Sentencia N.º 793
- Sentencia
- N.º 793
- Fecha
- 20/06/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 13-0016
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 13-0016
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2012, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, suscrito por los abogados Mariolga Quintero Tirado, Carlos García Núñez y Luis Dos Ramos Noguera, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nos 2.933, 27.986 y 154.931, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORCORAN, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 20 de febrero de 2003, bajo el n.° 27, Tomo A-44, interpusieron acción de amparo constitucional contra la decisión que dictó, el 7 de junio de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró con lugar la apelación ejercida por la abogada Carolina Rojas Torres, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión que emitió, el 3 de abril de 2012, el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la referida Circunscripción Judicial, que declaró ( ) con lugar la demanda de NULIDAD Y RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO propuesta por la sociedad mercantil CORCORAN, C.A., contra las Sociedades (sic) Mercantiles (sic) INVERSIONES LEOMBRUNO, C.A. e INVERSIONES SIRIMIRE, C.A. ( ); revocó el fallo apelado y declaró sin lugar la demanda intentada.
El 14 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.
En reunión de Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente manera: Gladys M. Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover; ratificándose en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 14 de mayo de 2013 compareció ante la Secretaría de la Sala, el abogado Carlos García Nuñez, apoderado judicial de Corcoran C.A. a fin de solicitar pronunciamiento en la presente causa.
Realizado el estudio individual de la presente causa esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Corcoran C.A, fundamentaron la acción de amparo constitucional interpuesta, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que [e]l acto lesivo de los derechos y garantías constitucionales ( ) lo constituye la sentencia definitiva dictada en apelación en el expediente BP02-R-2012-000261, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha siete (7) de junio de de (sic) 2012.
Que ( ) en fecha 22 de junio de 2011, [su] mandante demandó a las sociedades mercantiles INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. y (sic) INVERSIONES SIRIMIRE C.A. para que convinieran en que CORCORAN C.A., por haber cumplido todos los requisitos establecidos en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, tenía el derecho de retracto arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento que mantenía con INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. y que en consecuencia tenía el derecho de subrogarse en el lugar del comprador, en las mismas condiciones estipuladas en la venta de dicho inmueble que ésta última había hecho a la sociedad mercantil INVERSIONES SIRIMIRE C.A., mediante el pago de la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,oo), precio estipulado en la operación de compra-venta que consta de documento inscrito en la Oficina de Registro Público del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui el 20 de mayo de 2011, bajo el número 2011.590, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 250.2.17.2.1413 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2011.
Que [e]n fecha 28 de Julio (sic) de 2011, CORCORAN C.A. reforma su libelo de demanda, señalando que después de haber introducido la demanda, se enteró que mediante documento protocolizado en el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui el 19 de julio de 2011, anotado bajo el número 31, folios 182 del Tomo 11 del Protocolo de Transcripción del presente año, las sociedades mercantiles INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. y (sic) INVERSIONES SIRIMIRE C.A. acordaron rescindir de mutuo y amistoso acuerdo la compra venta del lote N° 4 del Centro Comercial INVECA, es decir, el local arrendado a CORCORAN C.A. y sobre el cual ésta tenía ya ejercida la acción de retracto legal arrendaticio, argumentando que no cabía duda que el propósito de esa resolución del contrato de venta del inmueble alquilado a [su] representada es el de menoscabar su derecho de retracto, cuestión que está prohibida por el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y que sanciona con la nulidad absoluta el acuerdo de resolución alcanzado por los demandados, por lo que procedió a demandar, como pretensión principal, que se declarara la nulidad del contrato de rescisión y consecuencialmente, que CORCORAN C.A. tenía el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento y el derecho de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el contrato de compraventa, en el lugar de la compradora INVERSIONES SIRIMIRE, C.A., mediante el pago del precio estipulado, y subsidiariamente, para el caso que la pretensión principal sea declarada improcedente, pidió se declarare (sic) que el acuerdo de rescisión comportó la transmisión del derecho de propiedad de INVERSIONES SIRIMIRE C.A. a INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. y que como consecuencia de ello CORCORAN C.A. tenía el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento y el derecho de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en dicho contrato de transmisión de la propiedad, en el lugar de la retrocompradora (sic) INVERSIONES LEOMBRUNO C.A., mediante el pago del precio estipulado.
Que [e]n fecha 6 de febrero del (sic) 2012, las sociedades mercantiles INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. y (sic) INVERSIONES SIRIMIRE C.A. dieron contestación a la demanda propuesta, fundamentando su defensa en la falta de cualidad e interés de CORCORAN C.A. para intentar y sostener el presente juicio, por considerar que el contrato de compra-venta efectuado entre los demandados había sido rescindido, por lo tanto al no existir interés actual, no es procedente la acción propuesta, solicitando que por capitulo (sic) previo a la sentencia definitiva sea declarada inadmisible la demanda.
Que [e]n fecha 3 de abril de 2012 el Tribunal del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaro (sic) CON LUGAR la demanda propuesta por CORCORAN C.A., y, en consecuencia, declaró nulo el acuerdo de rescisión del contrato de compra-venta suscrito entre las sociedades mercantiles INVERSIONES LEOMBRUNO, C.A. como vendedora e INVERSIONES SIRIMIRE, C.A. como compradora, y declaró que CORCORAN, C.A. tiene el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento.
Que [a]mbas demandadas apelaron la decisión.
Que [e]n fecha 7 de junio de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui dictó la que es la sentencia accionada y por la cual declaró Con Lugar la apelación y Sin lugar la demanda incoada por CORCORAN C.A. ( ).
Que [l]a sentencia objeto de la solicitud de amparo constitucional, en su parte narrativa, cuando hace exposición de los términos de las pretensiones deducidas por [su] mandante, culmina con el siguiente párrafo:
En fecha 28 de Julio (sic) de 2011, la parte demandante reforma el libelo de la demanda, solicitando la Nulidad (sic) del documento de rescisión de venta, celebrado en fecha 19 de Julio (sic) de 2011.
Sin embargo, cuando esa resolución judicial fija, en sus consideraciones, el objeto de la controversia, indica lo siguiente:
De los hechos, circunstancia (sic) y pruebas analizadas, se concluye, que la controversia, está planteada en considerar la nulidad de la venta efectuada por la Empresa (sic) Inversiones Leombruno, C.A., a la Sociedad (sic) Mercantil (sic) Sirimire C.A., y como consecuencia de esta nulidad se reconozca el derecho de retracto legal, que le asiste a la empresa Corcoran, C.A y esta subrogarse en el lugar de la compradora Inversiones Sirimire C.A; de tal forma se le tenga como propietaria del inmueble vendido, todo ello de conformidad al articulo (sic) 42 de la Ley de Arrendamiento (sic) Inmobiliarios ( ).
Que, [c]omo se desprende de lo señalado, hay una intensa contradicción entre ambas declaraciones, puesto que por un lado, reconoce el fallo que lo pedido es la nulidad de la rescisión del contrato de venta y por el otro expone que se trata de la nulidad de la venta, descubriendo entre ellas una contradicción, que va a nublar todo razonamiento y dispositivo del fallo, al desviar el objeto real de las peticiones de [su] representada y con ello la naturaleza de las pretensiones que se dedujeron en la reforma de la demanda, colocando en interdicción el derecho de defensa de CORCORAN, C.A..
Que ( ) la sentencia está desbordada en vicios de orden público que la hacen absolutamente nula, ya que muy calamitosamente se coloca a espaldas del expediente y sólo lo lee a pedazos y de manera descuidada, como para salir del paso, al advertir el juez de alzada probablemente que carecería de control jurisdiccional, ya que el proceso sufriría insuficiencia de cuantía, como presupuesto para acceder a casación.
Que ( ) el juzgador no había prestado atención mínima a las pretensiones principal y subsidiaria que se habían deducido en la reforma de la demanda.
Que, [c]omo se desprende en forma nítida de los alegatos de la parte demandante en su reforma de la demanda, lo que se pide como objeto de la pretensión principal- es que se declare la nulidad del contrato de rescisión y consecuencialmente, que CORCORAN; (sic) C.A. tiene el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto de contrato de arrendamiento y tiene el derecho de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el contrato de compraventa, en el lugar de la compradora INVERSIONES SIRIMIRE, C.A., mediante el pago del precio estipulado, y subsidiariamente, para el caso que la pretensión principal sea declarada improcedente, pide que se declare que el acuerdo de rescisión comporta la transmisión del derecho de propiedad de INVERSIONES SIRIMIRE C.A. a INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. y que como consecuencia de ello CORCORAN C.A. tiene el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento y tiene el derecho de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en dicho contrato de transmisión de la propiedad, en el lugar de la retrocompradora (sic) INVERSIONES LEOMBRUNO C.A., mediante el pago del precio estipulado; Pero (sic) Ciudadanos (sic) Magistrados, lo que nunca ha sido la pretensión de CORCORAN C.A. es la nulidad de la venta realizada entre INVERSIONES SIRIMIRE C.A. a INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. en fecha 20 de julio de 2011, como dice la sentencia impugnada, por lo que incurre el fallo atacado en una cruda e inexcusable incongruencia, que violenta el principio del debido proceso en cuanto al derecho de defensa de [su] mandante (artículo 49.1 CRBV), que se encuadra dentro del abanico de garantías del principio del debido proceso, porque supone una alteración o desviación de la resolución judicial con respecto a la pretensión principal de la parte actora.
Que [a]l establecer el fallo censurado que el objeto de la pretensión principal es la nulidad de la venta celebrada entre las demandadas, vuelve a errar al dar lugar a la defensa de falta de interés de la parte actora fundamentándola en que en el caso que nos ocupa, si bien es cierto, que al demandante lo asiste el derecho de Retracto (sic) Legal (sic), con la consecuencia de subrogarse de (sic) venta, también es cierto significar, que esta acción esta (sic) encaminada, hacia el tercero adquiriente, el cual al trabar la Litis (sic) ya no estaba presente en el mundo jurídico de la acción intentada, por lo tanto el interés procesal, ya es asunto del pasado; así esta (sic) probado con documento público traído a los autos, donde consta que en fecha 19 de julio del año 2011, la venta del inmueble fue rescindida, mediante documento registrado bajo el N° 31, folio 182 del Tomo 11 del Protocolo de transcripción (sic) del año 2011, quedando sin efecto jurídico el contrato cuya nulidad se solicita en la demanda planteada.
Que ( ) la sentencia sigue modificando los términos del litigio, al dejar a un lado la reforma de la demanda y considerar que el objeto de la misma era la nulidad de la venta celebrada el 20 de mayo de 2011, cuando lo que se pedía en ese acto procesal era la nulidad de la rescisión de esa venta, contenida en documento de fecha 19 de julio de 2011, por lo que al objetarse la validez de ese contrato era menester, como se hizo, demandar a las dos otorgantes del mismo, por tratarse de un litisconsorcio pasivo necesario y jamás habría prosperado esa excepción opuesta para resolverse como previa al fondo.
Que ( ) un pronunciamiento de esa naturaleza es de nuevo lesivo al principio del debido proceso, haciendo sucumbir el derecho de defensa de [su] patrocinada, al incurrir en una pronunciada incongruencia, que resuelve un litigio produciendo una modificación sustancial de los términos en que se forjó el debate judicial.
Que ( ) la sentencia al incurrir en tan crudas incongruencias, alterando los alegatos fundamentales de [su] representada, conculcó en forma grosera su derecho a la defensa, que es la garantía solar del principio del debido proceso y deja de estar fundada en derecho, como lo pide el principio de la tutela judicial efectiva, dado que se basa en argumentos que no se corresponden con las manifestaciones afirmadas en la reforma de la demanda, desconociendo lo pautado en los artículos 49.1 y 26 del Texto Fundamental de la República Bolivariana de Venezuela.
Que el fallo accionado incurrió en [u]n segundo vicio, que consiste en la muy equivocada aplicación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, cuando la sentencia atacada indicó que:
En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, que al demandante lo asiste el derecho de Retracto (sic) Legal (sic), con la consecuencia de subrogarse de (sic) venta, también es cierto significar, que esta acción esta (sic) encaminada, hacia el tercero adquiriente, el cual al trabar la Litis (sic) ya no estaba presente en el mundo jurídico de la acción intentada, por lo tanto el interés procesal, ya es asunto del pasado; así esta (sic) probado con documento público traído a los autos, donde consta que en fecha 19 de julio del año 2011, la venta del inmueble fue rescindida, mediante documento registrado bajo el N° 31, folio 182 del Tomo 11 del Protocolo de transcripción (sic) del año 2011, quedando sin efecto jurídico el contrato cuya nulidad se solicita en la demanda planteada.- Así se declara.
Que ( ) no hay manera de entender que por haberse rescindido la venta, uno de los contratantes desaparezca del mundo jurídico de la demanda que se intente para anular esa rescisión y lo que es más funesto que ese argumento sirva de estribo para declarar que hay falta de interés, lo que denota un grave desconocimiento de esta figura procesal.
Que [e]sa carencia de entendimiento conceptual por parte del Juzgado que conoció en alzada, bajo la óptica constitucional, devino en una falta de base legal de la sentencia objetada, que echó por borde el derecho que tiene [su] mandante a una resolución judicial que sea fundada en derecho, dándose al traste con el principio de tutela judicial efectiva.
Que [e]l instrumento que utilizaron las demandadas para defraudar el derecho al retracto legal de que es titular [su] mandante, fue un acuerdo de rescisión del contrato de venta, que hicieron a conciencia o conocimiento de que producía un perjuicio a CORCORAN; (sic) C.A. (sciencia fraudes).
Que, ( ) cuando [su] representada demandó originalmente que se declarara el derecho al retracto legal arrendaticio con ocasión de la venta realizada, las demandadas pretendieron colocarle una valla a la pretensión deducida, celebrando rápidamente pendiente el litigio- un contrato de rescisión de la operación realizada, para sostener en la contestación que [su] mandante carecía de cualidad e interés, porque la titularidad de la propiedad del inmueble arrendado había regresado a su anterior dueña, al deshacerse el acuerdo previo.
Que [r]esulta harto evidente que la rescisión de la venta la efectuaron con el ánimo de impedir que prosperara la pretensión de retracto legal arrendaticio que previamente había sido ejercida, construyendo defensas a partir del acuerdo de rescisión, a pesar que esta forma de disolución de los contratos no podía afectar el derecho de CORCORAN C.A. que había nacido con ocasión de la venta del inmueble.
Que ( ) el contrato de rescisión tenía una causa nula.
Que ( ) el segundo motivo que revela como la rescisión se efectuó con el ánimo de defraudar el derecho al retracto legal del que es titular CORCORAN C.A., queda claro al dar ambas demandadas contestación a la reforma de la demanda, afirmando que rescindieron la venta por lesión patrimonial.
Que ( ) el motivo ofrecido para rescindir es pueril, además como ya fue expresado- la rescisión no podía afectar derechos de terceros adquiridos con anterioridad; sin embargo, hay algo más grave aún y es que en el afán de los participantes en darle efectos retroactivos a la rescisión, afirman que lo hicieron por la lesión patrimonial causada al no ser Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00) el precio actual del mercado del inmueble, pero, luego delanteramente, en la misma contestación a la reforma de la demanda, confiesan que llegan a esa conclusión por máximas de experiencia.
Que [s]i por máximas de experiencia es claro para las demandadas y para todos que el precio indicado no es el del valor del inmueble, solo pudieron por lógica hacer la venta por ese monto por una de estas situaciones: 1) Que se trataba de un precio simulado y por ende, celebraron un contrato de esa naturaleza, caso en el cual las partes no podían disolver el contrato en perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero que desconocía que la venta era simulada, 2) Que colocaron conscientemente un precio vil en el contrato, aún cuando existía la intención de que la propiedad se transmitiera por ese precio, caso en el cual las partes no pueden apelar al argumento de la vileza del precio para pretender revestir de efectos retroactivos a la rescisión y perjudicar derechos adquiridos por terceros.
Que [e]n ambas hipótesis, las partes celebraron la venta a conciencia (según ellas por ser una máxima de experiencia) de que el precio que pactaban no era el del mercado, y siendo esto así no podían por ese motivo rescindir la venta y, a la vez, enarbolar la rescisión para atacar el derecho al retracto legal de CORCORAN C.A., contemplado en el artículo 48 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, cuya declaratoria, adicionalmente, ya había sido pedida judicialmente para el momento de la rescisión.
Que [e]ste actuar abusivo de las demandadas, en el orden civil, violando el principio de la buena fe contractual, tenía la intención de proyectarse procesalmente, con afectación del principio de la lealtad procesal (artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil) dando fuente a las defensas aludidas, esto es una grosera maniobra de las demandadas para impedir un pronunciamiento favorable a la pretensión deducida, y así frustrar el derecho de la actora al retracto legal.
Que ( ) al dar la sentencia lugar la (sic) defensa de falta de interés y desechar la demanda de [su] representada, sosteniendo que la pretensión deducida era la nulidad de la venta y no su rescisión, se hizo cómplice de esa maniobra abusiva y con ello violó el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva de CORCORAN C.A., porque no se dictó una sentencia fundada en derecho y se conculca, por otra parte, su derecho a la propiedad de cuya titularidad se había hecho acreedora [su] patrocinada en virtud de la venta que celebraron las dos demandadas, violando el derecho al retracto legal que había nacido en su patrimonio (artículo 48 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios); y de otra faz, se actúa fuera de la órbita del artículo 1.350 del Código Civil, que reza: La rescisión por causa de lesión no puede intentarse aun cuando se trate de menores, sino en los casos y bajo las condiciones especialmente expresadas en la Ley. Dicha acción, en los casos en que se admite, no produce efecto respecto de los terceros que han adquirido derecho sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por rescisión.
Que, ( ) con esa falta de aplicación de la norma conducente, que afecta el carácter de dueño de [su] representada, se incurre en error judicial inexcusable, que tiene cariz constitucional, porque el derecho desconocido es de esa misma estirpe.
Que ( ) bien sea que la venta haya sido un contrato simulado, o bien que haya sido con conciencia del precio vil aunque sin ser simulada, no podían las demandadas rescindirla y pasar por encima del derecho de la arrendataria a subrogarse en la venta, edificando sus defensas en el proceso sobre la base de una rescisión que no tenía cabida, quedando expuesta la intención de la rescisión que era quitarle cimiento jurídico a los derechos que como arrendataria pertenecían a [su] mandante, e incurriendo en una grave deslealtad contractual y dentro del juicio, lo cual configura un fraude procesal, que debe ser declarado, como lo p[iden] lo declare esta Honorable Sala, al dar lugar a la pretensión de nulidad de la sentencia atacada y subsiguientemente a la nulidad del contrato de rescisión y a la subrogación en la propiedad del inmueble objeto del arrendamiento, ambas últimas contenidas en la reforma de la demanda primigenia.
Que [a]dicionalmente, debe esta Sala tener en cuenta que la enajenación de la cosa litigiosa es un ilícito penal, contemplado en el numeral 6 del artículo 463 del Código Penal, en el cual incurrieron las demandadas, que muy al tanto estaban de la demanda original, como se demostrará en sede penal, por lo que p[iden] a esta Sala oficie al Ministerio Público competente para que se inicien las averiguaciones pertinentes.
Que [l]as demandadas fueron muy caraduras cuando en su contestación a la demanda, aludiendo que la pretensión de [su] mandante de anular la rescisión era ilícita, añadieron un argumento que opusieron como excepción de inadmisibilidad de la pretensión deducida.
Que ( ) el comportamiento de las demandadas rescindiendo el contrato sólo fue un invento para hacer escondite de su fechoría contractual y procesal, tratando de cercenar la finalidad perseguida con la demanda, denunciando infundadamente que es [su] patrocinada quien actúa de mala fe.
Que ( ) la jurisprudencia de esta Sala ha abierto un amplio cauce a las denuncias por fraude, entre las que admite la vía del amparo constitucional, a la que h[an] apelado en este caso para denunciarlo, dada la claridad y audacia con que han actuado las empresas demandadas, INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. e INVERSIONES SIRIMIRE C.A., para forjarlo, sin que sean necesarias otras probanzas que las que cursan en autos.
Que, [c]omo elemento nuevo determinante, integrado a las maniobras procesales, invoca[n] que INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. al instante de comparecer ante el Tribunal del Municipio Turístico El Morro Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, para hacerse de los depósitos arrendaticios hechos por [su] mandante, solicita entregárselos al representante de INVERSIONES SIRIMIRE C.A., con lo cual queda claro que en las sombras ella misma tiene a esta última como propietaria del inmueble, a pesar de la rescisión de la venta ( ).
Finalmente, solicitan PRIMERO: Que ADMITA la presente pretensión autónoma de amparo ( ) SEGUNDO: Que DECLARE CON LUGAR la presente pretensión de amparo constitucional y, por ende, se declare la nulidad de la sentencia dictada en apelación por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, ( ) el siete (7) de junio de dos mil doce (2012), en el expediente identificado como BP02-R-2012-000261, y, en consecuencia se reestablezca (sic) la situación jurídica infringida, al haberse comprobado la existencia de un fraude procesal, dictando la decisión definitiva que declare la nulidad del contrato de rescisión y consecuencialmente, que CORCORAN C.A. tiene el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento antes identificado y tiene el derecho de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el contrato de compraventa, en el lugar de la compradora INVERSIONES SIRIMIRE, C.A. mediante el pago del precio estipulado; y que, para el evento que no proceda en la forma señalada, por causa de las infracciones delatadas, reestablezca (sic) la situación jurídica infringida, mediante la reposición de la causa al estado en que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito (sic) y de Protección del Niño y del Adolescente de esa misma Circunscripción Judicial, a quien corresponda decidir nuevamente, dicte un nuevo fallo con apego a las garantías constitucionales y procesales que invoca[n] en este acto. TERCERO: Que DECLARE, en ejercicio de la potestad saneadora, cualquier otra violación al orden público constitucional que pueda apreciar en el presente caso y que determine la procedencia de la presente acción de amparo constitucional.
II
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
La acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la decisión que dictó, el 7 de junio de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró con lugar la apelación ejercida por la abogada Carolina Rojas Torres, contra la decisión que emitió, el 3 de abril de 2012, el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la referida Circunscripción Judicial, que declaró ( ) con lugar la demanda de NULIDAD Y RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO propuesta por la sociedad mercantil CORCORAN, C.A., contra las Sociedades (sic) Mercantiles (sic) INVERSIONES LEOMBRUNO, C.A. e INVERSIONES SIRIMIRE, C.A. ( ); revocó el fallo apelado y declaró sin lugar la demanda intentada.
Dicho fallo tuvo como fundamento lo siguiente:
Planteada así la controversia el Tribunal hace las siguientes consideraciones:
De los hechos, circunstancia (sic) y pruebas analizadas, se concluye, que la controversia que la controversia (sic), esta (sic) planteada en considerar la nulidad de la venta efectuada por la empresa Inversiones Leombruno, C.A., a la Sociedad (sic) Mercantil (sic) Sirimire, C.A., y como consecuencia de esta nulidad se reconozca el derecho de retracto legal, que le asiste a la Empresa (sic) Corcoran, C.A y esta subrogarse en el lugar de la compradora Inversiones Sirimire,C.A; de tal forma se le tenga como propietaria del inmueble vendido, todo ello de conformidad al articulo (sic) 42 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, el cual establece:
Articulo 42 La preferencia ofertiva es el derecho que tiene el arrendatario para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en tal condición de arrendatario. Solos (sic) será acreedor a la preferencia ofertiva, el arrendatario que tenga mas de dos (2) años como tal, siempre que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y satisfaga las aspiraciones del propietario.
Las pretensiones solicitadas por la parte demandante Corcoran, C.A; están debidamente justificadas al traer a los autos constancias de tener mas (sic) de Dos (sic) (02) años como arrendataria del inmueble objeto del presente litigio, de estar solvente con los pagos correspondientes de los cánones de arrendamiento y probar con documento publico (sic) la venta realizada por la arrendadora a un tercero sin realizar la notificación correspondiente violando así los derechos de la arrendataria.
Ahora bien en fecha 6 de febrero del 2012, la parte demandada mediante escrito dio contestación a la demanda propuesta, fundamentado su defensa en la falta de cualidad e interés de la demandante para intentar y sostener el presente juicio, por considerar que el contrato de compra-venta efectuado entre los demandados había sido rescindido, por lo tanto al no existir interés actual, no es procedente la acción propuesta y solicitada, que por capitulo (sic) previo la sentencia definitiva sea declarada inadmisible la demanda.
A juicio de este juzgador, atendiendo la doctrina existente en relación a la falta de cualidad o interés del actor o del demandado, se ha dicho, que la cualidad o interés es inherente al fondo de la controversia y así lo estableció el Código de Procedimiento Civil vigente en contraposición al derogado al eliminar como tramite In (sic) Limine (sic) Litis (sic), por resultar imposible, no tocar el fondo del asunto reclamado, razones estas, que determinó que dicha excepción perentoria fuese incluida como punto previo al fondo de la demanda.
Siguiendo el orden de las ideas explanadas, tenemos, que el articulo (sic) 16 del Código de Procedimiento Civil, establece como requisito para proponer la demanda, que el actor tenga interés jurídico actual, lo que palmariamente significa, que sus pretensiones puedan ser satisfechas con la acción intentada; si ello no es posible, no tendría interés cierto, no puede tratarse de una situación de futuro, como tampoco a una perteneciente al pasado; es necesario que sea en tiempo presente, que sea actual, susceptible de reparación.
En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, que al demandante lo asiste el derecho de Retracto (sic) Legal (sic), con la consecuencia de subrogarse de venta, también es cierto significar, que esta acción esta (sic) encaminada, hacia el tercero adquiriente, el cual al trabar la litis ya no estaba presente en el mundo jurídico de la acción intentada, por lo tanto el interés procesal, ya es asunto del pasado; así esta (sic) probado con documento publico (sic) traído a los autos, donde consta que en fecha 19 de julio del año 2011, la venta del inmueble fue rescindida, mediante documento registrado bajo N° 31, folio 182del Tomo 11 del Protocolo de de (sic) transcripción (sic) del año 2011, quedando sin efecto jurídico el contrato cuya nulidad se solicita en la demanda planteada.- Así se declara.
Los argumentos antes descritos determinan a juicio de esta Superioridad la procedencia de la excepción perentoria planteada como punto previo a cualquier otra consideración al fondo de este asunto por falta de cualidad o interés procesal por parte de la demandante.- Así se decide.
III
COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer del presente amparo y, a tal efecto, observa:
Mediante sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), se estableció, a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional, y, en tal sentido, señaló que le correspondía a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Cortes de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal.
Asimismo, se observa que, conforme al contenido del artículo 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional es competente para conocer las demandas de amparo constitucional autónomas contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto el fallo que dictó, el 7 de junio de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, esta Sala, en atención al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en concordancia con el artículo 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer la presente acción. Así se establece.
IV
ADMISIBILIDAD
Previo a cualquier pronunciamiento de fondo esta Sala debe revisar los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta y, a tal efecto, observa que la misma no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al mismo tiempo que la solicitud ha cumplido con los requisitos contenidos en el artículo 18 ibídem.
Asimismo, se observa que la demanda de amparo no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que fue acompañada de la copia certificada de la sentencia accionada, que ordenó la notificación de las partes por haber sido dictada fuera del lapso legal, siendo notificada a la sociedad mercantil accionante el 2 de noviembre de 2012, por tanto, esta Sala declara admisible la acción de amparo interpuesta y así se decide.
V
Decisión
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Competente para conocer del presente caso.
SEGUNDO: Se ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida contra el fallo que dictó, el 7 de junio de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona.
TERCERO: Se ORDENA la notificación de esta decisión al Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la referida Circunscripción Judicial, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la audiencia oral y pública, la cual será fijada dentro de los cuatro días siguientes a la oportunidad en que conste en el expediente la última de las notificaciones que se realice. Se deja constancia que su ausencia en el acto, no se entenderá como aceptación de los hechos que se denunciaron como lesivos.
CUARTO: Se ORDENA al Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que notifique de esta decisión a las sociedades mercantiles Inversiones Leombruno, C.A. e Inversiones Sirimire, C.A., quienes son parte en la causa que motivó el amparo. Cumplida esta actuación, se servirá informar inmediatamente de sus resultas a esta Sala Constitucional.
QUINTO: Se ORDENA la notificación de la Fiscala General del Ministerio Público del inicio del presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de junio de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 13-0016
CZdeM/
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