Sentencia N.º 772
- Sentencia
- N.º 772
- Fecha
- 11/06/2009
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-1345
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Consta en autos que, el 20 de octubre 2008, la profesional del derecho RUTH CALDERÓN MEDINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 9.700.746, con domicilio en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, actuando como apoderada judicial del ciudadano ÁNGEL DAVID MÉNDEZ SALAZAR, venezolano, mayor de edad, soltero, estudiante, titular de la cédula de identidad n° 20.778.520, domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, según poder judicial autenticado el 18 de enero de 2008, ante la Notaría Publica Segunda de Maracaibo del Estado Zulia, quedando anotado bajo el n° 34, tomo 13 de los libros de autenticaciones llevados por la mencionada notaría, intentó ante esta Sala, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el 21 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la ciudadana Jackeline Cristina Lugo Salazar, confirmó la sentencia dictada, el 17 de noviembre de 2006, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y para la fundamentación de su pretensión de amparo denunció la violación de los artículos 26, 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 13 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los artículos 86, 87 y 88 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El 27 de octubre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
El 9 de marzo de 2009, mediante auto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia acordó oficiar al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a fin de que informara acerca de si las partes se encontraban a derecho o, en caso contrario, si fueron notificadas indicando las fechas en las cuales fueron realizadas las referidas notificaciones de la decisión dictada, el 21 de noviembre de 2007, y siendo el caso remitiera copia certificada de las mismas.
El 19 de marzo de 2009, mediante decisión n° 257, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional intentada por la abogada Ruth Calderón en representación de Ángel David Méndez Salazar; asimismo, ordenó las notificaciones correspondientes e, igualmente, ordenó a la Secretaría de esta Sala, que dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última de las notificaciones realizadas, fijara la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral.
El 31 de marzo de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante oficio n° 543, informó a esta Sala en relación a lo solicitado en el oficio remitido el 9 de marzo de 2009.
El 2 de abril de 2009, se dio cuenta en Sala del referido oficio y sus anexos, acordándose agregarlos al expediente.
El 7 de abril de 2009, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante oficio n° TSP-CMTEZ-2009-0091, informó a esta Sala sobre la tramitación procedimental en esa instancia superior, con referencia al juicio de interdicto restitutorio intentado por la profesional del derecho Jackeline Cristina Lugo Salazar.
El 13 de abril, se dio cuenta en Sala de lo anteriormente señalado y se acordó agregarlo al expediente.
El 15 de abril de 2009, esta Sala Constitucional, mediante oficio dirigido al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia dictada, el 21 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, así como de los actos posteriores a su ejecución; en la misma fecha remitió boleta de notificación relacionada con la admisión de la acción de amparo ejercida por la abogada Ruth Calderón Medina en representación del ciudadano Ángel David Méndez Salazar contra la señalada decisión, dirigida al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, así como a la ciudadana Fiscal General de la República y al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
El 20 de abril de 2009, se dio cuenta en Sala de lo antes mencionado y se acordó agregarlo al expediente.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Consta en autos que el último acto de procedimiento en la presente acción de amparo constitucional fue el 20 de abril de 2009, y consistió en la notificación de la ciudadana Fiscal General de la República, mientras que la última actuación del accionante data del 20 de octubre 2008, mediante escrito contentivo de la acción de amparo presentado por la profesional del derecho Ruth Medina Calderón en representación de Ángel David Méndez Salazar.
Ahora bien, desde esa oportunidad y hasta el presente, no se verifica de las actas que el accionante haya actuado de nuevo en el proceso, por lo que ese tipo de conducta pasiva de la parte actora, pese a que afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, ha sido calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión nº 982, del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) en los siguientes términos:
la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de amparo constitucional quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. s. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en GUI MORI, Tomás, Jurisprudencia Constitucional 1981-1995, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p.609). Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00).
En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). Podría incluso haber mala fe en la inactividad aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.
Sumado a esto, esta Sala hace notar que se verificó que, en el caso sub examine, la infracción denunciada no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares del accionante, y tampoco es de una magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, por lo que se precisa que no se encuentra involucrado el orden público, noción que fue desarrollada por esta Sala en la sentencia n° 1419, del 10 de agosto de 2001 (caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera), como excepción a la caducidad contemplada en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aplicable igualmente al abandono de trámite.
En virtud de las anteriores consideraciones, resulta forzoso para esta Sala declarar abandonado el trámite por la parte accionante, correspondiente a la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento. Así se decide.
En virtud de la presente decisión, esta Sala revoca la medida cautelar acordada mediante sentencia nº 257 del 19 de marzo de 2009, y así también se decide.
En atención de lo dispuesto en el único aparte del referido artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte actora una multa por la cantidad de CINCO BOLÍVARES FUERTES (BsF. 5), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos; la parte sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, o en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas posteriormente abandonadas, lo cual la obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1.- terminado el procedimiento, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada RUTH CALDERÓN MEDINA en representación del ciudadano ÁNGEL DAVID MÉNDEZ SALAZAR, ya identificados, contra la decisión dictada, el 21 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; 2.-REVOCA la medida cautelar acordada mediante sentencia nº 257 del 19 de marzo de 2009; 3.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone multa a la accionante por la cantidad de cinco bolívares fuertes (BsF. 5), pagaderos en cualquier oficina receptora de fondos nacionales, la parte sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente o en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de JUNIO dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
EXP. N° 08-1345
El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su disentimiento de la decisión que antecede, que declaró la terminación del procedimiento respecto de la pretensión de tutela constitucional, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa su voto salvado en los siguientes términos:
1. La mayoría sentenciadora pronunció la terminación del procedimiento por abandono del trámite pues, desde la introducción de la demanda, no había habido acto alguno de procedimiento de la parte actora, el juzgamiento que estuvo motivado de la siguiente manera:
Consta en autos que el ultimo acto de procedimiento en la presente acción de amparo constitucional fue el 20 de abril de 2009, y consistió en la notificación de la ciudadana Fiscal General de la República, mientras que la última actuación del accionante data del 20 de octubre de 2008, mediante escrito contentivo de la acción de amparo
Ahora bien, desde esa oportunidad y hasta el presente, no se verifica de las actas que el accionante haya actuado de nuevo en el proceso
2. La decisión se fundamenta en el fallo n.° 982 del 06-06-01, caso: José Vicente Arenas Cáceres, veredicto que, sostiene quien discrepa, establece que la inactividad por seis meses debe verificarse dentro de alguna de las etapas del proceso, a saber: desde la interposición de la demanda hasta la admisión, desde la admisión hasta la verificación de las notificaciones o desde las notificaciones hasta la fijación de la audiencia pública, así lo expresó la Sala en el acto decisorio n.º 2552 del 08.11.04, Magaly J. Romero González y Rosario Chirinos Jiménez, en el se determinó:
Consta en autos, que desde el 5 de agosto de 2003, cuando la Sala admitió el amparo y acordó la medida cautelar, hasta el presente, la parte actora no actuó en el proceso, ni siquiera después de la culminación de la práctica de las notificaciones de la admisión, sino hasta el 24 de septiembre de 2004 (más de once meses después de que se produjo la última de las notificaciones 02.10.03- y más de seis meses después de la penúltima actuación en autos 12.01.04- que realizó el supuesto agraviante), oportunidad en la que solicitó la continuación de la causa.
Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó necesitaba la tutela urgente y preferente del amparo constitucional, fue calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) en los siguientes términos (subrayado añadido)
En la sentencia s. S.C. n.° 2212 del 29.11.07, caso: Gran Boulevard 5 De Julio, C.A., se aplicó ese criterio en los siguientes términos:
1. Previamente a la decisión del fondo, la Sala debe resolver en relación con el supuesto abandono del trámite por la parte actora y, al respecto, observa:
El 14 de agosto de 2007, el abogado Jesús Escudero en representación de C.A EL PARAÍSO, J. BRILLEMBOURG E HIJOS S.A., CONSORCIO INVERSIONISTA LA VENEZOLANA C.A., e INMOBILIARIA SAN JOAQUIN S.A., terceros interesados en este proceso, pidió que se decretase la terminación del procedimiento por abandono del trámite, por cuanto habrían transcurrido más de seis meses desde la última actuación procesal de la accionante.
La Sala observa que, desde la interposición del amparo el 13 de diciembre de 2004, los actos procesales de admisión, notificaciones y fijación de la audiencia pública se cumplieron en el tiempo que está legalmente dispuesto, de manera que no fue necesario el impulso de parte. Dicha situación cambió cuando el magistrado ponente se inhibió, razón por la que se suspendió la audiencia pública el 4 de marzo de 2005. Luego de eso, la parte ha solicitado varias veces la fijación de la audiencia, la primera vez, el 20 de abril de 2005, esto es, a sólo 2 meses de la oportunidad en que el proceso necesitó del impulso de parte para su continuación.
En criterio de esta Sala, es el transcurso de seis meses sin impulso de la parte actora bien para la admisión, para las notificaciones o para la fijación de la audiencia lo que produce la extinción del proceso, conclusión que expresó la Sala en sentencia n.° 982 del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), de la siguiente manera
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). Podría incluso haber mala fe en la inactividad aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.
En el caso bajo análisis, la admisión ocurrió al día siguiente a la interposición del amparo, las notificaciones se practicaron entre el 15 de diciembre de 2004 y el 21 de febrero de 2005 y la audiencia fue fijada el día siguiente a la verificación de las notificaciones, de tal manera que sólo restaba a la parte la espera a que la audiencia tuviera lugar el 7 de marzo de 2005, la cual, a causa de la inhibición del ponente, debió suspenderse.
Luego de esa oportunidad, la siguiente actuación de la parte actora ocurrió 4 de agosto de 2005, cuando pidió la fijación de la audiencia pública, acto este que recayó antes de los seis meses a que se refiere el fallo que se comentó supra.
Desde ese momento, la parte actora ha actuado el 9 de agosto de 2005, 12 de diciembre de 2005, 2 de mayo de 2006, 10 de octubre, 10 de noviembre, 23 de noviembre de 2006, 29 de enero, 6, 16, 26 de febrero de, 8 de marzo, 15 de marzo y 20 de abril del presente año. Tal conducta de la demandante evidencia su interés en la resolución de la causa, razón por la cual esta Sala declara improcedente la solicitud de declaratoria de extinción del proceso por abandono de trámite. Así se decide. (subrayado y cursivas añadidos)
3. En el caso bajo análisis la admisión tuvo lugar el 19 de marzo de 2009, antes de que transcurrieran seis meses luego de la interposición del amparo. Dicha admisión fue notificada al Juzgado de la causa originaria, quien, el 31 de marzo de 2009 informó, vía fax, que habían sido notificadas las partes del juicio interdictal restitutorio y el Fiscal Superior del Estado Zulia, todo lo cual consta en recaudos en original que fueron recibidos, por esta Sala, el 2 de abril siguiente. El 7 de abril de 2009 quedó constancia vía fax de la notificación del Juzgado supuesto agraviante, cuando éste informó lo que le fue requerido en la sentencia de admisión del amparo y, el 20 de abril de 2006, se dejó constancia en las actas procesales de la notificación al Ministerio Público tal como lo preceptúa el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
4. De manera que, desde la admisión, para la que no fue necesaria el impulso de la parte actora pues ocurrió antes de que transcurrieran seis meses de la interposición del amparo, apenas transcurrió un mes hasta cuando se lograron todas las notificaciones a los interesados, al Juzgado supuesto agraviante y al Ministerio Público -20.04.08-, por lo que está pendiente la fijación de la audiencia pública.
En estas circunstancias, la mayoría contradice el criterio de esta Sala ya que requiere a la parte actora una diligencia que es innecesaria debido al decurso mismo del proceso.
En conclusión, el disidente considera que la sala ha debido continuar tramitando el amparo, por cuanto no existe evidencia de que la parte actora haya perdido interés en la solución del amparo.
Queda así expresado el criterio del Magistrado que rinde este voto salvado
Fecha retro.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar
Exp. 08-1315
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