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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL
La ciudadana ALIX MARÍA GONZÁLEZ CHACÓN, titular de la cédula de identidad n° 4.001.468, representada por las abogadas Belkis C. Carrero González y Virginia C. Magalhaes Ruiz, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 31.112 y 27.614 respectivamente, ejerció, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante escrito de fecha 25 de agosto de 1997, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, en fecha 25 de febrero de 1997, por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
El 21 de octubre de 1997 se dio cuenta del expediente en la citada Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Nelson Rodríguez García.
El 11 de febrero de 2000, el Presidente de dicha Sala remitió al Secretario de la Sala Constitucional
relación y documentación original de los recursos de amparo correspondientes al año 1.997, que cursaban ante esta Sala.
El 15 de febrero de 2000, se dio cuenta del expediente en esta Sala Constitucional y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal.
1. Los hechos:
1.1 Se deduce de las actas procesales que la querellante fue acusadora privada y demandante civil en el juicio penal que, por el homicidio culposo de que fuera víctima su cónyuge, se siguió contra el ciudadano José Antonio Pérez Alzola, por ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el expediente N° 5946.
1.2 El 15 de marzo de 1993, el tribunal de la causa admitió la acusación. El 15 de abril del mismo año admitió la demanda civil y, a los efectos de la contestación de la demanda, ordenó la citación del ciudadano José Antonio Pérez Alzola y de la sociedad mercantil Autocentro Buses C.A.
1.3 El 7 de mayo de 1993 se inhibió la defensora del ciudadano José Antonio Pérez Alzola.
1.4 El 25 de mayo de 1993, el tribunal de la causa revocó por contrario imperio el auto que había dictado el 15 de abril y, admitida la demanda civil, acordó de nuevo la citación de los demandados, a cuyo efecto comisionó a los Juzgados Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de las Circunscripciones Judiciales del Estado Carabobo y del Distrito Federal y Estado Miranda, respectivamente. Estas comisiones fueron reiteradas mediante telegramas, pero nunca fueron devueltas.
1.5 El 30 de enero de 1995 el procesado nombró nuevo defensor definitivo, quien aceptó el cargo el 20 de marzo siguiente. Según la accionante, vista la paralización de la causa, por espacio de un año y diez meses, ocurrida entre la inhibición de la defensora inicial y el nombramiento del nuevo defensor, ha debido notificarse a las partes la continuación de la causa, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
1.6 El 9 de octubre de 1995 tuvo lugar el acto de audiencia del reo, sin la participación de la acusadora privada ni de los demandados civiles, en virtud -según alega la parte actora- de que no les había sido notificada la continuación de la causa, y aún no se había obtenido respuesta de los tribunales comisionados para la práctica de la citación de los demandados.
1.7 El 29 de noviembre de 1995, el tribunal de la causa declaró desistida la acusación, porque la parte acusadora no presentó escrito de cargos dentro del término previsto en el artículo 218 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
1.8 El 6 de junio de 1996, la parte acusadora solicitó la reposición de la causa, por cuanto los vicios señalados le impidieron esgrimir sus defensas y alegatos.
2. La accionante denuncia que le fueron violados los siguientes derechos y garantías constitucionales: el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 68 de la antigua Constitución de la República, así como las disposiciones previstas en los artículos 136, numeral 2°, 46, 220, numeral 2°, de dicha Constitución, y las contempladas en los artículos 14, 218 y 227 del Código de Procedimiento Civil, tanto por parte del Juzgado 5° de Primera Instancia en lo Penal, como por parte del Juzgado Superior 2° en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a causa de no haber ordenado la reposición del procedimiento, a pesar de las irregularidades y de los pedimentos en cuestión, ocasionándosele graves daños por no poder terminar las reclamaciones efectuadas en sus acciones civil y penal.
3. El petitorio se contrae a solicitar la suspensión inmediata de los efectos de la decisión recurrida en amparo, así como la declaratoria de nulidad absoluta de dicha decisión, y también la reposición de la causa al estado de efectuar y cumplir con todos los trámites en cuanto a la acción civil admitida por el Juzgado Quinto Penal, para luego continuar con el procedimiento penal.
II
DE LA CAUSA
El 7 de abril de 2000, mediante sentencia registrada bajo el nº 234, esta Sala admitió la acción a que se contraen las presentes actuaciones. Una vez practicadas las notificaciones ordenadas se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual fue diferida el 11 de mayo de 2000. El día 18 siguiente se recibió, junto a oficio nº 198 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, auto del 11 de mayo de 2000 emanado de esa Corte, por medio del cual informa a esta Sala acerca de la conclusión de la causa penal seguida por la ciudadana Alix María González Chacón, así como la ejecución de la sentencia dictada el 25 de febrero de 1997.
El 23 de mayo de 2000 se dio por notificada la accionante y, fijada nueva oportunidad para la celebración de la audiencia oral, ésta se llevó a cabo el día 12 del mismo mes y año con la comparecencia únicamente de la accionante.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La Sala observa que la accionante solicitó la declaratoria de nulidad absoluta de la sentencia dictada, en fecha 25 de febrero de 1997, por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, así como la reposición del proceso penal, a los efectos de la acción civil; que, sobrevenida la interrupción del proceso penal, en el cual se había formulado también la correspondiente pretensión civil, no consta en autos que la demandante haya sido notificada de la continuación de aquél; y que, habiendo finalizado la causa penal por sentencia condenatoria firme, ésta no incluyó pronunciamiento alguno sobre la pretensión civil.
La Sala estima que, en lo que concierne a dicha pretensión, la continuación del proceso penal, luego de haberse visto interrumpido a causa del nombramiento del defensor del imputado, sin haber sido notificada la demandante de dicha continuación, privó a ésta de la posibilidad de obrar oportunamente, en el curso de dicho proceso, en apoyo de su pretensión; que la privación de la citada posibilidad de obrar dió lugar a la violación, en perjuicio del demandante, de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso; y que, en las circunstancias denunciadas, el desistimiento de la acción penal, a causa de la falta de comparecencia del accionante a la audiencia del reo, no debe acarrear la pérdida de la acción civil.
No obstante, concluído el proceso penal por sentencia condenatoria firme, la Sala aprecia que la reposición de aquél, a objeto de hacer efectivo el restablecimiento de los derechos vulnerados, carece de efecto útil, toda vez que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 47 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 415 eiusdem, no cabe deducir ya la acción civil en el curso de aquel proceso; por el contrario, sólo hay lugar al ejercicio de dicha acción una vez firme la sentencia penal, sin perjuicio del derecho de la víctima de accionar en sede civil.
En definitiva, la Sala encuentra que, efectivamente, se incurrió en la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, en lo que concierne a la acción civil. Sin embargo, visto que se encuentra terminado el proceso penal por sentencia condenatoria firme, la Sala considera que, a causa de las violaciones señaladas, si bien la circunstancia de haber sido separada la accionante como parte de dicho proceso significa que no puede continuar deduciendo en él la acción civil, ello no impide el ejercicio de esta acción ante el tribunal competente. En consecuencia, debe tenerse por válido el ejercicio de la acción civil ante el Tribunal competente, caso de no haberse consumado la prescripción a su respecto. Así se decide.
IV
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por la ciudadana ALIX MARÍA GONZÁLEZ CHACÓN contra la sentencia dictada, en fecha 25 de febrero de 1997, por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Caracas, a los 25 días del mes de JULIO de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Magistrados,
HECTOR PEÑA TORRELLES JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL
Magistrado -Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. No 00-0559
MATV/sn.-