Venley

Sentencia N.º 750

Sentencia
N.º 750
Fecha
05/04/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0023
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Avocamiento

 

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 10 de enero de 2006, el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.890, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa REPRESENTACIONES RENAINT C.A., debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y Estado Miranda, el 23 de enero de 1991, anotado bajo el n° 53, tomo 16-A Pro, interpuso solicitud de avocamiento del expediente Nro. 23392, nomenclatura del extinto Tribunal Primero de Primera Instancia de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

            El 12 de enero de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

I

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

            Luego de señalar las disposiciones legales así como la doctrina jurisprudencial en que fundamenta la tutela jurídica que alega ha sido infringida, el apoderado judicial de la solicitante expuso lo siguiente:

 

            Que la causa fue admitida el 8 de noviembre de 2001 y, una vez citada, su representada dio contestación a la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la derogada Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, entonces normativa vigente.

Que, opuso la cuestión previa consagrada en el artículo 346 cardinal 1 del Código Adjetivo Civil, relativa a la falta de “jurisdicción”, por cuanto en su criterio la acción es de naturaleza mercantil y no laboral.

 

Que la parte actora, a conciencia que la cuestión previa opuesta era de orden público, ejecutó actos procesales  “...con fecha 23-07-2001, se alerto (sic) al tribunal, quien con fecha 29-10-2001, emite decisión reponiendo la causa al momento de decidir la Cuestión Previa Opuesta, y deja sin efecto todas las actuaciones realizadas por la actora; Anexo 1, constante de cuatro (4) folios; por omisiones del Juzgado Primero de Primera Instancia de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no emitió su decisión oportunamente”. (resaltado de la solicitante)

 

Denunció una serie de violaciones constitucionales, concretamente nueve (9), resumidas a continuación:

 

Como primera violación constitucional, denuncia el hecho de no haberse pronunciado el Juzgado Primero de Primera Instancia de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “...desde la fecha de su auto, hasta el momento de entrar en vigencia la nueva legislación procesal del trabajo, violo fragantemente los artículos 10, 12, 19 y 321 del Código de Procedimiento Civil, el 64 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, vigente para la fecha. Esta conducta del ciudadano Juez, quebró el equilibrio procesal, tal como lo determino (sic) la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 09-07-97, G.F. N° 137, Vol. II, 3° etapa, Pág. 706”.

 

Que al entrar en vigencia la nueva legislación procesal laboral, el 13 de agosto de 2003, correspondió el conocimiento de la causa al Juzgado Primero de Primera Instancia de Estabilidad Laboral ya mencionado, cuya juez se abocó a la causa el 30 de octubre de 2003 y, sin notificar a las partes, ordenó remitir el expediente a juicio en esa misma fecha. Que, en virtud de dicha decisión y por cuanto se paralizaron las actividades “...esperamos la reactivación, y en fecha 28 enero (sic) de 2004 y ratificada el 08 marzo (sic) de 2004, se le hace saber a este Juzgado, la existencia de la Cuestión Previa opuesta, establecida en el artículo 346 ordinal 1°, que es de orden publico (sic) aun no decidida; apelando esa decisión de remitir el expediente a Juicio”. (resaltado de la solicitante)

 

Que, el 11 de marzo de 2004, la juez suplente especial se abocó al conocimiento de la causa sin notificar a las partes y  “...sin pronunciarse sobre la apelación interpuesta, ratifica el auto de remitir el expediente a Juicio en esa misma fecha ...”.

 

Señala como segunda transgresión constitucional el apoderado judicial, la violación de  “...los artículos 14, 90, 233 y 321 del Código de Procedimiento Civil...” por parte de las jueces que se abocaron al conocimiento de la causa y no ordenaron notificar a las partes, aunado a que “...al imponernos ir a juicio, sin haberse decidido la incidencia, violento (sic) el Debido Proceso y cercenó el Derecho a la Defensa”.

 

Que, el 25 de marzo de 2004, una vez revisadas las actas procesales, la juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio de la mencionada Circunscripción Judicial, ordenó devolver el expediente al observar que no había pronunciamiento alguno acerca de la cuestión previa opuesta, por lo que mal podría iniciar un juicio sin antes resolverse la incidencia surgida, decisión de la que apeló la actora, el 14 de abril de 2004. El 28 de abril de 2004, la juez titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Transitorio referido, se abocó al conocimiento de la causa y, sin notificar a las partes, ordenó remitir nuevamente el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio, con ocasión a la apelación incoada por la actora.

 

Como tercera violación constitucional, denuncia la falta de notificación de las partes por la Juez titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de sustanciación, Mediación y Ejecución mencionado, con lo cual a su criterio violentó los artículos 14, 90, 233 y 321 del Código Adjetivo Civil, por cuanto el abocamiento es de orden público, aunado a que al declarar el Tribunal Superior Cuarto sin lugar la apelación interpuesta por la actora, la decisión del Juzgado Segundo de Juicio quedó firme, es decir, debía resolverse la cuestión previa opuesta, “...lo cual fue desoído, y se cerceno el Derecho a la Defensa”.

 

Que, planteó la regulación de la jurisdicción y competencia, el 13 de octubre de 2004, dada la posición sumida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el cual, el 27 de octubre de 2004, emitió un auto mediante el cual ordenó notificar a las partes a fin de que tuviera lugar la audiencia preliminar una vez transcurrido el lapso concedido para ello, al considerar que ese órgano jurisdiccional “...mal podría pronunciarse en relación a la oposición de la Regulación de la Jurisdicción y competencia”. En tal sentido, se manifestó a las partes que deberían consignar sus escritos de pruebas y elementos probatorios en la oportunidad del inicio de la audiencia preliminar, lo cual considera el apoderado judicial de la accionante constituye la cuarta violación constitucional.

 

Que, dicho auto “...es tan incoherente y contradictorio, que niega el derecho a la Defensa y al Debido Proceso, siendo más grave la Violación del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al retrotraer la Ley...”. Que, dio contestación a la demanda de acuerdo con la ley imperante para el momento, que admitía las cuestiones previas.

 

Que, la actora fue notificada el 24 de noviembre de 2004 “...y una vez que fuimos notificados el 01-12-2004, y como constaba en el expediente la notificación de la actora, consignamos escrito y copia de la notificación recibida, a los fines de una celeridad procesal, por lo cual estábamos a derecho y dentro de la oportunidad procesal, el 02-12-2004, apelamos ese auto exponiendo las razones de hecho y de derecho...”, recurso que fuera negado por extemporáneo “...por cuanto el lapso de CINCO (05) DÍAS HABILES para ejercer dicho recurso, venció el día 03 de noviembre del año en curso, y desde esa fecha hasta el 02 de diciembre de 2004 (fecha de la apelación) ha transcurrido en exceso el referido lapso”. Contra la negativa de oír el recurso de apelación, recurrieron de hecho.

 

Como quinta violación constitucional señala, que “...al no decidir nuestra apelación dentro del lapso establecido en la Ley y lo hace veinte días después, viola el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa y quiebra el equilibrio procesal...”, exponiendo que lo más grave “...es la coacción a la cual fuimos sometidos, obligando a mi representada representaciones Renaint C.A., a concurrir, so pena de sanciones, asistir a un proceso laboral, cuyo contexto y fondo de la materia es netamente mercantil, y no hubo manera alguna que los jueces de Sustanciación y Mediación, entendieran eso”. (resaltado de la solicitante)

 

Que, los tribunales laborales no despacharon desde el 22 de diciembre de 2004 al 9 de enero de 2005, ambas fechas inclusive y, posteriormente, no despacharon del 10 al 14 de enero de 2005, inclusive, por lo que durante el lapso señalado “...no hubo despacho ni eran días hábiles; impidió tener acceso al expediente y por ende no corrían los lapsos procesales; el 19-01-2005 cuando se tiene acceso al expediente, solo había transcurrido un (1) solo día de los tres (3) señalados en el artículo 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y estando dentro del lapso legal para anunciar el Recurso de Hecho, en esa misma fecha lo anunciamos ante el Tribunal Superior...”. (resaltado de la solicitante)

 

            Que, el Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, declaró sin lugar el recurso de hecho el 31 de enero de 2005, por extemporáneo, lo cual considera un error “...pues no se podía contar los días 22 de diciembre, ni los días 10, 11, 12, 13, 14 de enero por cuanto los mismos no fueron hábiles ni hubo despacho; siendo oída el 19 de enero de 2005 el tercer día para ejercer el recurso, razones por las cuales ejercimos el Control de la Legalidad...”.

 

Que, el recurso de control de legalidad fue declarado inadmisible por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el 28 de julio de ese mismo año, por cuanto el fallo recurrido trata de una sentencia interlocutoria cuyo gravamen puede ser reparado en la sentencia definitiva, ordenando en consecuencia remitir el expediente el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo correspondiente, a los fines de continuar con el procedimiento, decisión que a todas luces resulta, en su criterio, incomprensible toda vez que “...se esta (sic) en presencia en (sic) una situación procesal contraria a derecho, por cuanto el Tribunal Superior emitió una decisión convalidando un lapso no hábil, violentando el Debido proceso, ello no puede ser resuelto en una sentencia; no obstante a ello, como se puede acatar esa decisión de la Sala Social de continuar con el procedimiento si la causa fue sentenciada tres (3) meses antes, o sea el 22-04-05, a pesar, de nuestros escritos señalando las violaciones de normas de Orden Público, del conflicto de Jurisdicción y Competencia y del mismo Control de Legalidad anunciado...”. (resaltado de la solicitante)

 

            Sexta violación constitucional. Señala la solicitante que, simultáneamente al recurso de hecho y al control de la legalidad ejercidos, asistieron a las audiencias preliminares. Que, la primera se efectuó el 3 de febrero de 2005, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, ocasión en que se advirtió, mediante escrito que consignaran “...sobre las particularidades de este juicio, las incidencias opuestas y los recursos interpuestos, aun no decididos; en busca de una conciliación, se dio una prolongación para el 22-02-05...”, oportunidad en la que ratificó la falta de pronunciamiento de la cuestión previa opuesta, fijándose una segunda prolongación para el 17 de marzo de 2005, en la que solicitó la paralización de la causa hasta tanto la Sala de Casación Social se pronunciara acerca del recurso del Control de la Legalidad interpuesto.

 

            Que, en cuanto a la paralización de la causa, el juzgador declaró no encontrar motivos para suspender la causa en estado de mediación “...tratándose además de un control Legalidad (sic) ejercida sobre una decisión interlocutoria del Juzgado Quinto del Trabajo y que la misma no ha sido admitida”, decisión ésta de la cual apeló, recurso que fuera negado por auto del 1 de abril de 2005.

 

            Que, el 4 de abril de 2005, el Juzgado Tercero de Sustanciación Mediación y Ejecución mencionado ordenó remitir “...el expediente a juicio, señalando sobre la admisibilidad de las pruebas; pero un punto que llama a la reflexión es cuando señala cito ‘...En consecuencia este tribunal deja expresa constancia que no fue consignado escrito de contestación de la demanda...’ fin de la cita”. (resaltado de la solicitante)

 

            Como séptima violación constitucional, alega la actuación del juez titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución quien, en su criterio, violó disposiciones expresas del texto Fundamental, “...creo un estado de indefensión absoluta, al no ajustarse a lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este artículo no permite interpretación alguna, el mismo es taxativo, el principio fundamental para ejercer este recurso, es, cuando se violenten o amenacen con violentar las normas de orden público, o se contraríe la doctrina jurisprudencia...”.

 

            Que, el recurso del Control de la Legalidad es de competencia exclusiva de la Sala de Casación Social, a quien compete determinar si procede o no y no puede ser desestimado por un tribunal de instancia “...rompiendo con ello e usurpando (sic) la pirámide de la justicia; igualmente obvio (sic) todo lo alegado por nosotros sobre la Cuestión Previa Opuesta, contenida en el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 346 ordinal 1°, así como del Conflicto de Jurisdicción y Competencia opuesto de acuerdo a los artículos 59 y 60 eiusdem; aunado a ello, las demás normas de Orden Publico (sic) violadas; y para abundar, incurre en falso supuestos (sic) al señalar, que nos (sic) dimos contestación a la demanda; desconociendo lo que consta en las actas procesales, que dimos contestación a la demanda, tal como lo establecía el artículo 64 de la derogada Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, vigente para la fecha...”.

 

            Que, con toda responsabilidad debe informar que “...sucedieron hechos contrarios a la Ley, pues a nivel del archivo se nos informaba que el expediente, ‘esta extraviado’, después de múltiples diligencias, ‘apareció’, al tener acceso a al mismo (sic), pudimos evidenciar el auto de fecha 20-04-05 y la Sentencia de fecha 22-04-05, y demás actos procesales donde quedaba la sentencia firme y en etapa de ejecución voluntaria, por lo cual el único recurso que nos quedaba, era ejercer el recurso extraordinario de Amparo Constitucional”.

 

            Señala, como octava denuncia a sus derechos constitucionales, la supuesta violación flagrante en que incurrió la juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio de la mencionada Circunscripción Judicial de los derechos de su representada al debido proceso y a la defensa, cuando teniendo la misma pleno conocimiento de las actas procesales, donde se evidencia que dieron contestación a la demanda de acuerdo a la ley vigente para el momento, emitió una decisión condenatoria, a pesar de todas las incidencias opuestas.

Que, del contexto de la referida decisión se observa que la juez legisló al retrotraer la ley aplicando el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, violando con ello el artículo 24 Constitucional y, desconoció al igual que los demás juzgadores el orden público de las incidencias alegadas “...quebró usurpando la pirámide de la justicia, al asumir competencias exclusivas de la Sala Social y de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como es el conocimiento del Control de la Legalidad (...) y el conflicto de Jurisdicción y competencia (...) a quienes le compete determinar si procede o no y no puede ser desestimado por un Tribunal de instancia...”.

 

Que, “...después de sentenciada la causa sucedieron hechos contrarios a la Ley a nivel del archivo, lo cual genero (sic) que la sentencia quedase definitivamente firme, por lo que, en fecha 31 de mayo de 2005, incoamos un Amparo Constitucional Autónomo, contra esa sentencia definitivamente firme (...) por la cantidad de vicios procesales, del silencio de los jueces sobre los pedimentos formulados, las violaciones de orden publico (sic)...”. Dicho recurso fue declarado inadmisible por el Juzgado Tercero Superior del mismo Régimen Procesal Transitorio, el 11 de agosto de 2005, al establecer que “...existe una vía ordinaria que pudo instar el recurrente a los fines de obtener la satisfacción de su pretensión como es recurso (sic) de apelación, el cual debió haber ejercido de manera temporánea por cuanto se encontraba a derecho...”.

 

Que, no existía una vía ordinaria como lo afirmó el Juzgado Superior, preguntándose en tal sentido ¿qué recursos procesales tenían, si se estaba en presencia de una sentencia definitivamente firme?, y por ello, declarar inadmisible una acción de amparo constitucional, resulta contrario a derecho.

 

Por último, denuncia como novena violación constitucional, la decisión del juez constitucional, pues el mismo debió declarar la confesión ficta al evidenciarse la ausencia de la supuesta agraviante, aplicando así la disposición del artículo 21 de la Ley Especial que excluye los privilegios y “...el no quedar confeso es un privilegio...”.

 

Que, ejercieron el recurso de apelación contra dicha decisión y simultáneamente, anunciaron amparo constitucional sobrevenido ante esta Sala Constitucional “...para que evidenciara de las actas procesales, la violación de las normas de orden público y consecuencialmente la violación del debido proceso...”, y, el 28 de octubre de 2005, se “...declinó nuevamente ante un Tribunal Superior, la competencia de conocer lo cual consideramos agravo (sic) la conmoción procesal...”.

 

            Para concluir, señala el solicitante que a su representada “...le fueron desoídos todos los recursos y solicitudes formuladas; fue coaccionada a litigar una materia mercantil en un Tribunal Laboral; la sistemática violación de normas procesales de orden público; la subrogación de las funciones propias del Tribunal Supremo de Justicia; una decisión que a todas luces es violatoria de los artículos 24 y 49 ordinales 1 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y agravando más la situación, otra decisión, por errónea interpretación declaro (sic) inadmisible la acción de un Amparo Autónomo; todos estos hechos han conllevado a una conmoción procesal; es por lo que conviene precisar que la única vía procesal idónea y eficaz para una protección constitucional invocada, es solicitar que esta Sala Constitucional, se avoque al conocimiento de la causa”.

 

Solicitó, la declaratoria con lugar de la presente solicitud de avocamiento.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

Previo a la determinación sobre la admisibilidad de la presente solicitud, la Sala pasa a dilucidar su competencia para conocer del asunto, y al respecto observa:

 

En primer lugar, debe la Sala destacar que la potestad de avocamiento se constituye como aquella por medio de la cual este Máximo Tribunal asume el conocimiento de algún juicio que cursa ante un Tribunal de inferior jerarquía, con la finalidad de corregir desórdenes procesales que vulneren los derechos de los justiciables. Anteriormente, se encontraba prevista en el artículo 42.29 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y en concordancia con el artículo 43 eiusdem, se la atribuyó de manera exclusiva y excluyente a la Sala Político Administrativa, siendo reinterpretada dicha institución por esta Sala mediante sentencia N° 806 del 24 de abril de 2002 (caso: Sintracemento), en la cual se consideró que dicha potestad no debía circunscribirse con carácter exclusivo al ámbito competencial de la Sala Político Administrativa, sino que le correspondía a todas las Salas, ello en atención a la competencia material que tienen atribuidas.

 

Así, la redistribución de dicha potestad pasaba a depender de la naturaleza jurídica de la causa que se encontrase en discusión, ello como denominador para establecer cuál podía ser la Sala materialmente competente para solicitar de manera extraordinaria y excepcional el estudio de un juicio en específico, criterio éste recogido en el artículo 18.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se determina la necesidad de verificar previamente por la Sala respectiva, cuál es la naturaleza de la causa en disputa, a los fines de determinar si las relaciones procesales y materiales existentes entre las partes pueden calificarse, en el caso de esta Sala, dentro de la esfera constitucional, para luego determinar si el asunto sobre el cual se fundamenta la petición de avocamiento se subsume en una de las causales extraordinarias conceptualizadas por la norma adjetiva.

 

En tal sentido, advierte la Sala que el artículo 5.48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece la competencia de todas las Salas de este Tribunal el avocamiento al conocimiento de causas que cursen ante tribunales de inferior jerarquía, aun de oficio, cuando éstas lo estimen conveniente, correspondiendo, en estos casos, el avocamiento a la Sala afín con la materia propia del juicio, tal como se desprende del contenido del primer aparte del citado artículo 5, que reza: “En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida”.

 

En consecuencia, las solicitudes de avocamiento que se presenten ante este Tribunal Supremo de Justicia, deberán ser tramitadas por la Sala a cuya competencia esté atribuida la materia propia de la controversia que se solicita sea objeto del avocamiento. De esta forma, para el conocimiento del caso concreto, debe hacerse un examen de la naturaleza propia de cada pretensión y las materias que forman parte de la competencia de cada una de las Salas que constituyen este Máximo Tribunal.

 

            No obstante lo anterior, consagró el legislador un avocamiento cuya competencia es exclusiva de esta Sala en virtud de las altas funciones que como órgano protector y defensor de la constitucionalidad tiene atribuida la misma, y a tal efecto dispone el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

(…)

4. (...) asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”.

 

En determinados casos puede la Sala reservarse su conocimiento con carácter de exclusividad, previa verificación de ciertos desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios jurídicos fundamentales; es decir, la competencia de la Sala establecida en la referida disposición -artículo 5.4 eiusdem-, viene determinada en virtud de la situación de relevancia nacional que afecte de una manera grave al colectivo, y a la Sala le conviene regular en virtud de uniformar un criterio jurisprudencial, en aras de salvaguardar la supremacía del interés general.

 

En el presente caso, considera la Sala que no es ostensible la presencia de las condiciones a que apunta la redacción del precepto transcrito, originado por una “conmoción procesal” como lo expresa la solicitante, por una parte, y por otra, no se trata de una demanda que involucre competencias atribuidas a esta Sala de forma exclusiva, ni se encuentran involucrados intereses colectivos o difusos, razón por la cual esta Sala Constitucional decide declinar la competencia para conocer de la solicitud planteada en la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, visto que la causa involucra situaciones y relaciones jurídicas de cuya resolución se ocuparía la jurisdicción laboral, como es la determinación de la naturaleza de la relación supuesta “mercantil” alegada y no laboral, entre otras, y a la que corresponderá analizar en todo caso, los requisitos de procedencia de la figura del avocamiento. Además, debe destacarse que, la Sala declarada competente puede avocarse de un juicio “...incluso después de que la sentencia definitiva quede firme, esto es, en fase de ejecución, pues, acorde con nuestra legislación, el juicio no concluye con la sentencia definitiva y firme...”, como así declaró dicha Sala en sentencia n° 1442 del 15 de noviembre de 2004 (caso: Arepera Punto y Coma S.R.L.)

 

III

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la solicitud de avocamiento interpuesta por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, apoderado judicial de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES RENAINT C.A., ya identificados, en la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la mencionada Sala.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de abril dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

                                                                                        LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

Exp. n° 06-0023

 

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