Sentencia N.º 806
- Sentencia
- N.º 806
- Fecha
- 04/05/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-1406
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en los autos que, el 27 de septiembre de 2006, DARÍO LUGO ROMÁN C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de
Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 29 de septiembre de 2006 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
1. El apoderado judicial de la solicitante alegó:
1.1 Que
1.2 Que dicho acto jurisdiccional conculcó gravemente los derechos al debido proceso y a la tutela judicial eficaz de su representada, por cuanto produce un incumplimiento de la obligación constitucional de dictar sentencia por parte de
1.3 Que esta Sala ha declarado la nulidad de sentencias de
2. Pidió:
Como quiera que el fallo objeto del presente recurso de revisión publicado en fecha 31 de octubre de 2001, declaró la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia después de vista la causa, solicit(ó) se anule dicha decisión y se ordene la reposición de la causa al estado en que
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido pronunciados tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de
El artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone:
Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: /(...)
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; (...).
En el presente caso se solicitó la revisión del veredicto que emitió de
III
SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
La revisión de autos tiene como objeto el acto decisorio que expidió
Al efecto, el fallo de
En la audiencia del 21 de mayo 1998, terminó la relación y se dijo VISTOS.
(
)
Por diligencias de fechas 22 de marzo de 2000 y 8 de marzo de 2001, el demandante solicitó se dictara sentencia en el presente juicio.
Para decidir,
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente, por tanto, de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
(...)
Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto, quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de
Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.
En efecto, cuando la norma transcrita establece que la última actuación de las partes en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.
En suma, que según los términos del artículo 86 de
Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 21 de mayo 1998, fecha en la cual se dijo VISTOS, hasta el 22 de marzo de 2000, cuando el apoderado del demandante solicitó que se dictara sentencia en el presente juicio, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.
Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba trascrito, se ha consumado la perención. Así se declara.
En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
IV
MOTIVACIÓN PARA
En relación con la solicitud de autos, esta Sala se ha pronunciado con anterioridad en casos exactamente iguales. Así, en la sentencia n° 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (Caso: DHL Fletes Aéreos y otros) determinó la improcedencia de que se declare la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional después de vista la causa. En efecto, en dicha decisión se estableció lo siguiente:
Observa esta Sala que la perención de la instancia y el acto de procedimiento no son figuras propias del Derecho Administrativo, ni -incluso- del Derecho Procesal Administrativo, pues se trata de conceptos que suficientemente ha desarrollado el Derecho Procesal. En tal sentido, resulta evidente que la institución regulada en el artículo 86 de
Con la reforma del Código de Procedimiento Civil realizada en el año 1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones recogidas en sus normas, y fue así como la consagración expresa de que no producirá perención, la inactividad del juez después de vista la causa, establecido en el artículo 267 eiusdem, fue adoptada por
Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez.
Sin embargo, considera esta Sala que distinta es la situación cuando no pueden las partes realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso, puesto que su intervención en el mismo ha cesado, no teniendo en lo adelante la obligación legal de realizar actos de procedimiento. Tal situación ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de
En tal sentido, advierte
A la anterior conclusión arribó esta Sala Constitución, por primera vez y de manera categórica, en sentencia Nº 956 del 1º de junio de 2001 (caso Frank Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), al decidir una acción de amparo constitucional que fue declarada procedente (...).
(
)
Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el artículo 26 de
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
De cara al segundo supuesto,
En virtud del fallo en comento,
De conformidad con dicho fallo, esta Sala dispuso que si se evidenciaba que una actuación jurisdiccional posterior al 1º de junio de 2001, resultaba ser contraria a la interpretación constitucional aludida, procedería a ejercer el correspondiente control posterior que tuviera como objetivo la subsanación de la violación que se hubiera consumado.
En este caso, ha sido consignada en el expediente copia certificada del acto jurisdiccional cuya anulación se pretende y de la misma se infiere que la solicitante se encuentra en el supuesto de haber sido parte en el juicio por cobro de bolívares ante
Por cuanto, dicho acto de juzgamiento fue emitido con posterioridad a la decisión de esta Sala del 1º de junio de 2001, se declara procedente la solicitud de revisión de autos y se anula la sentencia n.° 2.429 que expidió
V
DECISIÓN
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: que HA LUGAR a la solicitud de revisión de la sentencia n.° 2.429, que dictó
SEGUNDO: ANULA la decisión n.° 2.429 del 31 de octubre de 2001, que pronunció
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de esta decisión a
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice
/
presidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 06-1406
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