Venley

Sentencia N.º 716

Sentencia
N.º 716
Fecha
07/04/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-1241
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

            El 11 de octubre de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MODESTO ANTONIO SÁNCHEZ GARCIA, titular de la cédula de identidad N° 231.707, representado por el abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.780, en contra del procedimiento de averiguación administrativa iniciado en la Oficina de Auditoria del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), mediante auto del 1 de diciembre de 1999, procedimiento este que sigue su curso en el expediente N° 08-01-06-00-075 por ante la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República.

 

            El 23 de mayo de 2002, se dio cuenta en esta Sala del recibo del expediente, contentivo de la apelación ejercida por el abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO, y en esa oportunidad se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

             

            El 18 de septiembre de 2002, el abogado PEDRO MIGUEL REYES, presentó diligencia por ante esta Sala solicitando se dicte decisión en la presente acción de amparo constitucional.

 

            De igual forma, el 13 de febrero de 2003, el abogado RICARDO A. GÓMEZ A, actuando en su carácter de representante de la Contraloría General de la República, presentó diligencia solicitando a esta Sala dicte el fallo que ha de recaer en el presente caso.

 

            Realizada la lectura del expediente, se pasa a decidir previa a las siguientes consideraciones:

 

Hechos y Fundamentos de la Acción DE AMPARO

 

            El 17 de mayo de 2001, el abogado PEDRO MIGUEL REYES, en su condición de apoderado del ciudadano MODESTO ANTONIO SÁNCHEZ GARCIA, presentó acción de amparo constitucional con solicitud de tutela constitucional preventiva y anticipada, contra el procedimiento de averiguación administrativa iniciado en la Oficina de Auditoria del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), con auto del 1 de diciembre de 1999 y que sigue curso en el expediente N° 08-01-06-00-075 por ante la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República.

 

            Señala como hechos, que la averiguación administrativa que se ataca se inició el 1 de diciembre de 1999, mediante auto signado por el ciudadano Domingo Salinas M., Contralor Interno del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en el cual se indicó que su génesis se encuentra en el informe de auditoria presentado a ese órgano de control por el auditor Jesús Jiménez.

            En dicho informe el referido funcionario especifica que la entidad que fue objeto de la auditoria era el Convenio INCE – Ministerio de Educación y concretamente señala que los responsables de la ejecución del mismo eran los ciudadanos Héctor Tamayo Guédez, Presidente del INCE desde el 25-11-92 hasta el 02-05-96 y Modesto Sánchez, Presidente del INCE desde el 02-05-96 hasta el 25-02-99. 

 

            Señala que, en el expediente aludido aparece un auto sin fecha denominado AUTO DE PRÓRROGA DE SUSTANCIACIÓN, firmado por Domingo Salinas M., Contralor Interno, que expresa: “...Por cuanto la fecha del Auto de Apertura de la presente averiguación administrativa es del 04.01.99 y considerando el inicio de las vacaciones colectivas en el Instituto a partir del 04.12.99 hasta el 04.01.2000, se acuerda extender hasta el 01.07.2000, el primer plazo para la sustanciación de la Averiguación Administrativa, según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”. 

 

            Así como aparece nuevamente una actuación del mismo funcionario contralor, en el expediente que señala: “...Por cuanto en el día 07 de Julio del 2000, ha transcurrido el primer plazo de seis (06) meses, para la sustanciación del expediente signado (SIC) con el número 9907, se acuerda dada la complejidad del caso y la cantidad de actuaciones que han tenido que practicarse, para el esclarecimiento de los hechos que originaron la presente investigación, la prórroga (SIC) por igual término, contado a partir del 08-07-2000, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”.

 

            Ante lo cual, resalta que entre las treinta y una (31) “Actuaciones Cumplidas” por el órgano de Control Interno del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), sólo aparece en el numeral 31 el auto de prórroga de sustanciación y en la segunda es que aparece por primera vez en el expediente que se le imputa directamente a su representado el profesor MODESTO ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA, la comisión de irregularidades.

 

Argumentos estos bajo los cuales, el accionante denuncia que dicho procedimiento de averiguación administrativa objeto del amparo incoado, le violentó a su representado, los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y amenaza con violar el derecho a no ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, consagrados en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo sus fundamentos los siguientes:

 

            Que, al no ser informado su poderdante de la investigación que sobre su actuar se había iniciado y consecuencialmente no haber tenido acceso al expediente ni contado con la asistencia jurídica necesaria, ni haber podido acceder a los medios adecuados para su defensa y mucho menos de haber podido ejercer control sobre las pruebas obtenidas por el órgano de control, se le violentó de manera grosera sus derechos humanos a la defensa y al debido proceso.

 

            Que, iniciándose la investigación el 1 de diciembre de 1999, es el 23 de abril de 2001, cuando se hace del conocimiento del profesor MODESTO ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA, el procedimiento que venía produciéndose en su contra, es decir, que luego de transcurrir un lapso de un año y medio desde la apertura de la averiguación, es cuando se le informa y permite el acceso al expediente y a la defensa.

 

            Que, con tal proceder se violó el derecho al debido proceso de su mandante, por cuanto ha debido tener conocimiento de todos los trámites por el cual se iba a juzgar su proceder administrativo y por ello a saber, cuales eran los tiempos que estaban previstos para que pudiera ejercer su defensa y los medios de los cuales disponía para ello.

 

            Que, el procedimiento de orden público fue relajado por el ciudadano Domingo Salinas M., Contralor Interno del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), quien le aumentó arbitrariamente un mes a la sustanciación de la averiguación del caso, cuando mediante auto señaló:

 

“Por cuanto la fecha del Auto de Apertura de la presente averiguación administrativa es del 04.01.99 y considerando el inicio de las vacaciones colectivas en el Instituto a partir del 04.12.99 hasta el 04.01.2000, el primer plazo para la sustanciación de la Averiguación Administrativa, según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República...” (folio 120 del expediente que cursa en autos identificado con la letra “B”)”.

 

            Que, la prórroga, aún si ésta se hubiere producido, violenta el proceso e irrumpe de manera flagrante con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de señalar que, por afectar el orden público deben los magistrados constitucionales emitir un pronunciamiento sobre el particular. Ante lo cual indica, que el auto parcialmente transcrito, fue emitido en fraude al proceso, en virtud de lo cual, destacan que carece de fecha y su ubicación dentro del expediente no se corresponde con la secuencia del mismo, con lo cual se agreden los derechos constitucionales de su cliente.

 

            Que, en el auto del 24 de agosto de 2000, firmado por Domingo Salinas M., el cual tuvo por objeto el envió del expediente a la Contraloría General de la República, por aparecer entre los investigados funcionarios de alto nivel que se encontraban activos para el momento de la remisión, se señala a su poderdante de la siguiente manera: “... Presuntos Responsables: 1.- Ciudadano Modesto Sánchez, titular de la Cédula de Identidad N° 231.707, quien se desempeño como Presidente de este Instituto”, lo cual atenta contra la presunción de inocencia, de la cual todo ciudadano debe gozar.

 

            Que, en cuanto al derecho a no ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, se alegó que el inicio de la averiguación administrativa que nos ocupa por parte de los órganos de control que han actuado, lo ha sido en base a una falsa premisa, que amenaza con violentar el derecho constitucional a su representado.

 

            Que, de la lectura del expediente se evidencia que la compra cuestionada fue realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Licitaciones vigente durante la negociación, la cual permitía adquirir bienes sin necesidad de licitación, ni acto motivado si la adquisición era por una cantidad inferior a los siete millones de bolívares (Bs. 7.000.000,00). Siendo así y estando demostrado en el expediente que la compra era por un monto menor al exigido en la Ley y por tanto no requería de acto motivado, cuestión que es objeto de la referida averiguación administrativa, es por lo cual solicita se declare nulo todo lo actuado por la Contraloría Interna del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), ya que de continuar la averiguación existe el riesgo que la decisión que en ella recaiga viole el derecho a no ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

 

            Finalmente, solicito la protección constitucional anticipadamente, ya que existe la inminencia del daño comprobado con la citación a declarar en un plazo preciso e inminente, hay urgencia en la solicitud la cual se deriva de la inmediatez del agravio; asimismo requirió se restableciera la situación jurídica lesionada, dejando sin efecto o impidiendo la continuación del procedimiento de averiguación administrativa contra su representada. 

 

De la Decisión Apelada

 

            El 11 de octubre de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, declaró sin lugar la acción de amparo ejercida, basándose en los siguientes argumentos:

 

            Sostiene el Juez constitucional, que la parte accionante alegó como conculcados sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 49 de la Constitución, señalando que dicha violación tenía su origen en el procedimiento de averiguación administrativa iniciado en la oficina de auditoria del INCE, ante la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República.

 

            Señala que, la parte accionada sostuvo que la accionante no había determinado claramente contra quién estaba dirigida su pretensión de amparo, pues hacía referencia al INCE y a la Contraloría General de la República en forma indistinta, pero que, en todo caso ninguno de los dos organismos le habían violado los derechos constitucionales alegados por él, ya que explicó que el procedimiento de averiguaciones administrativas tiene dos fases, de las cuales la primera está destinada a recolectar todos los elementos necesarios para esclarecer la verdad de los hechos investigados, razón por la cual, no se le había violado el derecho a la defensa, en virtud que el accionante en esa primera etapa del procedimiento no era parte del mismo y que adicionalmente se le había dado oportunidad para que rindiera declaración sobre los hechos, negándose a hacerlo en dicha oportunidad.

 

            Siendo así, con relación a la denuncia formulada por el accionante relativa a la violación del derecho al debido proceso de su representado, observó el sentenciador de la primera instancia que el procedimiento de averiguaciones administrativas iniciado en contra del accionante, al momento de ser impugnado aún no había concluido, ya que sólo se encontraba en fase de sustanciación, realizándose meros trámites de investigación que hasta ese momento no afectaban al peticionante, razón por la cual consideró que el derecho al debido proceso no se le había violado al accionante en amparo.

 

            Igualmente, indicó dicho sentenciador que en relación a la aludida violación del derecho a la defensa, en el presente caso, tal violación no se había configurado en virtud de que durante la etapa de sustanciación, sólo se estaban realizando meros trámites de investigación a los fines de determinar si existían méritos o no, para la formulación de cargos en contra del accionante, por lo que mal podía pretender el quejoso que la administración le notificara de un procedimiento en el cual no se había dictado decisión alguna que lo calificara como presunto responsable de los ilícitos administrativos objeto de investigación.

 

            Al respecto sostuvo el juzgador, que:

 

“Así, constata esta Corte que, al folio 192 del expediente, riela oficio N° 08-01-0267, de fecha 20 de marzo de 2001, suscrito por la Directora de Averiguaciones Administrativas Encargada de la Contraloría General de la República, mediante el cual se le notifica al hoy accionante que debía comparecer a rendir declaración¢relacionada con una averiguación administrativa que adelanta este organismo contralor, con motivo de presuntas irregularidades incurridas en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa¢, en cuya oportunidad manifestó su negativa a rendirla. Ante tal situación, la administración mediante oficio N° 08-01-0507, de fecha 11 de mayo de 2001, suscrito igualmente por la referida funcionaria y  recibida por el accionante en fecha 14 de mayo de 2001, notificó nuevamente al quejoso para que compareciera a rendir la declaración in comento.

Una vez efectuada la anterior notificación, la administración, tal como consta en los folios 252, 253 y 254 del expediente, levantó acta de formulación de cargos con la ausencia del precitado ciudadano en fecha 30 de mayo de 2001, por la presunta comisión de los ilícitos administrativos investigados, concediéndole un plazo de cuarenta y cinco (45) días siguientes, contados a partir de dicha fecha, para que contestara los cargos pertinentes, todo lo cual lleva a esta Corte a concluir que no existe violación del derecho a la defensa en el procedimiento llevado con motivo de la averiguación administrativa impugnado y así se decide”.

 

            Asimismo, con relación a la presunta violación al principio de presunción de inocencia, el juez a quo refirió, que tal derecho  tiene una proyección extraprocesal y otra procesal, la primera de ellas, atiende al derecho a no ser condenado sin una previa resolución, providencia o decisión administrativa o judicial que lo declare, mientras que la segunda se refiere a la necesaria existencia de una actividad probatoria suficiente con la participación del acusado, con un adecuado razonamiento del nexo causal entre la norma y la situación concreta, que descarte totalmente la mera sospecha o conjetura como elementos determinantes de la decisión. Ambas proyecciones se complementan para alcanzar el objetivo perseguido con la consagración constitucional de la presunción de inocencia.

 

            Bajo cuyos argumentos, señaló que el derecho a la presunción de inocencia no fue vulnerado al accionante en amparo, en virtud que el procedimiento que lleva en curso la administración, en ningún momento ha considerado al accionante como responsable en lo administrativo, más aún cuando no ha concluido dicho procedimiento y se ha respetado su derecho a la defensa y al debido proceso, tal como consta de acta del 30 de mayo de 2001, a través de la cual se formularon cargos dándole el tratamiento de presunto responsable. Por lo que, el juez a quo, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta.

 

Consideraciones para Decidir

 

En principio corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, en tal sentido, reiterando los criterios asentados en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); y, 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer del recurso ejercido, y así se declara.

 

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida, en los siguientes términos:

 

            En el presente caso, el accionante en amparo alega que el procedimiento de averiguación administrativa iniciado por la Contraloría Interna del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), y seguido por ante la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, violó sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y amenaza con violar su derecho a no ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, contenidos en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

            En el presente caso, el juez a quo declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta, al determinar que tanto de lo alegado por las partes como de las pruebas consignadas en los autos, no existió violación de los derechos constitucionales denunciados por el accionante como conculcados, en razón que se siguió el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, previsto para regular las averiguaciones administrativas.

 

            Al respecto, observa esta Sala, que el presente caso se refiere a un procedimiento de averiguación administrativa iniciado el 1° de diciembre de 1999, del cual tuvo conocimiento el accionante el 23 de abril de 2001, -lo cual al entender del accionante en amparo- viola sus derechos constitucionales de debido proceso, defensa y derecho a la presunción de inocencia, por cuanto se le ha debido notificar desde el inicio de la averiguación, para así poder ejercer todas sus defensas.

 

            En tal sentido, se desprende de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.017 del 13 de diciembre de 1995, normativa vigente para la fecha en que se inició el referido procedimiento que da lugar a la presente acción de amparo, que, el órgano contralor interno o la Contraloría General de la República, cuando adelante la sustanciación de una averiguación reunirá los documentos, declaraciones, experticias y demás elementos de juicio (entre los que destaca la declaración de los presuntos indiciados o de cualquier otra persona) que estime necesario para esclarecer los hechos, actos u omisiones que investiga, terminando esta fase con la formulación de cargos del indiciado, en caso de ser procedente.

 

            Establece de igual manera, que una vez  formulados los cargos al administrado, este gozará de un lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos, para contestarlos, en el cual podrá defenderse ampliamente de los actos, hechos o circunstancias que se le imputen.

 

Dicha averiguación terminará con una decisión que podrá ser de absolución, de sobreseimiento o de responsabilidad administrativa, en cuyo caso de ser declarada ésta última, podrá ser recurrida ante el Contralor General de la República, en principio mediante el ejercicio del recurso jerárquico, y en caso ser confirmada podrá ser objeto del recurso jurisdiccional pertinente.

 

            Lo cual aplicado al caso de autos, evidencia que, el procedimiento seguido al accionante, para la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, se encontraba en fase de sustanciación, por cuanto se realizaban las diligencias necesarias para adelantar la averiguación, como fue su notificación para rendir declaración ante ese organismo, a lo cual, manifestó el administrado su negativa de rendir información; situación ésta que pudo comprobar el juez a quo de los recaudos cursantes en autos y que verifica esta Sala cursante al folio ciento setenta y ocho (178) de los anexos remitidos. 

 

            De esta manera, en aras del derecho a la defensa del administrado, el órgano contralor realizó una segunda notificación al accionante en amparo, -cursante en los folios ciento ochenta y dos (182) y ciento ochenta y tres (183) de los anexos que conforman el presente expediente- apercibiéndolo que de no comparecer dentro del lapso fijado, sin que medie justificación suficiente, quedará sujeto a las consecuencias previstas en el artículo 119 de la Ley que rige la materia. Ante lo cual no compareció el accionante en amparo, y que dio lugar a la consiguiente formulación de cargos por parte del órgano contralor, concediéndosele cuarenta y cinco (45) días continuos para contestar los cargos, promover pruebas y producir los documentos que estime pertinentes, para que sean apreciados en la decisión que sobre el asunto haya que dictarse.

            Asimismo, observa esta Sala que el procedimiento seguido estuvo ajustado a la normativa que lo rige, en el sentido que,  las fases en que se ejecutó fueron las idóneas dentro del especial  procedimiento administrativo y las notificaciones que se practicaron al administrado fueron las previstas por ley; por lo que no se evidencia que se hubiere conculcado el derecho a la defensa y al debido proceso del accionante, tal como lo sostuvo el juzgado que conoció en primera instancia en este amparo.   

 

            Por otra parte, considera esta Sala que lo decidido por el juez a quo con relación a la presunta violación del derecho a la presunción de inocencia, estuvo ajustada a derecho, ya que el mismo no fue vulnerado, por cuanto en el procedimiento administrativo seguido se ha salvaguardado el derecho al debido proceso y a la defensa del administrado, sin considerarlo arbitrariamente responsable administrativamente en virtud que el mismo no ha concluido.

 

Por tales motivos, esta Sala considera que la decisión que hoy es recurrida en apelación, estuvo ajustada a derecho, en lo que respecta a la declaratoria sin lugar de la acción, ejercida contra el procedimiento de averiguación administrativa iniciado en la Oficina de Auditoria del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), con auto del 1 de diciembre de 1999 y seguido en la Contraloría General de la República, y así se decide.

 

Decisión

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado PEDRO MIGUEL REYES, en contra de la decisión del 11 de octubre de 2001, emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa. Se CONFIRMA la sentencia dictada por el a quo.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al a quo.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en Caracas, a los 07 días  del  mes  de abril de  2003.  Años:  192º  de  la  Independencia  y  144º  de  la  Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                    El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

                                          JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

 

 

                                             ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. 02-1241

JECR/

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