Sentencia N.º 804
- Sentencia
- N.º 804
- Fecha
- 16/12/2003
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 03-420
- Ponente
- Juan Rafael Perdomo
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO
La ciudadana DORIS ESNEIDER MORENO, viuda del fallecido Juan Efraín Zambrano Rodríguez, representada por los abogados Marily Mireya Díaz Barragan, Zaida Josefina Cardoza Pérez y León Jurado Machado, demandó a la empresa DOMÍNGUEZ & COMPAÑÍA VALENCIA, S.A., representada judicialmente por los abogados Ivan Saer B., Alejandro Feo La Cruz, Salvador Guillermo Feo La Cruz, Alejandro José Feo La Cruz Betancourt, Franklin Furgiuele Liscano y Migdalia Elena Medina Sánchez, por cobro de indemnización por accidente de trabajo, daño moral y otros conceptos, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que en sentencia interlocutoria declaró extinguido el proceso, al no haberse subsanado los defectos u omisiones alegados por la parte demandada, relacionados con la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
El Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la citada Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, en sentencia interlocutoria del 6 de marzo de 2003, declaró inadmisible el recurso interpuesto y en consecuencia, que no tenía materia sobre la cual decidir, contra cuyo fallo, la parte actora anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. Hubo impugnación, sin réplica.
Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales y siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala, bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las siguientes consideraciones:
CASACIÓN DE OFICIO
En ejercicio de la facultad que confiere el cuarto aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:
De acuerdo con lo narrado por el Juez de la recurrida, la Sala observa que en el Tribunal a-quo se produjeron las actuaciones de las partes y del propio Tribunal, en el siguiente orden: Primero; el 14 de diciembre de 2000, la parte demandada opuso la cuestión previa prevista en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por defecto de forma de la demanda.... Segundo; el 11 de enero de 2001, la parte actora compareció dentro de la oportunidad legal y subsanó -a su juicio- el defecto alegado. Tercero; el 30 de enero del mismo año, la apoderada judicial de la demandada, presentó escrito en el cual objetó la subsanación. Cuarto; el 25 de julio de 2001, el Tribunal de la causa, por auto expreso, declaró insuficiente o defectuosa la subsanación efectuada voluntariamente. Quinto; el 16 de octubre de 2001, la parte actora apeló esa decisión. Sexto; el 29 de noviembre de 2001, el Tribunal a-quo negó la apelación interpuesta y declaró extinguido el proceso. Séptimo; contra esta última decisión, apeló la parte actora, recurso que fue oído en ambos efectos.
La Sala observa:
Se reitera el criterio establecido en numerosos fallos en relación con el procedimiento aplicable en los juicios laborales y la oportunidad para la contestación de la demanda, cuando se oponen algunas de las cuestiones previas contenidas en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, y 6° del artículo 346 del Código de procedimiento Civil, es el previsto en las disposiciones legales consagradas en el citado Código Procesal. (Sentencia N° 308, del 28 de mayo de 2002. Exp. N° 01-777).
En efecto, el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: "Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2°, 3°,4°,5° y 6° del artículo 346, la parte podrá subsanar el defecto u omisión invocados, dentro del plazo de cinco días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento... (Resaltado de la Sala), y el artículo 352 eiusdem, prevé que: Si la parte demandante no subsana el defecto u omisión en el plazo indicado en el artículo 350, ...se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del Juez, y el Tribunal decidirá en el décimo día siguiente al último de aquella articulación, con vista de las conclusiones escritas que puedan presentar las partes....
En el caso examinado, el Tribunal de Primera Instancia, en auto de fecha 25 de julio de 2001, declaró insuficiente la subsanación voluntaria de los defectos u omisiones señalados al libelo con fundamento en que el escrito que la contiene es ambiguo, la explanación de lo que pretende carece de claridad y concreción mínima para que con ello se pueda tener por subsanada el defecto de forma.... Tal declaración la hizo de oficio el Tribunal de la causa, pues como dice la recurrida, la parte actora alegó en escrito de fecha 7 de febrero de 2001, que la parte demandada había impugnado extemporáneamente la subsanación, pues lo hizo diez (10) días después de vencido el lapso para dicha subsanación.
Sobre este particular, la doctrina ha señalado que si el demandante subsana voluntariamente las cuestiones previas previstas en los ordinales 2° al 6° -artículo 346- en la forma indicada en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, y el demandado no formula ninguna objeción a tal actuación del demandante, estas cuestiones previas quedan subsanadas y el proceso sigue su curso; con la contestación de la demanda conforme a lo dispuesto en los artículos 350 y 358, ordinal 2° del citado Código Procesal. Así lo decidió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 20 de enero de 1999, al establecer que desde el momento en que la parte demandada sin reserva alguna aceptó las correcciones del libelo y consiguientemente, dio contestación a la demanda, el acto de subsanación alcanzó el fin para el cual estaba destinado.
También ha considerado la doctrina, que la ley no regula las condiciones y consecuencias de la objeción a la subsanación. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, consideró que cuando el demandado ha objetado la subsanación voluntaria, no puede ser obligado a contestar la demanda sin que previamente el Juez decida si procede o no la objeción formulada. Así, en sentencia de fecha 26 de octubre de 1994, dicha Sala expresó: Ahora bien, en uno u otro supuesto, puede suceder, como en el caso de autos, que la demandada solicite un pronunciamiento respecto a si la cuestión previa fue debidamente subsanada. En este caso deberá pronunciarse el Tribunal, pues resultaría contrario a la economía procesal obligar al demandado a litigar hasta las últimas etapas del proceso sin poder tener la certeza de que éste se extinguió, puesto que la exigencia legal es la debida subsanación, no cualquier actuación que la parte actora considera suficiente.
También se ha presentado en la doctrina la discusión sobre: a) la oportunidad en que debe proponer el demandado la objeción; b) la oportunidad en la cual debe el Juez decidir la objeción; c) la desestimación de la objeción; y, d) la declaratoria con lugar de la objeción.
El criterio seguido al respecto, ha sido el siguiente:
En el primer supuesto, a) la opinión general es que el demandado debe formular su objeción a la subsanación dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso para subsanar voluntariamente. Esta afirmación tiene asidero en el ordinal 2° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la oportunidad para la contestación de la demanda. Luego de haberse subsanado voluntariamente el defecto u omisión invocado, la parte demandada, si no impugna aquello, tiene la carga de contestar la demanda dentro de los cinco días siguientes a aquél en que la parte subsanó voluntariamente. El artículo 352 eiusdem, dispone que si no hay subsanación voluntaria, se abre una articulación probatoria, para que luego el Juez decida, lo cual sólo puede ocurrir si, en virtud de la objeción, se desestima la subsanación voluntariamente efectuada por el demandante.
b) La oportunidad en la cual el Juez debe decidir la objeción. Por no existir un lapso para la decisión, el Juez, conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, deberá pronunciarse dentro de los tres días siguientes a la objeción.
c) La desestimación de la objeción. En caso de que el Juez, en su decisión desestime la objeción formulada por el demandado, ello significa que la subsanación voluntaria se hizo debidamente. En consecuencia, la parte demandada debe dar contestación a la demanda dentro de los cinco días siguientes a la decisión del tribunal, como lo ha establecido la Sala de Casación Civil, en sentencia de 26 de octubre de 1994: En la situación expresada, de solicitud de pronunciamiento o contradicción del demandado a la subsanación voluntaria, el lapso para la contestación deberá contarse desde el pronunciamiento del Tribunal, como lo resolvió la instancia. Criterio jurisprudencial acogido por esta Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 12 de abril de 2000.
d) La declaratoria con lugar de la objeción. En caso de que se declare con lugar la objeción del demandado, es decir, que la parte actora no subsanó debidamente los defectos u omisiones de la demanda, ello equivale a decidir que no hubo subsanación voluntaria por cuanto la pretendida subsanación realizada por el demandante en forma voluntaria es ineficaz. En este caso, el demandado quedaría relevado de la carga procesal de dar contestación a la demanda, mientras se decide -ya no sobre la subsanación- sino sobre la procedencia o no de la cuestión previa opuesta. En tal supuesto tiene aplicación el encabezamiento del artículo 352 del citado Código: Si el demandante no subsana el defecto u omisión en el plazo indicado en el artículo 350... se entenderá abierta una articulación probatoria ...y el Tribunal decidirá en el décimo día siguiente.... En consecuencia, se procederá como si no hubiese habido subsanación voluntaria.
Aplicadas las consideraciones anteriores al caso examinado, la Sala encuentra que el procedimiento seguido ante el Tribunal a quo aparece viciado por graves irregularidades que violentan el derecho y la garantía del debido proceso. En efecto, la tramitación del asunto no se ha hecho dentro de un plazo razonable (la incidencia sobre cuestiones previas se inició el 14 de diciembre de 2000, y aun no ha sido definitivamente resuelta); el Tribunal obró de oficio al declarar indebida la subsanación voluntaria de los presuntos defectos u omisiones del libelo de la demanda, pues la objeción de la parte demandada fue extemporánea -según lo señaló la recurrida-. La parte demandada se vio privada de contestar la demanda y la parte actora de subsanar debidamente los presuntos errores u omisiones del libelo. En todo caso, si el Tribunal a-quo consideró que no era admisible la subsanación voluntaria, debió, en conformidad con el precitado artículo 352, dejar transcurrir la articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia y ha debido decidir en el décimo día siguiente al último de aquella articulación, con vista de las conclusiones escritas que pudieren presentar las partes.
No consta en el relato que hace el Juez de alzada de las actuaciones en primera instancia, que el Tribunal a-quo haya dictado la debida decisión posterior a la articulación abierta ope legis con pronunciamiento sobre la procedencia o no de la cuestión previa opuesta. Si bien el Tribunal de la causa se había pronunciado con anterioridad sobre la improcedencia de la subsanación, debió igualmente haber decidido, no solamente sobre la subsanación, sino en definitiva sobre la cuestión previa opuesta, declarándola con lugar o sin lugar. De haber existido un nuevo pronunciamiento que declarara con lugar la cuestión previa por defecto de forma, la parte actora habría tenido igualmente otra oportunidad para subsanar los defectos u omisiones del libelo siguiendo los lineamientos de la sentencia respectiva. Al no haberse resuelto, por pronunciamiento expreso, la articulación abierta, de pleno derecho, fue quebrantado por el Tribunal de la causa el derecho al debido proceso, al negársele una nueva oportunidad -ahora no voluntaria sino coactiva y previas las consideraciones de la sentencia- a subsanar los supuestos defectos u omisiones del libelo.
En fin, por la síntesis contenida en la sentencia recurrida aparece que el proceso ha sido confuso, extremadamente demorado, con subversión de los lapsos, de las formas procesales y de los pronunciamientos del Tribunal. Sin embargo, el Ad-quem declaró inadmisible el recurso ordinario de apelación interpuesto y en consecuencia, que no tenía materia sobre la cual decidir.
Por ser atinentes al debido proceso las irregularidades observadas, que igualmente pueden perjudicar tanto a la parte actora como a la demandada, esta Sala, en beneficio de la rectitud y transparencia del proceso, considera que el Tribunal Superior no actuó ajustado a derecho al no haber dado curso a la apelación de la parte actora.
El recurso ordinario de apelación -artículo 288 Código de Procedimiento Civil- es un medio de gravamen contra la sentencia de primera instancia, otorgado a favor del litigante quien ha sufrido un agravio por esa decisión judicial, y que al tener interés en ello constituye un derecho, que implica un nuevo examen de la controversia y hace adquirir al Juez de alzada la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidirla y conocer ex novo tanto de la quaestio facti como de la quaestio iuris.
No obstante, ésta no se amplía en su contenido, sino que versa sobre los términos como fue trabada la litis, no permitiéndose alegar en Alzada hechos nuevos conforme establece el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, que establece: Terminada la contestación o precluido el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros a la causa. Sólo podrán admitirse en Alzada las pruebas indicadas en el artículo 520 eiusdem, (los instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio), y en el momento indicado en la citada norma.
Por tanto, el recurso de apelación produce dos efectos; uno suspensivo y otro devolutivo (oído en un solo efecto o en ambos efectos). Este último, es la transmisión al Tribunal de alzada del conocimiento de la causa apelada, bien sea en la extensión y medida en que fue planteado el problema por el libelo ante el Juez de origen, o como haya quedado el debate en el momento de la apelación. En virtud de ello, hace perder al Juez a-quo el conocimiento del asunto, y el ad-quem adquiere -se insiste- la jurisdicción sobre la cuestión apelada, que puede ser el mérito de la pretensión planteada ante la primera instancia o de alguna cuestión o punto incidental controvertido resuelto en la instancia inferior.
En el caso de autos, se extinguió el proceso y el medio legal para impugnar la decisión de primera instancia es el recurso de apelación, el cual fue ejercido oportunamente por la parte actora.
En criterio de la Sala, dicho recurso debió ser resuelto por el Tribunal de alzada y decidir sobre las infracciones procedimentales que atañen al orden público, pues por las razones anteriormente expuestas, le compete subsanar los vicios del procedimiento ocurridos en el Tribunal de la causa. Por tanto, al declarar inadmisible la apelación, el Tribunal de la recurrida menoscabó el derecho a la defensa de las partes, en contravención con lo establecido en los artículos 15, 206, 208, 289 y 352 del Código de Procedimiento Civil, e incurrió en la infracción contenida en el primer aparte del ordinal 1° del artículo 313 eiusdem.
En consecuencia, la Sala casa de oficio la sentencia recurrida.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que CASA DE OFICIO la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en fecha 6 de marzo de 2003. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se repone la causa al estado en que el Tribunal de Primera Instancia notifique a las partes de la apertura de la articulación probatoria en el incidente de cuestiones previas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Primero de Transición Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil tres. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
_________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente y Ponente,
JUAN RAFAEL PERDOMO
_____________________
ALFONSO VALBUENA C.
La Secretaria,
_________________________
BIRMA I. TREJO DE ROMERO
R.C. N° AA60-S-2003-000420
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