Sentencia N.º 714
- Sentencia
- N.º 714
- Fecha
- 12/06/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0348
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 12-0348
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 23 de marzo de 2012, se recibió en esta Sala Constitucional, escrito presentado por el ciudadano GIUSEPPE BAZZANELLA, de nacionalidad italiana, titular de la cédula de identidad n.° E-82.186.352, asistido por el abogado José Eduvigis Bravo Jaimes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 56.355, contentivo de la solicitud de revisión de la sentencia que dictó, el 26 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que declaró: Primero: Sin lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Giuseppe Bazzanella, parte actora, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 28-10-2008 (sic) por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Segundo: Sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Isaías Carrera, en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos Gustavo Maeso Lando y Maria (sic) Teresa Pomoli Muñecas, parte codemandada contra la sentencia definitiva dictada en fecha 28-10-2008 (sic) por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Tercero: Se confirma el fallo apelado dictado en fecha 28-10-2008 (sic) por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta ( ), en el marco del juicio que por ejecución de hipoteca intentó el solicitante en revisión contra los referidos ciudadanos y la sociedad mercantil Restaurant San Doménico, C.A.
El 30 de marzo de 2012 se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente.
El 26 de septiembre de 2012, el ciudadano Giuseppe Bazzanella solicitó pronunciamiento en la presente causa, y expuso que espera (...) una sentencia justa de una venta con hipoteca de primer grado de un inmueble, constituido por un local comercial más vivienda y que él era todo mi sustento y CASA, para mi vejez, (desde entonces estoy viviendo alquilado, mudándome de un lugar a otro debido a que los arrendatarios (sic) no quieren hacer contratos por largo término. Adjunto fotocopia del último contrato de arrendamiento, que es donde actualmente habito) y cayendo en manos de profesionales del Derecho inescrupulosos, que usando todas las astucias e influencia imaginables, violando repetidas veces el art (sic) N° 170 del C.P.C, se ha llegado hasta el día de hoy. Pretendiendo ellos reconocerme el monto de las doce (12) letras de cambio menos una (1) letra de quince mil bolívares fuertes (15.000 bsf.) (sic) que me fue pagada a su tiempo, total 165.000 bsf. de la venta, por ciento ochenta mil bolívares (180.000 bsf.) (sic) que se pactó en ese entonces (año 2005). Mientras hoy en día el inmueble está avaluado en 1.200.000 bsf., (sic) es como si estuviera vendiendo el inmueble el día de hoy al precio del año 2005. Como Usted (sic) puede ver en la fotocopia de mi cédula de identidad que adjunto a esta hoja, Excelentísima Magistrada, tengo setenta y dos años (72), y no tengo ningún tipo de pensión es por eso Excelentísima Magistrada que le ruego en el nombre de nuestro Señor que haga JUSTICIA.
El 28 de febrero de 2013, el solicitante de la revisión ratificó el pedimento anterior.
En reunión de Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente manera: Gladys M. Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover; ratificándose en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 6 de diciembre de 2005 el ciudadano Giuseppe Bazzanella incoó demanda por ejecución de hipoteca contra los ciudadanos Gustavo Maeso Lando, María Teresa Pomoli Muñecas y la sociedad mercantil Restaurant San Doménico C.A., por la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 165.000,oo).
El 30 de enero de 2006, la parte actora reformó la demanda y solicitó el pago de la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 4.950,oo) por concepto de intereses.
El 23 de octubre de 2008, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró parcialmente con lugar la demanda de ejecución de hipoteca, y condenó a los demandados a pagar a la parte actora la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 165.000,oo), más los intereses legales calculados a la tasa del 3% anual, desde el 28 de agosto de 2005 hasta el 10 de enero de 2006, determinados a través de una experticia complementaria del fallo.
El 26 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por las partes y confirmó el fallo anterior, sentencia que es objeto de la presente solicitud de revisión.
ii
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
El ciudadano Giuseppe Bazzanella expuso como fundamentos de la solicitud de revisión, los siguientes argumentos:
Que ( ) ocurr[e] para interponer RECURSO DE REVISION (sic) contra la decisión dictada en fecha veintiséis (26) de Abril (sic) de dos mil diez (2.010) (sic) por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta ( ).
Que dio en venta a los demandados un inmueble constituido por un terreno con un área o superficie aproximada de 357,20 m2 y las bienhechurías en él construidas, ubicado en la Calle José María Vargas, Pampatar, Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, según documento protocolizado ante la Oficina Inmobiliaria de Registro Público del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, el 28 de junio de 2005, bajo el n.° 19, folios 93 al 96, Protocolo Primero, Tomo 12, Segundo Trimestre del año 2005.
Que [e]n el documento de venta, antes mencionado, se estableció que el pago del precio se cancelaría mediante la emisión de Doce (sic) (12) letras de cambio ( ) con vencimiento cada treinta (30) días, contados a partir de la fecha de protocolización del documento del documento en la Oficina Inmobiliaria competente, es decir, a partir del día 28 de Junio (sic) del 2.005 (sic), todas por un valor de QUINCE MIL BOLIVARES (sic) FUERTES (Bs. 15.000,oo), cada una.
Que en el ( ) [l]ibelo de la demanda solicit[ó] que las sumas de dinero demandadas (sic) CIENTO SESENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (sic) FUERTES (Bs. 165.000,oo) es decir Once (sic) letras de cambio de Quince Mil Bolívares Fuertes cada una (Bs. 15.000, (sic) se les aplicara la CORRECCION (sic) MONETARIA E INDEXACION (sic) ( ).
Que [e]l Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la sentencia dictada en fecha 26 de Abril (sic) de 2.010 (sic), [l]e violó flagrantemente [sus] derechos constitucionales de igualdad de las personas ante la Ley, de acceder a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derecho e intereses, de la defensa y del debido proceso, consagradas (sic) en los artículos 21, 26, 49 (ordinales 1, 3 y 8) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas relacionadas con la institución del debido proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia conforme lo dispone el artículo 257 ejusdem; en concordancia con lo que dispone el artículo 12 y 321, ambos del Código de Procedimiento Civil.
Que ( ) la solicitud de indexación y corrección monetaria hecha ( ) en el libelo de la demanda ( ) [l]e fue negada, en la oportunidad en que se dicta la sentencia por el Juzgado A-QUO (sic), basado en la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No (sic) 00696, en fecha veintinueve (29) de Junio (sic) de Dos (sic) Mil (sic) Cuatro (sic) (2.004) (sic) con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, en el Juicio (sic) de Inversiones Sabenpe, C.A., contra IMAUBAR, y en sentencia de la Sala Constitucional, ( ) del 16 de Julio (sic) del (sic) 2.007 (sic), identificada con el No (sic) 1.494 pronunciada en el expediente 06-213, caso Argenis Barrios, la cual ratifica el A-QUEM (sic) ( ).
Que ( ) en su parte motiva, el A-QUEM (sic) declaró:
En relación a la indexación solicitada por la parte actora, es necesario traer a colación un comentario hecho por el tratadista Enrique Lagrange en su Estudio (sic) Retardo en el cumplimiento de obligaciones pecuniarias y Depreciación (sic) de la moneda (efectos (sic) de la inflación en el derecho, Serie eventos (sic), Caracas, 1.999 (sic), página 373), expresa que: La indexación judicial es un método extraño al ordenamiento jurídico venezolano. Este no lo conoce y por tanto no le está dado a los jueces aplicarlo, puesto que ellos, en sus decisiones deben atenerse a las normas de derecho, a menos que la Ley los faculte para decidir con arreglo a la equidad, de acuerdo al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Aplicar el método de la indexación en un caso judicial, sin una norma legal (o una estipulación contractual) que lo autorice, es decidir contra derecho, al sólo arbitrio del juez; por lo que él estime justo, esto no es posible en Venezuela. Por otra parte, James Otis Rodner en su monografía Correctivos por inflación en las obligaciones de Dinero (sic) y Obligaciones (sic) de valor, señala que: La indexación se podría definir como el mecanismo por el cual, un juez en un caso concreto, sin tener la autorización legal y por el caso de obligaciones que son obligaciones de dinero, aplica una corrección al valor de las (sic) prestación del deudor para los efectos de tratar de dar indemnización justa y lograr la restitución del equilibrio patrimonial del acreedor.
Dicho esto en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expediente No (sic) 06-1213, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales de fecha 16 de Julio de 2007, ha establecido que la corrección monetaria solicitada en demanda de ejecución de hipoteca, esta no resulta procedente habida cuenta que se está en presencia de una obligación dineraria y no de valor, pues respecto a las primeras no procede la indexación. Por lo que a juicio de esta alzada no puede la parte actora apelante pretender mediante el presente juicio de ejecución de hipoteca solicitar la corrección monetaria en la presente causa, por cuanto la indexación no procede como bien lo acota la sentencia de la sala (sic) antes mencionada, en atención que el acreedor es compensado con el cobro de intereses por el incumplimiento del deudor, por lo que quien aquí decide, declara sin lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Giuseppe Bazzanella contra la sentencia definitiva dictada en fecha 28-10-2.008 (sic) por el juzgado (sic) Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Y así se decide
Que [e]s en virtud de lo anterior que este tribunal superior niega la indexación o corrección monetaria de las cantidades condenadas, solicitada por la parte actora en su escrito libelar.
Que ( ) dicha sentencia No (sic) 00696, en la que se basa el sentenciador trata de un incumplimiento de contrato de servicios para cancelar la diferencia o el restante en unas valuaciones, y que entre otras, se establece que la indexación se ajusta en caso de obligaciones de valor ( ).
Que ( ) el juez in comento (sic) no estudió el caso planteado en la litis, lo único que hizo fue recoger una jurisprudencia, la aplicó a este caso y sentenció de manera equivocada ( ).
Que ( ) [él] mismo [es] quien sufr[e] la devaluación y perjuicio de no habérse[le] pagado [su] dinero a tiempo ( ), perdiendo ( ) con dicha decisión lo que [l]e correspondía legítimamente, conforme a la justicia y la razón.
Que ( ) se pretende con dicha decisión no menoscabar los derechos de los demandados, cuando estos son los únicos culpables de tal situación, nada de esto hubiera pasado si éstos últimos hubieran pagado lo que debía (sic) en el tiempo establecido.
Que ( ) [l]a misión del Jurista y del Juez no puede ser sino enfrentar la situación como factum dado para apalear los efectos de la depreciación monetaria y pretender el logro de una justicia conmutativa.
Que [m]uchos Tribunales de la República, inclusive, las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en casos análogos como este, donde versan letras de cambio aceptadas e insolutas, (títulos valores) se le atribuyen la corrección monetaria solicitada para que de algún modo satisfaga la pérdida sufrida por el demandante acreedor por el transcurso del tiempo y por la insolvencia del demandado deudor, y otros condenan al pago de la indexación y de los intereses conjuntamente, todo ello para indemnizar a la persona agraviada ( ).
Que ( ) una parte sustancial de la doctrina y la jurisprudencia justifica la práctica de aplicar la indexación dirigida a las deudas valor.
Que ( ) el mencionado juzgado (sic), en su sentencia de fecha de 26 de Abril (sic) de 2.010 (sic), viola, menoscaba, vulnera los derechos legítimos de [su] persona, silenció el pedimento solicitado en el escrito libelar en cuanto a la indexación de las letras de cambio, incurrió en un error inexcusable sobre la aplicación de normas y principios constitucionales, ocasionándole una lesión irreparable a los derechos de la defensa, a la justicia y al debido proceso ( ).
Que ( ) estamos en presencia de una obligación de dinero no cumplida oportunamente, por tanto, como lo ha establecido pacífica y reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, es procedente la corrección monetaria en aquellas situaciones de retraso en el cumplimiento de la obligación, desde la fecha del hecho dañoso hasta la ejecución de la sentencia, puesto que es la manera de resarcir al acreedor la pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, dado el creciente y notorio índice de inflación desatado en Venezuela a partir del año 1.983 (sic).
Que ( ) la pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario es un hecho público y notorio desde hace bastante tiempo en Venezuela. En situaciones como las que hoy nos ocupa, se trata del cobro de una obligación dineraria en estado de morosidad, por tanto es procedente aplicar el ajuste por inflación como fórmula de equilibrio entre los intereses patrimoniales en juego, ya que de lo contrario el retardo en el cumplimiento de la obligación obraría en beneficio del demandado, a quien convendría demorar en lo posible el pago, por tanto, para no perjudicar la posición de [su] persona en beneficio exclusivo del deudor, nuestra jurisprudencia y doctrina justifican plenamente la indexación.
Que ( ) no hay una posición pacífica en cuanto a si pueden aplicarse concurrentemente los intereses moratorios con la indexación, pues, para muchos se trataría de una interposición de indemnizaciones. Sin embargo, es indudable que ambos conceptos tienen causas distintas, y por lo tanto ( ) peticionables conjuntamente ( ).
Que ( ) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ( ) ha expuesto ( ) [que] salvo que la ley diga lo contrario, quien pretende cobrar una acreencia y no recibe el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha del mismo. Sólo así, recupera lo que le correspondía recibir cuando venció la obligación y ella se hizo exigible. .. (sic) Resulta injusto, que el acreedor reciba años después del vencimiento, el monto exigible de la acreencia en dinero devaluado, lo que lo empobrece y enriquece al deudor.
Que [f]inalmente la Sala Constitucional ( ) en Recurso de Revisión Constitucional relacionado con contrato avalado con letras de cambio donde se solicitó la indexación y pago de interés moratorios (sic), declaró que los mismos no son incompatibles en un mismo libelo de demanda, es justo el pago en dinero del valor ajustado que resulte de la inflación existente para el momento del pago cuando es pedida en el libelo, dado el Criterio (sic) de Justicia Social.
Que es ( ) procedente el recurso de revisión ( ) y así solicit[a] respetuosamente sea declarado por esa honorable Sala Constitucional ( ) restableciendo la situación jurídica infringida, y se haga justicia mediante la declaratoria de nulidad de la sentencia proferida ( ) ordenando la indexación solicitada, y por ende acordando las costas y costos procesales ( ).
iii
de la sentencia cuya revisión se solicita
El 26 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta dictó el fallo objeto de revisión en los siguientes términos:
Este Tribunal Superior entra en conocimiento de la presente causa, por motivo de la apelación producida por la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 23-10-2008, en juicio de ejecución de hipoteca, en donde la parte actora alegó:
Que según consta de documento protocolizado por ante la oficina Inmobiliaria de Registro Público del Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, en fecha 28-06-2005, anotado bajo el Nº 19, folios 93 al 96, protocolo primero, tomo 12, segundo trimestre del año 2005, dio en venta a la ciudadana María Teresa Pomoli Muñecas, mayor de edad, de nacionalidad Uruguaya, casada, comerciante, titular del pasaporte Nro. B007997, y de este domicilio, por la suma de ciento ochenta millones de bolívares ( Bs.180.000.000,00), un (1) inmueble constituido por un terreno con un área superficial aproximada de trescientos cincuenta y siete metros cuadrados (357,20 Mts2) y las bienhechurías en el construidas comprendidas estas en un salón comercial con el lateral principal todo enrejado, de techo de tejas rojas y pisos de terracota, con entrada principal, y en su fondo una cocina, tres baños y cuatro habitaciones, para un área de construcción aproximada de doscientos treinta y cuatro metros cuadrados (234 mts), ubicado en la calle José María Vargas, identificado con el Nro 17 de la ciudad de Pampatar, en jurisdicción del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.
Que en el documento venta, antes mencionado, se establece que el pago del precio se cancelaría mediante la emisión de doce (12) letras de cambio, identificada así: 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, con vencimiento cada treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la protocolización del documento en la oficina inmobiliaria competente, es decir a partir del día 28 de junio del 2005, todas por un valor de quince millones de bolívares (15.000.000,00) cada una.
La parte demandada, por medio de apoderado realizó formal oposición al pago que se le intima por el procedimiento de ejecución de hipoteca, en donde las partes se comprometieron en cumplir con las obligaciones de compra venta de un inmueble, constituyéndose sobre la misma hipoteca especial de primer grado, alegando en su oportunidad que el monto reclamado por la parte actora, no se relaciona con lo que realmente adeuda la demandada, indicando además que dejó de cumplir el pago de las cuotas acordadas, por haber cancelado la cuenta bancaria del Citibank, en la ciudad de Miami, obstruyéndose así las sucesivas transferencias, reconociendo efectivamente que la parte demandada consintieron en el acuerdo de cancelar la cantidad establecida en el documento de constitución de garantía hipotecaria, mediante la cancelación de (12) doce letras de cambio, con vencimiento cada treinta días, contados a partir de la fecha de protocolización del referido documento, sin embargo a pesar de que la parte demandada realizó oposición conforme lo establece el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, y promovió pruebas, estos no pudieron demostrar la solvencia, o disconformidad con el saldo que por incumplimiento se exige, por lo que la parte actora en su demanda y a lo largo del presente procedimiento demostró que la demandada no cumplió con sus obligaciones contraídas en el prenombrado documento de constitución de garantía hipotecaria, la parte demandada no logró comprobar el cumplimiento del pago convenido, por lo que en consecuencia, al no demostrar sus dichos, es decir que canceló mediante depósitos u otra forma de pago, la parte demandada debe cumplir con su obligación de pago contraída en fecha 28-06-2005, mediante documento debidamente registrado ante la Oficina Inmobiliaria de Registro Público del Municipio Maneiro, anotado bajo el Nº 19, folios 93 al 96. Protocolo Primero. Tomo 12. Segundo Trimestre del año 2005, a través de hipoteca especial de primer grado constituida a favor del ciudadano Giuseppe Bazzanella, declarando sin lugar la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada ciudadana Maria Teresa Pomoli Muñecas y otros, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 23-10-2008. ASI SE DECLARA.
Ahora bien, la parte actora apela de la sentencia dictada por el a quo, en atención a lo alegado en su escrito de informes, presentado ante ésta alzada, indicando lo siguiente: Que los ciudadanos Maria s Teresa Pomoli Muñecas y Gustavo Maeso Lando, no cancelaron las letras de cambio vencidas, teniendo que acudir a la vía judicial para solicitar, de conformidad con el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, la ejecución del gravamen hipotecario constituido sobre el inmueble supra citado, a fin de que con el precio del remate se le cancelaran las siguientes cantidades: a) la suma de ciento sesenta y cinco millones de bolívares (Bs. 165.000.000,00) por concepto del monto a que se refiere las letras de cambio identificadas como ( ); b) la suma de cuatro millones novecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 4.950.000,00) por concepto de intereses generados al tres por ciento (3%) anual de la cantidad adeudada de conformidad con el artículo 1.746 del Código de Procedimiento Civil, c) solicita que las sumas adeudadas en los literales a y b se le aplique la corrección monetaria e indexación con experticia complementaria del fallo, d) las costas y costos del presente procedimiento.
Que el tribunal de la causa en su decisión establece condenar a los demandados las sumas reclamadas en el libelo de demanda, a saber, la suma de ciento sesenta y cinco millones de bolívares (Bs. 165.000.000,00), por concepto del monto de la deuda a que se refiere las letras de cambio identificadas 2/12 ( ) el cual constituye el pago del precio de la venta del inmueble objeto del contrato, mas (sic) los intereses legales generados a la rata del tres por ciento (3%) anual, calculados desde la fecha del vencimiento de la obligación contraída, esto es, a partir del vencimiento de la segunda letra de cambio el día 28-05-2005 hasta el 10-01-2006, fecha de admisión de la demanda y que con respecto a la indexación resulta improcedente en virtud de que se estaría condenando a un doble pago aplicando un criterio jurisprudencial de la Sala Político Administrativa ( ).
Que la Sala de Casación Civil ha establecido que la indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y evitar el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del retardo procesal. Que el proceso se inicia con el libelo de demanda y su auto de admisión. Que en la pretensión procesal, el actor tiene la oportunidad de reclamar los intereses de mora que considere apropiado desde el periodo que la obligación se hizo exigible por si (sic) misma, hasta el momento en que decidió instaurar su demanda, pro (sic) el correctivo que la indexación concede, es por el retardo del proceso y por ello, no puede amparar situaciones previas a este último pues el correctivo inflacionario que el juez concede es a los efectos de evitar el perjuicio por la desvalorización del signo monetario durante el transcurso del proceso, siendo la admisión del libelo de demanda la pauta que marca el inicio, y por ende, el de la indexación judicial.
Que el tribunal de la causa establece el (sic) calculo (sic) de los intereses moratorios se calcularán en base al tres por ciento (3%) anual, contado (sic) de la fecha de vencimiento de la obligación contraída, a partir del vencimiento de la segunda letra de cambio ocurrido el día 28-08-2005 hasta el 10-01-2006, fecha de admisión de la demanda. Que se preguntan que (sic) pasa con el tiempo transcurrido desde la admisión de la demanda hasta la sentencia del a quo la cual fue dictada en fecha 25-10-2008 .
A este respecto, la parte actora en su apelación mediante informes presentados ante esta alzada, pregunta sobre la oportunidad para el cálculo de los intereses moratorios, contado desde la fecha del vencimiento de la obligación contraída ocurrido el día 28-08-2005 (vencimiento de la segunda letra de cambio) hasta el 10-01-2006, fecha de admisión de la demanda, y en atención a este planteamiento conforme a la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 29 de marzo de 2007, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, expediente Nº AA20-C-2006-000960, se estableció lo siguiente:
el proceso se inicia con el libelo de demanda y su auto de admisión. En la pretensión procesal, el actor tiene la oportunidad de reclamar los intereses de mora que considere apropiados desde el periodo en que la obligación se hizo exigible por si misma, hasta el momento en que decidió instaurar su demanda
.
En el presente caso nos encontramos con un punto muy importante observado por la parte actora, en atención a la pregunta a la que antes hicimos mención, tomado del escrito de informes y es que tanto la doctrina como la jurisprudencia patria han sido contestes en cuanto al tiempo para el cálculo de los intereses de mora, siendo necesario destacar lo establecido en el artículo 1.269 del Código Civil, el cual establece: Si la obligación es de dar o de hacer el deudor se constituye en mora por el solo vencimiento del plazo establecido en la convención
. Es decir, que los intereses respectivos de mora comienza una vez vencido el plazo establecido en el documento de la garantía hipotecaria, mediante el incumplimiento por concepto del monto de la deuda a que se refiere las letras de cambio identificadas 2/12, por un valor cada una de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00), hasta la fecha de admisión de la demanda, no teniendo otra interpretación, para así dar cumplimiento a lo establecido en la ley, igualmente considera este Tribunal Superior, que la apreciación realizada por el tribunal de la causa, en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos para la admisión de la demanda, en interés al orden público, específicamente en lo atinente al monto del cálculo de los intereses por ser presuntamente excesivo o desproporcionada, el cual debe ser apreciada por un experto, tal como lo ordena el a quo, al ordenar realizar una experticia complementaria del fallo, y conforme este tribunal con la decisión dictada por el a quo, por lo que la apreciación hecha por la parte actora en su apelación, no esta (sic) ajustada a derecho. ASI SE ESTABLECE.
En relación a la indexación solicitada por la parte actora, es necesario traer un comentario hecho por el tratadista Enrique Lagrange en su Estudio Retardo en el Cumplimiento de Obligaciones Pecuniarias y Depreciación de la Moneda (Efectos de la Inflación en el Derecho, Serie Eventos, Caracas, 1999, pág 373), expresa que:
La indexación judicial es un método extraño al ordenamiento jurídico venezolano. Este no lo conoce y por tanto no le está dado a los jueces el aplicarlo, puesto que ellos, en sus decisiones deben atenerse a las normas de derecho, a menos que la Ley los faculte para decidir con arreglo a la equidad, de acuerdo al artículo 12 de Código de Procedimiento Civil. Aplicar el método de la indexación en un caso judicial, sin una norma legal (o una expresa estipulación contractual) que lo autorice, es decidir contra derecho, al sólo arbitrio del juez; por lo que él estime justo: esto no es legalmente posible en Venezuela.
Por otra parte, James Otis Rodner en su monografía Correctivos por inflación en la Obligaciones de Dinero y Obligaciones de Valor, señala que: La indexación judicial se podría definir como el mecanismo por el cual, un juez en un caso concreto, sin tener la autorización legal y por el caso de obligaciones que son obligaciones de dinero, aplica una corrección al valor de la prestación del deudor para los efectos de tratar de dar indemnización justa y lograr la restitución del equilibrio patrimonial del acreedor .
Dicho esto, en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expediente Nº 06-1213, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales de fecha 16 de julio de 2007, ha establecido que la corrección monetaria solicitada en demanda de ejecución de hipoteca, esta no resulta procedente habida cuenta que se está en presencia de una obligación dineraria y no de valor, pues respecto a las primeras no procede la indexación. Por lo que a juicio de esta alzada no puede la parte actora apelante pretender mediante el presente juicio de ejecución de hipoteca solicitar la corrección monetaria en la presente causa, por cuanto la indexación no procede como bien lo acota la sentencia de la Sala antes mencionada, en atención que el acreedor es compensado con el cobro de intereses por el incumplimiento del deudor, por lo que quien aquí decide, declara sin lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Giuseppe Bazzanella contra la sentencia definitiva dictada en fecha 28-10-2008 (sic) por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Así se decide.
iv
COMPETENCIA
El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido pronunciados tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 25.10 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
En el presente caso se peticionó la revisión del acto jurisdiccional que expidió el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 26 de abril de 2010, razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecida la competencia de la Sala para conocer del caso de autos, y una vez revisadas las actas que conforman el presente expediente se observa lo siguiente:
En el caso sub iudice, el ciudadano Giuseppe Bazzanella pretende la revisión del acto jurisdiccional que emitió, el 26 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Nueva Esparta, con fundamento en que dicho órgano jurisdiccional negó la corrección monetaria del capital adeudado y los intereses moratorios que solicitó en el libelo de la demanda, con ocasión al juicio que por ejecución de hipoteca intentó contra los ciudadanos Gustavo Maeso Lando, María Teresa Pomoli Muñecas y la sociedad mercantil Restaurant San Doménico, C.A..
A tal efecto, el fallo objeto de revisión estableció que la petición planteada por la parte actora resulta improcedente, pues se estaría reconociendo una indemnización adicional sobre los intereses ya calculados, y se correría el riesgo de condenar a un doble pago.
Al respecto, esta Sala en sentencia n.° 576 de 20 de marzo de 2006 (caso: Teodoro de Jesús Colasante Segovia), estableció lo siguiente:
El poder adquisitivo de la moneda es algo inherente o intrínseco a ella, representa su real valor y como tal no tiene que ver ni con daños y perjuicios, ni con intereses devengados o por vencerse, ya que la indemnización de daños y perjuicios se calcula para la fecha de su liquidación judicial, con el valor que tenga para esa fecha, y la tasa de interés -con sus posibles fluctuaciones- nada tiene que ver con el valor real de la moneda.
En consecuencia, y salvo que la ley diga lo contrario, quien pretende cobrar una acreencia y no recibe el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha del mismo. Sólo así, recupera lo que le correspondía recibir cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible.
Esta realidad referida al poder adquisitivo de la moneda, sólo tiene lugar cuando existe en un país una tendencia continua, acelerada y generalizada al incremento del nivel general de precios (que abarca todos los precios y los costos de los servicios), por lo que ante el alza de los precios, el poder adquisitivo de la moneda cae. A esta situación se la llama inflación y ella atiende a un concepto económico y no jurídico. Por lo tanto, su existencia debe ser reconocida oficialmente por los entes que legalmente monitorean la actividad económica, como lo hace en Venezuela, el Banco Central de Venezuela.
(Omissis)
El efecto inflacionario radica en que la moneda pierde su poder adquisitivo, lo que como ya lo apuntó la Sala, es un valor intrínseco de ella, y por tanto surge la pregunta sí quién pretende el pago de una acreencia debe invocar o no expresamente se le indexe judicialmente la suma reclamada o si ello opera de oficio; dando por sentado que en un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 Constitucional) resulta lesivo que durante la época inflacionaria impere el artículo 1.737 del Código Civil, el cual establece la entrega de valor monetario numéricamente expresado para la acreencia, antes que el pago en dinero del valor ajustado (justo) que resulte de la inflación existente para el momento del pago.
(Omissis)
A juicio de esta Sala, quien pretende que su contraparte sea condenada, tomando en cuenta la indexación, debe pedirlo en autos expresamente, ya que a pesar de que puede en ciertas materias operar de pleno derecho (asuntos de orden público o interés social), tal ajuste responde a un derecho subjetivo de quien lo pretende, el cual no puede ser suplido por el juez, máxime cuando la ley (como luego se apunta en este fallo) trae un régimen de condenas que no es uniforme, y que por tanto exige peticiones para su aplicación.
Resulta injusto, que el acreedor reciba años después del vencimiento, el monto exigible de la acreencia en dinero devaluado, lo que lo empobrece y enriquece al deudor; a menos que exista por parte del acreedor una renuncia a tal ajuste indexado ( ).
En un sistema de derecho y de justicia, resulta un efecto de derecho, que el acreedor demandante está pidiendo se le resarza su acreencia, con el poder adquisitivo de la moneda para la fecha del pago real, que a los fines de la ejecución no es otro que el de fijación o liquidación de la condena.
En el caso de autos, el juicio por cobro de bolívares fue tramitado conforme al procedimiento de ejecución de hipoteca que preceptúan los artículos 660 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; de manera que se requería que la demandante pidiera la indexación en su demanda, lo que, según se expresó en la sentencia objeto de la solicitud, ocurrió efectivamente, de manera que se cumplió el primero de los requisitos para la indexación.
Asimismo, la Sala observa que la condena se refiere a una cantidad de dinero que fue determinada en el libelo de la demanda y su reforma, por tanto, al haber constatado el juez que el deudor incumplió oportunamente la obligación de pago debió ordenar la corrección monetaria, tal como se expresó en el precedente de esta Sala; y al no hacerlo, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta se apartó del criterio de interpretación constitucional que se estableció en la sentencia n.° 576 que antes se reseñó.
Por otra parte, estima esta Sala que al no tener aplicación irrestricta el principio nominalista que erige el artículo 1.737 del Código Civil en un Estado social de derecho y de justicia, la indexación en las obligaciones pecuniarias es procedente, más aun, cuando la Sala de Casación Civil ha admitido en los juicios de ejecución de hipoteca tal posibilidad en caso que el deudor haya incurrido en mora (Vid. sentencia RC.000737 del 27 de julio de 2004, (caso: Antonio Bucci Cavuoto contra Filippo Panto Lapi y otro).
No escapa a esta Sala la interpretación sesgada que la alzada dio a la decisión n.° 1494 del 14 de julio de 2007, (caso: Argenis Barrios), para negar la corrección monetaria del solicitante de la revisión, aduciendo la improcedencia de la indexación en las obligaciones dinerarias, cuando el thema decidendum del fallo invocado versó sobre las condiciones establecidas en el contrato de préstamo hipotecario, las sanciones pautadas ante el incumplimiento del deudor y el cálculo desmesurado de intereses en perjuicio del deudor, lo cual dista del caso de autos.
El derecho a la tutela judicial efectiva implica para el actor el reconocimiento íntegro de su derecho; de ahí que aun cuando le fue estimada su pretensión, tal declaración no satisface en la actualidad sus expectativas, toda vez que, dicho reconocimiento por el órgano judicial, luego de transcurrido un largo tiempo, no es tal si no se le acuerda una reparación completa, como fuera solicitado antes que se produjera la sentencia de mérito. (Vid. sentencia n.° 1.238 de 19 de mayo de 2003, caso: Bettina del Carmen Núñez Romero).
Sin embargo, debe aclarar esta Sala, que la indexación deberá ser acordada sólo en lo que respecta al monto del capital demandado y no sobre los intereses reclamados, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta el día en que quedó firme el fallo proferido por la alzada en la causa principal (Vid. sentencia de la Sala de Casación Civil n.° RC.000435 de 25 de octubre de 2010, caso: Juan Carlos Balaguera Villamizar contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.), debiendo excluirse para el cálculo correspondiente los lapsos de paralización de la causa no imputable a las partes, a saber, vacaciones judiciales, recesos judiciales por vacaciones o fiestas decembrinas, huelga de empleados tribunalicios y cualquier otro lapso o período de paralización del proceso no imputable a las partes, tomándose como base para ello el Índice Nacional de Precios al Consumidor, emitido por el Banco Central de Venezuela.
Por las consideraciones expuestas y, en virtud de que esta Sala considera que la decisión que dictó, el 26 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, desconoció el precedente establecido en la sentencia n.° 576 de 20 de marzo de 2006 (caso: Teodoro de Jesús Colasante Segovia), estando incursa en el supuesto a que se refiere el artículo 25, numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara ha lugar a la revisión de autos. En consecuencia, anula el referido fallo, sólo en lo que respecta al pronunciamiento relativo a la indexación, y ordena a dicho Juzgado constituido en forma accidental, dictar nuevo fallo, acatando la doctrina establecida en la presente decisión. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR a la solicitud de revisión que formuló el ciudadano GIUSEPPE BAZZANELLA, asistido por el abogado José Eduvigis Bravo Jaimes, de la sentencia que dictó, el 26 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. En consecuencia se ANULA la referida decisión, sólo en lo que respecta al pronunciamiento relativo a la indexación y ORDENA al mencionado Juzgado, constituido en forma accidental, la emisión de un nuevo fallo conforme a la doctrina de esta Sala.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de junio de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 12-0348
CZdM/
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