Venley

Sentencia N.º 806

Sentencia
N.º 806
Fecha
04/05/2007
Sala
Constitucional
Expediente
06-1406
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Recurso de Revisión

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en los autos que, el 27 de septiembre de 2006, DARÍO LUGO ROMÁN C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 4 de abril de 1972, bajo el n.° 90, Tomo 7-A, Sgdo., mediante la representación del abogado Alberto Rodríguez Campins, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 6.266, solicitó, ante esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia n.° 2.429 que expidió la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia el 31 de octubre de 2001, a través de la cual se declaró la perención de la instancia en el proceso que había instaurado contra el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor C.A.

Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 29 de septiembre de 2006 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

1.                El apoderado judicial de la solicitante alegó:

1.1           Que la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal de Justicia declaró consumada la perención de la instancia después de que se había dicho vistos en la causa en la cual era demandante, conforme a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

1.2            Que dicho acto jurisdiccional conculcó gravemente los derechos al debido proceso y a la tutela judicial eficaz de su representada, “por cuanto produce un incumplimiento de la obligación constitucional de dictar sentencia por parte de la Sala Politico Administrativa, valiéndose del argumento de la no intervención de las partes en el proceso durante un año siendo que no existía obligación de las partes de intervención porque dicha obligación sólo incumbía al sentenciador visto que el proceso se encontraba en estado de sentencia”.

1.3            Que esta Sala ha declarado la nulidad de sentencias de la Sala Político-Administrativa con el mismo dispositivo, a través del mecanismo extraordinario de la revisión constitucional. Citó los fallos del 1° de junio de 2001 y del 25 de marzo de 2002”.

 

2.                 Pidió:

“Como quiera que el fallo objeto del presente recurso de revisión publicado en fecha 31 de octubre de 2001, declaró la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia después de vista la causa, solicit(ó) se anule dicha decisión y se ordene la reposición de la causa al estado en que la Sala Político-Administrativa se pronuncie sobre la demanda interpuesta”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca  fallos que hayan sido pronunciados tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que preceptúa el artículo 335 del Texto Fundamental.

El artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: /(...)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; (...)”.

 

En el presente caso se solicitó la revisión del veredicto que emitió de la Sala Político-Administrativa, razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.

 

III

SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

La revisión de autos tiene como objeto el acto decisorio que expidió la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia el 31 de octubre de 2001, mediante el cual se declaró la perención de la instancia en el proceso que se había instaurado contra el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor C.A.

Al efecto, el fallo de la Sala Político-Administrativa se pronunció en los siguientes términos:

“En la audiencia del 21 de mayo 1998, terminó la relación y se dijo ‘VISTOS’.

(…)

Por diligencias de fechas 22 de marzo de 2000 y 8 de marzo de 2001, el demandante solicitó se dictara sentencia en el presente juicio.

Para decidir, la Sala observa:

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:

‘Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente, por tanto, de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa

(...)

Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto, quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.

Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:

‘Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’

En efecto, cuando la norma transcrita establece que la ‘última actuación de las partes’ en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.

De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.

En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.’

Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 21 de mayo 1998, fecha en la cual se dijo ‘VISTOS’, hasta el 22 de marzo de 2000, cuando el apoderado del demandante solicitó que se dictara sentencia en el presente juicio, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.

Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba trascrito, se ha consumado la perención. Así se declara.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.”

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN 

En relación con la solicitud de autos, esta Sala se ha pronunciado con anterioridad en casos exactamente iguales. Así, en la sentencia n° 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (Caso: DHL Fletes Aéreos y otros) determinó la improcedencia de que se declare la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional después de vista la causa. En efecto, en dicha decisión se estableció lo siguiente:

“Observa esta Sala que la perención de la instancia y el acto de procedimiento no son figuras propias del Derecho Administrativo, ni -incluso- del Derecho Procesal Administrativo, pues se trata de conceptos que suficientemente ha desarrollado el Derecho Procesal. En tal sentido, resulta evidente que la institución regulada en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia tiene su origen en la perención ordinaria regulada por el Código de Procedimiento Civil desde el año 1916, y cuyas normas son de aplicación supletoria en el proceso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 eiusdem.

Con la reforma del Código de Procedimiento Civil realizada en el año 1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones recogidas en sus normas, y fue así como la consagración expresa de que no producirá perención, la inactividad del juez después de vista la causa, establecido en el artículo 267 eiusdem, fue adoptada por la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia e, inclusive, del hoy Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para aplicarlo a los procedimientos que por ante dicha Sala cursaban.

Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez.

Sin embargo, considera esta Sala que distinta es la situación cuando no pueden las partes realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso, puesto que su intervención en el mismo ha cesado, no teniendo en lo adelante la obligación legal de realizar actos de procedimiento. Tal situación ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye la última actuación de las partes en relación con la controversia, puesto que, cuando estos han sido presentados y el tribunal dice ‘vistos’, el juicio entra en etapa de sentencia y ningún otro sujeto procesal distinto del juez, tiene la posibilidad de actuar. En otras palabras, cuando en el proceso administrativo es vista la causa, las partes ya no pueden realizar actos de procedimiento, por lo que resultaría un desacierto sancionarlas con la perención de la instancia, por una inacción no imputable a las mismas, resultando elemental que si el legislador confina la última actuación de las partes al acto de informes, no podría al mismo tiempo requerirles actuaciones posteriores a este.

En tal sentido, advierte la Sala que el lapso de la perención prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se inicia el día siguiente de aquél en el que se realizó el último acto de procedimiento de las partes, entendido éste como aquel en el cual la parte interesada puede tener intervención o que, en todo caso, tenga la posibilidad cierta de realizar alguna actuación, oportunidad esta que en el proceso administrativo culmina con la presentación de los informes y antes de ser vista la causa. Por ello, no puede haber perención en estado de sentencia, toda vez que, atendiendo a una interpretación armónica y concatenada de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 96 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil -norma que resulta aplicable supletoriamente en el proceso administrativo-, debe concluir esta Sala que dicho estado de causa no existen actos de las partes, quines no pueden verse perjudicadas por su inactividad durante la misma, pues, tal como lo ha sostenido esta Sala, ‘...el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes...’.

A la anterior conclusión arribó esta Sala Constitución, por primera vez y de manera categórica, en sentencia Nº 956 del 1º de junio de 2001 (caso Frank Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), al decidir una acción de amparo constitucional que fue declarada procedente (...).

(…)

Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.

De cara al segundo supuesto, la Sala consideró que el deber fallido del Estado en decidir la causa en forma oportuna y expedita, tiene correctivos que pueden ser empleados por las partes interesadas, con el propósito de lograr que el juez sentencie, demostrando con ello que su interés en el proceso persiste, lo cual debe hacerse constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. En tal sentido, sin pretender justificar la tardanza de los jueces y, menos aún, perjudicar a los usuarios del sistema judicial, la Sala concluyó que la inacción de las partes, especialmente la del accionante, denota una renuncia a la justicia oportuna, la producirá la decadencia y extinción de la acción.

En virtud del fallo en comento, la Sala determinó que a partir de ese momento, como interpretación del artículo 26 de la Constitución, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada rebasaba el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conociere podía de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. Se dispuso, igualmente, que la falta de comparecencia de los notificados en el término que se fijara, o las explicaciones poco convincentes que expresare el actor que compareciere, sobre los motivos de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella haya producido, serían ponderados por el juez para declarar extinguida la acción” (Subrayado añadido).

 

De conformidad con dicho fallo, esta Sala dispuso que si se evidenciaba que una actuación jurisdiccional posterior al 1º de junio de 2001, resultaba ser contraria a la interpretación constitucional aludida, procedería a ejercer el correspondiente control posterior que tuviera como objetivo la subsanación de la violación que se hubiera consumado.

En este caso, ha sido consignada en el expediente copia certificada del acto jurisdiccional cuya anulación se pretende y de la misma se infiere que la solicitante se encuentra en el supuesto de haber sido parte en el juicio por cobro de bolívares ante la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal, en el cual dicha Sala pronunció acto decisorio el 31 de octubre de 2001, después de vista la causa el 21 de mayo de 1998, a través del cual declaró la consumación de la perención de la instancia, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por cuanto, dicho acto de juzgamiento fue emitido con posterioridad a la decisión de esta Sala del 1º de junio de 2001, se declara procedente la solicitud de revisión de autos y se anula la sentencia n.° 2.429 que expidió la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia el 31 de octubre de 2001 y, en consecuencia, ordena la reposición de la causa al estado en que dicha Sala se pronuncie sobre el fondo de la demanda que se incoó contra el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor C.A. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: que HA LUGAR a la solicitud de revisión de la sentencia n.° 2.429, que dictó la Sala Político-Administrativa el 31 de octubre de 2001, y que fue interpuesta por DARÍO LUGO ROMÁN C.A., ya identificada.

SEGUNDO: ANULA la decisión n.° 2.429 del 31 de octubre de 2001, que pronunció la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto es contraria a la doctrina de esta Sala Constitucional, que fue sentada en el fallo n.° 956, del 1º de junio de 2001. En consecuencia, ORDENA la remisión de copia certificada de este fallo a la Sala Político-Administrativa, para que decida la demanda por cobro de bolívares que incoó Darío Lugo Román C.A.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de esta decisión a la Sala Político-Administrativa.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los                                        días del mes de                                     de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vice…/

…presidente,

 

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente        

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 06-1406

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