Sentencia N.º 710
- Sentencia
- N.º 710
- Fecha
- 09/07/2010
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-1401
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA-PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante oficio 2867 del 30 de noviembre de 2009, recibido en esta Sala el 11 de diciembre de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 50.879, en su carácter de defensor privado del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, titular de la cédula de identidad N° 3.953.055, contra la decisión dictada el 3 de abril de 2009, por el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, con ocasión al proceso penal que se le sigue al referido ciudadano por la presunta comisión del delito de peculado doloso impropio, para cuya fundamentación alegó la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, de petición, y de oportuna y adecuada respuesta.
Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 2 de noviembre de 2009, por el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, contra la decisión dictada el 22 de octubre de 2009, por la referida Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta.
El 15 de diciembre de 2009, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien la asume y, con tal carácter, la suscribe.
El 27 de abril de 2010, el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, identificados en autos, consignó escrito ante la Secretaría de esta Sala solicitando que, en la resolución en segunda instancia del presente caso, se tome en cuenta lo señalado en la sentencia N° 207/2010, dictada por esta Sala.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DEL AMPARO
El abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, en su carácter de defensor privado del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, fundamentó la acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:
Que la demanda de amparo se interpuso contra de la sentencia de fecha 03 de abril de 2009, dictada por el JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO GUÁRICO, CON SEDE EN SAN JUAN DE LOS MORROS, mediante la cual se declaró: SIN LUGAR LA SOLICITUD DE CONTROL JUDICIAL, presentada en fecha 30 de enero de 2009, mediante la cual se pretende la NULIDAD ABSOLUTA de la investigación adelantada por el Ministerio Público, en contra de mi defendido, ya que su vinculación al proceso en calidad de imputado, lo fue de manera tardía.
Que siendo mi representado el afectado por la decisión proferida por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, ostentando así la cualidad de agraviado como consecuencia de la referida decisión y habiendo acreditado mi condición de defensor privado del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, dicha circunstancia me otorga la legitimidad activa para interponer la pretensión.
Que siendo un hecho notorio judicial en este Circuito Judicial sobre lo cual incluso esta Corte de Apelaciones se ha pronunciado, respecto a que sobre mi representado pesa una medida judicial de privación de libertad, sin que se encuentre a derecho, lo que en principio hace improcedente el ejercicio de determinados mecanismos de defensa, no obstante, debo advertir que conforme a criterios emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para el ejercicio de pretensiones de amparo constitucional, donde es obvio que se tramita el restablecimiento de garantías constitucionales violadas, la legitimidad puede devenir hasta de apoderados judiciales debidamente constituidos.
Que [p]or otro lado, en cuanto a la legitimidad del defensor del imputado, en el proceso penal, para interponer pretensiones de amparo constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en modo alguno ha objetado esa particular forma de representación.
Que [a]sí en la Sentencia Número 1901 del 01 de diciembre de 2008, en el Caso: Teofil Martinovic, la Sala en modo alguno cuestionó la pretensión deducida por la defensa del imputado, a tal punto que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa, reponiendo la causa al estado que se admitiera y tramitara una pretensión de amparo constitucional deducida a favor del mismo.
Que [e]n el caso en comento, es de relevante importancia destacar, que incluso para el momento que se llevó a cabo la audiencia constitucional ante la Corte Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, el imputado (agraviado directo) en cuyo nombre se ejercía la pretensión constitucional, se encontraba solicitado, con orden de detención librada a los organismos policiales correspondientes, incluso INTERPOL; sin embargo, ello en modo alguno pese al cuestionamiento del Ministerio Público- fue obstáculo para que se resolviera la pretensión de amparo constitucional deducida, incluso, para que dicha Sala Accidental declarase con lugar la medida cautelar de suspensión de efectos de la orden de privación de libertad y posteriormente declarara CON LUGAR la pretensión de amparo.
Que [a]nte las Fiscalías Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, conjuntamente con las Fiscalías Vigésimo Quinta y Vigésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, se instruyó proceso penal en contra de mi representado EDUARDO MANUITT CARPIO, según Expediente signado con el Número 12F17-0031-08, el que se inicia en razón del Informe Definitivo Caso Munitt/Chillers, emanado de la Comisión permanente de Contraloría (Sub-Comisión del Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Regional), de la Asamblea Nacional, en fecha 09 de agosto de 2002, el que fuera remitido el Despacho del Fiscal General de la República mediante comunicación Número P/02/11/2143, recibida en fecha 11 de noviembre de 2002.
Que [e]n virtud de lo anterior, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, debidamente comisionada a tales fines por la Dirección de Salvaguarda del Despacho del Fiscal General, emite orden de inicio a la investigación en fecha catorce (14) de enero de 2003.
Que en el mes de marzo de 1999, la Dirección Regional de Salud del Estado Guárico, antiguamente denominada Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del Estado Guárico, emitió dos órdenes de compra, identificadas con los Números 001 y 0011, de fecha 02 y 03 de marzo respectivamente, en ambas funge como proveedor la empresa PRODUCTOS ÚTILES C.A.
Que [a] través de las referidas órdenes, se adquieren, en la primera, dos (2) Unidades Chillers, Marca Carrier, por un monto total de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 119.900.000,00); y en la última, dos (2) Unidades Chillers, Marca Carrier, por la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 119.900.000,00).
Que [e]s así, conforme a lo convenido, la mencionada Dirección Regional del antiguo Ministerio de Sanidad, emitió cheque Número 40855675, de fecha 15 de abril de 1999, del Banco Federal, girado contra la Cuenta 601408-8, por un monto de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00), por concepto de anticipo del pago de las órdenes de compra antes señaladas, el que fue recibido por el ciudadano EDUARDO HERNÁNDEZ, en representación de la sociedad mercantil PRODUCTOS ÚTILES C.A., previamente autorizado por el Director Gerente de dicha sociedad.
Que [p]osteriormente, en fecha 15 de junio de 1999, se publica en la Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Guárico, distinguida con el Número 76, el Decreto Número 174, emitido por el Gobernador Eduardo Manuitt, mediante el cual declaró en situación de Emergencia el Servicio de Salud del Estado Guárico, expresando en el mismo lo siguiente: ( ) Artículo Primero: Declara en situación de Emergencia el Servicio de Salud Pública del Estado Guárico, a fin de propiciar soluciones de ese grave problema social Artículo Segundo: Procédase a la adquisición en forma directa de los equipos, maquinarias y demás instrumentos necesarios para la prestación de salud; y de igual manera procédase en caso de mantenimiento indicados en el artículo anterior, eróguese los recursos financieros autorizados y aprobados por Decreto Número 136, de fecha 25 de mayo de 1999 y publicado en Gaceta Oficial Número 2772, de esa misma fecha ( ).
Que [p]or otro lado, aduce el Ministerio Público, que fue presuntamente con fundamento en este Decreto de Emergencia que el Gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt, no transfirió los recursos pendientes, esto es, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO (BS. 227.695.398,00), sino que optó por ejecutar los recursos directamente.
Que [c]oncluyendo el Ministerio Público, que con las órdenes emitidas por la Gobernación del Estado Guárico, se pagó la instalación de los chillers a un precio casi igual al de su adquisición, es decir, aproximadamente la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 227.000.000,00), evidenciándose un sobre precio de más de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 47.000.000,00) tomados en consideración nominalmente para el año 1999.
Que [e]n fecha 08 de diciembre de 2008, las representantes del Ministerio Público, proceden a emitir citación a nombre de mi representado EDUARDO MANUITT CARPIO, para comparecer a la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, el día 16 de diciembre de 2008, acompañado de abogado de confianza, previamente juramentado ante el respectivo Juez en Funciones de Control, con el objeto de llevar a cabo el acto formal de IMPUTACIÓN.
Que [e]l día 16 de diciembre de 2008, EDUARDO MANUITT CARPIO, acompañado de abogado de confianza, acude al Despacho de la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, a cargo de la Dra. ROMINA PULIDO ALETTI, en donde se encontraba presente la Fiscal Vigésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, Dra. LESBIA ALMARZA CLISANCHEZ (sic); oportunidad en la cual y por vez primera en sede del Ministerio Público- se le informa a EDUARDO MANUITT CARPIO, sobre unos hechos que investigaba el Ministerio Público, desde el 14 de enero de 2003.
Que [e]n dicho acto de imputación, las mencionadas representantes del Ministerio Público proceden a imputar al ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, por la presunta comisión del delito de PECULADO, cometido supuestamente en perjuicio de la Administración Pública, previsto y sancionado en la parte in fine del artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en concordancia con el artículo 2 ejusdem; indicando expresamente las Representantes del Ministerio Público, que dicha imputación se encuentra fundamentada en las resultas obtenidas en la investigación Número NNF28-0017-2008/12F17-0031-2008, cuyas causas se encuentran conformadas hasta la fecha por CUATRO (4) PIEZAS, CON 319, 257, 208 Y 223 folios útiles, así como SIETE (7) ANEXOS, con 168, 139, 256, 205, 88, 30 y 93 folios útiles, en ese orden. Dejando constancia expresa el Ministerio Público, que en ese momento se le permitió absoluto acceso, tanto el imputado como a su defensa, siendo que en las mismas reposan todas y cada una de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y las resultas recabadas hasta los momentos, señalando expresamente TREINTA Y DOS (32) ELEMENTOS DE CONVICCIÓN en los cuales basó la imputación formal. En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público, le manifestó al imputado los derechos que constitucional y legalmente le asisten.
Que el acto de imputación en contra de EDUARDO MANUITT CARPIO, tuvo lugar: i) A NUEVE (9) AÑOS Y SEIS MESES DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS, ii) A CINCO (5) AÑOS Y ONCE (11) MESES, luego de la fecha de la apertura de la investigación.
Que las representantes del Ministerio Público, fundamentaron la imputación formal en contra de EDUARDO MANUITT CARPIO, en el contenido de la investigación que integra la causa llevada por la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, conformada por CUATRO (4) PIEZAS y SIETE (7) ANEXOS, en donde reposan todas y cada una de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y las resultas recabadas hasta los momentos, indicando de manera expresa TREINTA Y DOS (32) ELEMENTOS DE CONVICCIÓN en los cuales basaron la imputación.
Que incluso en conocimiento como estaba el Ministerio Público de la pretensión de NULIDAD ABSOLUTA deducida por la defensa técnica del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, en fecha 16 de marzo de 2009, con los mismos elementos en los cuales basaron el acto de imputación, proceden a ACUSAR PENALMENTE a mi representado, por la presunta comisión del delito de PECULADO DOLOSO IMPROPIO, previsto y sancionado en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos; es decir, que el fundamento del acto conclusivo descansa sobre una serie de elementos, recabados por el Ministerio Público a espaldas del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, incluso muchos de ellos practicados hacía más de CINCO (5) AÑOS anteriores al acto de imputación. Esta situación, sin duda alguna, se enmarca dentro de lo que la doctrina ha denominado IMPUTACIÓN TARDÍA, que genera un estado de indefensión, que resulta violatorio a lo establecido en el artículo 49 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que los elementos de convicción que utilizó el Ministerio Público para sustentar el acto de imputación y posteriormente la acusación formal en contra de EDUARDO MANUITT CARPIO, están contenidos en una investigación que se llevó a sus espaldas, sin ningún tipo de control, lo que ocurrió cuando ejercía funciones como Gobernador del Estado Guárico y que en modo alguno era obstáculo para que el Ministerio Público lo vinculara con tal proceso, pues para ello existe el antejuicio de mérito, como mecanismo idóneo para allanar la inmunidad de la cual goza el alto funcionario y someterlo a la persecución penal, lo que jamás ocurrió.
Que [f]rente a las evidentes violaciones constitucionales de las cuales fue sujeto mi representado EDUARDO MANUITT CARPIO, en fecha 30 de enero de 2009, de manera formal, presenté ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, solicitud de Control Judicial, en base a lo establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, con el objeto que se decretara la NULIDAD ABSOLUTA de la investigación adelantada por el Ministerio Público, toda vez que la misma tuvo lugar a espaldas de mi representado; que el referido Juzgado de Control consideró, el 3 de abril de 2009, que el Ministerio Público no incurrió en violación del derecho a la defensa, declarando sin lugar la solicitud de nulidad absoluta.
Que el Juez Agraviante, en modo alguno resolvió, conforme en derecho la pretensión de nulidad absoluta deducida por la defensa, por cuanto es obvio que el argumento central, invocado por la defensa, como sustento para pretender la nulidad absoluta de la investigación adelantada por el Ministerio Público, está constituido por la IMPUTACIÓN TARDÍA de la cual fue sujeto mi representado.
Que [c]omo se constata de la decisión proferida por el A quo, el mismo simplemente se limitó a realizar una serie de planteamientos en cuanto al enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, indicando que en el caso del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, el mismo perdió la condición de alto funcionario Público (Gobernador de Estado), mediante elecciones celebradas el 23 de noviembre de 2008, teniendo ese hecho como punto de partida, para estimar que el Ministerio Público no vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de EDUARDO MANUITT CARPIO, en razón de lo cual declaró SIN LUGAR la pretensión de nulidad absoluta (mediante Control Judicial) deducida por la defensa.
Que la Juez (sic) Quinta de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, en su decisión se apartó ostensiblemente de los postulados constitucionales, previstos en el artículo (sic) 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el primero referido a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y el segundo, al DERECHO AL DEBIDO PROCESO y el tercero, al DERECHO DE PETICIÓN, OPORTUNA Y ADECUADA RESPUESTA.
Que las decisiones que dictan los Jueces de Control o de Juicio, en la resolución de pretensiones de NULIDAD ABSOLUTA, en modo alguno pueden estar carentes de motivación, así como tampoco pueden ser arbitrarias, puesto que ese obrar por parte del órgano jurisdiccional, deviene en arbitrario y contrario al Estado de Derecho y de Justicia, lo cual no es más que una consecuencia que se deriva de la letra del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, que impone al Juez emitir decisiones mediante sentencia o autos fundados, bajo pena de nulidad. La nulidad a que se refiere la norma, no puede ser otra que nulidad absoluta, pues la motivación atiende a ser garantía para el derecho a la defensa.
Que de la propia decisión que se cuestiona mediante pretensión de amparo constitucional, se observa con meridiana claridad que en la decisión emitida el 03 de abril de 2009, no se refirió en cuanto al argumento central y medular de la pretensión de NULIDAD ABSOLUTA, como lo era lo atinente a la IMPUTACIÓN TARDÍA del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, por parte de las Representantes del Ministerio Público.
Que en primer lugar, la respuesta no fue oportuna, la misma se produjo luego de transcurridos más de sesenta (60) días de recepcionada la petición y por otro lado, como fue señalado en el considerando anterior (Segundo), la respuesta que se obtuvo no fue adecuada en derecho, simplemente se trató de una decisión absurda en derecho, que ni siquiera resolvió el argumento medular de la pretensión de nulidad absoluta.
En virtud del anterior fundamento, la parte actora solicitó que se declare con lugar la demanda de amparo constitucional y como consecuencia de ello ANULE la decisión dictada el 03 de abril de 2009, por parte del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, que declaró sin lugar la pretensión de nulidad absoluta de la investigación adelantada por el Ministerio Público, en razón de la imputación tardía de la que fue sujeto el ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, ordenándose que un Juez distinto al que profirió el fallo cuestionado, emita nuevo pronunciamiento.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
El 22 de octubre de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:
Tal como quedó establecido, la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guarico (sic), en virtud de la decisión dictada en fecha 03/04/2009, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de control judicial, presentada en fecha 30/01/2009, mediante la cual se pretende la nulidad absoluta de la investigación adelantada por el Ministerio Público, en contra del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio.
El Amparo Constitucional a partir de la reforma Constitucional del 30 de diciembre de 2000, comienza una dinámica y constante evolución; si bien es cierto, que la acción de amparo sobre libertades (habeas corpus) ya existía en la Constitución de 1947, no es menos cierto, que promulgada la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sus normas estaban inmersas en un lento proceso de interpretación.
Ante las nuevas orientaciones Constitucionales, resultó imperativo no solo distinguir el amparo del habeas corpus, sino modificar el procedimiento de amparo constitucional, tocando lo relativo con la oralidad del proceso, dando lugar a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 01 de febrero de 2000, donde a pesar de estar regido el procedimiento de Amparo fundamentalmente por el principio dispositivo, conserva algunas aplicaciones del principio inquisitivo entre las que se encuentra entre otras la Facultad del juez de interrogar a las partes y a los comparecientes durante la audiencia pública. Efectivamente, la citada sentencia de carácter vinculante, dejó asentado:
Los Jueces Constitucionales siempre podrán interrogar a las partes y a los comparecientes.
La falta de comparencia (sic) del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.
Postulados cónsonos con otros de los principios que rigen el Amparo entre los cuales se pueden señalar: El principio personalísimo, principio de oralidad, principio de la inmediación y de la concentración del proceso, principio de la economía procesal, principio de la impulsión oficiosa del proceso por el juez hasta su conclusión, principio de la buena fe y lealtad procesal.
En el presente caso, como bien lo señala el abogado defensor la Corte de Apelaciones está en pleno conocimiento, respecto a la condición de su representado EDUARDO MANUITT CARPIO, sobre quien pesa una orden de detención, esto motivado a que le ha correspondido conocer sobre los pretendidos recursos opuestos contra la medida, la cual, no ha podido materializarse hasta el momento de la presente decisión, desconociéndose la ubicación de su representado, vale decir, se desconoce si esta dentro o fuera del país, consecuencialmente, no se encuentra a derecho, hecho que el accionante señala como notorio judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia mantiene la posición de vieja data en el sentido, que en el proceso penal existen una serie de actos que necesariamente requieren la presencia del imputado, con lo que se busca garantizar los principios que rigen el debido proceso, como lo es el de ser oído, garantizándole la asistencia de un abogado, principios aplicable de manera rigurosa al procedimiento de amparo dado su carácter garantista; igualmente ha advertido sobre interposición de recursos que pretenden subvertir la Prohibición prevista en el Código Orgánico Procesal Penal que atiende al juicio en ausencia, llegando a considerar estas practicas (sic) como fraudulentas.
De la misma manera se ha pronunciado sobre la legitimación activa en materia de amparo, expresando en el fallo Nro. 2.177, del 12 de septiembre de 2002, lo siguiente:
...El fundamento de las indicadas decisiones parte de que la legitimación activa en una acción de amparo la tienen, en principio, quienes hayan sido directamente afectados en sus derechos constitucionales, y no los que tengan un simple interés en que la misma sea procedente, salvo, cuando se trate de un hábeas corpus, en donde la legitimación activa deja de ser determinada por la afectación directa para ser extendida a cualquier persona, que actúe en nombre del afectado, o cuando se trate de personas colectivas e intereses difusos conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales....
Del texto trascrito se evidencia que, la legitimación activa para solicitar el amparo corresponde al que sufra una lesión en su derecho constitucional, o sea, que es un acto personalísimo.
A mayor abundamiento, el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales, establece que la solicitud de amparo deberá ser hecha por el agraviado o por cualquier persona que gestione a favor de él, por escrito o verbalmente; sin embargo estas previsiones solo se refieren al amparo a la libertad y seguridad personal, el cual no es el caso.
Por lo tanto, concluye la Corte que no encontrándose el imputado a Derecho, carece el accionante, de legitimidad activa para ejercer la presente acción de amparo, por cuanto es violatorio de los principios que rigen el procedimiento de amparo, enunciados al comienzo de este título, principios que obran a favor del imputado, siendo así se incumplen requisitos de orden público que hace improcedente la acción.
Igualmente, el mencionado fallo Nro. 2.177 del 12 de septiembre de 2002, plasmó:
(...) la falta de legitimación debe ser considerada como una causal de inadmisibilidad que afecta el ejercicio de la acción, pudiendo ser declarada de oficio in limine litis por el sentenciador, con la finalidad de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional, lo cual se encuentra en consonancia con el fin último de la institución del amparo constitucional y con los preceptos generales que orientan su concepción, como son la celeridad, la economía procesal y la urgencia, a fin de evitar dilaciones inútiles.
Es necesario que en la presente ponencia se haga una relación de inteligencia entre el fallo de esta Corte que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado del imputado Eduardo Manuitt Carpio. Ello en razón de que si el debido proceso impone la necesidad de que el investigado sea notificado de los cargos (artículo 49.1 Constitucional), de que le asegure ser asistido de un abogado, a ser oído personalmente, de obtener por parte del órgano jurisdiccional competente un pronunciamiento motivado y de recurrir contra él, también es cierto que el proceso exige su presencia en determinados actos, como lo es para impugnar una resolutiva judicial que le cause agravio.
Esta presencia para ciertos actos no puede ser delegada en representantes o mandatarios, por virtud de la garantía constitucional de ser oído, lo que importa necesaria e indefectiblemente su presencia. Así lo ha dispuesto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en las Sentencias Nº 717, 721 y 724 entre otras del 13-12-2007 y 18-12-2007.
Si se admite la acción de amparo que se procesa, sería un fraude que legalmente se permitiría para vulnerar lo anteriormente dispuesto por el máximo tribunal de la República, pues un ausente en rebeldía con decreto de detención, utilizaría la vía expedita y extraordinaria de la acción de amparo constitucional y lograría burlar la obligatoriedad de su presencia para ciertos actos determinados.
En el presente asunto aún cuando no ha sido declarada judicialmente la rebeldía del imputado Eduardo Manuitt Carpio, de hecho existe, por cuanto no ha comparecido a la presencia judicial en el plazo que el órgano jurisdiccional delatado le ha impuesto, para ejecutar la medida privativa de libertad que pesa en su contra, todo lo cual acarrea como consecuencia que dicho proceso se encuentre suspendido y no podrá habilitarse mediante una acción de amparo constitucional.
Además la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe el juzgamiento en ausencia.-
III
DE LA APELACIÓN INTERPUESTA
El 2 de noviembre de 2009, el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, en su carácter de defensor privado del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada, el 22 de octubre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, bajo los siguientes fundamentos:
Que [c]olisiona con la más elemental lógica jurídica, en que en casos como el de autos, en donde mi representado EDUARDO MANUITT CARPIO, de quien ejerzo la defensa técnica en el proceso penal que se sigue en su contra, en razón de un medida de privación judicial preventiva de libertad, por el hecho de no encontrarse a derecho, se le impida que las violaciones constitucionales delatadas, acaecidas en el devenir del curso del proceso penal en comento, no sean analizadas por los Jueces actuando en sede constitucional, bajo la excusa que sería un enjuiciamiento en ausencia, lo que carece de sentido jurídico, máxime cuando las transgresiones constitucionales delatadas ocurrieron en un momento en que estaba a derecho y hacía frente al proceso que se sigue en su contra.
Que el amparo ejercido en el caso de autos, tiene estrecha vinculación con el proceso penal seguido en contra de mi representado EDUARDO MANUITT CARPIO, por ser precisamente con motivo de ese proceso penal, donde ocurrieron las violaciones constitucionales; si (sic) embargo, con dicho amparo constitucional, en modo alguno se pretende que el proceso penal como tal, siga el camino procesal correspondiente, todo lo contrario, simplemente se pretende el que un nuevo Juez de Control revise oportuna y adecuadamente pues el que lo hizo, no resolvió adecuadamente la pretensión, decisión que a la luz del Código Adjetivo vigente para el momento, no tenía recurso de apelación, de allí la instauración del amparo constitucional-, la pretensión de nulidad absoluta incoada en razón de la imputación tardía de la cual fue objeto EDUARDO MANUITT CARPIO, lo que produjo violaciones constitucionales a sus más elementales derechos.
Que [r]especto a la legitimada en materia de amparo constitucional, la Sala Constitucional se ha venido pronunciado (sic) en anteriores ocasiones, admitiendo el ejercicio de la misma, a través de apoderados judiciales, situación ésta que pone en evidencia, que ostentando la condición de defensor del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, lo que está acreditado en autos, por tanto, es evidente que tengo legitimidad para interponer pretensiones de amparo constitucionales, por las violaciones constitucionales que se deriven en el proceso penal donde tengo la cualidad de defensor, pues sabido es que en el proceso penal, a diferencia del proceso civil, la legitimación del defensor deviene de la designación que hace el imputado ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control y del juramento que el designado debe prestar personalmente ante dicho Juez de Control, esta formalidad de la aceptación del cargo, incluso reviste al defensor con un legitimación activa más específica (por la solemnidad de la juramentación) que la del proceso civil, donde la aceptación del mandato deviene de manera tácita con el ejercicio en juicio.
Que en cuanto a la legitimidad del defensor del imputado en el proceso penal, para interponer pretensiones de amparo constitucional, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en modo alguno ha objetado esa particular forma de representación.
Que [a]sí en la Sentencia Número 1901 del 01 de diciembre de 2008, en el Caso: Teofil Martinovic, la Sala no cuestionó la pretensión deducida por la defensa del imputado, a tal punto que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa, reponiendo la causa al estado que se admitiera y tramitara la pretensión de amparo constitucional deducida a favor del mismo.
Que [e]n el caso de la referencia, es de relevante importancia destacar, que incluso para el momento que se llevó a cabo la audiencia constitucional ante la Corte Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, el imputado (agraviado directo) en cuyo nombre se ejercía la pretensión constitucional, se encontraba solicitado, con orden de detención librada a los organismos policiales correspondientes, incluso INTERPOL; sin embargo, ello en modo alguno pese al cuestionamiento del Ministerio Público- fue obstáculo para que se resolviera la pretensión de amparo constitucional deducida, incluso, para que dicha Sala Accidental declarase con lugar la medida cautelar de suspensión de efectos de la orden de privación de libertad y posteriormente declarase CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional.
Que no cabe la menos duda, que habiendo acreditado la condición de legítimo defensor del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, es evidente que ostento y tengo legitimidad activa por la cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, debió admitir el tramite (sic) de la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL, enmarcada dentro de las facultades y competencias que le han sido otorgadas legal y constitucionalmente, pues se trata mediante esta pretensión constitucional, de la restitución de garantías constitucionales que le fueron vulneradas al ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, en la tramitación y decisión de la NULIDAD ABSOLUTA propuesta como consecuencia de la violación al debido proceso y al derecho a la defensa, siendo la pretensión de amparo constitucional el único remedio procesal útil para atacar la decisión proferida por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros.
Que surge la necesidad que esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al conocer del presente recurso de apelación, precise cuál es el alcance que debe dársele a la prohibición del juicio en ausencia.
En virtud del anterior fundamento, el abogado accionante solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la decisión dictada por el Tribunal a quo que declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional. Asimismo, que esta Sala observe si la decisión recurrida adolece de algún otro vicio no denunciado y de oficio lo resuelva.
IV
COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (a excepción de los competentes en materia contenciosa administrativa), de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y de las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.
En el caso sub iudice, la sentencia apelada ha sido dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, actuando como Tribunal en funciones constitucionales, en primera instancia. Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, resulta competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Determinada la competencia, esta Sala precisa, como punto previo, que el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada se dio por notificado el 30 de octubre de 2009 de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional, e interpuso recurso de apelación de manera fundamentada contra ese pronunciamiento el 2 de noviembre de 2009, esto es, dentro del lapso de tres días previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que para el cómputo de dicho lapso no se debe tomar en cuenta los días sábados y domingos, y los días feriados asignados por la Ley (vid. sentencia N° 501, del 31 de mayo de 2000, caso: Seguros Los Andes). Así las cosas, esta Sala considera tempestiva la apelación presentada por la parte accionante. Así se declara.
Precisado lo anterior, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la decisión dictada el 3 de abril de 2009, por el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión San Juan de Los Morros, que declaró sin lugar una petición de nulidad absoluta intentada por el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, en su condición de defensor privado del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, en el juicio penal que se le sigue al referido ciudadano por la presunta comisión del delito de peculado doloso impropio.
En efecto, adujo el abogado accionante que intentó dentro del proceso penal la solicitud de nulidad absoluta en virtud de que el 16 de diciembre de 2008, el ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, acompañado de su abogado de confianza, acudió a la sede de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, en donde se encontraba presente la Fiscal Vigésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, y en esa oportunidad se le informó que era investigado por unos hechos desde el 14 de enero de 2003; y que procedían a imputarlo por la presunta comisión del delito de peculado, previsto en el entonces artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, aplicable ratione temporis.
En ese sentido, adujo el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada que la imputación fiscal tuvo lugar una vez transcurridos nueve (9) años y seis (6) meses después de la ocurrencia de los hechos, y a cinco (5) años y once (11) meses luego de la fecha del inicio de la investigación, por lo que se configuraba lo que la doctrina denomina como imputación tardía, siendo el caso que se había adelantado un proceso penal a espaldas de mi representado, lo que permitía, a juicio del abogado accionante, que se declarara con lugar la solicitud de nulidad absoluta. Sin embargo, precisó la parte actora que el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión San Juan de Los Morros, estimó que la solicitud de nulidad absoluta debía declararse sin lugar realizando una serie de planteamientos en cuanto al enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, indicando, además, que en el caso del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, el mismo perdió la condición de alto funcionario, mediante elecciones celebradas el 23 de noviembre de 2008 y, que por lo tanto, no había motivos para estimar que se le había cercenado el derecho a la defensa.
Conforme a la anterior precisión, concluyó el abogado accionante que la decisión que declaró sin lugar la petición de nulidad absoluta le cercenó a su defendido sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, de petición, y de oportuna y adecuada respuesta, por permitir que se iniciara la investigación a sus espaldas y, además, por cuanto no resolvió adecuadamente lo que le solicitó al Juzgado Quinto de Control.
Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico consideró, al conocer en primera instancia el procedimiento de amparo, que la demanda incoada era inadmisible, toda vez que, por vía de hecho notorio, se tenía conocimiento de que el ciudadano Eduardo Manuitt Carpio no se encontraba a derecho y, por lo tanto, el abogado accionante no tenía legitimación activa en el procedimiento de amparo por cuanto no era afectado en sus derechos constitucionales, teniendo como característica que la acción de amparo constitucional es personalísima; asimismo, precisó la Corte de Apelaciones que [s]i se admite la acción de amparo que se procesa, sería un fraude pues un ausente en rebeldía con decreto de detención, utilizaría la vía expedita y extraordinaria de la acción de amparo constitucional y lograr burlar la obligatoriedad de su presencia para ciertos actos determinados.
Con respecto a lo señalado por la referida Corte de Apelaciones, la parte actora adujo en la fundamentación de la apelación que en casos análogos esta Sala Constitucional ha admitido que se accione en amparo constitucional, aun cuando el supuesto sujeto agraviado no se encuentre a derecho, siempre y cuando se evidencie que el abogado accionante sea apoderado judicial o defensor de la persona que solicita la tutela constitucional.
Ahora bien, con relación a la afirmación realizada por el Tribunal a quo referida a que el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada carecía de legitimación para intentar la demanda de amparo constitucional en nombre del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, esta Sala observa, lo siguiente:
1.- De la legitimación del abogado accionante.
Todo imputado goza en cualquier proceso penal del derecho a la asistencia técnica, esto es, a ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que éste designe -abogado de su confianza- o por un defensor público, ello por cuanto es una manifestación del derecho a la defensa previsto en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro del ejercicio de esa asistencia en el proceso penal, que en algunos casos se convierte en representación, todo defensor debe ejercer en plenitud el derecho a la defensa el cual se extiende a la posibilidad de intentar una acción de amparo, la cual, a pesar de que se ventila a través de un procedimiento autónomo distinto al proceso penal, ha permitido que se restituyan o reparen situaciones jurídicas infringidas tanto por los auxiliares de justicia como los Tribunales que conocen la materia penal.
En ese sentido, la Sala precisa que, para que se pueda intentar una acción de amparo constitucional, como extensión del derecho a la defensa en materia penal, debe cumplirse con un requisito esencial, el cual consiste en que la representación en el proceso penal exista a través de un documento poder o bien que por cualquier otro medio se verifique la misma.
Así pues, en sentencia N° 875 del 30 de mayo de 2008, caso: Oscar Triana y otro, la Sala asentó lo siguiente:
En este orden de ideas, debe esta Sala reiterar que si el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad, éste puede tenerse como válido, bien sea: a) Mediante la figura de un instrumento poder; o b) Por cualquier otro medio que revele la voluntad del imputado de estar asistido por un abogado de su confianza. Ello debido a que el derecho a la asistencia letrada del imputado en el proceso penal, es distinta a la obligación de la asistencia o representación del demandante en los demás procesos de naturaleza no penal, pues dicho proceso penal se instaura contra la voluntad del imputado y por interés público, en tanto que los no penales se forman por voluntad de la parte actora en su exclusivo interés (Sentencia n° 3.654/2005, del 6 de diciembre). En ambos casos, del nombramiento efectuado se derivará necesariamente la facultad del defensor privado, de ejercer las acciones de amparo frente a las lesiones o amenazas de los derechos y garantías de su defendido, máxime cuando de la propia redacción del artículo 27 del Texto Constitucional, se desprende que el procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad alguna.
Respecto a la figura del instrumento poder como mecanismo de representación en el proceso de amparo, esta Sala ha señalado lo siguiente:
Es necesario reconocer que el legislador de amparo no castiga expresamente con la inadmisibilidad la falta de consignación del mandato como tal, hasta el punto de que en la norma parcialmente transcrita se puede apreciar cómo es aceptado el hecho de que se haga referencia suficiente en la solicitud de los datos que identifiquen el poder previamente conferido, y que deberá ser consignado antes de la oportunidad en que el órgano jurisdiccional respectivo se pronuncie sobre la admisión de la acción, pero mal se puede consignar con posterioridad a la interposición del amparo, un poder que, para ese momento, no había sido otorgado y del que sería materialmente imposible aportar datos de identificación de la manera como lo exige la norma comentada.
El supuesto anterior podría darse, asimismo, en aquellos casos en los que la representación se pretenda fundamentar en un instrumento poder otorgado de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, en el curso del juicio principal o en cualquier otra incidencia, es decir, un poder apud acta, con la advertencia lógica de que ese tipo de poder sería perfectamente válido cuando sea otorgado en el curso del proceso constitucional de amparo; el problema que de seguidas se tratará de esclarecer, radica en la determinación del momento preclusivo que tiene el accionante para la consignación del poder en las actas del proceso de amparo, o hasta qué momento dispone, para consignar el poder recién otorgado, o en el segundo supuesto, el instrumento poder previamente otorgado mas no acompañado anexo a la querella constitucional. Tal importancia se deriva del contenido mismo del texto del aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido, hay que recordar que todos los elementos que deben estar presentes para poder lograr la debida conformación de un proceso y obtener un pronunciamiento de fondo de los órganos jurisdiccionales, constituyen lo que conocemos como presupuestos procesales, a los cuales el maestro Eduardo Couture distinguió de la siguiente manera:
Presupuestos procesales de la acción, de la pretensión, presupuestos de la validez del proceso y presupuestos de una sentencia favorable, clasificación hecha por el autor con la intención de precisar la opinión de los escritores alemanes, quienes sólo se referían a los presupuestos de admisibilidad de la demanda y a los presupuestos del fundamento de la demanda. (Couture Eduardo; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición -póstuma-; Depalma 1997, Pag. 104.)
La tarea de esta Sala Constitucional en el presente caso, se dirige a determinar a qué tipo de presupuestos procesales pertenece la existencia de un poder debidamente otorgado, para lo cual, estima pertinente volver sobre el criterio del mencionado autor, quien al referirse al primer grupo de ellos los calificó como aquellos cuya ausencia obsta al andamiento de una acción y al nacimiento de un proceso, indicando como presupuestos procesales propiamente dichos, a la capacidad de las partes y la investidura del juez.
A los fines de resolver el presente caso, nos interesa el presupuesto relativo a la capacidad de las partes, la cual se encuentra relacionada con la legitimación o capacidad procesal, es decir, la habilitación de la que goza un sujeto de derecho para acudir a provocar la actuación de un órgano jurisdiccional.
Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el andamiento de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción (Sentencia n° 1.364/2005, del 27 de junio).
Efectuadas las anteriores precisiones, esta Sala observa que en el caso de autos, la Sala n° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en su sentencia del 19 de diciembre de 2007, ha declarado la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa técnica del ciudadano Edwin Daniel Hernández, fundamentando tal resultado decisorio en la supuesta falta de legitimidad de la parte actora, la cual, en criterio de dicho órgano jurisdiccional, obedece a que el mencionado ciudadano no les otorgó a sus abogados defensores, mediante instrumento poder, la facultad de ejercer en su representación la referida solicitud de tutela constitucional, aunado a que el caso de autos no versa sobre un habeas corpus, supuesto éste en el que la legitimación se extiende a cualquier persona que tenga interés de accionar en beneficio de aquél o aquéllos cuya libertad se solicita.
Ahora bien, analizados los hechos que rodean el presente caso, a la luz de las consideraciones antes expuestas, se considera que no es acertado el criterio que ha empleado la Sala n° 2 de la Corte de Apelaciones antes mencionada, para sustentar su declaratoria de inadmisibilidad de la presente acción de amparo. El fundamento de ello descansa en que, tal como se indicó anteriormente, en el proceso penal el instrumento poder -o mandato- no es el único mecanismo para efectuar válidamente el nombramiento del abogado defensor, ya que dicho nombramiento también puede llevarse a cabo mediante cualquier otro documento distinto al instrumento poder, siempre y cuando en dicho documento se acredite la voluntad del encartado de ser asistido por un abogado de confianza, ello por las razones expuestas supra.
De manera que, la Sala ha sido amplia en aceptar que los defensores privados intenten a favor de sus defendidos, y como extensión del ejercicio pleno de la defensa técnica, la acción de amparo constitucional, siempre y cuando exista un documento poder que atribuya dicha representación, o bien que realice un nombramiento directo del defensor y que conste en autos, de cualquier medio, dicho nombramiento, situación que, como lo establece el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, no está sujeta a ninguna formalidad.
Por lo tanto, a juicio de la Sala, basta con la designación y juramentación del abogado privado en el proceso penal, para que dicho profesional pueda acudir a la vía del amparo constitucional y representar al imputado o acusado, con el objeto de que se le restituya la situación jurídica infringida por causa de la violación de algún derecho fundamental contenido en la Carta Magna.
Ahora bien, de las actas que conforman el expediente consta que el 16 de diciembre de 2008 y ante el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal, extensión San Juan de los Morros, el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado 50.879, aceptó el cargo de defensor de confianza que le encomendó el ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, con el objeto de que lo asistiera en el acto de imputación fiscal celebrado en la sede del Ministerio Público, y en procura de la defensa de sus intereses dentro del proceso penal.
De acuerdo con esa designación y aceptación del cargo de abogado de confianza, la Sala precisa que el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada tenía legitimación para ejercer, en nombre de dicho quejoso, la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el nombramiento fue realizado en cumplimiento de lo señalado en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal.
Además, esta Sala tiene conocimiento, en virtud de la existencia de un hecho notorio y comunicacional, y por lo alegado por el propio abogado accionante, que el ciudadano Eduardo Manuitt actualmente no se encuentra a derecho en la causa principal, ante la orden de aprehensión dictada en su contra. La falta de estadía a derecho por parte del accionante no debe entenderse como un obstáculo para que el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada pudiera ejercer, en su nombre, la presente acción de amparo constitucional, por cuanto, se insiste, su nombramiento como defensor privado fue ejecutado conforme a la ley, lo que era suficiente para asumir su representación en el procedimiento de tutela constitucional, como sucedió recientemente, en sentencia N° 233, del 13 de abril de 2010, caso: Didalco Antonio Bolívar, en el cual la Sala permitió que tres defensores privados representaran en la acción de amparo constitucional a dicho ciudadano, a pesar de que el accionante no se encontraba a derecho.
Por lo tanto, esta Sala Constitucional concluye que el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada tiene plena legitimación para representar al ciudadano Eduardo Manuitt Carpio en el presente procedimiento de amparo constitucional. Así se declara.
No obstante la anterior declaratoria, la Sala considera que en el caso bajo estudio se debe declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, en virtud de que los fundamentos alegados con la demanda se subsumen en una causal taxativa de inadmisibilidad contenida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
2.- De la Inadmisibilidad de la Acción de Amparo.
En efecto, en el proceso penal actual, que es predominantemente acusatorio, es necesario que la persona imputada o acusada se ponga a derecho, todo ello en virtud de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 no está permitido el juicio en ausencia, como sí lo establecía la derogada Constitución de 1961, en su artículo 60.5, que preveía: Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia, con las garantías y en la forma que determine la ley. Así pues, tomando en consideración que bajo la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no está en absoluto permitido el enjuiciamiento en ausencia, todo proceso penal se suspende cuando el imputado o acusado evada la estadía a derecho, máxime cuando en su contra se haya librado una orden de aprehensión; y la misma no se haya hecho efectiva. Además, para que el imputado pueda beneficiarse de todos los derechos y garantías que ofrece el sistema procesal penal, es necesario que afronte el proceso penal, para poder ejercer, en el mismo, su derecho a la defensa. Así lo asentó la Sala, en sentencia N° 365, del 10 de mayo de 2010, caso: José Pérez Amado, en los siguientes términos:
Cabe destacar además que en el proceso penal contemplado en la legislación penal vigente el ejercicio de los derechos y garantías contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela operan para el imputado una vez que éste ha cumplido con el deber de comparecer a juicio y, por ende, ponerse a derecho, en aras de permitir el ejercicio de la acción penal mediante el debido proceso. Así se declara.
Llegado a este punto, la Sala considera precisar que en el proceso penal actual, de corte acusatorio, regido por los principios de publicidad, inmediación y concentración inherente este último al derecho a la defensa- la presencia del procesado requerido judicialmente es esencial, pues con ella se consolida la aplicación del principio de oportunidad, por lo que la no comparecencia a juicio por parte del imputado constituye una suerte de desobediencia específica al mandato judicial, quien enterado de su obligación de comparecer al juicio incumple con una obligación derivada del mandato constitucional; siendo considerado ante esta conducta como procesado contumaz.
Aunado a ello, es preciso destacar que en el proceso penal actual es imprescindible la estadía a derecho del procesado para dirimir en audiencia pública y en presencia de todas las partes cualquier solicitud que efectúe el procesado y respecto de la cual pretenda favorecerse invocando sus derechos; aceptar lo contrario implicaría desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y trastocar los principios que informan el Código Orgánico Procesal Penal, convalidando así, en este caso, la conducta evasiva y contumaz del procesado Fernando Pérez Amado (solicitante de la revisión) quien ha rehusado someterse a la justicia venezolana, y no obstante, pretende entonces invocar derechos y garantías a su favor, los cuales derivarían según afirma- de sentencias absolutorias.
Ahora bien, en el presente caso el ciudadano Eduardo Manuitt Carpio no se encuentra a derecho, en virtud de que en su contra se dictó una orden de aprehensión, la cual no se ha hecho efectiva. La falta de estadía a derecho, que debe ser considerada como una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana, trae como consecuencia que el proceso penal del referido quejoso se encuentre actualmente suspendido, razón por la cual impide que los Jueces que conocen del proceso penal puedan resolver o decidir peticiones de las partes, así como cualquier decisión que pudiera dictar esta Sala, en caso de que sea procedente el amparo constitucional, lo cual es materia que versa sobre el fondo de la presente controversia constitucional.
Así pues, la Sala observa que vista la suspensión del proceso penal que originó la acción de amparo constitucional, la cual es consecuencia de la conducta contumaz del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, no es posible el restablecimiento de la situación jurídica alegada como infringida en el presente caso, toda vez que, en el supuesto que procediera la acción de amparo, el Juez Penal que conoce del proceso no puede modificar el status procesal de la causa penal, en virtud de que el mismo se encuentra imposibilitado materialmente de dictar cualquier decisión debido a dicha suspensión. Esa imposibilidad material de dictar una decisión en el proceso penal, permite que el asunto bajo estudio pueda subsumirse en la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo prevista en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé lo siguiente: [c]uando la violación del derecho o la garantía constitucionales constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
En efecto, la acción de amparo constitucional tiene como finalidad proteger los derechos constitucionales de los accionantes. Así, una de sus características fundamentales, es su naturaleza restablecedora por cuanto los efectos que se pueden lograr con la sentencia que al respecto se dicte son restitutorios, sin existir la posibilidad de que puedan crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas que no existían para el momento de la interposición de la acción de amparo. En razón de lo antes expuesto, la acción de amparo resulta inadmisible, cuando no pueda restablecerse la situación jurídica denunciada como infringida, es decir, cuando no puedan retrotraerse las circunstancias fácticas al estado que poseían antes de interponerse la acción de amparo, o bien, cuando exista imposibilidad material de que se haga efectiva cualquier decisión que pretenda restituir o reparar la situación jurídica infringida, situación que ocurre en el presente caso. Existe una circunstancia, la imposibilidad material, que impide la reparabilidad de la acción de amparo.
De manera que, la Sala considera, dada la existencia de la imposibilidad material de restitución, que la presente acción de amparo constitucional deviene inadmisible, conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo lo procedente, por lo tanto, declarar sin lugar la apelación intentada por el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada y confirmar, en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada el 22 de octubre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada.
SEGUNDO.- CONFIRMA, en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada el 22 de octubre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de julio de dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Presidenta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp Nº: 09-1401
CZdM/jarm
El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:
1. La mayoría sentenciadora centró el fundamento de su pronunciamiento de inadmisión de la pretensión de tutela constitucional en la siguiente valoración:
Ahora bien, en el presente caso el ciudadano Eduardo Manuitt Carpio no se encuentra a derecho, en virtud de que en su contra se dictó una orden de aprehensión, la cual no se ha hecho efectiva. La falta de estadía a derecho, que debe ser considerada como una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana, trae como consecuencia que el proceso penal del referido quejoso se encuentre totalmente suspendido, razón por la cual impide que los jueces que conocen del proceso penal puedan resolver o decidir peticiones de las partes, así como cualquier decisión que pudiera dictar esta Sala, en caso de que sea procedente el amparo constitucional, lo cual es materia que versa sobre el fondo de la presente controversia constitucional.
Así pues, la Sala observa que vista la suspensión del proceso penal que originó la acción de amparo constitucional, la cual es consecuencia de la conducta contumaz del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, no es posible el restablecimiento de la situación jurídica alegada como infringida en el presente caso, toda vez que, en el supuesto [de] que procediera la acción de amparo, el Juez Penal que conoce del proceso no puede modificar el status procesal de la causa penal, en virtud de que el mismo se encuentra imposibilitado materialmente de dictar cualquier decisión debido a dicha suspensión. Esa imposibilidad material de dictar una decisión en el proceso penal permite que el asunto bajo estudio pueda subsumirse en la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo prevista en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé lo siguiente: [c]uando la violación del derecho o la garantía constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
En efecto la acción de amparo constitucional tiene como finalidad proteger los derechos constitucionales de los accionantes. Así, una de sus características fundamentales es su naturaleza restablecedora por cuanto los efectos que se pueden lograr con la sentencia que al efecto se dicte son restitutorios, sin que puedan crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas que no existían para el momento de la interposición de la acción de amparo. En razón de lo antes expuesto, la acción de amparo resulta inadmisible, cuando no pueda restablecerse la situación jurídica denunciada como infringida, es decir, no puedan retrotraerse las circunstancias fácticas al estado que poseían antes de interponerse la acción de amparo, o bien, cuando exista la imposibilidad material de que se haga efectiva cualquier decisión que pretenda restituir o reparar la situación jurídica infringida, situación que ocurre en el presente caso. Existe una circunstancia, la imposibilidad material, que impide la reparabilidad de la acción de amparo (sic).
De manera que la Sala considera, dada la existencia de la imposibilidad material de restitución, que la presente acción de amparo deviene inadmisible, conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo lo procedente, por lo tanto, declarar sin lugar la apelación intentada por el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada y confirmar, en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada el 22 de octubre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. Así se decide.
2. En relación con los asertos que preceden, caben las siguientes consideraciones:
2.1. Ciertamente, la aducida ausencia deliberada del imputado hace constitucional y legalmente imposible que éste, por sí o mediante representante judicial, actúe dentro de la causa penal, en virtud de la prohibición del juicio en ausencia.
2.2. Ahora bien, en la situación que se examina, quien suscribe estima que la decisión de la Sala se encontraba supeditada a la actualización de alguno de los dos siguientes supuestos:
2.2.1. Si el quejoso se encontraba a derecho, al tiempo de la interposición de la solicitud de declaración de nulidad y parece que lo estaba, ya que el Ministerio Público realizó el acto de imputación-, el correspondiente pronunciamiento por el Juez Penal debió emitirse en el término del artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, dentro de los tres días siguientes a la recepción de dicha solicitud. Así las cosas, si la demanda de amparo constitucional fue incoada cuando el quejoso aun se encontraba físicamente incorporado a su proceso, la tutela constitucional era admisible, sin perjuicio que fuera declarada improcedente con base en la convicción de la conformidad jurídica de las razones por las cuales el Juez de Control desestimó la petición de declaración de nulidad. La eventual ausencia posterior del encausado, actual demandante de amparo, era una circunstancia que afectaría al proceso penal que se le sigue a éste mas no al presente de amparo.
2.2.1.1. En el orden de las ideas que han sido precedentemente expuestas, se advierte, entonces, que si, al tiempo de la decisión del cual se entrega el actual disentimiento, el proceso penal que se le sigue al quejoso de autos, dentro del cual se habrían producido las lesiones constitucionales que el mismo delató, se encontraba actualmente suspendido (con mayor propiedad: paralizado), por razón de la ausencia de dicho encausado, ello, de ninguna manera, era impedimento para que, dentro y con ocasión de la presente causa de amparo, esta Sala valorara, para el correspondiente pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, las alegaciones de dichos agravios, los cuales habrían derivado de la desestimación, por el Tribunal de Control, de la solicitud de declaración de nulidad de la investigación fiscal que se le seguía al quejoso de autos; ello, porque la prohibición del juicio en ausencia es de exclusiva aplicación en el proceso penal y en relación con el encausado; en otros términos, dicha interdicción nada tiene que ver con el juicio de amparo constitucional y, por consiguiente, no es impedimento para la continuación de éste.
2.2.1.2. Por otra parte, resulta incontestable que, contrariamente a la conclusión que contiene el fallo que antecede, la lesión que fue delatada era perfectamente reparable por esta Sala si bien no por el juez penal-, en caso de que dicho órgano jurisdiccional hubiera resultado convencido de que, tal como alegó el demandante de protección constitucional, el acto de juzgamiento que éste impugnó ciertamente lesionó sus derechos fundamentales cuya tutela pretendió. Así,
2.2.1.3. El muy sencillo remedio contra dicho agravio era la declaración de nulidad de decisión agraviante y la reposición de la causa al estado de que el Juez de Control se pronunciara, de nuevo, sobre la solicitud de nulidad que el hoy legitimado activo interpuso contra la investigación fiscal a la cual estaba sometido; ello, sin perjuicio de que la ejecución de este mandamiento del Juez constitucional quedara diferido para la oportunidad cuando la tramitación de la referida causa penal fuera reanudada. Así las cosas, resultó contrario a derecho que la Sala extrapolara al proceso de amparo constitucional un impedimento jurídico con el que la Ley afecta exclusivamente al penal, como fundamento de la inadmisión de la pretensión de tutela, por razón de la supuesta irreparabilidad de la lesión constitucional que el hoy demandante delató.
2.2.1.4. En definitiva y con ubicación en el supuesto que se examina, quien suscribe estima que la pretensión de tutela constitucional que se juzgó en esta causa debió ser admitida y, como consecuencia de ello, la Sala debió abocarse a la valoración del fondo de la pretensión que la hubiera conducido a un pronunciamiento definitivo sobre la procedencia o improcedencia de la misma.
2.2.2. Si, por el contrario, el actual demandante se encontraba en situación de ausencia al tiempo de la interposición de la solicitud de declaración de nulidad cuya desestimación, por el Juez de Control, motivó la interposición de la acción de amparo constitucional que se juzgó, la Sala, entonces, debió haber declarado la improcedencia del amparo, por razón, no de la conformidad jurídica del pronunciamiento del a quo penal, sino porque al actual accionante no le estaba permitido actuar, por sí ni mediante representante judicial, dentro del proceso penal que se le seguía o sigue, en virtud de la prohibición constitucional del juicio en ausencia. En otros términos, la tutela constitucional sería improcedente porque, en ningún caso, la desestimación de la nulidad afectó ilegítimamente derecho fundamental alguno del quejoso, ya que el mismo no tenía legitimación para actuar dentro de la causa penal que se le sigue; por tanto, su referida impugnación no debió ser admitida por el Juez penal, de suerte que éste no actuó fuera de los límites de su competencia cuando desestimó la solicitud de declaración de nulidad en referencia.
Queda expresado, en los términos que anteceden, el criterio del Magistrado disidente.
Fecha retro.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
/
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 09-1401
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