Sentencia N.º 708
- Sentencia
- N.º 708
- Fecha
- 13/05/2011
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 10-0880
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 10-0880
El 10 de agosto de 2010, se recibió en esta Sala el Oficio N° 2010-159 del 3 de agosto de 2010, anexo al cual el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar por el ciudadano PEDRO MEZERHANE AKL, titular de la cédula de identidad Nº 4.351.609, asistido por el abogado Daniel Buvat de la Rosa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 34.421, contra la decisión del 17 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró firme el embargo ejecutivo practicado por el Juzgado Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas de la referida Circunscripción Judicial sobre las acciones que le corresponden al accionante en las sociedades mercantiles Mezerhane Materiales, C.A., y Baithome Empresa de Inversiones y Reinversiones Rentísticas.
Tal remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida tempestivamente, el 2 de agosto de 2010, por el hoy accionante contra la decisión del 28 de julio de 2010 dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.
El 17 de agosto de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
En virtud de la reconstitución de la Sala y del nombramiento de sus nuevos integrantes en sesión de la Asamblea Nacional del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó reconstituida la Sala de la siguiente forma: Presidenta Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Vicepresidente Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que ( ) mediante decisión definitivamente firme dictada en fecha 16 de noviembre de 2006 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se declaró Con Lugar la demanda que por Resolución de contrato de Arrendamiento ejerció la empresa Inmuebles La Giralda C.A en mi contra, en cuyo caso se ordenó la entrega material del inmueble arrendado y el pago de cánones de arrendamiento ( ).
Que ( ) tras varias incidencias en fase de ejecución, fue acordado por el Juzgado aquí accionado poner el fallo en fase de ejecución forzosa, para los (sic) cual decretó embargo ejecutivo sobe bienes de mi propiedad, comisionando al ( ) Juzgado Quinto de esta Circunscripción Judicial ( ).
Que ( ) en fecha 11 de mayo de 2010 fueron recibidas ( ) las resultas de dicha Comisión, percatándose que el Juzgado Comisionado había practicado Embargo Ejecutivo sobre acciones que originalmente y bajo los Estatutos Sociales que aparecen inscritos en el Respectivo Registro Mercantil en el cual se encuentran inscritas las empresas Mezerhane Materiales C.A y Baithome Empresa de Inversiones y Reinversiones Rentísticas C.A, frente a lo cual solicitó al Tribunal Comitente ( ) que declarase la ineficacia de dicho embargo por cuanto el Juzgado comisionado había actuado en frontal y abierta vulneración al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia según el cual las acciones en empresas mercantiles solo pueden ser embargadas en el Libro de Accionistas ( ).
Que ( ) frente a dicha petición la juzgadora de instancia a pesar de reconocer que la Sala Constitucional tiene establecido la inembargabilidad en Registro Mercantil de las acciones, sino que éstas solo pueden serle desposeídas al titular a través del Libro de Accionistas de la respectiva empresa, ( ) se pone de espaldas a ella señalando que el embargo ejecutivo practicado sobre dichas acciones debía considerarse ajustado a derecho y firme ( ).
Finalmente, señaló que ( ) por hallarse la causa principal en fase de ejecución forzosa, la apelación como medio recursivo ordinario en contra de la interlocutoria aquí accionada, solo se escucharía en un solo efecto, lo cual en modo alguno podría suponer que el medio ordinario de recurribilidad fuere apto, pertinente y suficientemente breve para evitar que el daño e injuria Constitucionales que produce el fallo aquí accionado se materialice ( ).
II
DEL FALLO APELADO
El Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional con fundamento en los siguientes argumentos:
( ) En primer lugar, quiere señalar este Superior, actuando en sede constitucional que el quejoso justifica la interposición de la presente querella constitucional, esgrimiendo que por hallarse la causa principal en sede de ejecución forzosa, la apelación como medio recursivo ordinario e (sic) contra de la decisión accionada en amparo, se oye en un solo efecto, lo cual en modo alguno podría suponer que el medio ordinario de recurribilidad fuere apto, pertinente y suficientemente breve para evitar que el daño e injuria constitucionales que produce el fallo accionado se materialice.
El Tribunal para decidir al respecto observa:
La jurisprudencia de la Sala Constitucional del mas (sic) Alto Tribunal de la República, por lo demás vinculante, ( ) tiene establecido que, ante situaciones semejantes a la planteada por quien interpone la queja, el procedimiento a seguir es el examinado en el fallo pronunciado el 10-11-2006, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los términos siguientes:
En relación con el denominado por la doctrina amparo sobrevenido, ha dicho esta Sala que el mismo no existe en la forma en que había sido interpretado por la doctrina venezolana y, con relación a la previsión del cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala, en su sentencia de 16 de noviembre de 2001 (Caso: Jairo Cipriano Rodríguez), expresó lo siguiente:
En este orden de ideas, observa esta Sala Constitucional, que la doctrina del llamado amparo sobrevenido se fundamentó, desde los primeros pronunciamientos de la extinta Corte Suprema de Justicia (caso: C.A Electricidad de Valencia del 23 de febrero de 1995), en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone expresamente:
Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
( )
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.
Advierte esta Sala que el dispositivo contenido en el artículo 6, numeral 5, no establece per se una modalidad de amparo, como se ha pretendido lo sea el sobrevenido sino el reconocimiento de la potestad cautelar del juez que puede a posteriori (una vez abierta la vía de la impugnación en el proceso ordinario), ordenar la suspensión provisional de los efectos de un acto que conoce en vía principal, por haber sido cuestionado a través de los medios ordinarios. Esto quiere decir, que frente a situaciones acaecidas ex novo, ocurridas de forma sobrevenida en el proceso ordinario que se revisa (por medio de las vías y medios judiciales ordinarios preexistentes), y que vulneren o amenacen violar la esfera constitucionalmente protegida, el juez puede, a solicitud de parte, adoptar medidas cautelares, garantizando así, el mantenimiento del status quo procesal, preservando los derechos de las partes en el proceso, frente a intervenciones abruptamente violatorias, que provengan de los sujetos procesales o de terceros.
La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contiene una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, que se expresa en la no admisión de los amparos cuando se verifique que el accionante optó previamente por la vía ordinaria (utilizando los recursos, la apelación y demás medios defensivos), por considerarla idónea para cumplir el fin perseguido. Sin embargo, el objeto principal de la acción de amparo constitucional, no obstante se haya optado por la vía de los recursos, sigue siendo proteger las situaciones jurídicas de los accionantes frente a violaciones que infrinjan sus derechos constitucionales, razón por la cual, ante flagrantes vulneraciones (no necesariamente sobrevenidas al proceso ordinario) y frente a la amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, puede el tribunal que conoce, acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Esto último significa que el Juez, ajustándose a los principios de celeridad, de contradictorio y de inmediatez, contenidos en los mencionados artículos, deberá dictar la providencia cautelar, suspendiendo los efectos de la nueva actuación inconstitucional.
Es la obligación del Juez Constitucional impedir que las violaciones reales o temidas, se consoliden y hagan irreparable la situación jurídica de la víctima, lo que permite que en algunos casos proceda la acción de amparo incoada a pesar de que están pendientes oposiciones, recursos, etc., si es que ellos no resultan idóneos para evitar o restablecer la situación jurídica infringida, antes que el daño se haga irreparable. Esta realidad es la que permisa (sic) al Juez que conoce dentro del proceso de una violación constitucional, evitarla o repararla aplicando los artículos 23, 24 y 26 eiusdem, con lo que por vía incidental impide o repara el agravio constitucional sin llegar al proceso de amparo, a pesar que la ley equívocamente ante este supuesto- se refiere al amparo, EL CUAL RESULTA INNECESARIO YA QUE EL JUEZ, DENTRO DEL PROCESO, REPARA LA SITUACIÓN INCONSTITUCIONAL. (Resaltado de este Tribunal).
Por lo tanto, en la situación bajo examen, el quejoso debió interponer Recurso Ordinario de Apelación y pedirle al Tribunal al cual correspondiera conocer en Alzada, que de conformidad con lo previsto en el ordinal 5° del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y lo previsto en los artículos 23, 24, 25 y 26 eiusdem y naturalmente, respetando el precedente jurisprudencial antes transcrito, procediera a decretar medida cautelar, para restablecer el derecho a la defensa, de rango constitucional, amenazado de violación y suspendiera la ejecución del fallo recurrido, cuyo recurso había sido oído en un solo efecto, hasta tanto se dictara el pronunciamiento correspondiente en Alzada. Esta vía tiene la ventaja de que no se sustrae el conocimiento de la causa en Alzada de su Juez Natural, pero se garantiza al propio tiempo, a la parte recurrente, el ejercicio del derecho de defensa.
( )
Por todas las razones expuestas, este Tribunal Superior, actuado en Sede Constitucional, declara que el quejoso disponía de la vía ordinaria prevista en la legislación y con el procedimiento cautelar previsto en el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo cual en el dispositivo del fallo se declarará Inadmisible el amparo autónomo interpuesto ( ).
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 25 numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.991 del 29 de julio de 2010, reimpresa en Gaceta Oficial N° 39.522 del 01 de octubre de 2010 y, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República -exceptuando los Superiores en lo Contencioso Administrativo-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.
Conforme lo anterior, visto que la decisión apelada fue dictada en materia de amparo constitucional por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, que el mismo conoció de la presente acción de amparo constitucional conforme a la competencia en materia civil que le está atribuida, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El 28 de junio de 2010, el ciudadano Pedro Mezerhane Akl interpuso acción de amparo constitucional, contra la decisión del 17 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró firme el embargo ejecutivo practicado por el Juzgado Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas de la referida Circunscripción Judicial sobre las acciones que le corresponden al accionante en las sociedades mercantiles Mezerhane Materiales, C.A., y Baithome Empresa de Inversiones y Reinversiones Rentísticas, por considerar que el Juzgado Ejecutor de Medidas vulneró sus derechos constitucionales a la defensa, la propiedad y la tutela judicial efectiva al dirigirse a los Registros Mercantiles correspondientes para embargar ejecutivamente las acciones en los expedientes de las empresas respectivas en vez de hacerlo en los libros de accionistas de las referidas sociedades mercantiles.
Al respecto, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional por estimar que la pretensión del accionante encuadraba en el supuesto previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el ciudadano Pedro Mezerhane Akl contaba con recursos ordinarios -apelación- para impugnar la sentencia denunciada y no los ejerció en la oportunidad correspondiente.
Precisado lo anterior, debe acotar esta Sala que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece los presupuestos procesales que deben ser cumplidos por el accionante en amparo, a los efectos de que su acción sea admitida.
En tal sentido, la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 eiusdem, esto es, la inadmisibilidad de la acción de amparo ( ) cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes ( ), se refiere al hecho de que el quejoso antes de hacer uso de la vía del amparo constitucional, interpone cualquier otro recurso ordinario, en el entendido que, como bien lo expresa el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional reviste un carácter especial, y luego una vez interpuesta esta vía ordinaria, que se consideró idónea para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, pretenda solicitar por vía de amparo constitucional la restitución del derecho que se estima vulnerado.
Además de esta inicial interpretación, ha señalado esta Sala que no obstante el actor no haber agotado la vía ordinaria, si ésta resulta eficiente para el restablecimiento de la situación jurídica presumiblemente infringida o amenazada de violación, el amparo debe resultar igualmente inadmisible, en aras de la protección del carácter especial de la acción de amparo constitucional, al que antes se hizo referencia.
No obstante lo anterior, esta Sala Constitucional estableció la posibilidad de que el supuesto agraviado, en el escrito continente de su pretensión de tutela constitucional, justifique, mediante razones suficientes y valederas, la escogencia del amparo entre los medios ordinarios o extraordinarios de impugnación; tal justificación, constituye una carga procesal que el quejoso debe cumplir, pues de ello depende el éxito de su pretensión. Así, en ese sentido, se estableció:
( ) En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria; no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador ( ). (Sentencia de la Sala Constitucional N° 939, del 09 de agosto de 2000, caso: Stefan Mar C.A.).
Es por ello que, en principio, cuando la parte actora tiene la posibilidad del ejercicio del recurso ordinario de apelación, la vía del amparo le está negada, por cuanto éste contaba con una vía procesal idónea para que hiciera valer sus derechos. Por lo tanto, si bien es cierto que en otras oportunidades esta Sala ha establecido la posibilidad de la proposición de la acción de amparo constitucional, aun cuando exista una vía ordinaria para la delación del acto supuestamente lesivo, de igual forma se ha advertido el deber del demandante de que fundamente y demuestre los motivos por los cuales consideró necesaria su utilización, pues lo contrario devendría en la inadmisibilidad de la acción conforme a lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
De allí que, la procedencia de la acción de amparo constitucional, como excepción a la vía ordinaria, requiere que la violación al derecho constitucional denunciado sea tal, que muestre clara e indubitablemente la falta de idoneidad de la vía ordinaria para restablecer la situación jurídica infringida y evitar se cause daños irreparables, por lo cual deberá justificar y fundamentarse la interposición del amparo en la prescindencia de la vía ordinaria.
Ahora bien, observa esta Sala que contra la decisión que pronunció el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, era perfectamente posible el ejercicio del recurso de apelación como medio judicial preexistente y ordinario para la impugnación de la misma.
No obstante, el accionante señaló que no ejerció el recurso de apelación correspondiente en virtud de que éste sería admitido en un solo efecto, por lo que -a su decir- el medio ordinario de recurribilidad no era un medio pertinente y suficientemente breve, siendo que esta Sala ha señalado que la inidoneidad del medio del que se dispone para contrarrestar la infracción constitucional no puede fundamentarse en ( ) que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo ( ), porque si se considerara como razón valedera y suficiente la inmediatez y celeridad del proceso de amparo, se dejarían sin efecto la gran mayoría de los medios legales de impugnación existente contra actos jurisdiccionales. (Sentencia de la Sala Constitucional N° 1496 del 13 del agosto de 2001).
Así pues, advierte la Sala que la parte accionante debió agotar la vía ordinaria prevista en la norma civil adjetiva con la finalidad de satisfacer su pretensión, por lo que considera que la presente acción de amparo resulta inadmisible de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En consecuencia, se estima que al evidenciarse que en el presente caso, el accionante disponía de medios ordinarios para la protección de los derechos que alegó le fueron vulnerados, esta Sala ratifica el criterio del a quo, en cuanto a la inadmisibilidad de la presente acción de amparo a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano PEDRO MEZERHANE AKL, asistido por el abogado Daniel Buvat de la Rosa, ya identificados, y en consecuencia, se CONFIRMA el fallo del a quo del 28 de julio de 2010, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta contra la decisión del 17 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró firme el embargo ejecutivo practicado por el Juzgado Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas de la referida Circunscripción Judicial sobre las acciones que le corresponden al accionante en las sociedades mercantiles Mezerhane Materiales, C.A., y Baithome Empresa de Inversiones y Reinversiones Rentísticas.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de mayo de dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 10-0880
LEML/k
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