Venley

Sentencia N.º 767

Sentencia
N.º 767
Fecha
05/06/2012
Sala
Constitucional
Expediente
11-0825
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA  CONSTITUCIONAL

 

Exp. 11-0825

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

            Mediante Oficio N° 1863/2011 del 26 de mayo de 2011, el Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida el 9 de mayo de 2011 por la abogada Consuelo del Socorro Sánchez García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 24.887, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil EL MANCHEGO C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda el 11 de junio de 1970, bajo el N° 85, Tomo 51-A, cuya última modificación consta en acta de asamblea del 8 de agosto de 2005, anotada en el citado Registro bajo el N° 40, Tomo 150-A Sgdo, contra la decisión dictada el 7 de abril de 2011 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión del juicio por calificación de despido incoado por el ciudadano Pedro Vicente Urrutia, titular de la cédula de identidad N° 17.579.486 contra la hoy accionante.

            Tal remisión obedeció al recurso de apelación interpuesto tempestivamente el 19 de mayo de 2011, por la representación de la parte actora contra el fallo dictado el 17 del mismo mes y año por el Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional.

El 28 de junio de 2011, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

            El 29 de julio de 2011, la abogada Consuelo del Socorro Sánchez García -antes identificada-, en representación de la parte accionante, consignó escrito ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, a través del cual desistió de manera expresa de la apelación interpuesta “por cuanto la situación jurídica ha sido restablecida mediante un recurso de apelación”.

            Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La representación de la parte accionante señaló en su escrito lo siguiente:

Que “los argumentos esgrimidos por el juzgador, para acordar el reenganche del trabajador, en franca violación a los derechos y garantías constitucionales denunciados, carecen de fundamento jurídico, y el acto impugnado constituye otro más de los errores judiciales ocurridos en el proceso, en contra de mi representada, en este sentido, cuando dice el juzgador: ‘En vista de las múltiples incidencias que se han presentado En (sic) este procedimiento. Como han sido apelación del acta de remisión a juicio, recurso de hecho, contra la negativa de oír el recurso de apelación, que ha traído como Consecuencia que este procedimiento haya tenido una demora mayor a la usual’”.

Que “tal alegato carece de fundamento jurídico, y además el juzgador OMITIÓ ACOTAR en sus argumentos, QUE TANTO EL RECURSO DE HECHO COMO LA APELACIÓN, a que hace referencia, fueron DECLARADOS CON LUGAR; ahora bien la demora en el procedimiento NO LE ES IMPUTABLE A LA HOY ACCIONANTE, por el contrario, si el día 17 de Junio de 2010, en la audiencia preliminar (…) cuando ESTA REPRESENTACIÓN REENGANCHO (sic) AL TRABAJADOR, fijo (sic) las condiciones del reenganche y el actor contradijo el salario y el horario; el juez de la causa, hubiese ordenado la apertura de la incidencia para dirimir los puntos controvertidos por la contraparte, ESTE JUICIO HUBIESE TERMINADO EN EL MISMO MES DE JUNIO DE 2010” (Resaltado de la parte actora).

Que “cuando el Ciudadano Juez, reengancha al trabajador por auto de fecha 7 de abril de 2011 ( casi un año después del reenganche hecho por la demandada) - ESTA DESCONOCIENDO el contenido de la sentencia del JUZGADO QUINTO SUPERIOR (quien repuso la causa para ser determinado el salario del trabajador (…) usurpa las funciones del juez de juicio, atenta contra la seguridad jurídica y DESCONOCE EL REENGANCHE ACORDADO POR LA PARTE DEMANDADA EN LA CAUSA PRIMIGENIA (…) obligándome nuevamente a ejercer las acciones o recursos concedidos por el legislador, par (sic) la defensa de los derechos e intereses de mi representada, y con este acto, o error judicial, nuevamente el juzgador atenta contra la celeridad procesal, uno de los principios inspiradores del procedimiento laboral” (Resaltado de la parte actora).

Que “yerra el juzgador al invocar como fundamento del acto impugnado; ‘los principios de celeridad procesal, el derecho a recibir oportuna respuesta y el derecho a la tutela judicial efectiva; por cuanto los vicios o los errores judiciales que han atentado contra los citados principios, solo (sic) le son imputables al juzgador agraviante, y llama la atención, que con el acto impugnado del 7 de abril ejecutado el 11 de abril de 2011, nuevamente el juzgador atenta contra la celeridad procesal, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el debido proceso, a la seguridad jurídica” (Subrayado de la parte accionante).

            Indicó, que “cuando el juez ordena el reenganche del trabajador a su sitio de trabajo, en las mismas condiciones, que tenía para el momento del ilegal despido, está DESCONOCIENDO LA SENTENCIA DE REPOSICIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2011 (…) del Juzgado Superior Quinto de este mismo Circuito Laboral, y está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto está dando algo distinto a lo esperado por las partes, está usurpando funciones del juez de juicio, está desconociendo EL REENGANCHE HECHO POR LA DEMANDA (sic) EN LA CAUSA PRINCIPAL, debiendo materializarse el día 18 de junio de 2010, así consta en la audiencia preliminar” (Resaltado de la accionante).

            Que “cuando el juez de la causa, acuerda en el mimo (sic) acto impugnado la EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN, lesiona el derecho a la defensa de la demandada, EJECUTANDO UNA DECISIÓN, de tal naturaleza, la cual no estaba firme” (Resaltado de la parte accionante).

            Que "cuando el juez agraviante nuevamente MANDA A JUICIO LA CAUSA PRINCIPAL, cuando dice (…) ‘por cuanto existen diferencias en cuanto al monto de los salarios, y de la jornada de trabajo, es por lo que este Tribunal procede a remitir la presente a causa a juicio, a objeto que el mismo, proceda previa la valoración de las pruebas Consignadas al expediente determine cual (sic) es el real salario con que debe (sic) ser calculado los salarios caídos, y la jornada del mismo’”.

            Que “está atentando contra los principios que inspiran el derecho, como son la celeridad procesal, la oportuna respuesta, y la tutela judicial efectiva, atenta contra el derecho a la defensa, negándose a abrir la incidencia para determinar el salario del trabajador, haciendo su conducta o proceder subsumible en el supuesto de hecho a que se contrae el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela infringida por el juzgador de la causa” (Resaltado de la parte accionante).

            Que el 22 de febrero de 2011, “el JUZGADO SUPERIOR QUINTO de esta misma Circunscripción laboral REPUSO la causa tramitada en el expediente signado con el N° AP21-L-2010-002450 al estado de que el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este mismo Circuito Laboral, mediara la posición de las partes en cuanto a las condiciones de reenganche del trabajador”.

            Que el 5 de abril de 2011, “día fijado para la continuación de la audiencia preliminar, -acatando la sentencia del Juzgado Quinto Superior-, el Juzgado agraviante, ante el desacuerdo de las partes en cuanto a salario, fijo (sic) un acto conciliatorio con fundamento en el segundo aparte del artículo 190 de la ley adjetiva laboral. Acto con el cual no estoy de acuerdo, por no estar en los supuestos de hecho normados en la citada disposición, considerando esta representación que para determinar el salario del trabajador, es necesario abrir la incidencia consagrada en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, petición denegada por el juzgador” (Resaltado de la parte actora).

            Que el 7 de abril de 2011, “día fijado para el acto conciliatorio respecto al salario, el juzgado agraviante decide reenganchar al trabajador a su puesto de trabajo ubicado en el Restaurant El Manchego, en el horario de trabajo que tenía para la fecha del ilegal despido y en las mismas condiciones que se encontraba para el momento del despido” (Resaltado de la accionante).

            Que “cuando el juzgador reengancha al trabajador a su puesto de trabajo, DESCONOCE LA SENTENCIA DEL JUZGADO QUINTO SUPERIOR LABORAL, quien le ordeno (sic) al agraviante mediar entre las partes para determinar el salario del trabajador y ese acto constituye la infracción a los derechos constitucionales denunciados como infringidos anteriormente” (Subrayado de la parte actora).

            Que igualmente “usurpa funciones propias del juez de juicio al emitir y ejecutar el acto impugnado, viola la tutela judicial efectiva, contenida en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna; dando a las partes cosas inesperadas, por cuanto la sentencia de reposición ordena continuar con la audiencia preliminar para determinar el salario del trabajador, no para reenganchar al trabajador (…) por cuanto del acta del 17 de Junio de 2010 (…) se evidencia que la empresa demandada REENGANCHÓ (sic) al trabajador, fijando en esa misma acta la fecha y las condiciones del reenganche” (Resaltado de la parte accionante).

            Que “cuando el juez luego de reenganchar al trabajador (…) remite el expediente al juez de juicio está vulnerando todos los principios que inspiran el derecho a saber: la celeridad procesal, la oportuna respuesta y la tutela judicial efectiva; el derecho al debido proceso porque la demandada reengancho (sic) al trabajador aún cuando este (sic) NO SE PRESENTO (sic) AL SITIO DE TRABAJO EL 18 DE JUNIO DE 2010” (Resaltado de la parte actora).

            Alegó, que “el camino a seguir para poder decidir el pleito es abriendo la incidencia del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, petición que me fue denegada tanto en la audiencia del 5 de Abril como en la audiencia del 7 de Abril, por demás la conducta del juzgador vulnera el derecho a la defensa previsto en el artículo 49 de (la) Constitución” (Resaltado de la parte actora).

            Que “el juez accionado actuó con extralimitación o usurpación de funciones, dado que su actuación o más bien omisión, lesionó el estado de derecho que la administración de justicia debe garantizarle a todo ciudadano, al no cumplir lo ordenado por el Juzgado Quinto Superior de este mismo Circuito Judicial del Trabajo, en sentencia del 22 de febrero de 2011, todo lo cual constituye una infracción de los derechos constitucionales denunciados” (Resaltado de la parte accionante).

            Por lo antes expuesto, solicitó se declarara con lugar la presente acción de amparo constitucional.

            Finalmente, solicitó medida cautelar innominada de “suspensión de todos los juicios relacionados con esta causa, hasta tanto se trámite (sic) el presente amparo”.

II

DEL FALLO APELADO

            El Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia dictada el 17 de mayo de 2011, declaró inadmisible la acción de amparo ejercida por la representación de la sociedad mercantil El Manchego C.A., contra la decisión dictada el 7 de abril de 2011 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Se observa que la decisión dictada por el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial se dictó en fecha 07 de abril de 2011 y la misma fue recurrida por la accionante el día 11 de abril de 2011, recurso que se encuentra en curso así como varios recursos interpuestos como lo afirma la accionante en su solicitud.

Debe este Tribunal reiterar los criterios establecidos desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido que debe entenderse que la acción de amparo no fue concebida como medio único, excluyente o sucedáneo de la jurisdicción ordinaria; que el ordenamiento jurídico vigente prevé específicos mecanismos y procedimientos breves para que la querellante pueda lograr el fin perseguido el cual no es otro que se dejen sin efecto las decisiones dictadas por los Tribunales, en este caso por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en fechas 07 y 11 de abril de 2011.

Observa esta Alzada que el presente recurso se interpone de manera subsidiaria estando en curso varios recursos ( de hecho, de apelación entre otros) y se pretende que con el presente amparo se suspendan tales juicios y los efectos de los mismos aplicando un criterio que la Sala Constitucional aplico (sic) en el caso de un desalojo en el año 2004, que no esta (sic) en armonía con las últimos criterios jurisprudenciales que se han establecido para los casos de interposición del recurso extraordinario de amparo.

La jurisprudencia ha interpretado en forma extensiva la causa de inadmisibilidad prevista en el ordinal 5° del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableciendo que no sólo es inadmisible el amparo cuando se ha acudido a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía para ejercer los mecanismos establecidos para tal fin, no lo hace, utilizando el remedio extraordinario constitucional; interpretación que se realizó con el objeto de rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, siendo en consecuencia inadmisible el amparo cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, o más aún en los casos en que se utiliza el remedio extraordinario aún cuando se evidencia la interposición de recursos ordinarios tendientes a enervar el mismo acto del cual se pretende la tutela en sede constitucional, ello nos permite in limine litis poder rechazar el amparo cuando a criterio del Juez constitucional no existan dudas de que la presunta parte agraviada dispone o dispuso de otros mecanismos ordinarios suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión, tal como ocurre en el caso de autos.

Por otro lado la acción de amparo constitucional se encuentra consagrada en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y regulada en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como un medio extraordinario tutelar de los derechos constitucionales susceptibles de ser menoscabados bien por actuaciones, omisiones o vías de hecho, otorgándole competencia a todos los Tribunales del Trabajo según el artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En este orden de ideas la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, también tenía este criterio, así en sentencia de fecha 11 de Agosto de 1993 con ponencia del Magistrado Dr. Rafael Alfonso Guzmán, al establecer:

(omissis)

El anterior criterio fue reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con Ponencia del Magistrado José Delgado Ocando, en decisión de fecha 26 de junio de 2001, que estableció:

(omissis)

En este orden de ideas el artículo 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establecen:

(omissis)

Ahora bien, en el caso de autos la parte querellante pretende a través del mandamiento de amparo, que esta alzada revoque las decisiones dictadas por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial en fechas 07 y 11 de abril de 2011, reponiendo la causa al estado que el Tribunal de sustanciación al que corresponda seguir el conocimiento del juicio de estabilidad laboral, abra la incidencia a que se contrae el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para determinar cuál es el salario con el cual deben liquidarse los salarios caídos del trabajador, lo cual a todas luces permite subsumir la pretensión de tutela constitucional en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, porque la querellante no sólo disponía del mecanismo ordinario para lograrlo por otra vía, sino que se evidencia de las documentales anexadas a la presente acción de amparo que se interpusieron sucesivos recurso de apelación contra las actuaciones efectuadas por el Tribunal querellado y que se encuentran pendientes de decisión en distinto Tribunales Superiores de este Circuito Judicial.

Con base a las razones que anteceden y los criterios expuestos, los cuales acoge plenamente esta Sentenciadora, resulta forzoso para este Tribunal actuando en Sede Constitucional, declarar inadmisible la presente Acción de Amparo Constitucional y en virtud de tal declaratoria se declara improcedente asimismo la medida cautelar innominada solicitada. Así se establece”.

III

DE LA COMPETENCIA

En lo que se refiere a la competencia para conocer del recurso de apelación ejercido en la presente causa, observa la Sala que la decisión impugnada fue dictada el 17 de mayo de 2011, por el Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que -actuando como tribunal constitucional de primer grado- resolvió un juicio de amparo constitucional. Ello así, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para decidir la apelación objeto de estos autos. Así se declara.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecido lo anterior, pasa esta Sala a decidir en relación con la solicitud de desistimiento de la apelación contenida en la diligencia del 29 de julio de 2011, consignada por la representación judicial de la sociedad mercantil El Manchego C.A.

Al respecto, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 25 establece: “Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres”.

De la norma transcrita se desprende, que el legislador atribuye a la parte presuntamente agraviada la posibilidad de desistir de la acción interpuesta -y por analogía de la apelación-, como mecanismo de autocomposición procesal, la cual procede, en sede constitucional, siempre que no se trate de la violación a un derecho de orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que “el desistimiento es el único mecanismo de autocomposición procesal previsto ex lege para dar fin a los procesos de amparo, opera como único medio de terminación anormal del proceso, legalmente admitido, cuya homologación por parte del Juez Constitucional es viable, siempre y cuando la violación denunciada no lesione el orden público ni las buenas costumbres o afecte intereses de terceros” (Cfr. Sentencia N° 2003/01).

Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales preceptúa que “serán supletorias de las disposiciones anteriores las normas procesales en vigor”; por tanto, son perfectamente aplicables al procedimiento de amparo las siguientes disposiciones del Código de Procedimiento Civil:

“Artículo 263. En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.

Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”.

 

De las disposiciones transcritas, se desprende la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos a los fines de homologar el desistimiento cuando sea solicitado, a saber: a) Tener capacidad o estar facultado para desistir; b) Que el desistimiento verse sobre materias disponibles por las partes.

En el caso concreto, de las actas del expediente se observa que la abogada Consuelo del Socorro Sánchez García, en carácter de representante judicial de la sociedad mercantil El Manchego C.A., manifestó expresamente su voluntad de desistir de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 17 de mayo de 2011, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por dicha empresa; todo ello de conformidad con la facultad expresa contenida en el poder otorgado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda el 23 de marzo de 2011, bajo el N° 8, Tomo 35, en el cual se señala expresamente que:

“(…) JOSE LUIS FERNÁNDEZ GARCÍA (…) con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil EL MANCHEGO C.A. (…) confiero poder especial pero amplio y bastante a (…) CONSUELO DEL SOCORRO SÁNCHEZ GARCÍA (...), inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los (sic) números (sic): 24.887 (…), para que represente, sostenga y defienda los derechos e intereses de mi representada, en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales que se le puedan presentar, pudiendo en consecuencia comparecer ante las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas (…) y por ante los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela en cualesquiera de las jurisdicciones (…). De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, queda ampliamente facultada para convenir en la demanda, desistir, transigir (…)” (Negrillas de esta Sala).

 

En atención a lo dispuesto, se aprecia que en el presente caso no está involucrado un derecho de eminente orden público o que puede afectar las buenas costumbres; en consecuencia y de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se homologa el desistimiento de la apelación que formuló la parte accionante, por lo que en consecuencia, queda firme la sentencia de primera instancia dictada el 17 de mayo de 2011, por el Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional. Así se declara.

 

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara:

1.- HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA APELACIÓN, formulado por la abogada Consuelo del Socorro Sánchez García, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil EL MANCHEGO C.A., de la decisión dictada el 17 de mayo de 2011, por el Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por la precitada empresa contra la decisión dictada el 7 de abril de 2011 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

2.-FIRME el referido fallo del Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictado el 17 de mayo de 2011, mediante el cual declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de junio de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN                  

                        PONENTE

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. 11-0825

MTDP/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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