Venley

Sentencia N.º 698

Sentencia
N.º 698
Fecha
13/07/2000
Sala
Constitucional
Expediente
00-0987
Ponente
Iván Rincón Urdaneta
Procedimiento
Acción de Amparo


 


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

En fecha 17 de marzo del año 2000, el ciudadano EDGAR ENRIQUE NARANJO, asistido por el abogado Luís Enrique Villegas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.801, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la decisión de fecha 17 de noviembre de 1999, dictada por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, la cual declaró improcedente la solicitud de reapertura del lapso para formalizar el recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 7 de mayo de 1999.

 

En fecha 17 de marzo del año 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

ALEGATOS DEL ACCIONANTE

 

Del escrito libelar de amparo se desprende que el accionante adujo:

 

1.- Que en fecha 7 de mayo de 1999, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de reenvío, dictó sentencia definitiva en el juicio que por nulidad de venta y simulación sigue el ciudadano Edgar Enrique Naranjo, contra el ciudadano Carlos Terán y otro, la cual fue recurrida mediante la interposición del recurso extraordinario de Casación.

 

2.-Que en fecha 11 de agosto de 1999, comenzó a discurrir el lapso perentorio para consignar el escrito de formalización, pero es el caso que en fecha 1º de agosto de 1999, el único apoderado constituido le fue diagnosticado “Virus Hepatitis A”, razón por la cual ocurrió ante la Sala de Casación Civil con el fin de solicitar la reapertura del lapso para formalizar el recurso de casación, acompañando la respectiva constancia médica.

 

3.- Que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia negando el anterior pedimento, argumentando que “... se observa que el lapso para formalizar el Recurso de Casación se inició el 03 de julio y precluyó el 11 de agosto de 1999.  De su parte, la incapacidad física del abogado apoderado para introducir el escrito de formalización, fue diagnosticada en fecha 1º de agosto de 1999, es decir la parte recurrente tuvo tiempo suficiente desde el 3 de julio hasta el 1º de agosto de 1999 (29 días consecutivos) para introducir el escrito de formalización respectivo”.

 

4.- Que la decisión emanada de la Sala de Casación Civil, envuelva una injusticia notoria, por cuanto se pretende que se cumpla dentro de 29 días, aquello que pudo hacer valer en 40 días, evidenciándose una restricción al derecho a la defensa y al debido proceso, ambos contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y además que con dicha actuación la Sala actuó fuera de su competencia.

        

 

II

COMPETENCIA Y SUBSIGUIENTE ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE AMPARO

 

            Siendo la oportunidad para que esta Sala se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, debe previamente establecer su competencia, y al respecto se observa:

 

            En las acciones de amparo constitucional contra decisiones judiciales, la competencia viene dada por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que las mismas deben ser interpuestas “... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento...”.

 

            Ahora bien, en el caso bajo examen ha sido ejercida una acción de amparo constitucional contra una decisión emanada de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia.

 

            Al respecto, el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, establece textualmente lo siguiente:

 

“La Corte Suprema de Justicia es el más alto Tribunal de la República y la máxima representación del Poder Judicial.  Contra las decisiones que dicte en pleno o en alguna de sus Salas, no se oirá  ni admitirá recurso alguno” (Subrayado de la Sala).

 

 

            Igualmente, la vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, el hecho que se interponga la misma en contra de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia –hoy Tribunal Supremo de Justicia, según el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-.

 

            Así las cosas, analizadas las anteriores disposiciones, esta Sala estima que no es viable interponer acciones de amparo constitucional que tiendan a enervar fallos proferidos por cualquiera de las Salas que integraron la extinta Corte Suprema de Justicia, siendo forzoso concluir que la presente acción de amparo es inadmisible a tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, en concordancia con el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y así se declara.

 

            Sin embargo, considera pertinente esta Sala reiterar su criterio sentado en sentencia de fecha 19 de Mayo del año 2000, Caso: Edgar Arazanzu y otros, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, mediante la cual se declaró inadmisible una acción de amparo constitucional propuesta contra una decisión de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, pero se estableció lo siguiente:

 

“La Sala deja a salvo, sin embargo, la posibilidad normativa de revisar los actos o sentencias de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen la Constitución  o las interpretaciones que sobre sus normas o principios haya fijado previamente, conforme a la Ley Orgánica que establecerá la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en los artículos 334 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.”

           

 

DECISIÓN

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Edgar Enrique Naranjo, asistido por el abogado Luís Enrique Villegas, contra la decisión de fecha 11 de noviembre de 1999, dictada por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, la cual declaró improcedente la solicitud de reapertura para formalizar el recurso de casación en el juicio seguido por el prenombrado ciudadano en contra de Carlos Terán y otro, por ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese.  Archivase el expediente.

           

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los  13                   días   del mes de    JULIO   del año dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

El Presidente-Ponente,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

 

 

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Héctor Peña Torrelles

        Magistrado

 

 

José Manuel Delgado Ocando

                                                                                                  Magistrado             

 

 

Moises A. Troconis Villarreal

Magistrado

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. 00-0987

IRU/rln

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