Venley

Sentencia N.º 75

Sentencia
N.º 75
Fecha
23/07/2013
Sala
Electoral
Ponente
Jhannett María Madríz Sotillo
Procedimiento
Recurso Contencioso Electoral

EN

SALA ELECTORAL

 

MAGISTRADA PONENTE JHANNETT MARÍA  MADRÍZ SOTILLO

EXPEDIENTE N° AA70-E-2013-000003

 

I

 

En fecha 13 de diciembre de 2012, los ciudadanos HERNANDO JOSÉ HERRERA MATA y RAFAEL RASSE CABRERA, titulares de la cédula de identidad N° 5.872.352 y 8.435.521, respectivamente, asistidos por el abogado Francisco Zapata Manrique, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 119.074, con el carácter miembros de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre (Apudo-ns), presentaron de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná, recurso contencioso electoral contra la Resolución N° 121122-0623 (que erróneamente señalan con el N° 20121121), dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 22 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Electoral N° 660 de fecha 7 de diciembre de 2012, que resolvió “suspender, como medida preventiva, el desarrollo del proceso electoral en la fase N° 2 y subsiguientes del Cronograma Electoral del proceso electoral para la escogencia de las autoridades de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre (APUDO-NS), [periodo 2013-2015] hasta tanto, [el] Consejo Nacional Electoral se pronuncie en la definitiva, sobre el recurso jerárquico tramitado en el expediente identificado con el número CJ-146-12”, ejercido por el ciudadano José Gregorio González, contra la Resolución dictada por la Comisión Electoral de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente, Núcleo Sucre (APUDO-NS), mediante la cual se negó la solicitud de reposición del proceso electoral de la referida Asociación de Profesores Universitarios a la fase 2 del Cronograma Electoral. (Corchetes de la Sala).

 

Por auto de fecha 17 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, ordeñó la remisión del expediente a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

 

El 14 de enero de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Electoral, solicitó al Consejo Nacional Electoral los antecedentes administrativos, así como también el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con el presente caso, para lo cual se le otorgó un lapso de tres (03) días de despacho, contados a partir de su notificación.

 

En fecha 24 de enero de 2013, el abogado Carlos Castro Urdaneta, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 90.583, actuando con el carácter de apoderado judicial del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, consignó escrito contentivo del informe sobre los aspectos de hecho y de derecho, así como los antecedentes administrativos relacionados con el recurso contencioso electoral, que le fueran solicitados por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral, en fecha 14 de enero de 2013.

 

El 29 de enero de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y los artículos 179, 180, 181 y 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a admitir el recurso contencioso electoral interpuesto y ordenó librar el cartel de emplazamiento a los interesados según lo previsto en los artículos 186 y 189 ejusdem. En esa misma oportunidad se dejó constancia que se libró comisión al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, a los fines de notificar a la parte recurrente del auto de admisión.    

 

En fecha 14 de mayo de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral dictó auto en el cual se indicó que “constan en autos las notificaciones ordenadas en auto dictado en fecha 29 de enero de 2013, este Juzgado de Sustanciación dando cumplimiento con lo ordenado en el referido auto, de conformidad con lo previsto en los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acuerda librar cartel de emplazamiento a los interesados, el cual deberá ser publicado en el diario ‘Últimas Noticias’ y para ello dispondrá la parte recurrente de un plazo de siete (07) días de despacho a fin de retirar, publicar y consignar el mismo, con la advertencia que si la parte recurrente incumpliera con esta carga, se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente”.

 

El 29 de mayo de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral dejó constancia “que en fecha 27 de mayo de 2013 venció el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados librado en fecha 14 de mayo de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designa ponente: Magistrado (a) JHANNETT MADRIZ, a los fines del pronunciamiento correspondiente”. (Destacado del original).

 

II

FUNDAMENTOS DE LAS DENUNCIAS Y PEDIMENTOS

 

Los recurrentes en el escrito presentado el día 13 de diciembre de 2012, formularon las siguientes denuncias:

 

Indican que son “miembros activos de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre (Apudo-ns), [y] actuando en [su] condición de docentes miembros de la mencionada Asociación, de conformidad con el artículo 6, del Reglamento Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre (Apudo-ns), postula[n] [sus] nombres, a la Presidencia y Vicepresidencia respectivamente, a la Junta Directiva a ser elegida para dirigir el destino de la citada Asociación para el período del dos mil trece-dos mil quince (2013-2015), por ante la Comisión Electoral de la citada Asociación, organismo encargado de todo lo concerniente al proceso eleccionario de conformidad con los Artículos 14 y 21 del ya mencionado Reglamento Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre (Apudo-ns), en concordancia con el artículo 13 de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales, del Consejo Nacional Electoral, publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela N° 547 de fecha siete de diciembre de 2010 (07-12-2010), proceso eleccionario éste, en el que además de los miembros de la Junta Directiva, también se eligiría el Tribunal de Ética, Auditor, Asesor Jurídico, Comisión Electoral, Delegación de la Apudons-Carupano y la Seccional de Profesores Jubilados de la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre (SPJUDOS) de la APUDO-NS”.

 

Alegan los recurrentes que en ejercicio de sus atribuciones la mencionada Comisión Electoral elaboró los componentes del Proyecto Electoral de conformidad con los artículos 29 y 30 de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales elaboradas por el Consejo Nacional Electoral, y que este componente contiene el Cronograma Electoral en concordancia con los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 21 del Reglamento Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre (Apudo-ns), los que fueron remitidos con fecha treinta  (30) de julio de dos mil doce (2012), al Director de la Oficina Regional Electoral del Consejo Nacional Electoral en el estado Sucre, en comunicación N° APNSCE 0095/12, instrumentos que fueron aprobados por el organismo comicial, con fecha seis (06) de septiembre de dos mil doce (2012), el que además fijó para el veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), como fecha para efectuar el acto de votación; igualmente con fecha veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012), la Comisión Electoral, en comunicación dirigida al Director de la Oficina Regional Electoral del Consejo Nacional Electoral Sucre, hizo entrega del Registro Electoral Definitivo y en otra comunicación de la misma fecha solicitó de ese organismo, la elaboración de los cuadernos electorales.

           

Señalan, que el dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012), la Comisión Electoral recibe del asociado profesor José Gregorio González, escrito en el cual impugna el Registro Electoral y solicita la reposición del proceso electoral, convocado para el día veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), solicitando en consecuencia la reprogramación del Cronograma Electoral, sustentando en su solicitud que para el día  “…18 de octubre de 2012, la Comisión Electoral no había publicado en prensa ese instrumento…” y más adelante agregó que el lapso para la impugnación se realizó durante el período vacacional, lo que según el profesor José González, impidió a los asociados conocer el Registro Preliminar y proceder a su depuración dado que no hubo el tiempo necesario para ello, y que ante tal situación, la Comisión Electoral, en cumplimiento de sus funciones le da respuesta a la anterior solicitud mediante comunicación del veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012), negando dicha solicitud, argumentando que sí se hizo la oportuna y reglamentaria publicación a través de diferentes medios de comunicación impresos , de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre.

 

El siete (07) de noviembre de dos mil doce (2012), el ciudadano José González, interpone recurso jerárquico por ante el Consejo Nacional  Electoral, en el que impugna la decisión de la Comisión Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, ello así, en fecha 25 de noviembre de 2012, la mencionada Comisión, recibió mediante fax, procedente del Consejo Nacional Electoral la Resolución “N° 20121121”, en la cual se ordenó “…PRIMERO: suspender, como medida preventiva, al desarrollo del proceso electoral en la fase N° 2 y subsiguientes del Cronograma Electoral del Proceso Electoral para la escogencia de las autoridades de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre (APUDO-NS), hasta tanto este Poder Electoral se pronuncie en la definitiva, sobre el recurso jerárquico tramitado en el expediente identificado con el numero (sic) CJ-146-12”.

 

Fundamentan su solicitud, en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 236 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, a los fines de solicitar la protección efectiva de sus derechos, “(…) por cuanto considera[n], con todo respeto (…) que la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de suspender el acto de votación que debía efectuarse el día veintinueve de noviembre del año dos mil doce (29-11-2012) atendiendo al recurso superior jerárquico (sic) interpuesto por el ciudadano profesor JOSÉ GREGORIO GONZALEZ, causó grave daño a todos los profesores miembros de la Asociación de Profesores, al no ejercer el derecho al voto (…)”. (Mayúsculas del original, corchetes de la Sala)

   

Arguyen, que la Comisión Electoral, sí dio total cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales y 28 del Reglamento Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, (APUDO-NS), a través de documentos en los que la Comisión Electoral informa a la comunidad de profesores del núcleo, sobre los diferentes eventos propios de un proceso eleccionario de esta naturaleza, reforzados además por la facilidad de la comunicación directa, si se considera que todos los interesados en el proceso, están concentrados en un aérea relativamente pequeña que coadyuva a la interrelación personal y fluidez de la información en un tiempo relativamente breve.

 

Continúan alegando, “(…) que dentro del marco constitucional, el voto es un derecho universal de las sociedades democráticas, celosamente protegido por nuestra Constitución en su artículo 63, y regulado por la Ley Electoral que garantiza el ejercicio de los electores a la escogencia de candidatos a los cargos de elección popular, por lo que el Consejo Nacional Electoral, al suspender el proceso sin haber valorado los documentos probatorios suministrados por la Comisión Electoral, en la oportunidad en que esgrimió ante ese organismo sus alegatos y pruebas con motivo de declarar improcedente el recurso de Reconsideración previamente introducido por él (…) por ante la Comisión Electoral (…) violó el derecho a [esa] comisión en cuanto a ser debidamente evaluados sus alegatos en condiciones de igualdad, como se hizo con el recurrente, procedimiento éste que obvio el contenido del artículo 2 constitucional, dándole un tratamiento discriminatorio a la mencionada Comisión, además se vulneró el derecho que [tienen] todos los profesores de [ese] Núcleo a [expresarse] a través del voto; así mismo, se lesionó el principio de autonomía universitaria reconocido por el Estado en el artículo 109 de la ya mencionada Constitución, incluida dentro de los Derechos Fundamentales y plasmada además en la Ley Orgánica de Educación ‘artículo 34’ y en la Ley de Universidades (…)”. (Corchetes de la Sala)

 

Aducen, que la decisión del Consejo Nacional Electoral, no estuvo ajustada a derecho por carecer de probados fundamentos que le den algún grado de credibilidad por lo que -a su decir- existen suficientes razones para que la Sala Electoral con fundamento en los numerales 9 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declaré nulo el acto dictado por el Órgano Rector del Poder Electoral, materializado en la “Resolución        N° 20121121” de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012), más aún cuando se está en presencia de un acto administrativo absolutamente nulo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

Finalmente, solicitaron la nulidad absoluta de la “Resolución                   N° 20121121”, dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012), “por lesiva al derecho de participación, para la escogencia de cargos de elección popular que tenemos los profesores, miembros de la Asociación de Profesores del Núcleo Sucre, de la Universidad de Oriente, y que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se ordene al Consejo Nacional Electoral, autorice a la Comisión Electoral a la realización de las elecciones de la Asociación de Profesores del Núcleo Sucre, de la Universidad de Oriente (APUDO-NS), empleando el Registro Electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral Sucre y con el que debió efectuarse el acto de votación el día veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012)”. 

 

III

EL INFORME DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (C.N.E.)

 

La representación judicial del Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), indicó lo siguiente:

 

“(…) que la parte actora en su escrito libelar, que contiene cuatro ‘4’ folios con sus vueltos, no determina con precisión o claridad la Resolución objeto de la presente demanda, o más bien confunde la identificación de la mencionada Resolución, cuando señala que interpone la demanda contencioso electoral ‘contra la Resolución N° 20121122 emanada del Consejo Nacional Electoral en fecha 22-11-2012’, cuestión que refleja las dudas o confusión que aún presenta la parte demandante, sobre el acto administrativo dictado por el Consejo Nacional Electoral.

Habida cuenta de la confusa o errónea identificación realizada por la parte demandante, esta representación deduce que la demanda interpuesta va dirigida contra la Resolución N° 121122-0623 de fecha 22 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela N° 660 de fecha 7 de diciembre de 2012 (…)”

 

 

            Señaló, que el Consejo Nacional Electoral como órgano garante del principio de imparcialidad y transparencia en el proceso electoral para la elección de las autoridades de Gremios y Colegios Profesionales, y atendiendo a los principios de sumariedad, confiabilidad, presunción de buena fe, eficacia, igualdad y publicidad de los actos, establecidos en los artículos 294 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales, decidió suspender el proceso electoral previsto para el 29 de noviembre de 2012, por irregularidad en la publicación del Registro Electoral Preliminar, dado que si el lapso para la referida publicación se contempló desde el 28 de septiembre de 2012, hasta el 18 de octubre de 2012 y el inicio de actividades académicas se produjo a partir del 15 de octubre de 2012, debiendo incorporarse el personal el 09 de octubre de 2012, lógicamente dichos lapsos coincidían en cierta manera, a los fines de producirse una efectiva y oportuna publicidad del Registro Electoral, razón en la cual el Consejo Nacional Electoral basó en ello su decisión, pues lo contrario, generaría la nulidad del proceso electoral y consecuencialmente perjuicios irreparables a la participación del electorado y a la confiabilidad de actos relativos al proceso electoral de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre     (APUDO-NS).

 

Indicó que el Consejo Nacional Electoral en fecha 7 de noviembre de 2012, recibió el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano José Gregorio González, actuando en calidad de miembro activo de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre                (APUDO-NS), contra la Resolución dictada por la Comisión Electoral de APUDO-NS  de fecha 25 de septiembre de 2012. Así pues, el Consejo Nacional Electoral en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los interesados, y por cumplir los extremos establecidos en el artículo 41 de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales, dictó auto de admisión del mencionado recurso en fecha 08 de noviembre de 2012, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 207 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

 

            Que dicho auto tiene como finalidad, emplazar a los interesados para que presenten los alegatos y pruebas que consideren pertinentes, dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles contados a partir de la última de sendas publicaciones que se hagan del mencionado auto, tanto en la cartelera de la Oficina Regional Electoral del estado Sucre, como en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, en fecha 19 de noviembre de 2012, es recibido por la Oficina Regional Electoral del estado Sucre, escrito de alegatos y pruebas presentado por los ciudadanos Abelardo José Villaroel Villaroel y Cándida Cabello, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.187.997 y 9.303.128, respectivamente, en su condición de profesores ordinarios, Presidente y Secretaria respectivamente de la Comisión Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre (APUDO-NS), los cuales fueron agregados al expediente.

 

            Esgrimió, que tomando en consideración los argumentos explanados por el recurrente en su escrito y los alegatos realizados por los miembros de la Comisión Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre (APUDO-NS), el Consejo Nacional Electoral resolvió suspender, como medida preventiva, el desarrollo del proceso electoral en la fase N° 2 y subsiguientes del Cronograma Electoral del proceso electoral para la escogencia de las autoridades de la mencionada Asociación de Profesores, hasta tanto el Consejo Nacional Electoral se pronuncie en la definitiva, sobre el recurso jerárquico tramitado en el expediente identificado con el número CJ-146-12, y que dicha decisión fue adoptada en pleno ejercicio de las atribuciones establecidas por el artículo 10 numeral 16 de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales, y con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la participación del electorado y confiabilidad de los actos relativos al proceso electoral. “De tal manera, que mal podría la parte actora señalar que existió parcialidad alguna o trato discriminatorio, respecto al derecho de todos los profesores a expresarse a través del voto, cuando se le garantizó el pleno ejercicio del derecho a la defensa, y la Resolución objeto de la presente demanda, fue producto del análisis de todos y cada uno de los elementos probatorios contenidos en el expediente administrativo, para salvaguardar los principios de sumariedad, transparencia, imparcialidad, confiabilidad, presunción de buena fe, eficiencia, igualdad y publicidad de los actos, consagrados en los artículos 294 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales”.        

 

            Finalmente, señaló que la “Resolución objeto de la presente demanda fue dictada conforme a derecho, tomando en cuenta lo contenido en el expediente administrativo, de acuerdo con lo previsto en el entramado normativo que regula la materia y de conformidad con el criterio reiterativo establecido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia; todo lo cual permite (…), solicitar que la presente demanda contencioso electoral, sea declarada ‘Sin Lugar’, en la oportunidad legal correspondiente”. (Negrillas del original).

 

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

El artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente respecto de la carga de la parte recurrente de publicar el cartel de emplazamiento a los interesados:

 

“Artículo 189.- El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala, cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados o interesadas podrán comparecer y presentar sus alegatos”.

 

 

La referida norma establece el emplazamiento de los interesados mediante un cartel que se publicará en un diario de circulación nacional, recayendo la carga para su retiro, publicación y consignación en la parte recurrente, la cual deberá cumplir con este deber en un lapso de siete días de despacho contado desde su expedición.

 

En el presente caso, el cartel de emplazamiento se libró el 14 de mayo de 2013, por lo que el recurrente debía retirar, publicar y consignar el referido cartel en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes, los cuales transcurrieron en la siguiente forma: 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 27 de mayo de 2013. De modo que hasta el 27 de mayo de 2013, la parte recurrente tenía oportunidad para cumplir con la carga procesal antes señalada.

 

Sin embargo, según se evidencia de la revisión del expediente, la parte recurrente no procedió ni siquiera a retirar el cartel de emplazamiento, y por ende a su posterior publicación y consignación dentro del plazo señalado, por lo que vencido como se halla el lapso legal que tenía para cumplir con su carga procesal, esta Sala Electoral establece que se ha verificado la perención de la instancia, por no mediar razones de orden público que justifiquen la continuación del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

Visto el anterior pronunciamiento, se declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, respecto del recurso electoral ejercido en fecha 13 de diciembre de 2012 por los ciudadanos Hernando José Herrera Mata y Rafael Rasse Cabrera, asistidos por el abogado Francisco Zapata Manrique, todos identificados anteriormente, contra la Resolución N° 121122-0623 (que erróneamente señalan con el N° 201221), dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 22 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Electoral     N° 660 de fecha 7 de diciembre de 2012, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná.

 

VI

DECISIÓN

 

En mérito de las razones expuestas, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, respecto del recurso contencioso electoral interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2012, por los ciudadanos HERNANDO JOSÉ HERRERA MATA y RAFAEL RASSE CABRERA, titulares de la cédula de identidad N° 5.872.352 y 8.435.521, respectivamente, asistidos por el abogado Francisco Zapata Manrique, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 119.074, contra la Resolución N° 121122-0623 (que erróneamente señalan con el N° 201221), dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 22 de noviembre de 2012, publicada en Gaceta Electoral N° 660 de fecha 7 de diciembre de 2012, que resolvió “suspender, como medida preventiva, el desarrollo del proceso electoral en la fase N° 2 y subsiguientes del Cronograma Electoral del proceso electoral para la escogencia de las autoridades de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre (APUDONS), [periodo 2013-2015] hasta tanto, [el] Consejo Nacional Electoral se pronuncie en la definitiva, sobre el recurso jerárquico tramitado en el expediente identificado con el número CJ-146-12”, ejercido por el ciudadano José Gregorio González, contra la Resolución dictada por la Comisión Electoral de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente, Núcleo Sucre (APUDONS), mediante la cual se negó la solicitud de reposición del proceso electoral de la referida Asociación de Profesores Universitarios a la fase 2 del Cronograma Electoral. (Corchetes de la Sala)

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés días del                mes de julio del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LOS MAGISTRADOS

El Presidente,

 

 

FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

 

El Vicepresidente,

 

 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

 

 

JUAN JOSE NÚÑEZ CALDERÓN

 

 

JHANNETT MARÍA MADRÍZ SOTILLO

                         Ponente

 

 

 

OSCAR J. LEÓN UZCÁTEGUI

 

La Secretaria,

 

 

PATRICIA CORNET GARCÍA

 

EXP: AA70-E-2013-000003.

 

 

Quien suscribe, FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA, salva su voto por disentir del criterio sostenido en el fallo que antecede, por las razones siguientes:

En el presente caso, correspondió a esta Sala pronunciarse acerca de la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados librado en el recurso contencioso electoral interpuesto los ciudadanos HERNANDO JOSÉ HERRERA MATA y RAFAEL RASSE CABRERA, antes identificados, asistidos por el abogado Francisco Zapata Manrique, identificado anteriormente.

 

La mayoría sentenciadora, de conformidad con la letra del artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declaró la perención de la instancia, toda vez que el referido cartel de emplazamiento no fue retirado.

Quien suscribe, observa que el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente desde el 29 de julio de 2010, establece lo siguiente:

“Artículo 189: El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente…” (negrillas de la Sala)

 

Como se aprecia del texto del artículo transcrito, el legislador estableció que la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento en el procedimiento contencioso electoral da lugar a declarar la perención de la causa.

Al respecto cabe señalar que la perención es una de las formas de terminación anormal del proceso, respecto a la cual Arístides Rengel Romberg expresó lo siguiente: “…es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 349). Asimismo Freddy Zambrano refiriéndose a la misma figura jurídica destacó que “…es la extinción de la instancia por el abandono del proceso por la falta de impulso procesal por el tiempo establecido en la ley” (La Perención, pág. 62).

Ambos tratadistas formulan sus tesis partiendo del análisis del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual la instancia se extingue cuando transcurre un año ininterrumpido sin que se hayan realizado actos de procedimiento en la causa, salvo que la causa esté en fase de decisión.

En ese mismo orden, la Sala Constitucional ha sostenido de manera reiterada que  “…la institución procesal de la perención de la instancia, como forma de extinción del proceso, ocurre por la circunstancia de que la causa haya permanecido paralizada más de un año…” (decisión número 1645, de fecha 26 de noviembre de 2009).

Igualmente, la Sala Político Administrativa en lo que respecta a la perención de la instancia, señaló lo siguiente:

“La perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.”

 

Así pues, de lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, puede colegirse que la perención de la instancia: 1) extingue el proceso; 2) opera ante la paralización de la causa por más de un año; y 3) persigue evitar que los procesos donde no hay interés se perpetúen.

Ahora bien, el desistimiento del procedimiento, no es otra cosa que la manifestación de voluntad expresa o tácita de la parte actora de abandonar el proceso.

El desistimiento tácito se configura en casos expresamente previstos por el legislador, en los que la parte actora incumple con alguna carga procesal, que hace presumir la falta de interés y abandono del proceso.

Con respecto a esta figura del desistimiento tácito la Sala Constitucional bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, reiteró lo siguiente:

“De la norma parcialmente transcrita se desprende que el legislador previó la figura del desistimiento tácito, para aquellos casos en que el recurrente no consignara en autos, dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a su publicación, un ejemplar del periódico donde apareciere el cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Resulta necesario acotar, que como el legislador no previó un lapso para la publicación del cartel al que hace mención la citada norma, ‘esta Sala en sentencia N° 1645 del 19 de agosto de 2004, estableció, que el referido lapso sería de quince (15) días hábiles contados a partir de la expedición del cartel.

Tal consecuencia jurídica (la terminación anormal del proceso), se impone a consecuencia del incumplimiento de una carga procesal cuya omisión, delata una ausencia de interés en la sustanciación de la causa y, por tanto, una violación del principio de racionalización en el ejercicio de los recursos adjetivos.

En efecto, el referido principio postula que la utilización de los órganos jurisdiccionales debe responder a una finalidad practica concreta y de allí, que esta Sala ha desarrollado que el interés jurídico actual es un elemento constitutivo de la acción (decisión N° 445 del 23 de mayo del 2000, caso: nulidad del Estatuto Electoral del Poder Público), y en tal virtud, una vez constatada esa falta de interés, debe procederse a la terminación del proceso por extinción de la acción’.

En este sentido se pronuncia Arazi (La Legitimación como Elemento de la Acción’ (publicado dentro de la obra ‘La Legitimación’. Libro Homenaje al profesor Lino Enrique Palacio. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1996) al señalar, que el interés procesal debe ser actual y si éste cesa, se extingue la actividad jurisdiccional.

La citada doctrina, fue ratificada en la sentencia N° 956 del 1 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), donde se estableció que ‘la pérdida del interés puede ocurrir durante el proceso y una vez que se evidencia, corresponde al juez analizar la utilidad del proceso en concreto.’

En el caso bajo examen, se advierte que el 23 de noviembre de 2006, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual si bien fue retirado de forma tempestiva (el 20 de diciembre del mismo año), no fue consignada su publicación en el lapso correspondiente, evidenciándose así que los accionantes perdieron el interés jurídico actual en la presente demanda y en consecuencia, debe la Sala declarar el desistimiento de la pretensión postulada; y así se decide” (véanse decisiones número 139 de fecha 9 de marzo de 2010, y número 1.982 del 4 de noviembre de 2008).

 

Por su parte, la Sala Político Administrativa en sentencia número 00456 de fecha 11 de mayo de 2004, señaló lo siguiente:

“…esta Sala ha sostenido reiteradamente que cuando el recurrente no cumple con la carga procesal de retirar el <<cartel>> , publicarlo y consignar un ejemplar del mismo, está denotando poco o ningún interés en la demanda y por ello ha entendido la declaratoria de desistimiento como una sanción para la parte actora en virtud del manifiesto desinterés de ésta en el procedimiento.”

 

Según la sentencia antes citada, ha sido criterio de la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal que el incumplimiento de la carga procesal referente al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, es una expresión tácita de falta de interés procesal por parte del recurrente, que acarrea como sanción la declaratoria del desistimiento.

En el contencioso administrativo tal situación está actualmente regulada por lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:

Artículo 81: El demandante deberá retirar el cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro.

El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indicado algún interesado se diera por notificado y consignara su publicación.

 

En ese mismo sentido el artículo 21, aparte 8, de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecía que “…En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto; al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un (1) diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes: contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.” (destacado de la Sala)

Igualmente, el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia señalaba que “…En el auto de admisión el Tribunal ordenará notificar al Fiscal General de la República y también al Procurador General de la República, caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida teniendo en cuenta la naturaleza del acto. Cuando lo juzgue procedente, el Tribunal podrá disponer también que se emplace a los interesados mediante un cartel que será publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Caracas, para que concurran a darse por citados dentro de las diez audiencias siguientes a la fecha de publicación de aquél. Un ejemplar del periódico donde fuere publicado el cartel será consignado por el recurrente dentro de los quince días consecutivos siguientes a la fecha en la que aquél hubiere sido expedido y de no hacerlo dentro de dicho término, la Corte declarará desistido el recurso y ordenará archivar el expediente, a menos que alguno de los interesados se diere por citado y consignare el ejemplar del periódico donde hubiere sido publicado el cartel.”

Se desprende del texto de los artículos antes citados, que en los procesos de naturaleza contencioso administrativa, el demandante debe retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados, lo que constituye una carga procesal que de no cumplirse acarrea la imposición de la sanción procesal consistente en la declaratoria, aun de oficio, del desistimiento tácito del proceso.

Cabe destacar que en el caso del desistimiento tácito, a diferencia de la perención, la declaratoria procede en una causa que no se encuentra paralizada, sino en la que sencillamente el recurrente ha incumplido una carga procesal, como lo es el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, tanto así que es posible que entre el día en que se libre el referido cartel y la fecha en que venció el lapso para retirarlo, publicarlo y consignarlo, la parte actora haya realizado alguna actuación en el juicio mas no haya cumplido con esa carga, y en ese supuesto igual se configura la causa que da lugar a la declaratoria de desistimiento, a diferencia de la perención, la cual se declara frente a la paralización ininterrumpida de la causa por más de un año, supuesto lejano al del incumplimiento de la carga de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento.

Si bien la perención y el desistimiento son semejantes en cuanto a sus efectos, en vista de que ambas figuras ponen fin al proceso judicial, no operan frente al mismo supuesto, en la primera se pone fin al proceso por su paralización durante todo un año por la falta de actividad de las partes en el expediente en general, sin que tengan carga procesal alguna pendiente por cumplir, mientras que en el segundo caso el supuesto es que el recurrente haya incumplido una específica carga procesal, para que se declare la terminación del proceso, haya o no actuado de cualquier otra forma mientras tenía esa carga en la causa.

El supuesto de hecho contenido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, por lo que no alude a la paralización de la causa como supuesto que da lugar a la terminación del proceso sino al incumplimiento de la referida carga procesal.

Siendo ello así, entiende quien disiente que del análisis histórico, lógico y sistemático de la norma contenida en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe concluirse que la declaratoria que procede frente al incumplimiento de la carga procesal de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados, es la del desistimiento tácito del proceso y no la perención como la ley señala.

En consecuencia, considera quien suscribe que la lectura del artículo 184 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, permite aseverar, sin lugar a dudas, que el legislador califica como perención de la instancia, a la consecuencia de la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, siendo que en realidad dentro del proceso lo que produce esa omisión es el desistimiento tácito, en vista de que se termina el procedimiento en virtud de que el recurrente incumple con una carga procesal, y no porque se haya paralizado la causa. Tal situación que parece obedecer a un lapsus calamis del legislador no puede ser pasada por alto por este Tribunal, razón por la cual haciendo una interpretación correctiva de dicha norma, hubiese sido más apropiado que esta Juzgadora se refiriera a la figura consagrada en el referido artículo como “desistimiento tácito” y no como “perención”, el cual tendrá los efectos establecidos en la norma, valga recordar la extinción de la instancia.

En vista de lo anterior, considera quien disiente que en el presente caso ha debido hacerse una interpretación correctiva del artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tal como ya lo ha realizado este Tribunal Supremo de Justicia respecto a otros dispositivos legales (véanse verbi gratia decisión N° 1.466, de fecha 5 de agosto de 2004 de la Sala Constitucional, cuyo criterio fue acogido por la Sala Político Administrativa como se aprecia en sentencia número 1.328, de fecha 24 de septiembre de 2009, y decisión número 1.939 de fecha 27 de noviembre de 2007, de la Sala Político Administrativa) declarándose el desistimiento tácito del recurso incoado y no la perención de la instancia.

Queda expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas, fecha ut retro.

 

Magistrados,

El Presidente,

 

 

FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

                          Disidente      

El Vicepresidente,

 

 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

 

 

JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN                                                  

 

 

JHANNETT MARÍA MADRÍZ SOTILLO

 

 

OSCAR JESÚS LEÓN UZCÁTEGUI

Ponente

La Secretaria,

 

 

PATRICIA CORNET GARCÍA

 

 

Exp. Nº AA70-E-2013-000003

FRVT/

 

En veintitrés (23) de julio del año dos mil trece (2013), siendo las dos y diez de la tarde (2:10 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 75, con el voto salvado del Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba.

La Secretaria,

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias