Venley

Sentencia N.º 74

Sentencia
N.º 74
Fecha
30/01/2007
Sala
Constitucional
Expediente
00-0705
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Recurso de Nulidad

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 21 de febrero de 2000, el abogado OMAR ALBERTO CORREDOR, con cédula de identidad n° 3.031.769, en su nombre, incoó, ante esta Sala Constitucional, demanda de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, contra el aparte único del artículo 216, el cardinal 4 del artículo 317 y los apartes segundo y cuarto del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Ese mismo día se dio cuenta en Sala y se remitió el expediente al Juzgado de Sustanciación. El 5 de abril de 2000, se admitió la demanda y se ordenó la realización de las notificaciones y el emplazamiento a que se refiere el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El 27 de junio de 2000 compareció la parte actora y consignó ejemplar del diario El Nacional, del 26 de junio de 2000, en el cual se publicó el cartel de emplazamiento a los interesados.

Por auto del 11 de julio de 2000, el Juzgado de Sustanciación remitió el expediente a la Sala, en la cual se dio cuenta y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis para la decisión sobre la cuestión del mero derecho.

El 27 de diciembre de 2000, se reconstituyó la Sala Constitucional y se reasignó la ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 6 de abril de 2001, se declaró la causa como de mero derecho. Luego de la tramitación del procedimiento según los lineamientos de esa decisión, la Sala pasa a decidir de la siguiente manera:

 

I

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Establecen los artículos 334, último aparte, y 336, en su cardinal primero, de la Constitución, que corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “...declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”, así como ”declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”.

De igual manera, el cardinal 6 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a esta Sala Constitucional, la competencia para “declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad (...)”.

En el presente caso se solicitó la nulidad, por motivos de inconstitucionalidad, de los artículos 216, en su único aparte, 317, ordinal 4°, y 320, en sus segundo y cuarto apartes, del Código de Procedimiento Civil, el cual es un instrumento normativo que fue dictado por el Poder Legislativo Nacional, por lo que esta Sala Constitucional se declara competente y, en tal sentido, se ratifica la declaratoria de competencia que hizo el Juzgado de Sustanciación de esta Sala el 06 de abril de 2001. Así se decide.

 

II

mOTIVACIÓN de la DECISIÓN

1.         Nulidad del aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil.

La parte actora sostuvo, en primer lugar, que el aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil viola el derecho a la defensa y las condiciones objetivas y fundamentales del debido proceso, que contienen los cardinales 1 y 3 del artículo 49 de la novísima Carta Magna de la República, y que contradice los artículos 15, 25, 26 y 215 del Código de Procedimiento Civil.

Indicó que el 17 de octubre de 1990, bajo la Constitución Nacional de 1961, demandó la nulidad de dicha norma por ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pretensión que fue declarada sin lugar. Que a diferencia de esa Constitución, en la cual las condiciones del debido proceso estaban determinadas de forma sobreentendida, meramente enunciativa y difusa, la novísima Carta Magna de la República, en su artículo 49, abarca y conceptualiza de forma integral este derecho, lo que otorga a la cuestión que se debate una distinta connotación, “...todo ello bajo el prisma de interpretación del principio de progresividad contenido en el artículo 19 de la Constitución...”.

 

Para la fundamentación de dicha nulidad alegó:

1.1       Que “...la cuestión debatida adquiere distinta connotación...”, a propósito de lo que se estableció en los artículos 19, 257 y 335 de la Constitución de 1999, porque el principio de progresividad inspira la interpretación de las normas jurídicas que reconocen y regulan los derechos fundamentales de las personas; que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia; y que la Sala Constitucional es garante de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales.

1.2       Que el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil reconoció el carácter fundamental y de orden público de la citación, la cual “...es una institución cierta y expresa, que no puede dar lugar a suposiciones, presunciones ni incertidumbres, que pongan en entredicho su certeza, y comprometan la seguridad jurídica de la cual debe revestirse...”.        

1.3       Que dicha norma procesal colide, en primer lugar, con la norma constitucional relativa al debido proceso, en segundo lugar, con el principio de la legalidad de las formas fundamentales del proceso de los artículos 15, 25, 26 y 215 del Código de Procedimiento Civil y, por último, “...con la forma prolija, pero perfectamente determinativa y expresa, como el propio legislador procesal adoptó las variadas y específicas modalidades de citación, establecidas en los artículos 218; Parágrafo Único del artículo 218; 219; 223 y 224 del Código Procesal vigente, destinados a revestir y asegurar a la citación, no sólo de las mayores seguridades en relación a los requisitos exigidos (...), sino en ofrecer al interesado varias formas expresas y ciertas de impulsar su pretensión, frente a un demandado contumaz...”.

1.4       Que el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil viola el derecho constitucional al debido proceso, pues restringe sus garantías en el marco de una de las etapas esenciales del mismo, como es la citación. En este sentido afirmó que la “presunción de citación” que establece dicho aparte único, “no es en modo alguno, (...) de las presunciones legales que están consagradas en el Código Civil, sino que su adopción en la norma cuestionada, configura una gravísima situación de indefensión, para la parte citada presuntivamente (sic); toda vez, que (...) si realmente la parte citada bajo esta 'ficción de citación', desconoce tal condición, queda 'confesa' a plenitud sobre la pretensión demandada...”.

Sostuvo el accionante que el “apoderado general”, que esté presente en un acto, o que efectúe cualquier diligencia en un proceso, sin la facultad expresa para ello, como sería “...el caso de los apoderados generales de empresas o corporaciones, puede ser considerado ‘citado’ y eventualmente emplazado de manera tácita o presunta, para la Litis contestación, sin más formalidad esencial, lo que ciertamente constituye un contrasentido al mismo espíritu, propósito y razón de la ley (…)”.

Asimismo, el accionante señaló que la citación tácita “...implica un prejuzgamiento con relación a la situación reprobable (sic) de que el Juez del Conocimiento, tenga ya formado y adelantado su juicio y veredicto, en el momento de iniciarse un asunto sometido a su jurisdicción, bajo la absurda presunción de una trabazón de la litis, y sin estar en posesión de todos los antecedentes que le permitan dictar una decisión justa y apegada al principio dispositivo que rige todo proceso, en el sentido final de que la misma, esté necesaria e indispensablemente de acuerdo a lo alegado y probado por las partes, sin sacar otro elemento de convicción que no se desprenda de los autos...”.

1.5.      Que la citación, en el Derecho Procesal Comparado, “...está rodeada de formalidades y manifestaciones expresas, para asegurar su propio contenido teleológico...”. Asimismo indicó de esa comparación surge “...el esquema o fundamento común (...), en que en todas las modalidades de notificación o citación analizadas, el carácter expreso y cierto, está irremediablemente inmerso en todas las providencias judiciales (...) No existen en consecuencia, precedentes legislativos que consagren esta forma ambigua de citación, como la adoptada de forma espuria por nuestro Código Adjetivo...”.

 

El texto de la norma que se impugnó es el siguiente:

 

“Artículo 216: La parte demandada podrá darse por citada personalmente para la contestación, mediante diligencia suscrita ante el Secretario.

Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad”.

 

Esta Sala observa que la constitucionalidad de la norma que se impugnó ya fue objeto de debate y de pronunciamiento del juez constitucional mediante sentencia de la Sala Plena del 29 de junio de 1999, en la que se decidió una pretensión de nulidad que, por razones de inconstitucionalidad, también planteó quien hoy actúa como demandante, conjuntamente con la abogada Nancy Gutiérrez Doreste, bajo el alegato de la violación al derecho a la defensa que reconocía la Constitución de 1961 en su artículo 68.

Para la confrontación de dichas normas con la garantía constitucional de la defensa procesal, la Sala Plena puso énfasis en el supremo valor y jerarquía que le corresponde a dicho derecho en el ordenamiento positivo de todo moderno y genuino Estado Democrático de Derecho.

Dicha Sala hizo mención a la dogmática constitucional-procesal foránea que vincula esta garantía con principios tales como el del contradictorio y la necesidad de oír a todas las partes que actúan en el proceso; de ahí que la exigencia al legislador va dirigida a la creación de un régimen legal “que le asegure al demandado la posibilidad de alcanzar un conocimiento suficiente, y, por ende efectivo, de la pretensión deducida en su contra y de la específica oportunidad en la cual, so pena de preclusión, le corresponde aducir su correlativa asistencia.” Lo que significa, contrario sensu, que si el régimen legal para la “puesta a derecho” no asegura al demandado la posibilidad de alcanzar el conocimiento suficiente de la pretensión que ha sido deducida en su contra y de la específica oportunidad para aducir su correlativa resistencia, se configurará un supuesto de inconstitucionalidad.

 Así, para la realización del análisis de la inconstitucionalidad del artículo 216 en su aparte único del Código de Procedimiento Civil, la Sala Plena contrastó esta norma con los principios que están relacionados con la “garantía constitucional de la defensa procesal” y que hoy recoge la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de su artículo 49, como el derecho al debido proceso, el cual está conformado, entre otros, por el derecho a la defensa, a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, el derecho a tener conocimiento de las actas procesales y el derecho de toda persona a ser oída en juicio. 

Con respecto a esa solicitud de nulidad, la Sala Plena declaró sin lugar la demanda de nulidad, por inconstitucionalidad, del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. En lo que respecta al aparte único de dicha norma, la Sala Plena explicó que en el mismo existen dos reglas: una que la doctrina patria denomina la “intervención activa del reo en el proceso”, y la otra, que hace referencia a la “intervención pasiva del reo en el proceso” (Henríquez La Roche, Ricardo; Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Caracas,1995, p. 151).

En esa oportunidad la Sala Plena concluyó que no resulta lesiva, a la garantía constitucional de la defensa procesal que está  contenida en el aparte único del artículo 68 de la Constitución, la exención de formalidades, para la puesta a derecho del demandado, que contiene el primer aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, en su primer supuesto, es decir, cuando “resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso”, pues “resulta claro que el demandado, ha comparecido a la sede del órgano jurisdiccional, que conoce del proceso respectivo, para estampar directamente, por escrito, su actuación en el expediente (...) Esta última circunstancia implica que el demandado ha tomado conocimiento directo, voluntario, deliberado y –principalmente- con necesaria ‘asistencia letrada’ de las actuaciones integrantes del expediente”.

Con respecto al segundo supuesto de citación tácita del aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, esto es la citación tácita por intervención pasiva del reo o demandado en el proceso, la Sala Plena, en su sentencia del 29 de junio de 1999, señaló que “si no es rectamente interpretada sí vendría a resultar incompatible con el anteriormente explicitado ‘contenido esencial’ del ‘derecho subjetivo fundamental’ en que estriba ‘la garantía constitucional de la defensa procesal’ del único aparte del artículo 68 de  la Constitución”. Por ello la Sala Plena, por aplicación del “principio de la interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico”, pronunció una sentencia interpretativa respecto de la citación tácita del demandado, cuyo supuesto estriba en la sola circunstancia de que se haya estado presente en un acto del proceso, y descartó cualquier otra construcción interpretativa. De modo que “con relación a ese específico texto legal resultaría flagrantemente inconstitucional por lesión al ‘contenido esencial’ del derecho subjetivo fundamental que para el justiciable representa la garantía constitucional de la defensa procesal contemplada en el único aparte del artículo 68 de la Constitución, una interpretación que sostuviera como incluidos en el ámbito de aplicación de su respectivo supuesto de hecho, aquellos singulares casos en que el demandado en forma involuntaria –provocada- y –de ordinario- no deliberada, intempestiva e incluso en ocasiones sin la debida ‘asistencia de letrado’ ha resultado pasible de una actuación procesal”.

En la presente oportunidad, para la realización del análisis de las denuncias de inconstitucionalidad en relación con el aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil conforme a la demanda que presentó el abogado Omar Alberto Corredor, pasa la Sala a la confrontación de las normas que están contenidas en el mismo, a la luz del nuevo texto Constitucional, específicamente con relación a los cardinales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales preceptúan:

Artículo 49: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia:

1.         La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. (...)

3.         Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un interprete...”

 

En relación con la constitucionalidad del artículo 216, aparte único, del Código de Procedimiento Civil, la Sala considera:

En sentido procesal, la citación es el acto judicial mediante el cual se llama al demandado para que comparezca a dar contestación a la demanda dentro de un plazo determinado. Su consecuencia jurídica inmediata es poner a la parte demandada a derecho, de manera que pueda comparecer y contestar la demanda en la oportunidad correspondiente.

Es evidente la importancia de la citación dentro del proceso, pues ella garantiza el derecho a la defensa del demandado, en tanto que fija el inicio del plazo o del término, según el caso, para la contestación de la demanda, ocasión en la cual el demandado podrá promover sus excepciones o defensas, tal como dispone el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. De manera que, como expresamente regula el artículo 215 de ese mismo Código, la citación del demandado para la contestación de la demanda “es formalidad necesaria para la validez del juicio”, al punto que la falta de la misma trae, como consecuencia inmediata, la nulidad de todo lo que haya sido actuado sin la previa observancia de ese requisito.

Ahora bien, que se trate de una formalidad necesaria, no quiere decir que sea una formalidad esencial, esto es, una condición ad solemnitatem. Así lo afirma el procesalista venezolano Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Vol. II, Editorial Arte, Caracas 1994, p. 232, cuando explica que:

“La citación del demandado para la contestación de la demanda, es formalidad necesaria para la validez del juicio, pero no esencial.

Siendo la citación (...) el acto que realiza en el proceso civil la garantía constitucional de la defensa en juicio, se comprende que la ley procesal atribuya al requisito de la citación el carácter de formalidad necesaria (Artículo 215 del C.P.C.).

Sin embargo este carácter de necesidad de la citación no significa en nuestro sistema, que la misma sea esencial, o un requisito establecido ad solemnitatem. (...)

Siendo la citación una formalidad necesaria para la validez del juicio, parecería lógico pensar que las normas que regulan este acto son de orden público, absolutas o imperativas. Sin embargo, hemos visto que es subsanable por la presencia de las partes, no sólo la falta absoluta de la citación, sino también cualquier vicio que la afecte, por omisión de las formas establecidas en la ley para practicarla.”

 

Además de ello, aprecia esta Sala que es una necesidad del proceso el considerar que todo aquél que actúa en una causa debidamente asistido está a derecho; lo contrario conduciría al absurdo de que se imponga la carga de la citación de quien tanto conoce la existencia del proceso que está actuando en el mismo. Por otro lado, ello sería contrario a los principios de economía y celeridad procesales, así como también sería contrario a la lealtad y probidad que se deben las partes en un juicio, especialmente bajo la consideración de que cuando se interprete la norma debe existir una ponderación entre todos los principios que han sido aceptados como rectores de nuestro proceso y que puedan verse involucrados, para, de esa manera, delimitar el ámbito de las facultades de las partes y la consecuencia de sus actos procesales. Ello quedó asentado por esta Sala en decisión n° 1385 del 21 de noviembre de 2000 (caso: Aeronasa), en la cual esta Sala señaló que:

“No es que el formalismo se encuentre desterrado del proceso, ya que las formalidades esenciales son garantías del derecho de defensa de las partes, sino que el acto superfluo, el procedimentalismo que choca con los principios quedó condenado a muerte. Interpretar -por ejemplo- el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, sin cumplir con las otras normas y con los principios, llegando a extremos como que un abogado que pidiera en el archivo un expediente, daba por emplazado a su mandante si éste después le otorgaba un poder, o que el apoderado que no produjera el poder, daba por citado a litisconsortes facultativos que no eran sus poderdantes, son exageraciones interpretativas que tienen que desaparecer con la vigente Constitución, aunque nunca han debido existir, durante la vigencia de la abrogada de 1961.”

 

En lo que respecta a la “citación tácita”, ésta debe considerarse como no contraria a la Constitución, en el entendido de que lo esencial es la puesta a derecho del demandado y no el acto de la citación como tal; lo fundamental es el conocimiento que tenga el demandado, en primer término, de la existencia del proceso y, en segundo término, de la consecuencia de esta circunstancia; es por ello que la sola ejecución de un acto procesal, tal como la práctica de una medida cautelar en su presencia y sin su apoderado, no podrá tener como efecto procesal su “puesta a derecho”.

En consecuencia, esta Sala comparte y reitera el criterio que sostuvo la Sala Plena en la referida sentencia de 29 de junio de 1999, para la desestimación de la pretensión de nulidad del artículo 216, aparte único, del Código de Procedimiento Civil, pues, en definitiva, considera que bajo el imperio de la nueva Constitución mantienen plena vigencia las consideraciones que allí fueron establecidas en lo que se refiere al alcance del derecho fundamental a la defensa y, especialmente, al contenido esencial de este derecho.

Así, sin perjuicio de las diferencias de estilo en relación con los términos en que la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999 reconocen dicho derecho –o “garantía constitucional de la defensa procesal”- como derecho fundamental, es lo cierto que su contenido esencial se mantiene incólume: “la existencia de un régimen legal que le asegure al demandado la posibilidad de alcanzar un conocimiento suficiente y, por ende, efectivo, de la pretensión deducida en su contra y de la específica oportunidad en la cual, so pena de preclusión, le corresponde aducir su correlativa resistencia”. Así se estableció en la mencionada sentencia de la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia de 29 de junio de 1999.

En consecuencia, se desestima la denuncia de inconstitucionalidad del aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

 

 

2.         Nulidad del ordinal cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

En segundo lugar, la parte actora peticionó la nulidad del artículo 317, ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil. Para ello sostuvo que la norma jurídica objeto de impugnación es contraria a los artículos 26 y 257 de la Constitución. En este sentido alegó:

2.1       Que dicha regla rodeó a la Casación de un exagerado rigorismo, pues impone una carga o “exigencia técnica”, para quien formaliza el recurso de casación, la cual es gravosa, ultra formalista y ambigua, en relación con su finalidad, porque “...comporta que el recurrente realice una verdadera axiología sobre las normas jurídicas a ser aplicadas por la recurrida y una conducción exegética, que es labor propia de la Sala revisora...”.

2.2       Que el recurso de casación es un “mecanismo extraordinario de acceso a la administración de justicia, para hacer valer los derechos e intereses individuales, e incluso aquellos que sean difusos; y por los cuales, a tenor del artículo 26 de nuestra Carta Magna, el Estado garantizará una justicia accesible, transparente, equitativa y expedita, sin que se permitan formalismos ni reposiciones inútiles”.

2.3       Que el incumplimiento de ese supuesto “rigorismo formalista” acarrea una sanción de perecimiento in limine litis, de conformidad con el artículo 325 del mismo Código, con lo cual se pierde el cometido fundamental del recurso, a saber, “...el de preservar la integridad de la ley y la uniformidad del criterio de interpretación, para la adecuación de la norma a la idea y el concepto de justicia..”.

           

La norma cuya nulidad por inconstitucionalidad se denunció establece que:

Artículo 317: “Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días que se dan para efectuar el anuncio en primer caso, y del día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de cuarenta (40) días, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia, o por órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos: (...)

4° La especificación de la normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas. (...).” 

 

Los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya violación se delató por parte del ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, preceptúan lo siguiente:

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

 

Artículo 257: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”

 

Sobre la base de que el proceso es un medio para la realización de la justicia, esos preceptos disponen que la ley adjetiva simplificará y uniformará los trámites del mismo, los cuales serán utilizados eficazmente; además, hace referencia a que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

La Sala Constitucional aprecia que el libre acceso a dos grados de jurisdicción y la obtención de una plena decisión no son las únicas garantías procesales que ofrece el ordenamiento jurídico venezolano, aunque ellas satisfacen en sí mismas los extremos o requerimientos del derecho constitucional. A ellos se agrega la casación, la cual ejerce, en principio, las funciones de un tribunal de derecho en Venezuela por medio del control de la actividad judicial que despliegan los tribunales de instancia, que son tribunales de juicio para la tramitación de las causas, el establecimiento y valoración de las pruebas, la fijación de los hechos y la selección y aplicación del derecho al caso concreto. De suerte que la casación es una garantía procesal adicional, la cual funciona como un medio de impugnación a través del que se busca la anulación del fallo que viola la ley para que, de esta manera, no alcance la autoridad de la cosa juzgada. Explica Humberto Cuenca que: “...el recurso de casación es una garantía judicial que contribuye a hacer efectivo el derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley, pues su función es hacer que se aplique uniformemente la ley a todas las personas: Mediante él, la casación vigila y mantiene la integración sustantiva y formal de las leyes.”(Curso de Casación Civil, Tomo I, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1962).

En cuanto a su naturaleza jurídica Cuenca explica, siguiendo a Calamandrei, que: “Mientras el medio de gravamen (cuyo prototipo es la apelación) otorga ‘el derecho a obtener en una nueva instancia el reexamen de la misma controversia, examinada en la instancia precedente’, en el medio de impugnación, en cambio ese nuevo examen está condicionado a la anulación de la sentencia precedente como ocurre en casación. En la apelación, el  juez conoce de la causa en los mismos términos planteados por las partes; en Casación se somete a su examen un problema distinto, cual es el de revisar si la sentencia está o no afectada por los vicios anunciados por el recurrente.”

Así, con el recurso de casación civil no se busca la revisión de todo el proceso, pues no se trata de una tercera instancia; técnicamente, este medio persigue la nulidad del fallo como consecuencia de un agravio particular, el cual se ha causado por un error de juzgamiento, motivo por el que el formalizante tiene la carga de que denuncie la existencia de un dispositivo que es el aplicable a la controversia, así como tiene la carga de la alegación demostrativa de que ese error se refleja en el dispositivo del veredicto, todo ello como consecuencia del carácter extraordinario del recurso de casación, que es lo que, en definitiva, distingue esta etapa del proceso de una nueva instancia.  De ahí que se exija en la formalización del recurso que antes se mencionó una técnica que, más que complejidad o el uso de fórmulas sacramentales, lo que exige es cierta precisión en las delaciones.

En relación con esta institución de la casación, la Sala Constitucional precisa que la misma no supone una dilación indebida en la tramitación y decisión final de la causa. Aunque se rige por una serie de reglas especiales de técnica para la formulación, tramitación y estudio de las denuncias de acuerdo con las regulaciones del Código de Procedimiento Civil, las mismas no son meras formas prescindibles dentro de un procedimiento judicial, como la parte actora sostuvo, sino presupuestos necesarios para la impugnación y el análisis del acto conclusivo de ese procedimiento judicial, esto es, de la sentencia.

Después del establecimiento de que la técnica de formalización del recurso de casación no es contraria a los principios y valores constitucionales, la Sala Constitucional hará seguidamente, a propósito del planteamiento de la parte actora, un análisis del contenido concreto y las consecuencias jurídicas que se deducen del ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que el escrito de formalización del recurso de casación contendrá, entre otros, el siguiente requisito:

“4° La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.”

 

De acuerdo con esta disposición, si el escrito de formalización del recurso de casación no indica o yerra en la indicación de la norma jurídica que debió ser aplicada en el caso concreto por el tribunal de alzada, ésta sería razón suficiente para la aplicación de la sanción de perecimiento del recurso de casación que preceptúa el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, el cual, a su vez, ordena lo siguiente:

“Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo.”

 

Así, la idea sobre la oportunidad y conveniencia de la impugnación de la sentencia definitiva y sobre las denuncias de forma y fondo pertinentes, que se cumplirán en el escrito de formalización del recurso de casación, es tarea inicial a cargo de la parte actora de acuerdo con el principio dispositivo, y el mismo debe estar fundado en los motivos o causales taxativamente determinados por la ley; pues, como se ha dicho, en casación, el juzgador no examinará y decidirá ex novo la controversia, sino que su conocimiento estará circunscrito a la validez o nulidad del acto jurisdiccional que se impugne, con base en los vicios que hubiesen sido delatados, salvo que la ley lo autorice a obrar de oficio, como sucede en la casación de oficio que reconoce el cuarto aparte del artículo 320 de la ley procesal civil, facultad que se otorga en defensa del orden público y constitucional.

La exigencia de la especificación de la norma que en su decisión el Juez debió aplicar y no aplicó para la composición del conflicto forma parte de la técnica de formalización de los recursos de casación cuyo fundamento se encuentra en otro principio rector del proceso civil, cual es, el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual se exige el apego a ciertas formas que se encuentran establecidas en el orden jurídico y en la medida en que esas formas no sean inútiles, la justicia no se verá sacrificada. A esto hace referencia el artículo 257 del texto constitucional y no a la falta de significación de las formas procesales, ya que el acceso a la jurisdicción no tiene carácter absoluto y una de sus limitantes es el apego a las formas bajo las cuales los procesos han sido diseñados.

Así, la exigencia de la denuncia concreta de las normas que ha debido aplicar el juez en su decisión, ya se ha dicho, es consecuencia de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el cual abre un conocimiento que está limitado al fallo que se impugna y a la denuncia que se formula y su justificación radica en que, de esa manera, no sólo se facilita la tarea del juzgador sino que se centra el ataque al veredicto en un agravio específico que surge del error en la interpretación o valoración de la ley que se refleja en el dispositivo del acto de juzgamiento que se cuestionó.

La Sala considera que la exigencia de la especificación de las normas jurídicas que el Juez debió aplicar y no aplicó, con la expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dicha regla, tal y como lo exige el ordinal cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, no contradice los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que proclaman la tutela judicial efectiva, la concepción del proceso como un instrumento de realización de la justicia y la exclusión de los formalismos inútiles.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional desestima la denuncia de inconstitucionalidad del ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

 

3.         Nulidad del segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

En tercer lugar, planteó el denunciante la nulidad del artículo 320, aparte segundo, del Código de Procedimiento Civil, ya que la norma viola los artículos 21, cardinal 2, 26, 49, cardinales 3 y 8, y 257, en concordancia con el artículo 19, todos de la Constitución. Además, señaló que contradice los artículos 11, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, denunció:

3.1       Que la norma jurídica objeto de impugnación establece que la Sala de Casación conocerá sobre los defectos de actividad, en primer término, y sobre las infracciones de ley, con posterioridad, y que, en caso de que se verifique la primera, la Sala se abstendrá de conocer las segundas.

3.2       Que esa prelación de los defectos de actividad y los quebrantamientos de formas sustanciales respecto de las infracciones de ley, lesiona el principio de economía procesal porque, una vez que se casa la sentencia definitiva por algún defecto de actividad o quebrantamiento de formas sustanciales, y luego de que la causa se reponga al estado de que el tribunal de la causa realice o repita el acto procesal que fue omitido o que está viciado, “...el Sentenciador de reenvío al retomar nuevamente toda la jurisdiccionalidad (sic) del caso sub judice, puede igualmente transgredir las normas de LEY ya predenunciadas (sic) con anterioridad, y que fueron inadvertidas e incensuradas (sic) por la Casación en su [aquella primera] oportunidad...”.

3.3       Que dicha norma jurídica conculca el derecho constitucional de acceso a los órganos de administración de justicia y el  derecho a la defensa que recogen los artículo 26 y 49 de la Constitución, así como el derecho fundamental a la obtención oportuna de la decisión correspondiente. Y que esa norma no garantiza una justicia accesible y expedita, sino que, por el contrario, propende a la “...proliferación del ostensible vicio de la Casación múltiple...”.

Dispone el segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil:

“Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la definitiva.”

 

Esta Sala considera que, muy al contrario de lo que el denunciante alegó como fundamentación de la nulidad del segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta norma no lesiona el principio de la economía procesal, en virtud de que aligera la labor del juez en casación cuando no le exige el pronunciamiento sobre las denuncias de fondo cuando casa la decisión por errores de actividad, pues, como consecuencia de la subsanación del vicio, es posible que la situación con base en la cual deba el juez pronunciarse quede modificada, y es muy probable entonces que la doctrina que se establezca en la sentencia sobre las denuncias de fondo no sea aplicable al nuevo acto de juzgamiento.

De acuerdo con el principio finalista que está incorporado y desarrollado en los artículos 206 al 214 del Código de Procedimiento Civil, y que fue elevado a precepto constitucional en los artículos 26 y 257 de la Constitución, la reposición de la causa por defectos de actividad del órgano jurisdiccional podría ser decretada estrictamente en aquellas causas donde se quebranten u omitan formas “esenciales” de los actos del proceso, si tales quebrantamientos menoscaban o lesionan el derecho de defensa de alguna de las partes. Igualmente la reposición de la causa procedería en aquellos casos en los que el acto decisorio de alzada carezca de motivación (juzgamiento) o es indeterminado.

En este sentido, la Sala Constitucional estima, de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución, en concordancia con los artículos 206, 209 y 210 del Código de Procedimiento Civil, que la nulidad del acto procesal no debía ser decretada (ni ordenada entonces la reposición de la causa) si ese acto alcanzó su fin o sentido procesal, si su realización no es determinante para la decisión de la causa, o si los errores, vicios o deficiencias que se encontraren en la sentencia que fue expedida por el tribunal de alzada pueden ser enmendados o corregidos por la Sala de Casación.

A diferencia de lo que fueexpuesto por el recurrente, la Sala Constitucional estima, además, que la rectitud del derecho que hubiese sido aplicado por los tribunales de instancia no debería ser juzgado por la Sala de Casación, sin que se haga previamente un análisis acerca de los posibles quebrantamientos en las formas esenciales, o sin que se haga previamente un análisis acerca de las motivaciones de hecho y los juicios de valor que el veredicto de alzada realizó, habida consideración de que, como consecuencia de la reposición de la causa por un defecto de actividad, o por falta de motivación o indeterminación absoluta, la controversia podrá ser planteada en forma diferente, nuevos hechos podrían ser traídos al proceso o una nueva calificación jurídica de los hechos podría ser dada eventualmente. En tales supuestos, lógicamente, el derecho deberá ser interpretado y aplicado en forma diferente.

Al respecto, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo II, pág., 576, nos dice:

“Cuando procede el recurso de forma la Corte debe eximir el análisis del recurso de fondo, según expresa el artículo 320. Este precepto recoge lo que fue doctrina pacífica del Alto Tribunal, fundada en el hecho de que como el efecto de casación es total, no tiene sentido ni utilidad sentar doctrina sobre la validez o invalidez de los motivos y disposiciones de la recurrida, si ésta ha de ser sustituida por el Juez de reenvío.”

 

 

En este mismo sentido, la Sala de Constitucional se pronunció ya, en sentencia n° 1930 del 14 de julio de 2003, caso: “Plinio Musso Jiménez”, a propósito de una demanda de revisión que se incoó contra un fallo que la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia emitió el 3 de mayo de 2000. Allí se estableció, lo siguiente:

“Una vez establecido lo precedente, debe esta Sala revisar si efectivamente existe la colisión decretada por la Sala de Casación Social entre el Código de Procedimiento Civil y la disposición contenida en el artículo 257 constitucional.

 

El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

(...)

De conformidad con dicho artículo la casación debe revisar, en primer lugar, si existe alguna de las infracciones descritas en el ordinal 1º del artículo 313, es decir los vicios de forma o errores in procedendo contenidos en la sentencia recurrida. De ser así, debe abstenerse de conocer las demás denuncias formuladas, decretará la nulidad y ordenará la reposición de la causa al estado que considere necesario.

 

De tal forma que, sólo procederá el tribunal de casación a decidir sobre los vicios de fondo o errores in iudicando, si no encontrare ningún vicio de casación de forma en la sentencia de alzada.

 

El artículo 257 de la Constitución establece lo siguiente:

 

(...)

 

Dicho artículo establece que no se sacrificara el mérito de la decisión por la omisión de alguna formalidad no esencial, ya que resulta evidente que la justicia no se sacrificará en ningún caso.

 

Asimismo, la referida norma constitucional, de manera implícita señala que por el incumplimiento de los requisitos de forma esenciales sí se sacrificará la decisión de fondo, es decir que, no se puede dictar una sentencia de fondo cuando no se ha observado el debido proceso.

 

De manera que, lo que debe revisar el tribunal de casación es si los defectos de forma que están planteados configuran incumplimiento de formalidades esenciales o alguna inobservancia de los principios que rigen el debido proceso, para lo cual debe resolver cada uno de los motivos de casación de forma, antes de decidir sobre los vicios de casación de fondo.

 

Es así como a juicio de esta Sala que, el artículo 257 de la Constitución obliga constitucionalmente y le da pie de apoyo al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuando obliga primero a considerar los motivos de casación de forma y, tras declarar que no existen infracciones con respecto a éstos, entrar a considerar los motivos de casación de fondo. Por lo que no considera esta Sala que exista colisión entre los referidos artículos y en tal sentido la Sala de Casación Social realizó una interpretación errónea del texto constitucional.”

 

En este orden de ideas, la Sala Constitucional desestima la denuncia de inconstitucionalidad del aparte segundo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, porque el orden de prelación que preceptúa, según el cual la Sala de Casación conocerá primero las denuncias por defecto de actividad, y luego, en segundo lugar, conocerá las denuncias por infracción de ley, no resulta contrario al principio finalista que adquirió rango constitucional en los artículos 26 y 257 de la Constitución. Así se declara.

 

4.         Nulidad del cuarto aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, la parte actora solicitó la nulidad del artículo 320, aparte cuarto, del Código de Procedimiento Civil, el cual disone la casación de oficio. Alegó que dicha norma infringe los artículos 21 y 49 de la Constitución, los cuales reconocen el derecho a la igualdad y a la defensa. En tal sentido alegó y denunció:

4.1       Que ese artículo del Código de Procedimiento Civil, tiene efectos que se manifiestan a través del pronunciamiento extrapetitorio de la Casación, en materia de infracciones de orden público y constitucionales, que “rompe de manera directa y flagrante con el principio de igualdad procesal de las partes; transgrediendo igualmente, de forma concomitante y simultanea, el derecho a la defensa...”, pues “...al abrigo del principio dispositivo que informa y regula todo el proceso civil, son las partes las encargadas de fijar la extensión y el ámbito de incumbencia relativo a esa apelación o recurso (Tamtum Apellatum, Quantum Devollutum), con lo cual se sujeta la decisión de la Alzada o del Supremo Tribunal de la Casación, sólo y únicamente a lo que le ha sido desfavorable al recurrente, para no agravar la situación procesal de éste, y fundamentalmente no violentar la prohibición de reformatio in pejus, en detrimento precisamente del apelante o recurrente, porque si la Superior Instancia, resuelve lo que ya fue ejecutoriado en favor de aquel, y que se encuentra bajo el amparo de la cosa juzgada, estaría subvirtiendo los términos de la litis, y lesionando en forma palmaria, el principio dispositivo como mecanismo rector de toda actividad judicial...”.

4.2       Que la casación de oficio “...es abierta y manifiestamente contraria a la materialización del proceso en instrumento fundamental para la realización de la justicia; rompe básicamente la estructura institucional del debido proceso, quebrantando de forma directa, las garantías universalmente consagradas en el Derecho contemporáneo, del derecho a la defensa; de que nadie puede ser juzgado y vencido en juicio sin ser oído; y el de las otras garantías y principios constitucionales, relativos a la igualdad procesal de las partes ...”.

4.3       Que la casación de oficio es inconstitucional, ya que atenta contra el principio de la igualdad ante la ley, que contiene el artículo 21 de la Constitución; contra el derecho de acceso a la administración de justicia, que recogió el artículo 26 de la Constitución, y contra el debido proceso, el cual se subvierte porque “cuando el Tribunal de Casación hace el pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido, con base a las infracciones de orden público y constitucionales que encontrare, sin la previa denuncia de las mismas, subvierte el propio orden público inmerso en la relación procesal, transgrediéndole a las partes involucradas, las condiciones y circunstancias del debido proceso en el cual trabaron la litis...”.

4.4       Que la casación de oficio constituye una desviación ideológica de la casación “...como instituto jurídico procesal de vital importancia, dentro de la pirámide estructural de la Administración de Justicia”; que la misma no es genuina por cuanto rompe con los principios rectores de esa relación procesal; que es una casación impropia, por cuanto no se adecua a los parámetros que rodean al instituto procesal dentro del ámbito de su incumbencia auténtica y que, por último, se trata de una casación subversiva hacia el orden constitucional y hacia el principio de la Legalidad, que tiene la función de preservar.

Establece el cuarto aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil:

“Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado.”

 

En sentencia n° 116 del 29 de enero de 2002, caso: “José Gabriel Sarmiento Núñez y otros, contra el artículo 320, aparte cuarto del Código de Procedimiento Civil”, esta Sala Constitucional declaró sin lugar la demanda de nulidad que se incoó contra la potestad de las Salas de Casación para la casación de oficio, por infracciones de orden público y constitucionales de las sentencias de alzada.

Estableció la Sala Constitucional en ese fallo, que la casación no es una instancia más sino un tribunal de derecho, ya que el objeto del recurso de casación es el veredicto definitivo que fue expedido por el tribunal en último grado de jurisdicción. De manera que las partes no acuden ante la Sala de Casación para el planteamiento de nuevos alegatos y la promoción de nuevos hechos, sino para la impugnación de un acto judicial (la decisión de alzada) que puso fin al proceso. Asimismo, ese pronunciamiento estableció que el objeto de la Casación es el control de la actividad jurisdiccional de instancia y la uniformidad de la jurisprudencia.

En resumen, el acto de juzgamiento que se mencionó señaló lo siguiente:

“Pudo el legislador establecer un régimen distinto para la casación de oficio, permitiendo, como lo plantean los demandantes, la intervención de las partes para exponer su criterio acerca de las violaciones de normas de orden público de rango constitucional que hubiere detectado la Sala de Casación. Pudo también elegir la vía adoptada por otros ordenamientos y, por tanto, contemplar un verdadero recurso en el que un órgano estatal pusiese en conocimiento de la Sala de Casación de ciertos fallos que, que es su criterio, deberían ser casados. No sería, por supuesto, una casación de oficio, puesto que se actuaría a instancia, no de parte, pero sí de un legitimado para demandar. Sin embargo, el legislador optó por un procedimiento mixto, en el que se mantiene la demanda de parte, a la par que se faculta a la Sala de Casación para decidir de oficio sobre ciertas violaciones, sin que a las partes se le conceda oportunidad para alegar lo que estimasen conveniente. Ello, en criterio de esta Sala Constitucional, no puede ser considerado como una violación al derecho de la defensa porque en realidad no se trata de un mecanismo instaurado en protección de derechos e intereses particulares, sino para tutelar ciertas normas cuyo respeto el ordenamiento considera esencial.

El respeto de ciertas normas (como las que intenta proteger el artículo impugnado) es incluso un imperativo constitucional, en virtud de que Venezuela es un Estado de Derecho circunstancia que la actual Constitución enfatiza aún mas al calificar al Estado no sólo como de Derecho sino como social y de justicia; lo cual supone el sometimiento del Estado al imperio de la ley y la preeminencia de la Constitución, como norma suprema en el que debe imperar además la justicia material sobre la justicia formal. Es por ello que, en el sistema venezolano, lo que se ha contemplado es un régimen mixto, en parte privado y en parte público, para que, con ocasión de un recurso particular, la Sala de Casación pueda ejercer ciertos poderes que exceden del marco del recurso. De esta manera, el legislador creyó satisfacer ambos intereses y evitó tener que autorizar a las Salas de Casación del Máximo Tribunal para buscar motu propio, fallos que pudiesen ameritar ser casados y tener que establecer normas para conceder legitimación a algún órgano estatal (el Ministerio Público, por ejemplo), para que fuese éste quien presentase la solicitud de casación. Lo importante es que el régimen adoptado es una alternativa válida del legislador y no vulnera el derecho de defensa de las partes, las cuales no han sido, a tal efecto, sino el medio de poner en conocimiento de la Sala de Casación de un fallo contentivo de violaciones a normas constitucionales y de orden público.”

 

El anterior es criterio que ha sido reiterado por esta Sala en diversas oportunidades. Es el caso de la decisión n° 877 del 5 de mayo de 2006 (caso: Nicola Scivetti) en el cual la Sala asentó, en lo que respecta a la finalidad de la casación oficio, lo siguiente:

“Hecha la anterior precisión, se debe indicar que ya esta Sala Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la casación de oficio en el más de centenar de fallos que se han dictado para decidir los recursos de revisión intentados por la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), contra sentencias de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo. En esos recursos se denunciaba la violación del derecho a la defensa, por cuanto dicha Sala había casado de oficio fallos de Tribunales Superiores en materia laboral. Al decidir, sostuvo esta Sala Constitucional que la casación de oficio no viola principios o garantías constitucionales, pues, al contrario, se trataba de una labor que responde a la protección y vigencia del Texto Fundamental.

(…)

En efecto, la casación de oficio no viola el derecho a la defensa pues no se trata de un caso de tutela de intereses particulares, sino de respeto del orden público y de las normas constitucionales. No puede olvidarse que la casación es un recurso extraordinario. No es una instancia más dentro de un proceso, en la que se revisa nuevamente toda la controversia, tanto en los hechos como en el derecho, sino que procura, con ocasión de una petición de parte, eliminar los fallos en los que se haya incurrido en ciertas violaciones de especial gravedad. La casación tiene una finalidad anulatoria (la del fallo viciado), pero siempre con miras a la consecución de una interpretación uniforme de la legislación y, con ello, la obtención de una jurisprudencia coherente. De esta manera, el caso concreto sirve para dar pie a una finalidad de interés superior, que excede los estrechos límites de lo planteado.

(…)

Como se observa, el ejercicio de la casación de oficio requiere de la iniciativa de la parte afectada (anuncio) para su aplicación; sin embargo, la Sala respectiva no se encuentra vinculada por las delaciones que haga el recurrente en su formalización. Ello es así, por cuanto la casación de oficio no tiene como finalidad la tutela de los derechos subjetivos de las partes (aun cuando éstos se vean favorecidos), sino el resguardo de las normas constitucionales y el orden público, es decir, situaciones que están reguladas por normas de interés público que exijan observancia incondicional, razón por la cual esta Sala Constitucional afirmó, en el fallo que se transcribió, que, en esos casos (casación de oficio), no se produce la vulneración del derecho a la defensa de las partes, por el hecho de que no se les permita alegaciones y defensas.

Por otro lado, si bien es cierto que, en los casos en que procede la casación de oficio, la Sala de Casación en cuestión no se encuentra atada a los señalamientos y denuncias de las partes, también es verdad que la Sala no puede ejercer la facultad de casar de oficio sobre la base de las apreciaciones y valoraciones que hubiese hecho el Juzgado Superior para la solución del caso concreto, dentro de los límites de éste pero que no hubieren sido delatadas por la parte que resulte afectada y que en nada contribuyan a la verificación y solución de una vulneración constitucional o de orden público, pues tales pronunciamientos, ajenos al interés colectivo, podrían alterar el equilibrio procesal en perjuicio de una de las partes contendientes, a pesar de su inercia al respecto.”

 

A mayor abundamiento, la Sala Constitucional precisa que el ejercicio de esta potestad de la casación de oficio no podría ser lesiva al derecho a la defensa, al principio dispositivo o a la prohibición de la reformatio in peius, como la parte actora afirmó, ya que si la anulación de aquellos actos decisorios de última instancia que infrinjan normas jurídicas de orden público se hace para el restablecimiento del goce y ejercicio de los derechos constitucionales de una de las partes, se garantiza una justicia imparcial, idónea, transparente y responsable, en los términos de los artículos 2 y 26 de la Constitución.

Como se observa, se trata en este supuesto de un conflicto que se presenta entre valores que están reconocidos constitucionalmente, a saber, en concreto: la cosa juzgada versus la protección de las partes en el goce y ejercicio de los derechos constitucionales; y la relegación del ordenamiento jurídico de aquellas normas jurídicas (individualizadas) que sean inconstitucionales, para la preservación de la integridad del texto constitucional.

En efecto, un veredicto de última instancia que lesione el goce y ejercicio de un derecho fundamental puede ser casada por infracciones de orden público, para lo cual la Sala de Casación corregiría o los defectos de actividad de los tribunales de instancia, o la falsa, errónea o indebida aplicación del derecho positivo, o bien la falta del tribunal de última instancia en el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad de las leyes que sean contrarias al texto constitucional.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional desestima la denuncia de inconstitucionalidad del aparte cuarto del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Por el contrario, se reitera que la casación de oficio constituye una manera eficaz para el aseguramiento de “la integridad de la Constitución”. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que precedentemente fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 216, aparte único, 317, ordinal 4º, y 320, apartes segundo y cuarto, del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los           30 días del mes de enero de dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente          

…/

…

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 00-0705

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