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Sentencia N.º 701

Sentencia N.º 701

Sentencia
N.º 701
Fecha
13/07/2000
Sala
Constitucional
Expediente
00-0910
Ponente
Iván Rincón Urdaneta
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUIONAL

Magistrado Ponente:  Iván Rincón Urdaneta

 

Mediante decisión de fecha 24 de febrero del año 2000, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declinó en esta Sala Constitucional, el conocimiento de la acción de amparo constitucional ejercida por la abogado María Alejandra Blanco Peña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 38.901, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano DANIEL RAFAEL PILO GONZALEZ, titular de la cédula de identidad número 3.182.862, contra la decisión interlocutoria dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de junio de 1999.

El 14 de marzo del año 2000, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Alega el accionante que la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, vulneró la garantía al debido proceso, consagrada en el artículo 68 de la Constitución de 1961.

Para fundamentar su pretensión narra la apoderada judicial del accionante los siguientes hechos relevantes:

            Que en fecha 15 de julio de 1972, el ciudadano Daniel Rafael Pino González comenzó a prestar sus servicios como personal docente de la Universidad Simón Bolívar (U.S.B),  y que terminó esa relación en fecha 13 de septiembre de 1997, como consecuencia de habérsele concedido su jubilación.

            Que en fecha 12 de agosto de 1998, el referido ciudadano interpuso una querella contra la Universidad Simón Bolívar (U.S.B.), por el pago de sus prestaciones sociales, la cual fue admitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Dicho Tribunal, por decisión de fecha 6 de abril de 1999, declinó la competencia en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

            Que mediante decisión de fecha 29 de junio de 1999, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo aceptó la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, expresando a su vez lo siguiente:

         “Luego de aceptar la competencia en los términos ya expuestos, debe revisarse el procedimiento ya cumplido en el Tribunal declinante, el cual se tramitó por vía del Código de Procedimiento Civil, procedimiento que estima inidóneo esta Corte para sustanciar reclamaciones cuyo origen sea una relación funcionarial, por tanto se deja sin efecto todo lo actuado y se ordena remitir el expediente al juzgado de sustanciación, el cual deberá tramitar la presente reclamación siguiendo el procedimiento de las querellas previsto en la Ley de Carrera Administrativa, y así se decide”.

            Contra esa última decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es ejercida la presente acción de amparo constitucional, por considerar el accionante que al ordenar la aplicación del procedimiento previsto en la Ley de Carrera Administrativa para la tramitación de la querella, se le está vulnerando la garantía al debido proceso. En este sentido señala, que siendo parte del personal docente de la Universidad Simón Bolívar (U.S.B.), está excluido de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, conforme expresamente lo prevé el numeral 5 del artículo 5 del referido cuerpo legal.

            Continua el accionante destinando un capítulo del escrito a la admisibilidad de la acción propuesta.

            Finalmente, solicita se le restablezca la situación jurídica, mediante un mandamiento de amparo que deje sin efecto la decisión impugnada, en lo que respecta a la aplicación del procedimiento previsto en la Ley de Carrera Administrativa. 

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:

Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión de fecha 20 de enero del año 2000, caso Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, una acción de amparo constitucional en contra de una decisión interlocutoria emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para resolver la presente acción, y así se decide.

 

III

ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Una vez establecida la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta y, en tal sentido observa que la misma cumple con todas las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, además, no se desprende de los autos que esté incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 eiusdem. Por lo anterior, resulta procedente admitir la presente acción, y así se declara.

 

DECISIÓN

 

            Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República  por autoridad de la Ley, declara:

1) Se ADMITE la acción de amparo constitucional  ejercida por la abogada María Alejandra Blanco Peña, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano DANIEL RAFAEL PILO GONZALEZ, contra la decisión interlocutoria dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de junio de 1999.

2) NOTIFÍQUESE de la presente acción a la parte actora así como a la ciudadana Ana María Ruggieri Cova, en su condición de Presidenta de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, o quien haga sus veces, para que concurran a la audiencia constitucional el día y hora que fije la Secretaría de esta Sala e informen lo que estimen conveniente, verificadas como sean las respectivas notificaciones en el presente expediente.

                    La falta de comparecencia del Juez accionado no se entenderá como aceptación de los hechos imputados.

3) Notifíquese de la presente acción al ciudadano Fiscal General de la República.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Líbrense las correspondientes boletas de notificación. Cúmplase lo ordenado.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 13            días   del mes de julio del año dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

El Vicepresidente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Héctor Peña Torrelles

       Magistrado

 

José Manuel Delgado Ocando

    Magistrado             

Moisés Troconis

Magistrado

El Secretario,

José Leonardo Requena

 

Exp. 00-0910

IRU/rln/gps

  Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que asumió la competencia de una acción de amparo constitucional, en contra de una decisión judicial.  Las razones por las cuales me aparto de la decisión de la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuestas de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, atendiendo al contenido del citado artículo 4, se observa que   la referida norma es precisa al indicar que dicha acción se debe interponer   “... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento”. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendió tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior,  estima el disidente, que esta Sala Constitucional no debió asumir la competencia de la acción de amparo constitucional interpuesta, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                                         El Vice-Presidente,

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Magistrados,

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

José M. Delgado Ocando

Moisés A. Troconis Villarreal

 El Secretario,

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 00-0910

HPT/mcm

 

 

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