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, en conformidad con la ley. El procedimiento será breve y sumario, y el juez competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida’; la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además de considerar el amparo en su aspecto procesal como una acción, lo considera también como un derecho al señalar en el artículo 27, lo siguiente:

Todos tienen derecho a ser amparados por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquéllos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

De modo que, es la inmediatez y el restablecimiento de la situación jurídica infringida lo que debe prevalecer en la ponderación con otros derechos constitucionales de igual rango como lo sería el derecho a la defensa.

Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.

En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?

La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el ‘procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella’ (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.

Ejemplo de ello sería el caso en el cual se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, firme, que condenó a un ciudadano a la ejecución de una pena de muerte o a cumplir una pena de prisión de cuarenta años. En estos supuestos, esperar la celebración de la audiencia oral para resolver el mérito de la controversia planteada, atentaría contra la posibilidad de la restitución inmediata de la situación jurídica infringida, ya que bastaría, con la sola interposición del amparo y la consignación de la copia de la decisión adversada, que el Juez constitucional concluyera ipso iure, por tratarse el asunto de un punto de mero derecho, que toda condena de muerte o la aplicación de una pena que exceda de treinta años es contrario a lo que disponen los artículos 43 y 44.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia ‘expedita’.

Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece.

Ahora bien, la Sala, tomando en cuenta la anterior doctrina procede a verificar si, en el caso bajo estudio, lo alegado por la representación del Ministerio Público se refiere a la resolución de un punto de mero derecho y, a tal efecto, observa: […].

Ahora bien, la Sala precisa que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho, esto es, sobre la aplicabilidad o no, en el proceso penal primigenio, de la prerrogativa del antejuicio de mérito establecida en el artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no siendo necesario, a los fines de la resolución de fondo de la controversia, la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, toda vez que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido del expediente penal original que consignó la parte actora, constituyen elementos suficientes para que la Sala se pronuncie inmediatamente sobre el fondo de la presente controversia, dado que las partes y los terceros involucrados no aportarían nada nuevo en esa audiencia oral. Además, la Sala destaca que parte de las actas del presente expediente constan todas las actuaciones originales (consignadas por la quejosa) de la causa penal primigenia, lo que permiten a esta máxima instancia constitucional, sin lugar a ninguna duda, decidir el amparo en esta misma oportunidad. Así se declara”.

Conforme con lo expuesto, se aprecia, que en el presente caso estamos en presencia de un asunto de mero derecho, al tratarse de amparo contra amparo que se fundamenta en la ocurrencia de vicios en la valoración probatoria, silencio de pruebas e incongruencia respecto de los cuales solo se requiere verificar si la sentencia objeto del amparo incurrió en alguno de los vicios denunciados, para lo cual el expediente que se encuentra agregado a los autos en copia certificada resulta suficiente. Por ende, visto que no existen elementos nuevos o controversias que deban dilucidarse entre el agraviado y un tercero, la Sala decidirá la presente acción de amparo constitucional en esta oportunidad, prescindiendo de la audiencia oral y pública. Así se decide.

 

 

Conforme a lo expuesto se aprecia que, en el presente caso, estamos en presencia de un asunto de mero derecho, por cuanto lo que se debe determinar es si el Juez Superior se extralimitó en sus funciones, al calificar como auto de mero trámite la decisión objeto de apelación, declarando inadmisible el recurso, lo cual acarrearía, de manera directa, la violación de los derechos al debido proceso y a la defensa de la parte accionante, previstos en el artículo 49 constitucional; asimismo, visto además que no existen elementos nuevos o controversias que deban dilucidarse entre las partes y un tercero, la Sala decidirá la presente acción de amparo constitucional en esta oportunidad, prescindiendo de la audiencia oral y pública. Así se declara.

 

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito del amparo y, a tal efecto, observa:

La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia que dictó, el 03 de marzo de 2015, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante la cual declaró lo siguiente: (i) inadmisible el recurso de apelación formuldado el 18 de febrero de 2015, por el ciudadano José Lubín Díaz Rodríguez, en su condición de parte demandada, contra la decisión dictada el 27 de enero de 2015, por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; y, (ii) como consecuencia de la anterior declaratoria, se revocó el auto del 20 de febrero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Municipio oyó la apelación en ambos efectos.

De acuerdo con los elementos que constan en los autos del presente expediente, esta Sala pudo verificar que el Juzgado Superior presunto agraviante declaró inadmisible la apelación de la decisión dictada por el Juzgado de Municipio, al considerarla como un auto de mero trámite.

Al respecto, esta Sala observa que el acto decisivo que emitió el Juzgado de Municipio el 27 de enero de 2015, el cual fue objeto de apelación por la parte demandada en el juicio primigenio, se dictó en fase de ejecución de sentencia, con ocasión a la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, el cual fue considerado por el Juzgado Superior como un auto de mero trámite que no podía ser objeto de apelación, y fue dictado en los siguientes términos:

 

Vista la diligencia de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), suscrita por la abogada en ejercicio ROSELIN ARAUJO, suficientemente identificada en autos, a través de la cual señala que, conforme a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente número 13-0482, de fecha tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014) y siendo que éste Despacho en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013), remitió oficio a la Dirección Ministerial del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, ratificado posteriormente en fecha tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), superando con creces hasta la presente fecha el lapso de seis (6) meses al que se refiere la sentencia in comento, es por lo que solicita se fije oportunidad para la práctica de la medida de desalojo del inmueble en cuestión, esta Juzgadora efectúa las siguientes observaciones:

La Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, a través de sentencia proferida en fecha tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014), contenida en el expediente número 13-0482, expuso:

“En tal sentido, y tomando en consideración que los procesos judiciales deben resolverse en un plazo razonable y sin demora causada por la arbitrariedad e injustificada pasividad del juzgador o por la indebida influencia de terceros, esta Sala estima necesario armonizar el régimen administrativo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas con la ejecución de sentencia, ambas expresiones de derechos constitucionales. A tal efecto, tratándose de una actuación administrativa la Sala entiende necesario fijar un plazo perentorio vencido el cual el Tribunal se encuentre habilitado para ejecutar su decisión. Siendo así, en función de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone un lapso de 4 meses para que el ente administrativo, es decir, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda emita un pronunciamiento, más una prórroga de dos (2) meses si media un acto expreso que la declare, ha de ser ese el lapso racional y suficiente para que la ejecución de un fallo definitivamente firme que ordene el desalojo esté a la espera de que la autoridad administrativa garantice el destino habitacional del arrendatario. Vencido este plazo sin que haya habido pronunciamiento expreso de la Administración, el juez entonces quedará habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia; sin menoscabo de las facultades del administrado para instar a la Administración a que cumpla con el deber de solucionarle transitoriamente su problema habitacional. Así se decide”.

Expuesto lo anterior y siendo que éste Despacho en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013), dirigió oficio a la Dirección Ministerial del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, ratificado posteriormente en fecha tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), resulta evidente pues, que el lapso de cuatro (4) meses mas una prórroga de dos (2) para que el ente administrativo emitiera oportuno pronunciamiento referido al otorgamiento de un refugio o una solución habitacional definitiva para el demandado de autos sin obtener hasta la presente fecha respuesta alguna, es por lo que, conforme al criterio jurisprudencial señalado, el cual surte efectos ex tunc, este Tribunal se entiende HABILITADO para proceder a la ejecución de la sentencia proferida en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diez (2010), declarada definitivamente firme en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010). Y ASÍ SE DECLARA.

En consecuencia y por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que éste Juzgado ACUERDA CONFORME A LO SOLICITADO, procediendo por auto separado a fijar la oportunidad para la práctica de la medida de desalojo, una vez conste en autos la última de las notificaciones que se libran en razón del presente pronunciamiento

 

De la lectura del pronunciamiento que antecede se observa que el mismo no se limitó a fijar la oportunidad para la ejecución de la sentencia en el juicio primigenio, además de ello, el fallo contiene el juzgamiento acerca del incidente que surgió en dicha etapa procesal como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, y la necesidad que surge de dar una solución habitacional al demandado, ante la inminencia del desalojo acordado por la sentencia definitivamente firme, lo cual le pudiese causar un gravamen irreparable al demandado apelante, en el marco de una materia donde se encuentra involucrado el orden público, como es la inquilinaria.

En consecuencia, esta Sala considera, a diferencia de lo que determinó el juzgado agraviante, que la decisión que fue objeto de apelación no es un auto de mera sustanciación o mero trámite contra el cual pueda afirmarse que no es procedente la admisión de la apelación. Así se declara.

Los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, en su sentido doctrinal y propio son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso de la causa, que se dirigen para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Lo que caracteriza a estos autos, es que pertenecen al trámite procedimental, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso, y por no producir gravamen alguno a las partes, son en consecuencia inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez. (Vid. Sentencia N° 2091/2006 de esta Sala).

En el asunto bajo estudio, resulta forzoso concluir que se lesionaron los derechos constitucionales del  accionante al debido proceso, a la defensa, a ser oído en el proceso y a la tutela judicial efectiva cuando se declaró inadmisible la apelación ejercida contra una decisión que le pudiese haber causado un gravamen y que no obedece a un simple impulso procesal por parte del Juez, por lo que se evidencia que se encuentran configurados los requisitos, que están exigidos por el legislador en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para la procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales. Así se decide.

De esta manera, visto que el presente asunto fue declarado de mero derecho, lo cual permite que se resuelva inmediatamente el fondo de la presente controversia, esta Sala, dada la evidente violación del derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, declara procedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión dictada el 03 de marzo de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; en consecuencia, se anula la referida sentencia y todas las actuaciones subsiguientes realizadas en el juicio contenido en el expediente n°. 6768, que cursa ante el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, incluyendo el auto del 15 de abril de 2015 donde se fijó oportunidad para la práctica del mandamiento de ejecución y se ordena que otro Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida admita y conozca la apelación ejercida contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2015 por el referido Juzgado de Municipio. Así se decide.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara DE MERO DERECHO la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Cioly Janette Zambrano, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ LUBIN DÍAZ RODRÍGUEZ contra la sentencia dictada, el 03 de marzo de 2015, que dictó el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el juicio que por desalojo interpuso el ciudadano Cesare Marinilli D’Intimo contra el aquí accionante, que declaró inadmisible la apelación ejercida por dicho ciudadano contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2015, por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

2.- Se declara PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la presente acción de amparo constitucional. En consecuencia, SE ANULA la sentencia dictada el 03 de marzo de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y todas las actuaciones subsiguientes realizadas en el juicio contenido en el expediente 6768 que cursa ante el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la misma Circunscripción Judicial, incluyendo el auto del 15 de abril de 2015, donde se fijó oportunidad para la práctica del mandamiento de ejecución; y SE ORDENA que otro Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida admita y conozca la apelación ejercida contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2015 por el referido Juzgado de Municipio.

Publíquese, regístrese y remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Ofíciese lo conducente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a                                los __         ___ días del mes de ___________de dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,                                                         

                                                                                                 

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

El Vicepresidente,

 

 

 

                                                                                Arcadio Delgado Rosales

 

Los Magistrados,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

                                                                        Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

                                                                              Carmen Zuleta de Merchán

 

 

 

Juan José Mendoza Jover

                 Ponente

 

                                                          El Secretario,                                           

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

EXP. N.º 15-0498

JJMJ/

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